CUADERNO DE INVESTIGACIÓN Nº FM60-024-2014.
Vista la celebración de la audiencia prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y decidir sobre la solicitud interpuesta por la Fiscalía Militar Sexagésima con Competencia Nacional con sede en Maturín, estado Monagas, de imposición de medidas de coerción personal previstas en el artículo 236 ordinales 1°, 2° y 3°, 237 ordinal 2°, y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, previa presentación en este Tribunal Militar del Ciudadano: WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-24.126.364, por la presunta comisión del delito militar de DESERCION, previsto en los artículos 523, 527 numeral 1º y sancionado en el artículo 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, sobre quien recae la Orden de Aprehensión de fecha 02 de Junio de 2015; este Tribunal Militar para decidir observa:
PRIMERO
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1) FISCAL MILITAR: PRIMER TENIENTE MARIANA SANTAMARÍA CAMPOS, Fiscal Militar Auxiliar Sexagésima con dirección procesal en la sede del Consejo de Guerra de Maturín, Estado Monagas.
2) DEFENSOR PÚBLICO MILITAR: ABOGADO ROICES ELOY AVILA, Defensor Público Militar con sede en Maturín, Estado Monagas.
3) IMPUTADO: WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-24.126.364, residenciado en Quiriquire, Municipio Apuncere, Calle Principal, Maturín, Estado Monagas, teléfono: 0426-997-30-22.
SEGUNDO
HECHOS QUE SE ATRIBUYEN
El día 26 de Abril de 2016, se presentó de manera voluntaria por ante este Tribunal Militar, el ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-24.126.364, sobre quien recae la Orden de Aprehensión de fecha 06 de junio de 2015, por la presunta comisión del delito militar de DESERCION, previsto en los artículos 523, 527 numeral 1º y sancionado en el artículo 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, por lo que se procedió a realizar la presente audiencia de presentación en relación a la solicitud de del Ministerio Público Militar de decretar la privación preventiva de libertad en contra del precitado.
TERCERO
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
En el día de hoy, Veintiséis (26) de Abril de Dos Mil Dieciséis (2016), siendo las Nueve (10:30) horas, fecha y hora fijada para realizar la Audiencia de Presentación, de acuerdo a lo contenido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en la investigación signada con el Nº FM60º-024-16, que se le sigue al ciudadano: WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-24.126.364, residenciado en Quiriquire, Municipio Apuncere, Calle Principal, Maturín, Estado Monagas, teléfono: 0426-997-30-22, presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de DESERCIÓN, previsto en los artículos 523, 527 Ordinal 1º y sancionado en el artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se dio inicio al acto. El ciudadano Juez ordenó, verificar la presencia de las partes y constató que se encontraban presentes en la sala de audiencia la ciudadana PRIMER TENIENTE MARIANA SANTAMARIA CAMPOS, Fiscal Militar Sexagésima con Competencia Nacional en representación del Ministerio Público Militar; el ciudadano ABOGADO ROICES AVILA, por parte de la Defensoría Pública Militar de Maturín, y el Imputado anteriormente identificado. Seguidamente el ciudadano Juez Militar se dirigió a ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-24.126.364, a quien le informó que de no tener defensor privado, el Estado le proporcionará un Defensor Público, quien manifestó no poseer Defensa Privada, razón por la cual se dirigió al ciudadano ABOGADO ROICES AVILA, quien aceptó dicha defensa. En este estado el ciudadano Juez Militar procedió a explicar la importancia del acto, la obligación de guardar el respeto y la compostura debida en el mismo, asimismo que en dicho acto se cumplirán con todas las formalidades establecidas en la Ley Adjetiva Penal, y le concedió la palabra al Ministerio Público, quien expuso lo siguiente:
“…Buenos días ciudadano juez ocurro ante usted en la oportunidad de presentar e Imputar Formalmente al ciudadano: WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-24.126.364, asimismo solicito Primero: Se ordene la aplicación del Procedimiento Ordinario. Segundo: Se Decrete la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra del prenombrado imputado supra identificado, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de DESERCIÓN, previsto en los artículos 523, 527 Ordinal 1º y sancionado en el artículo 528, por haber cometido el hecho con premeditación. Es todo…”. (SIC).
Inmediatamente se le cede el derecho de palabra a la Defensa Pública Militar quien manifestó lo siguiente:
“…Buenos días a todos los presentes en esta sala, solicito una medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, y que se vaya por el procedimiento Ordinario. Es todo…”. (SIC).
Seguidamente el Juez Militar procedió a imponer al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar, conforme al artículo 49 ordinal 5º, quien expuso:
“…Buenas ciudadano Juez, me acojo al precepto constitucional, es todo…”. (SIC).
