REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA








PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Barquisimeto, trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
206º y 157º.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA N° 131/2016.
ASUNTO: KP02-U-2005-000075

Vista la diligencia suscrita en fecha 06 de diciembre de 2016, por la abogada Marisabel Torres Blanco, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 104.211, actuando con el carácter de abogada sustituta de la Procuraduría General de la República, adscrita a la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual solicita que se declare la pérdida sobrevenida de la jurisdicción en el presente causa correspondiente a la firma mercantil LIBRERÍA EL ESTUDIANTE DE BARQUISIMETO, S.R.L., con domicilio en carrera 18 con calle 24, Barquisimeto, estado Lara, inscrita en Registro de Información Fiscal Nº J-07505259-5. Ahora bien, esta juzgadora abocada como se encuentra al conocimiento de la causa, procede a indicar lo siguiente:
En fecha 22 de marzo de 2005, se le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el ciudadano VÍCTOR ÁLVAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-2.570.794, domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara, actuando con el carácter de Administrador de la sociedad mercantil LIBRERÍA EL ESTUDIANTE DE BARQUISIMETO, S.R.L., inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 15, Folios 40 vto. al 44 vuelto del Libro de Registro de Comercio N° 2 en fecha 11 de diciembre de 1.969 y posteriormente modificado por documento inserto bajo el N° 2, Tomo 5-E, en fecha 01 de agosto de 1989, por ante el entonces Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, identificada en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-07505259-5, asistido por el abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 92.260; contra las Resoluciones Nros. SAT-GTI-RCO-2004-DFC-1641 y SAT-GTI-RCO-600-734, de fechas 16 de septiembre y 03 de diciembre del año 2004, y notificadas el 17 de septiembre de 2004 y 26 de enero de 2005 todo respectivamente emanada de la DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA GERENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) y mediante las cuales se le impuso la sanción de clausura y le emitieron dos multas, por 50 unidades tributarias y 12,5 unidades tributarias, liquidadas mediante las planillas Nros. 031001227000730 por Bs. 1.235.000,00 y 031001225000416 por Bs. 308.750,00.
El referido recurso fue admitido el 23 de noviembre de 2005 y concluida la sustanciación, se dictó sentencia definitiva el 9 de marzo de 2007 bajo el No. 009/2007, declarando sin lugar el recurso y condenando en costas procesales a la contribuyente al cinco por ciento (5%) de la suma a pagar por la recurrente., por lo cual debe cancelar el monto de las sanciones impuestas, de 50 unidades tributarias y 12,5 unidades tributarias más por concepto de costas, el cinco (5%) del monto total a pagar.

