REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
EXP. Nº KE01-X-2015-000045
En fecha 3 de noviembre de 2015, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el ciudadano EDWIN ALEXANDER VENTO PAEZ, titular de la cédula de identidad Nº 14.003.580, asistido por el abogado Miguelangel Valera Piñero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.782, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA.
En fecha 4 de noviembre de 2015, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito, y el día 6 del mismo mes y año, se admitió la presente demanda, ordenándose practicar las citaciones y notificaciones correspondientes. De igual forma, en virtud de la medida cautelar solicitada, se acordó abrir cuaderno separado.
Siendo la oportunidad para conocer de la medida cautelar solicitada se pasa a decidir en los siguientes términos:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
Mediante escrito consignado en fecha 3 de noviembre de 2015, la parte actora alegó como fundamento de su demanda, interpuesta conjuntamente con medida cautelar, las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:
Que “En fecha 11 de junio del (sic) 2015, se dicta acto administrativo, Dictamen N° 013- 06-2015, donde la sindicatura del Municipio Palavecino del Estado Lara, decide y ordena la demolición de la pared perimetral de las bienhechurías ubicada en la piedad Norte calle principal esquina calle 2, sector Brisas del Señor de la parroquia José Gregorio Bastidas del municipio Palavecino del Estado Lara de la parcela presuntamente N° A-02. Que [es] poseedor”. (Negrillas de la cita).
En fecha 12 de junio del año 2015, La sindicatura del Municipio Palavecino del Estado Lara, notifica de dicho dictamen N° 013-06-2015. Anexo marcado con la letra “G. En fecha 25 de junio del año 2015; se interponer dentro de la oportunidad legal el Recurso de Reconsideración establecid[o] en el artículo 94 previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente. En fecha 17 de agosto del año 2015; se interpone Recurso jerárquico (…)”. (Negrillas de la cita).
Que “El hecho controvertido en el procedimiento administrativo se determinó en el diámetros (sic) de cada una de las parcela (sic) de terreno del sector comunidad Brisa del Señor, Piedad Norte de la Parroquia José Gregorio bastida del municipio Palavecino estado Lara, según que la parcela de terreno que ocupo debería ser de 200 mts", motivado la decisión en copias fotostáticas simples de acta de asamblea ilegales realizada por el comité de tierra del Sector Briza del Señor, cuyas actas fueron los motivo para recurrir la decisión de sindicatura municipal, que para la fecha las actas de asamblea, el comité de tierra no estaba constituido y que las referida actas son ilegales”.
Que “En fecha 11 de junio del (sic) 2015, se dicta acto administrativo, Dictamen N° 013-06-2015, donde la sindicatura del Municipio Palavecino del Estado Lara, decide; ordena la demolición de la pared que forma parte integrante de [su] vivienda en Construcción”. (Negrillas de la cita).
Que “(…) según la sindicatura municipal fueron revocada (sic) por la división de catastro de la alcaldía (sic) del municipio (sic) Palavecino, previo procedimiento administrativo, el cual no se verifico (sic) en el expediente administrativo de la decisión de la revocatoria de mensura catastral por la división de catastro del municipio Palavecino, no fue notificado de dicho procedimiento ni del acto administrativo que revoca las mensuras, en consecuencia aprecia las nuevas mensuras realizada (sic) y desecha las presentadas como prueba en favor del recurrente”.
Que “(…) para la fecha 17 de septiembre del año 2015, [fue] notificado de la repuesta del recurso jerárquico, el superior jerárquico da repuesta donde decide: ordena[r] [a] la dirección de planificación y desarrollo urbano (sic) a emitir orden de demolición de una pared construida sobre el lote de terreno ocupado por el ciudadano Edwin ventó Páez […] de acuerdo al procedimiento establecido en la ordenanzas sobre procedimiento de construcción, a los fines de cumplir con el procedimiento de adjudicación de la titularidad de la tierra (…)”. (Negrillas de la cita).
Que “(…) la repuesta del recurso jerárquico realizada por el despacho de la alcaldía del municipio Palavecino en su representación alcalde José barrera, en fecha 4 se septiembre del 2015, establece nuevos supuesto de hechos (sic) que no fueron controvertido en el procedimiento administrativo (…)”; y que “Con este pronunciamiento justifica que el administrado no tiene derechos, también confirma en parte el dictamen N° 013-06-2015. Justifica que está en curso de un delito penado por la ley”. (Negrillas de la cita).
