REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, seis de noviembre de dos mil quince
205º y 156º
ASUNTO : KP02-O-2015-000140
PARTE QUERELLANTE: Junta Directiva de la SOCIEDAD CIVIL EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL (EPS) METALURGICA TOCUYANOS SOCIALISTAS, inscrita por ante el Registro Público del Municipio Morán en fecha 24/10/2011, bajo el N° 2, Pag. 3, Tomo 10, Protocolo Transcripción, a través de su Presidente y Contralor ciudadanos GIOBERTY JESUS YEPEZ y MANUELVIC JOSE ALVARADO RODRIGUEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nº 10.960.084 y 14.353.573 y domiciliados en El Tocuyo, Estado Lara.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE QUERELLANTE: LUIS ALEJANDRO MORENO AVILA, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32.664.
PARTE QUERELLADA: FRANKLIN JOSE YEPEZ RAMOS, JOSE ALBERTO COLMENAREZ, WILLIE RAFAEL MUJICA ALVARADO, ELIXBER PASTOR ESCALONA, PETER LUIS LUCENA, HENRY ANTONIO PALMA, MARIO RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER NUÑEZ PERNALETE, EDWARD JOSE PERNALETE YEPEZ, FREDDY ANTONIO RAMOS YEPEZ, RODOLFO ANTONIO COLMENAREZ, ELIO JOSE SILVA FERNANDEZ, BAUDY JOSE MONTESINOS ESCALONA, FRANCISCO MARIA YEPEZ PEREZ, JESUS EDUARDO YEPEZ TORRES, JOAN RAFAELVILLANUEVA LOPEZ, PEDRO JOSE MAMBEL ESCALONA, JUAN CARLOS GARCIA GRATEROL, YELFREN ANTONIO SEQUERA GOMEZ, MARCIAL ANTONIO DOMINGUEZ MONTILLA y LUIS FELIPE GRATEROL LOYO, titulares de las cédulas de identidad N° 7.408.967, 18.689.929, 17.345.704, 17.133.978, 18.812.370, 16.735.948, 13.867.039, 15.093.138, 17.873.125, 7.988.596, 7.989.897, 10.122.427, 17.638.274, 7.983.246, 18.136.356, 18.136.653, 15.272.012, 14.593.285, 20.323.287, 10.958.795, 12.592.985, domiciliados en El Tocuyo, Estado Lara.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA EN ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Se inició la presente ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta en fecha 03/11/2015 por los ciudadanos GIOBERTY JESUS YEPEZ y MANUELVIC JOSE ALVARADO RODRIGUEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nº 10.960.084 y 14.353.573 y domiciliados en El Tocuyo, Estado Lara, en su carácter de Presidente y Contralor de la Junta Directiva de la SOCIEDAD CIVIL EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL (EPS) METALURGICA TOCUYANOS SOCIALISTAS, inscrita por ante el Registro Público del Municipio Morán en fecha 24/10/2011, bajo el N° 2, Pag. 3, Tomo 10, Protocolo Transcripción, asistidos por el abogado LUIS ALEJANDRO MORENO AVILA, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32.664, contra los ciudadanos FRANKLIN JOSE YEPEZ RAMOS, JOSE ALBERTO COLMENAREZ, WILLIE RAFAEL MUJICA ALVARADO, ELIXBER PASTOR ESCALONA, PETER LUIS LUCENA, HENRY ANTONIO PALMA, MARIO RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER NUÑEZ PERNALETE, EDWARD JOSE PERNALETE YEPEZ, FREDDY ANTONIO RAMOS YEPEZ, RODOLFO ANTONIO COLMENAREZ, ELIO JOSE SILVA FERNANDEZ, BAUDY JOSE MONTESINOS ESCALONA, FRANCISCO MARIA YEPEZ PEREZ, JESUS EDUARDO YEPEZ TORRES, JOAN RAFAELVILLANUEVA LOPEZ, PEDRO JOSE MAMBEL ESCALONA, JUAN CARLOS GARCIA GRATEROL, YELFREN ANTONIO SEQUERA GOMEZ, MARCIAL ANTONIO DOMINGUEZ MONTILLA y LUIS FELIPE GRATEROL LOYO, titulares de las cédulas de identidad N° 7.408.967, 18.689.929, 17.345.704, 17.133.978, 18.812.370, 16.735.948, 13.867.039, 15.093.138, 17.873.125, 7.988.596, 7.989.897, 10.122.427, 17.638.274, 7.983.246, 18.136.356, 18.136.653, 15.272.012, 14.593.285, 20.323.287, 10.958.795, 12.592.985, domiciliados en El Tocuyo, Estado Lara. En fecha 04/11/2015 se le dio entrada a la presente causa.
