TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
SEDE CIUDAD BOLIVAR

ASUNTO: FP02-O-2016-000010

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PRESUNTOS AGRAVIADOS: HERNAN PEREZ, LILIAN SILVA, JOSE MORENO y YESENIA PUERTA, titulares de las cedulas de identidad Nº 13.657.106, 15.276.560, 27.191.617 y 8.861.404, respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE DE LOS PRESUNTOS AGRAVIADOS: LUIS BARRETO, abogado en ejercicio, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 42201.
PRESUNTOS AGRAVIANTES: CARMELO CHAMBI, MARIA SANCHEZ, ALVARO ALLEN, RICHARD GONZALEZ, GABRIELA ALMEA, JONATHAN DIAZ, CESAR PULIDO, EMILYS MORALES, LUIS BASANTA, ORIANNYS LUCES, BENJAMIN MARRERO, JHORDY CORDERO, JOHAN BELMONTE, MARCIA ALVAREZ, MARIA PANTOJA y JOSE GARCIA, titulares de las cedulas de identidad Nº 15.638.140, 26.047.817, 25.086.783, 21.081.663, 27.182.135, 25.932.326, 26.374.469, 24.542.096, 25.362.700, 19.076.583, 24.542.588, 14.410.806, 15.617.051, 21.264.862 y 18.237.057, respectivamente.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
PREELIMINARES
Se inició Acción de Amparo Constitucional intentada por los ciudadanos HERNAN ELIEZER PEREZ HERNANDEZ, LILIAN SILVA, JOSE GREGORIO MORENO ANTON y YESENIA PUERTA RAMIREZ, contra los ciudadanos: CARMELO CHAMBI, MARIA SANCHEZ, ALVARO ALLEN, RICHARD GONZALEZ, GABRIELA ALMEA, JONATHAN DIAZ, CESAR PULIDO, EMILYS MORALES, LUIS BASANTA, ORIANNYS LUCES, BENJAMIN MARRERO, JHORDY CORDERO, JOHAN BELMONTE, MARCIA ALVAREZ, MARIA PANTOJA y JOSE GARCIA, la cual fue presentada por ante la Unidad Receptora de Documentos en fecha 21-04-2016, dándole entrada este Tribunal en fecha 21 de abril 2016, ordenándose la Anotación en el Libro de Registro de Causas respectivo bajo el Nro. FP02-O-2016-000010, siendo admitida en fecha 09 de mayo de 2016, ordenándose las notificaciones respectivas.
En fecha 10 de mayo de 2016, el abogado HERNAN PEREZ, actuando en su carácter de agraviado y co demandante, consigna por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Ciudad Bolívar, diligencia mediante la cual consigna material probatorio constituida por recortes de prensa digitalizados y en fotocopias a los fines legales.
En fecha 16 de mayo de 2016, se recibe del abogado ORLANDO JOSE ALCALA YANEZ, actuando en su carácter de Defensor Delegado del Estado Bolívar, consigna oficio Nº DdP/DDEB-00204-2016 de fecha 12 de mayo del 2016, donde remite escrito de informe.
En fecha 15 de noviembre de 2016, se recibió del Tribunal Décimo Cuarto (14º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, resultas del exhorto dirigido al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de notificarle sobre la admisión del presente amparo constitucional, la cual se realizo de manera positiva.
En fecha 16 de noviembre de 2016, se recibe escrito de opinión de la Fiscal Provisoria 31 Nacional en lo Contencioso Administrativo y Tributario Abg. Minelma Paredes Rivera, abogada en ejercicio e inscrita en el IPSA bajo el Nº 64.895, mediante el cual considera que en la presente acción de amparo se debe declara el ABANDONO DEL TRAMITE.
En su escrito de informe fundamenta sus dichos en que los presuntos agraviados a través de su representación legal o judicial, hayan comparecido al Órgano Jurisdiccional desde el 09 de mayo de 2016, fecha en la que se dejó constancia en autos la presentación del escrito del recurso de acción de amparo, es decir, que no consta en autos que hubieren realizado algún acto de procedimiento desde la referida fecha. Que resulta evidente que el tiempo transcurrido hasta el presente supera con holgura el lapso de seis (06) meses previstos en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, este Tribunal tomando en consideración la opinión de la fiscal expuesta en su escrito presentado en fecha 16 de noviembre de 2016, y a los fines de realizar pronunciamiento realiza las siguientes consideraciones:
En Sentencia de la sala Constitucional, ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN en el caso: acción de amparo constitucional, conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos intentado por la empresa FRIGORÍFICO EL LÍDER DE LOS LLANOS C.A, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 12 de marzo de 2008, de fecha 02 días del mes de junio de dos mil nueve (2009), se estableció lo siguiente:
“…omisis…Consta en autos que el último acto de procedimiento de la parte actora se produjo el 28 de julio de 2008, y consistió en la presentación del escrito de amparo constitucional, sin que desde esa oportunidad y hasta el presente, haya actuado de nuevo en el proceso.
Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en decisión núm. 982 del 6 de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”) en los siguientes términos:
...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél
(...) De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” (Resaltado añadido).
Por otra parte, esta Sala hace notar que, en el caso sub exámine, la infracción denunciada no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del accionante, y tampoco es de una magnitud tal que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, por lo que se precisa que no se encuentra involucrado el orden público, noción que fue desarrollada por esta Sala en la sentencia núm. 1419, del 10 de agosto de 2001, (caso: “Gerardo Antonio Barrios Caldera”), como excepción a la caducidad contemplada en el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable igualmente al abandono de trámite. En virtud de las anteriores consideraciones, resulta forzoso para esta Sala declarar abandonado el trámite por la parte accionante, correspondiente a la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se decide. (…..)En virtud de la anterior declaratoria, esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sentencia objeto de la acción. Así se declara. DECISIÓN. Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite en la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Neisa Coromoto Vivas Molina, con el carácter de representante legal de FRIGORÍFICO EL LÍDER DE LOS LLANOS C.A., asistida de abogado, contra la decisión dictada el 12 de marzo de 2008, por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado, como principal efecto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte accionante.
Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos, de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución por medio de esta acción, toda vez que aún cuando tiene por norte el restablecimiento de la situación jurídica infringida mediante un procedimiento breve y sumario, el transcurrir del tiempo también tiene efectos importantes en lo que respecta a la necesidad de protección constitucional invocada.
Una muestra de ello ha sido recogida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía. En virtud de ello, resulta lógico deducir que soportar -una vez iniciado el proceso- una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto resultaría incongruente concluir que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses (6) para la interposición de la demanda y al propio tiempo, permitiese que se soportase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de la tutela jurídica solicitada, por un lapso mayor aquél.
En el caso sub exámine, se pudo constatar que efectivamente la parte accionante no ha mostrado interés alguno en impulsar el presente amparo constitucional de manera que tal inacción implica que la parte ha renunciado a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución, en virtud de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales. De tal manera que, al haber iniciado el proceso, y al haberse paralizado la causa por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales de manera urgente y preferente.
En consecuencia, conforme al criterio jurisprudencial precedentemente expuesto y verificado que en la presente causa ha transcurrido un lapso superior a seis (6) meses, contado a partir del 10 de mayo de 2016, sin que la parte accionante haya impulsado la continuación del proceso, esta decidente comparte el criterio de las fiscales del Ministerio Público ut supra indicadas, resultando forzoso declarar el Abandono del Trámite y en consecuencia terminado el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como del criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
DISPOSITIVO
En virtud de las consideraciones anteriores, este JUZGADO PRIMERO (1º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Terminado el Procedimiento, por Abandono del Trámite en la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos HERNAN ELIEZER PEREZ HERNANDEZ, LILIAN SILVA, JOSE GREGORIO MORENO ANTON y YESENIA PUERTA RAMIREZ, contra los ciudadanos: CARMELO CHAMBI, MARIA SANCHEZ, ALVARO ALLEN, RICHARD GONZALEZ, GABRIELA ALMEA, JONATHAN DIAZ, CESAR PULIDO, EMILYS MORALES, LUIS BASANTA, ORIANNYS LUCES, BENJAMIN MARRERO, JHORDY CORDERO, JOHAN BELMONTE, MARCIA ALVAREZ, MARIA PANTOJA y JOSE GARCIA,. SEGUNDO: Se revoca la medida cautelar innominada decretada por este Juzgado en fecha 10 de mayo de 2016, a tal efecto se levanta dicha medida. TERCERO: Se ordena la notificación a la parte accionante de la presente decisión y a al Procuraduría General de la República que se ordena notificar en la sede de Puerto Ordaz.
Regístrese, Publíquese y déjese copia certificada de la decisión.
Dado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO (1º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, en Ciudad Bolívar al Segundo (2º) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela.
LA JUEZ,
ABG. MAGLY MAYOL TRANQUINI
LA SECRETARIA,
ABG. DANIELA MARES
En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m., previo cumplimiento de las formalidades de la Ley, se dictó y publicó la anterior decisión. Déjese copia certificada en el compilador respectivo.-
LA SECRETARIA,
ABG. DANIELA REYES