Que “H[a] venido poseyendo en forma pública, pacifica e interrumpida el lote de terreno ante baldío hoy ejido, desde hace 5 años y que he realizado construcciones y todas las diligencia pertinentes para la adjudicado del terreno ejido según solicitud del contrato de concesión de uso de fecha 29-01-2014 [que] consta en el expediente administrativo”. (Negrillas de la cita).
Que “(…) los lotes de terreno del sector Brisas del Señor NO ESTAN SUJET[OS] AL Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos”; y que “(…) el acto administrativo no debió fundamentarse en este decreto en virtud que no cumple uno de los requisitos fundamentales para su aplicación. Y mucho menos para fundamentar la determinación de los linderos de las parcelas y la demolición de una pared que forma parte integra de la vivienda. No es aplicable al caso, en consecuencia constituye un falso supuesto de derecho”. (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Que “(…) el acto administrativo, Dictamen N° 013-06-2015, adolece de vicios de anulabilidad (falso supuesto de hecho y de derecho) y la decisión de superior jerárquico que confirma y modifica, también adolece de vicios de anulabilidad (falso supuesto de hecho y de derecho) así como también en el vicio de inconstitucional ; ordena la demolición de la pared que forma parte esencial de las fundaciones de las construcciones para la vivienda que están en construcción […] por lo que, acud[e] ante la competente autoridad ciudadano juez para demandar como en efecto: LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO de segundo grado […] Dictamen N° 013-06-2015, de fecha 11 de junio del 2015, decidido por la sindicatura municipal del municipio Palavecino”. (Mayúsculas y negrillas de la cita).
En cuanto a la medida cautelar solicita la “(…) suspensión de los efectos” de la providencia impugnada es decir de acto administrativo de segundo grado, (repuesta del superior jerárquico) hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme que resuelva el asunto debatido, por cuanto la dirección de planificación y desarrollo urbana del municipio (sic) Palavecino emite notificación, la cuales ordena la inmediata demolición de la pared , otorga un plazo 5 días hábiles para la ejecución voluntaria y transcurrido este diez (10) días después de la notificación será ejecutado la demolición por [esa] dirección, así también establece que por incumplimiento se sancionara con multa de 5 salario mínimo, y recargo de un 50%”.
Que “(…) queda demostrado la existen en autos medios de prueba que contiene de la existencia de fumus bonis (sic) iuris, puede ser considerada como buen derecho y que se evidente en el expediente administrativo y de las pruebas aportadas en este proceso, también es evidente el periculum in mora, es de hacer notar que en estos casos, existe un peligro inminente, causaría daño, causando perjuicios irreparables y de difícil reparación que deben ser evitados, hasta tanto este tribunal verifique la existencia de los vicios hecho y de derecho así como vicios de inconstitucional que adolece el acto administrativo impugnado mediante sentencia definitivamente firme”.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Precisadas las anteriores consideraciones que sirven de fundamento a la pretensión anulatoria de la parte demandante, así como los argumentos explanados en la reforma de su escrito libelar para sustentar la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, este Juzgado Superior observa que conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en fecha 22 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451; a petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
En razón de lo anterior, debe observarse que la disposición contenida en el artículo 104 eiusdem, es más amplia respecto a los requisitos que se deben verificar para el otorgamiento de toda medida cautelar en materia contencioso administrativa, apartándose de lo previsto en el párrafo 21 del artículo 21 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela del año 2004, pero viene a ser una consagración de los aportes que ha venido realizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación a esta especial institución.
Por otra parte, debe igualmente agregarse que la protección cautelar que eventualmente pueda otorgarse, encuentra su justificación en una verdadera materialización del derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que posee como contenido la necesidad de asegurar que luego del proceso judicial correspondiente se dicte una sentencia de fondo ajustada a derecho, y que a su vez, dicha sentencia sea ejecutada de manera oportuna y en sus propios términos.
Esa necesidad de que la sentencia sea oportunamente ejecutada, debe ser consustanciada con una debida protección cautelar a la cual tienen acceso las partes como medio para materializar la ejecución de lo juzgado, de forma que para la plena existencia del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario que se adopten, en caso de ser procedentes, las medidas cautelares adecuadas que aseguren el cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso. De esta forma, la garantía de efectividad del fallo final es la médula misma de la institución cautelar; sin esa garantía, no hay tutela judicial. (Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “La Batalla por las Medidas Cautelares”. Madrid: Civitas, 1995. p. 298).