CUARTO
DEL DELITO MILITAR DE DESERCIÓN
El delito militar de DESERCION está expresamente definido en el artículo 523 del Código Orgánico de Justicia Militar, en los términos siguientes:
Artículo 523.- Comete delito de deserción el militar que se separe ilegalmente del servicio activo; y para su determinación será suficiente que de los actos practicados se desprenda la intención de cometer el delito.
Al respecto se observa que en dicha definición no se distingue, si el profesional militar que se separa ilegalmente del servicio es un Oficial, Tropa Profesional o individuo de tropa. Es por ello, que en el caso de la presunta comisión del mencionado delito militar, por parte de un efectivo militar de la categoría Tropa Alistada, como sucede en la presente Causa, se debe recurrir a los artículos 527 ordinal 1° y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, que expresamente disponen:
Artículo 527.- La presunción a que se refiere el artículo 524, se establece para los individuos de tropa o marinería que:
1°- Dejen de presentarse al cuartel, buque o establecimiento militar o naval donde sirvan, o pasen ausentes de él, más de tres días de vencido el término de su permiso.
Artículo 528.- Los individuos de tropa o marinería que incurran en el delito de deserción en tiempo de paz, serán castigados con pena de prisión de seis meses a dos años; y en tiempo de guerra, con prisión de dos a seis años.
Al comentar este artículo, el tratadista venezolano JOSE RAFAEL MENDOZA TROCONIS, refiere que este delito lo comete todo individuo que abandone de un modo ilegal y sin ánimo de retorno, la Unidad Militar donde se encontraba destinado, y agrega dicho autor, que este delito se considera grave, porque atenta contra el honor militar y viola el juramento patriótico de fidelidad a la bandera nacional, tiene por fundamento el quebranto de una ley que afecta directamente a la organización de la institución armada del Estado, y descansa en la necesidad de mantener la disciplina, criterios estos que deben ser observados por los Tribunales Militares, al momento de pronunciarse en sus decisiones y sentencias.
QUINTA
RAZONES QUE EL TRIBUNAL ESTIMA PARA DECRETAR UNA
MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA
PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Revisadas como han sido las actuaciones obrantes en la presente causa, este Tribunal considera que existe un hecho punible que merece pena de Privación de Libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito militar de DESERCIÓN, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 ordinal 1º y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado, sobre quien recae la Orden de Aprehensión de fecha 06 de Junio de 2014, por encontrarse presuntamente involucrado en la comisión del delito militar de DESERCION, previsto en los artículos 523, 527 numeral 1º y sancionado en el artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.
Que por la pena a aplicar le asiste al imputado el principio de ser procesado en libertad hasta que el Estado o el interesado prueben la responsabilidad del hecho que se le imputa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal:
“…Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta”. (Subrayado nuestro).
El Artículo 229 Ejusdem menciona:
“…Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso…”. (Subrayado nuestro).
Este Juzgador considera procedente decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva a la Libertad, en razón de que el espíritu y propósito del Legislador ha sido que toda persona, a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanezca en libertad, tal como lo dispone el ordinal 1º del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el Artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, y visto lo manifestado por la Defensa Pública Militar, parte actora en el presente proceso, de imponer Medida Cautelar Sustitutiva de conformidad con lo establecido en el Artículo 242 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal Militar decreta al imputado Ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-24.126.364, las siguientes Medidas Cautelares Sustitutivas: 1) Presentación cada treinta (30) días ante este Tribunal Militar de Control, su incumplimiento acarreara su revocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, el Ministerio Público Militar, solicitó que la presente audiencia fuese tomada como el Acto de Imputación Formal del mencionado Tropa Alistada. Al respecto, la Sala Constitucional, en Sentencia Nº 276, de fecha 20MAR09, establece con carácter vinculante que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, desprendiéndose que:
“…en cuanto al derecho a ser informado de los hechos que se atribuyen en el proceso penal, debe afirmarse que aquél se cristaliza en el acto de imputación, el cual implica atribuirle a una determinada persona física la comisión de un hecho punible, siendo el presupuesto necesario para ello, que existan indicios racionales de criminalidad contra tal persona. En este orden de ideas, el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal denomina “imputado” a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece la referida norma adjetiva. Debido a que el objeto del proceso penal se configura no sólo con la existencia de un hecho punible, sino también con la atribución de su comisión a una persona concreta, el acto de imputación tiene las siguientes funciones: a) determinar el elemento subjetivo del proceso; b) determinar el presupuesto de la acusación, por lo cual, no podrá ejercerse acusación contra una persona si ésta no ha sido previamente imputada; y c) ocasiona el surgimiento del derecho a la defensa en cabeza del encartado, es decir, la práctica de la imputación posibilita un ejercicio eficaz del derecho a la defensa. (omissis) En el