El querellante fundamenta su acción en los artículos 52, 112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando que constituyeron una asociación con fines de lucro, por trabajadores con amplios conocimientos en el área de la metalúrgica, para desarrollar actividades productivas por medio del trabajo colectivo, con reparto equitativo de las ganancias obtenidas con el trabajo social. Que comenzaron a realizar trabajos para PDVSA, Ministerio del Ambiente, Alcaldías y otros organismos, resultando exitosos todos los proyectos emprendidos. Que desde el 29/04/2015 han enfrentado la actividad saboteadora de un grupo de asociados, quienes pretenden imponer limitaciones al trabajo colectivo persiguiendo la disolución de la asociación. Que la evidencia de ello la consiguen plasmada en oficios y correspondencia dirigida a la Junta Directiva, y la relación escrita de las reuniones realizadas desde esa fecha en adelante. Que la presión continuó durante los meses siguientes y se les conminó a no tomar mas trabajos, pese a tener propuestas de varias alcaldías para prepara cisternas y otras carrocerías. Que en el mes de junio se les exigió una reunión para tratar como único punto la liquidación de la empresa. Se instaló en la asociación y se les impidió trabajar. Se les concedió a una minoría que quiere trabajar que se asesoraran para trabajar fuera de METALURGICA TOCUYANOS SOCIALISTAS para ejecutor el contrato. Que lo que han demostrado en las reuniones es que quieren liquidar despreciando opiniones fundamentadas en contra de ese argumento. Que por último en fecha 22/09/2015 en desacato a los Estatutos y Reglamento entregaron un documento a la Junta Directiva, con la que pretendían vender el camión comprado con producto del trabajo social y que es la herramienta de trabajo invaluable.
SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL AMPARO CONSTITUCIONAL
El querellante alega la violación de derechos constitucionales, entiende el Tribunal que se trata del derecho que tiene toda persona a hacer amparada por los tribunales en el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, para que la autoridad judicial competente restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida, así como el debido proceso aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Antes de emitir pronunciamiento este Tribunal actuando en Sede Constitucional se permite traer a consideración decisiones recientes dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sumamente relacionadas con la situación planteada por el querellante, así, la decisión de fecha 07/10/2009 (Exp. 09-0114) estableció:
El artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente preceptúa lo siguiente:
Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.
Esta Sala ha establecido, en reiteradas decisiones, las condiciones en las cuales opera la demanda de amparo constitucional, en los siguientes términos:
...es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles...(s. S.C. n° 1496, de 13-08-01, exp. 00-2671. Resaltado añadido).
Por otra parte, esta Sala Constitucional ha señalado, reiteradamente, que son inadmisibles las pretensiones de amparo que se propongan contra pronunciamientos judiciales, sin que, previamente, se hubiesen agotado los medios ordinarios u extraordinarios de impugnación preexistentes, a menos que el peticionario alegue y pruebe causas o razones valederas que justifiquen la escogencia de dicho mecanismo de tutela de derechos constitucionales (Cfr., entre otras, ss S.C. n.° 939/00; 1496/01; 2369/01 y 369/03).
Así, en ese sentido, esta Sala, en sentencia n.° 939/00 (caso: Stefan Mar C.A.), expresó:
En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. (Subrayado de la Sala, negritas y cursivas del Tribunal.
Igualmente, en decisión de fecha 21/07/2009 (Exp. 08-0898) la misma Sala aludida expresó:
Es por ello que, en principio, cuando la parte actora tiene la posibilidad del ejercicio del recurso ordinario de apelación, la vía de la tutela constitucional le está negada, por cuanto aquel contaba con una vía procesal idónea para que hiciera valer sus derechos. Por lo tanto, si bien es cierto que, en otras oportunidades, esta Sala ha establecido la posibilidad de la proposición de la pretensión de amparo constitucional, aun cuando exista una vía ordinaria para la delación del acto supuestamente lesivo, de igual forma se ha advertido la carga del demandante de alegación, fundamentación y demostración de los motivos por los cuales consideró necesario su empleo, pues su incumplimiento devendría en la inadmisión de la demanda, conforme con lo que ordena el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En consecuencia, estima esta Sala que no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo constitucional, de los medios o recursos que dispuso el ordenamiento procesal para el restablecimiento de la supuesta situación jurídica infringida, pues ellos constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtenga una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá proponer la protección constitucional. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las vías judiciales que dispuso el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso.