Así, las medidas cautelares son un instrumento que sirve para evitar que la justicia pierda su eficacia y, se adoptan con la finalidad de asegurar provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia en su caso pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. A través de estas medidas, el juez -en cada caso concreto- utiliza los medios que sean necesarios para que el derecho, cuya tutela se solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dure el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar, en su momento, la sentencia que reconozca tal derecho y evitar que se causen daños irreparables.
Ahora bien, respecto a la solicitud de suspensión de efectos debe darse la concurrencia de determinados requisitos, esto es, que haya una presunción del buen derecho (fumus bonis iuris), que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y, la ponderación de “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”, requisitos éstos consagrados en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En relación al fumus boni iuris, es suficientemente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, que el mismo constituye la existencia de una apariencia de buen derecho, lo cual se efectúa a través de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad, por lo que no se requiere una absoluta certeza del mismo, sino la existencia de algún elemento que le de verosimilitud, sobre la base de los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda. (Vid. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencias Nº 00221, Exp. N° 2012-1021 y Nº 00238, Exp. N° 2012-0775, ambas de fecha 28 de febrero de 2013, con Ponencia de la Magistrada Trina Omaira Zurita.).
En tanto que, el periculum in mora, no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, que deje en riesgo o haga ilusoria la ejecución del fallo, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia definitiva que recaiga en el caso concreto.
Por su parte, la ponderación de intereses implica tomar en cuenta los efectos entre el bien jurídico tutelado con la providencia cautelar y los intereses públicos o colectivos, de tal forma que éstos últimos no resulten afectados, relacionándose muchas veces esta ponderación de intereses con el periculum in mora. (Vid. Sentencias Nº 06161 y 06438 del 9 de noviembre y 1 de diciembre de 2005, respectivamente; Sentencia Nº 00196 de fecha 26 de febrero de 2013, todas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En el presente caso, la parte actora solicita medida cautelar a objeto de que sean suspendidos los efectos del acto administrativo contenido en el Dictamen N° 013-06-2015, de fecha 11 de junio del 2015, suscrito por el Sindico Procurador del Municipio Palavecino del estado Lara.
Ahora bien, respecto de la solicitud de suspensión de efectos formulada por la accionante con base en la presunta violación de los derechos de propiedad y de seguridad jurídica, la jurisprudencia ha señalado que para establecer el “fumus boni iuris” o apariencia del buen derecho, el juez debe basarse en criterios objetivos definidos extraídos del estudio del caso concreto, sin que ello implique una valoración anticipada del fondo de la controversia. (Vid. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa Sentencia Nº 00190 de fecha 26 de febrero de 2013. Exp. N° 2012- 1763, con Ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz. Caso: Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. (C.O.P.O.S.A.), contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT.))
Igualmente, la Sala Político Administrativa referente al fumus boni iuris, expresa que consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado; en ese sentido, la decisión del Juez no debe fundamentarse sobre simples alegatos de perjuicio, sino en el análisis que este haga de la argumentación y los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, dado que, en definitiva, solo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados. (Vid. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 00196 de fecha 26 de febrero de 2013. Exp. N° 2012- 1342, con Ponencia del Magistrado Emiro García Rosas. Caso: Inversiones ALVEAN 2000, S.N.C., contra el Decreto Expropiatorio N° 8.857 dictado por el Presidente de la República.).
En referencia al fumus boni iuris, se ha señalado que este requisito implica que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, en otras palabras, que de la apreciación del sentenciador al decidir sobre la protección cautelar existan altas probabilidades de que la decisión sobre el fondo sea procedente a la pretensión del demandante; así se ha expresado:
“En este mismo orden de ideas, conviene recordar que existen autores que vienen sosteniendo que el requisito del fumus boni iuris impone al juez una doble comprobación: primero sobre la apariencia de buen derecho, en el sentido de que el recurrente sea titular de un derecho o interés legítimo que necesita tutela; y segundo, sobre la apariencia de legalidad de la actuación de la administrativa, de manera que, aparte del fumus de buen derecho debe precisarse la existencia de un fumus de actuación administrativa ilegal o contraria a derecho.