Es de señalar que la referida sentencia fue notificada a la contribuyente el 15 de mayo de 2007, consignada el 6 de junio de 2007.
El 29 de enero de 2009 la representante fiscal solicitó se declarara firme la sentencia, acordándose el 30 de enero de 2009 ordenando asimismo a la recurrente que diera cumplimiento voluntario, por lo que se emitió boleta de notificación a la contribuyente, la cual se consignó sin practicar el 6 de abril de 2009 por no localizarla en el domicilio fiscal, motivo por el cual se ordenó el 02 de septiembre de 2010 notificarla mediante cartel publicado en la puerta de este Tribunal, el cual fue consignado en el expediente el 01 de octubre de 2010, en consecuencia, se consideró a la recurrente a derecho de la citada ejecución voluntaria.
Se evidencia que la referida contribuyente no ha cumplimiento voluntario a la sentencia debidamente notificada toda vez que el 06 de diciembre de 2016 la representante fiscal, Abogada Marisabel Torres Blanco, identificada en autos, diligenció a los efectos de solicitar que se declare la pérdida sobrevenida de la jurisdicción y a tal efecto, se estima pertinente realizar las consideraciones que de seguidas se explanan:
Así, se desprende del expediente judicial, que la contribuyente no ha dado cumplimiento voluntario a lo ordenado en la sentencia definitiva N° 009/2007, dictada el 9 de marzo de 2007, a pesar que se le notificó para que cumpliera voluntariamente con su obligación, cuya situación genera que la sentencia in comento se ejecute forzosamente, al estar vencido el lapso para su cumplimiento voluntario, sin embargo, la ejecución forzosa de las decisiones proferidas por los Órganos Jurisdiccionales en materia tributaria corresponde tramitarla a la Administración Tributaria o Parafiscal, a través del procedimiento del cobro ejecutivo, conforme a lo normado por el Código Orgánico Tributario vigente.
En sintonía con lo que antecede, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, consagra el principio de irretroactividad de la Ley en los siguientes términos:
“Artículo 24.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. (Resaltado de la Sala).
El citado precepto constitucional, a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, de cuyo texto se lee lo siguiente:
“Artículo 8. Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores…” (Destacado de este tribunal).
Adicionalmente, los artículos 287, 288 y 290 del citado Código prevén:
Artículo 287. Declarado sin lugar o parcialmente con lugar el recurso ejercido, el tribunal fijará en la sentencia un lapso de cinco (5) días continuos, para que la parte vencida efectúe el cumplimiento voluntario. “
Artículo 288. Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, sin que éste se hubiere producido, la Administración Tributaria ejecutará forzosamente la sentencia conforme al procedimiento de cobro ejecutivo…”
Artículo 290. … (omissis)
La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias, corresponde a la Administración Tributaria.
El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimiento de ejecución…”
De las normas supra transcritas, se concluye que las leyes tributarias entran en vigencia a partir del vencimiento del término previo que ellas establezcan y con relación a las leyes adjetivas o de procedimiento, tendrán aplicación inmediata aun durante los procesos que se encuentren en curso.
En tal sentido, el artículo 288 en concordancia con el artículo 291 del vigente Código Orgánico Tributario, establece que si el cumplimiento voluntario no se hubiere producido, deberá ejecutarse forzosamente la sentencia por lo cual deviene en necesario remitir el expediente a la Administración Tributaria Nacional acreedora, motivo por el cual con base en la presente motivación y por cuanto a los efectos de la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme emitida en el presente asunto debe aplicar la Administración Tributaria Nacional el procedimiento de cobro ejecutivo, por lo que ello determina la “… imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos”, tal como lo ordenó la Sala Político Administrativa en la sentencia N° 00543 de fecha 14 de mayo de 2015. Pérdida sobrevenida de la jurisdicción que también ha ocurrido a los efectos de la ejecución forzosa de la sentencia en la cual se declare sin lugar o parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto, tal como expresamente lo ordena el legislador tributario en el artículo 288 del vigente Código Orgánico Tributario. Así se declara.
En consecuencia, este Tribunal al observar que existe norma expresa en los casos como el presente en el cual la ejecución forzosa de la sentencia emitida debe realizarla exclusivamente la Administración Tributaria emitente del acto objeto del recurso interpuesto y no existiendo en consecuencia ninguna otra actuación procesal que deba efectuar este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 288, 290 y siguientes del Código Orgánico Tributario del año 2014 y considerando el criterio jurisprudencial antes citado, se declara procedente la solicitud efectuada por la representación fiscal el 06 de diciembre de 2016, en consecuencia, se declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DE LA JURISDICCIÓN con respecto a la ejecución forzosa de la sentencia emitida. Así se establece.

DECISIÓN
Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
A) Procedente la solicitud efectuada el 06 de diciembre de 2016, por la abogada Marisabel Torres Blanco, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 104.211, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, adscrita a la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la Región Centro Occidental (SENIAT);
B) LA PÉRDIDA SOBREVENIDA DE LA JURISDICCIÓN en la presente causa y en consecuencia, se ordena remitir el presente asunto signado con la nomenclatura KP02-U-2005-000075 a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), una vez se haya efectuado el cierre informático en el sistema Juris 2000;
C) Se ordena dejar constancia de la entrega del presente asunto a la citada Gerencia Regional en el libro de entradas y salidas de causas llevado por este Tribunal, el cual deberá ser suscrito por él o los funcionarios designados y
D) Se ordena notificar al Archivo Judicial de la remisión del presente expediente a la citada Administración Tributaria Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículos 288 y 290 del Código Orgánico Tributario.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior, según lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho, de este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Isabel Cristina Mendoza.
El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.
En horas de despacho del día de hoy, trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), siendo las dos y cincuenta y nueve minutos de la tarde (02:59 p.m.), se publicó la presente decisión.
El Secretario,


Abg. Francisco Martínez.










ASUNTO: KP02-U-2005-000075
ICM/fm.