caso de autos, esta Sala Constitucional considera que en el proceso penal que originó la presente solicitud de revisión, el acto de imputación fue satisfecho en la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, aun y cuando ello no haya ocurrido en la sede del Ministerio Público. En efecto, en dicha audiencia el Fiscal del Ministerio Público comunicó expresa y detalladamente a los encartados los hechos que motorizaron la persecución penal, y otorgó a tales hechos la correspondiente precalificación jurídica (agavillamiento, concusión y resistencia a la autoridad), todo ello en presencia del Juez Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. (omissis). Por su parte, considera esta Sala que si la comunicación de los hechos objeto del proceso en la sede del Ministerio Público tiene la aptitud de configurar un acto de imputación, a fortiori la comunicación de tales hechos en la audiencia de presentación, con la presencia de los defensores de aquéllos y ante un Juez de Control, el cual, por mandato expreso del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, es el llamado a controlar el cumplimiento de los derechos y garantías en la fase de investigación, también será un acto de procedimiento susceptible de señalar a la persona como autora o partícipe de un hecho punible, y, por ende, una imputación que surte los mismos efectos procesales de la denominada “imputación formal”, es decir, aquélla cuya práctica se produce en la sede del Ministerio Público. (omissis). En consecuencia, se estima que en el caso de autos, la imputación del ciudadano Juan Elías Hanna Hanna se materializó efectivamente en la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, siendo que a partir de ese momento se hicieron efectivas las funciones intrínsecas de dicho acto, concretamente, quedaron fijados el elemento subjetivo del proceso y el presupuesto de la acusación, y se abrió la puerta para que el ciudadano antes mencionado pudiera ejercer cabalmente su derecho a la defensa. (omissis) Visto ello, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”. (SIC).
Asimismo, lo señala la sentencia Nº 355, de fecha 11AGO2011, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse al Acto Formal de Imputación, dejó sentado lo siguiente:
“...el acto de imputación formal, constituye una actividad procesal de la fase preparatoria, que debe ser llevada a cabo antes de la presentación del acto conclusivo, pues el mismo constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal que soporta una eventual acusación fiscal; es oportuno igualmente indicar que la realización de este acto procesal previo a la conclusión de la investigación, puede tener lugar en diferentes momentos durante el desarrollo de la pesquisa. Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…”. (SIC).
Por tanto, considera este Juzgador que el acto de imputación puede tener lugar en diferentes momentos, durante el desarrollo de la audiencia, y en el caso de marras, nos encontramos en la audiencia de presentación de imputado, celebrada de conformidad con lo establecido en el artículos 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es por ello que la presente solicitud se encuentra ajustada a derecho y, en consecuencia es procedente declarar con lugar la presente solicitud, tomándose la presente audiencia como el Acto de Imputación Formal de Imputado al ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-24.126.364, al encontrarlo presuntamente incurso en la comisión del delito militar de DESERCIÓN, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 ordinal 1º y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar. ASI SE DECLARA.
D I S P O S I T I V A
Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Militar Décimo Quinto de Control, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público en cuanto se siga la aplicación del Procedimiento Ordinario. SEGUNDO: CON LUGAR, la solicitud de la Defensa de una medida cautelar sustitutiva de libertad al ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-24.126.364, en consecuencia se impuso una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA contemplada en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, Numeral 3º, es por lo que se deberá presentar cada treinta (30) días por ante este Despacho Judicial con la finalidad de firmar el libro de presentación de imputados, a partir de la presente fecha y para la próxima presentación deberá consignar una foto tipo carnet actualizada. TERCERO: SIN LUGAR, la solicitud del ministerio Público de la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano WILLIANS RAFAEL PEREZ SALAZAR, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-24.126.364, presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de DESERCIÓN, previsto en los artículos 523, 527 Ordinal 1º y sancionado en el artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. CUARTO: Se ordena Librar el respectivo Oficio al C.I.C.P.C de manera que sea excluido del SIIPOL. Se insta al Ministerio Público para que culmine su Investigación en el lapso correspondiente legal. Las partes quedan notificadas de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 159 de la norma adjetiva penal. De igual modo se le informó a las partes que el auto motivado, de la presente decisión se hará por separado. Háganse las participaciones de rigor. Regístrese, publíquese, digitalícese hágase como se ordena, es todo. ASI SE DECIDE.
EL JUEZ MILITAR,
CRISTIAN JOSUÉ RIVAS LANZ
CAPITAN
EL SECRETARIO JUDICIAL
OSWALDO BARRIGA
ALFÉREZ DE NAVÍO
En este mismo día dando cumplimiento a lo ordenado, se hicieron las participaciones correspondientes, se publicó, se registró, se digitalizó y se dejó copia certificada.
EL SECRETARIO JUDICIAL
OSWALDO BARRIGA
ALFÉREZ DE NAVÍO
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