La jurisprudencia patria ha señalado que tal apariencia de buen derecho está determinada a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante y sobre las probabilidades de éxito de la demanda, sin que ese análisis suponga un prejuzgamiento del fondo del asunto. Esa labor de determinación de presunción de buen derecho debe estar sustentada en un medio de prueba o surgir, al menos objetivamente de los autos y debe consistir en una justificación inicial.” (Vid. CRESPO DAZA, Alexis. “A Un Año de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Caracas: Fundación Gaceta Forense, Tribunal Supremo de Justicia, 2012. Pág. 228).
En Sentencia N° 00069, de fecha 17 de enero de 2008, caso Concejo Municipal del Municipio Caroní del Estado Bolívar, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que aún en el caso de que existiesen medios suficientes que hicieran surgir la presunción de buen derecho a favor de la parte accionante, acordar la medida cautelar vaciaría de contenido la acción principal, haciendo nugatorio cualquier pronunciamiento de fondo, lo cual le está vedado al juez cautelar, agregando la Sala:
“Ahora bien, las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces.
En tal sentido, debe advertir la Sala que el objeto de la pretensión cautelar no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima faciae (…)”. (Criterio ratificado en Sentencia Nº 00455 de fecha 15 de abril de 2009).
A este respecto, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia recaída en el asunto AP42-R-2012-000428, de fecha 11 de julio de 2012, caso: Yarsón Asdrúbal Blanco Martínez contra la Gobernación del Estado Apure, estableció que:
“(...) las medidas cautelares deben ser consideradas como un instrumento que ayuda a garantizar las resultas del juicio principal, pero en ningún momento las mismas, dada su característica de accesoria, pueden resolver la acción principal (…)”.
Así las cosas, se advierte que en el presente asunto -en principio- el estudio con respecto a la presunción de buen derecho podría devenir en una valoración anticipada del fondo de la controversia, pues necesariamente habría que revisar aspectos que están referidos a los actos de la Administración que inciden en los derechos sobre un inmueble cuya propiedad se encuentra en discusión y constituye el objeto principal de la pretensión, lo cual en esta etapa del proceso se encuentra limitado para el Juzgador, pues lo que se pretende con el ejercicio de la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, -que constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad-, es la protección de derechos de manera provisional frente a hechos que se presumen constituyen una amenaza o transgresión de esos derechos y ello, en el caso bajo análisis, implicaría un pronunciamiento adelantado sobre la definitiva dado que su otorgamiento constituiría el reconocimiento de la titularidad de derechos que se plantean sean resueltos en la sentencia de fondo.
No obstante ello y considerándose el análisis preliminar que debe realizarse, es preciso resaltar que prima facie y conforme a los documentos que cursan en autos, no se presenta como evidente una actuación de la Administración ilegal o contraria a derecho con respecto al contenido del acto administrativo contenido en el Dictamen N° 013-06-2015, de fecha 11 de junio del 2015, suscrito por el Sindico Procurador del Municipio Palavecino del estado Lara, toda vez que al menos en el referido acto administrativo se describen actuaciones que evidencian, al menos en este estado, la sustanciación de un procedimiento administrativo.
En razón de lo anterior, conforme a la presunción que debe observar este Órgano Jurisdiccional en esta etapa preliminar, considerando la apariencia de legalidad de la actuación de la administrativa, no puede desprenderse prima facie el derecho de propiedad invocado frente al presunto derecho preferente, por lo que no se evidencia la existencia del fumus boni iuris invocado. Así se decide.
En este sentido, este Juzgado, visto el carácter concurrente de sus supuestos, fumus boni iuris, periculum in mora y la ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”, resulta inoficioso continuar evaluando los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada, por cuanto ya ha sido determinada la inexistencia de uno de ellos, a saber, fumus boni iuris, en virtud de lo cual considera improcedente la medida cautelar. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
- IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos, solicitada en la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano EDWIN ALEXANDER VENTO PAEZ, titular de la cédula de identidad Nº 14.003.580, asistido por el abogado Miguelangel Valera Piñero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.782, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 1556º de la Federación.
El Juez Temporal,
José Ángel Cornielles Hernández
La Secretaria Temporal,
Bladimar Méndez Pimentel
Publicada en su fecha a las 3:00 p.m.
La Secretaria Temporal
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