En definitiva, el supuesto agraviado no propuso, contra el acto jurisdiccional fallo supuestamente lesivo, el medio ordinario de impugnación idóneo y disponible, esto es, la apelación, además, de que tampoco justificó o puso en evidencia, en la demanda, las razones por las cuales optó por el ejercicio de la tutela constitucional, lo cual permite la subsunción de la pretensión sub examine en la causal de inadmisibilidad que preceptúa el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide. (Negritas de este Tribunal).
De conformidad con el criterio imperante en nuestra Máxima Jurisdicción el amparo constitucional no es una vía ordinaria cualquiera o paralela en la que lo rápido del procedimiento justifique su interposición. El amparo constitucional es un recurso extraordinario y solo puede ser invocado cuando no exista otro medio concebido por el legislador para brindar tutela judicial efectiva o cuando existiendo, la situación no pueda ser solventada con la celeridad y efectividad necesaria para considerar garantizado el derecho constitucional.
En el caso de autos, el querellante alega que se le violaron sus derechos cuando se celebró una reunión donde se levantó un acta que propone la realización de una encuentra para determinar el motivo de la liquidación de la empresa de cada socio, que quieren liquidar. En situaciones como la planteada, es menester de quien interpone el recurso extraordinario informar al Juez Constitucional la razón por la cual no hace uso de la vía ordinaria como lo es ejercer la nulidad de asamblea. Todavía más, desde el año 2.001 está en vigencia la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas la cual prevé normas que pueden atender el problema interno traído a este amparo constitucional, como los deberes y derechos de los asociados así como la posición de los socios ante terceros; también se le otorgó competencia a los Tribunales de Municipios y bajo el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil, es decir, se otorgaron normas especiales, un procedimiento rápido incluso una competencia especial que le permite acceder a los Juzgados en la misma ciudad del Tocuyo. Se reafirma, es carga de todo querellante exponer y demostrar dentro de lo razonable la causa por la cual ha optado por esta vía extraordinaria, prescindiendo de las otras vías ordinarias, salvo que se trate de lesiones al orden público.
En base a lo expuesto anteriormente, este Juzgado actuando en sede constitucional y de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe declarar inadmisible el presente amparo constitucional, pues estima existe otra vía que puede brindar respuesta oportuna a la parte querellante, como en efecto se establece.
DISPOSITIVO
En virtud de lo antes expuesto este Juzgado administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos GIOBERTY JESUS YEPEZ y MANUELVIC JOSE ALVARADO RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente y Contralor de la Junta Directiva de la SOCIEDAD CIVIL EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL (EPS) METALURGICA TOCUYANOS SOCIALISTAS, contra los ciudadanos FRANKLIN JOSE YEPEZ RAMOS, JOSE ALBERTO COLMENAREZ, WILLIE RAFAEL MUJICA ALVARADO, ELIXBER PASTOR ESCALONA, PETER LUIS LUCENA, HENRY ANTONIO PALMA, MARIO RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER NUÑEZ PERNALETE, EDWARD JOSE PERNALETE YEPEZ, FREDDY ANTONIO RAMOS YEPEZ, RODOLFO ANTONIO COLMENAREZ, ELIO JOSE SILVA FERNANDEZ, BAUDY JOSE MONTESINOS ESCALONA, FRANCISCO MARIA YEPEZ PEREZ, JESUS EDUARDO YEPEZ TORRES, JOAN RAFAELVILLANUEVA LOPEZ, PEDRO JOSE MAMBEL ESCALONA, JUAN CARLOS GARCIA GRATEROL, YELFREN ANTONIO SEQUERA GOMEZ, MARCIAL ANTONIO DOMINGUEZ MONTILLA y LUIS FELIPE GRATEROL LOYO, todos identificados.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince. AÑOS: 203° y 155°.
La Juez Temporal
Marlyn Emilia Rodrigues Pérez
La Secretaria
Rafaela Milagro Barreto
En la misma fecha se publicó siendo las 11.28 a.m., y se dejo copia de sentencia Nº 420 y quedó asentado en el Libro Diario bajo el Nº 42.-
La Sec.
MERP/maria elisa
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