TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, 15 de Diciembre de 2016
205° y 156°

Asunto: KP01-S-2010-005718

Vista las presentes actuaciones en Audiencia Oral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado Primero de Primera Instancia con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencias y Medidas, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para decidir observa:
En fecha 09 de Diciembre de 2016 se celebró audiencia de verificación de régimen de prueba en la cual, concedido el derecho de palabra a la Representación del Ministerio Público, Abg YENSI PERNALETE, manifestó se le cediera el derecho de palabra al Probacionario para que manifestara cuales fueron los motivos por los cuales no dio cumplimiento al Régimen de Prueba.
El probacionario fue impuesto del precepto constitucional establecido en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cedido el derecho de palabra este manifestó: “Yo fui a la iglesia a unas charlas, no tuve conocimiento del informe.”
La Defensa quien realiza la siguiente intervención: “En ningún momento mi defendido ha incumplido lo {único que pido es que se remita al Delegado de Prueba para que finalmente de cumplimiento al régimen impuesto”.
Nuevamente se le cede el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, EXPUSO: Una vez escuchado lo manifestado por el imputado y su defensa, estoy de acuerdo con que se le amplíe el r{egimen de prueba por cuanto se evidencia en el presente asunto que efectivamente se ha oficiado en varias oportunidades a la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación a los fines de que remitan el Informe Final del Régimen de Prueba y hasta la presente fecha no se ha obtenido respuesta alguna”.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgador resolver sobre el presunto incumplimiento del probacionario al régimen de prueba.
En tal sentido resulta necesario precisar que la Suspensión Condicional del proceso constituye una da las Alternativas a la Prosecución del Proceso, mediante la cual, el Estado concede a favor del procesado la posibilidad de reinsertarse socialmente mediante el cumplimiento de una serie de condiciones que permitan determinar que el imputado ciertamente está dispuesto a redimir socialmente mediante la modificación de su conducta, con el objeto de imponer una sentencia condenatoria a personas que cometen hechos punibles de baja entidad punitiva, y son primarios, es decir, que nunca habían estado sometidos a un proceso penal, ni sujetos de condena penal.
Sobre esta institución procesal ESTABAN MARINO ha referido lo siguiente: “(…) la Suspensión del Procedimiento a prueba en un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, que se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá cumplir ciertas y determinadas obligaciones legales a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penal posteriores”.
Este procedimiento fue creado principalmente para favorecer al imputado, pero además inspirado en una Política Criminal de evitar que ciudadanos y ciudadanas que se ven involucrados por primera vez en la comisión de un hecho punible de menor entidad, tengan la posibilidad de demostrar su disposición de redención mediante el sometimiento a un régimen de prueba, y de esta manera evitar la estigmatización que implica una condena penal y los antecedentes penales.
Se trata de una política criminal de avanzada que soporta esta institución como una forma de auto composición procesal, que deriva de la institución del derecho anglosajón de la “probatio”, cuya finalidad es esencialmente recuperar a las personas que se encuentran en conflicto con la Ley Penal por primera vez, lo cual el doctrinario patrio GUZMAN ha referido lo siguiente:

“Este procedimiento o institución ha sido creada principalmente a favor del imputado de un ilícito y que una vez cumplidas las condiciones se extingue la acción penal sin que produzca ninguna consecuencia jurídico penal para ese imputado

El sometimiento del delincuente a prueba, más que una sanción deviene en un verdadero tratamiento criminológico y de allí que su beneficiario deba entender su significación y que lo acepte voluntariamente”

La probatio implica un tratamiento con una intención esencial que no es otra que la readaptación, tratar de recuperar aquel infractor primario y darle una nueva oportunidad”.

Como puede verificarse de la doctrina transcrita, se trata de brindar una oportunidad al infractor primario, pero adicional a ella se requiere como política criminal de “readaptar y tratar de recuperar a aquel infractor primario”, ya que en nada beneficiaría socialmente el otorgamiento de una nueva oportunidad sin brindar al infractor las herramientas necesarias, y las debidas orientaciones para poder recuperarlo, para poder lograr en el mismo un estado de conciencia que le permita corregir su conducta.
En la práctica forense se ha dado muy poca importancia a esta institución procesal, sin tomar en consideración la importancia que tiene la misma desde el punto de vista criminológico, si existe un verdadero control de las condiciones impuestas, y existe un tratamiento y orientación adecuado al procesado, tenemos una altísima probabilidad de que ese individuo no reincida en la comisión de un hecho punible, por tratarse de primarios que sólo han cometido infracciones menores, siendo que incorporarlos al sistema de punición estatal resultaría en convertirlo en una sujeto de mayor peligrosidad.
La suspensión condicional del proceso requiere de parte del probacionario un alto grado de compromiso para mejorar su conducta, y ello debe ser el objeto del análisis del órgano jurisdiccional y del responsable de supervisar el cumplimiento del régimen de prueba, tal como lo afirma RODRIGUEZ DIAZ cuando señala que se “exige al sujeto…un gran esfuerzo y espíritu de superación, para cumplir las condiciones establecidas…” y por tanto, “los tribunales…deben explicar a delincuente, que se le está dando una nueva oportunidad en lugar de condenarlo, pero que al mismo tiempo, esta ocasión de rehabilitarse requiere de un serio propósito de disciplina personal de su parte ” (Subrayado y negrillas del Tribunal).
Pero no basta como se indicara ut supra con la simple voluntad del procesado o procesada si no cumple con las condiciones fijadas, y no asiste ante el órgano encargado de la vigilancia y control de las condiciones como lo es la Unidad de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asistencia Pospenitenciaria y al Adolescente.
Ahora bien, se observa que el probacionario tuvo la intención de cumplir con las medidas impuestas pero por razones no imputables a él no cumplió con las condiciones y no se presentó ante la unidad supervisora, lo cual no cumple con el propósito de la institución procesal, ahora bien, revocar la suspensión condicional del proceso resultaría contrario a derecho, ya que para poder revocar la suspensión condicional del proceso en su totalidad se requiere de una total contumacia del imputado en cumplir con las condiciones impuestas.
Ahora bien, no puede dejar de observarse que existe una manifestación de cumplir el compromiso adquirido con el tribunal, estimando quien decide que no se ha cumplido con la finalidad de la Suspensión Condicional del Proceso en el presente asunto siendo en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho la ampliación del régimen de prueba por un lapso de UN (01) AÑO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se impone la obligación de asistir ante el Delegado de Prueba de la Unidad de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios con sede en la ciudad de Barquisimeto. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencias y Medidas, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: ÚNICO: Se ORDENA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRUEBA, que le fuera impuesto al ciudadano JOSE DAVID BARRIOS CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número (…), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del Código Orgánico Procesal Penal, por UN (01) AÑO, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:
1.- Obligación de residir en un lugar determinado específicamente en la siguiente dirección: (…). Asimismo se impone la obligación de informar a este Tribunal la nueva dirección en caso que realice cambio de residencia; igualmente si realiza cambio de la línea telefónica tiene la obligación de informar el nuevo número.
2.- .- Se impone la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género, específicamente el Equipo Interdisciplinario del Circuito Judicial Con Competencia en Delitos Contra la Mujer del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, a objeto que charlas dirigidas a modificar los patrones socio-culturales que generan su conducta violenta hacia la mujer. Por lo que deberá recibir doce (12) charlas.
3.- Prestar servicios Comunitarios en el Consejo Comunal Valles del Sol, en el sector de su residencia.
Se impone la obligación de asistir a asistir ante el Delegado de Prueba de la Unidad de Supervisión y Orientación adscrita al Ministerio de Asuntos Penitenciarios con sede en la ciudad de Barquisimeto, para lo cual se designa Correo Especial al mencionado probacionario. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.

ABG. NELSON EDGARDO ASCANIO VALENZUELA
Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANCHEZ
Secretaria