REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL MILITAR UNDÉCIMO DE CONTROL CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
TRIBUNAL MILITAR UNDÉCIMO DE CONTROL
SAN CRISTÓBAL, 29 DE MAYO DEL 2015
205º Y 156º
Nº 05
AUTO DE PRIVACIÓN JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD
SOLICITUD CJPM-TM11C-060-15
JUEZ MILITAR: CAPITÁN LISBETH MARILYN NIETO ZAMBRANO.
FISCAL MILITAR: CAPITÁN DENNIS YEFERSON DUEÑEZ MARQUEZ
DEFENSOR: TENIENTE BENERANDA MOLINA RANGEL
IMPUTADO: SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO
SECRETARIO JUDICIAL: TENIENTE BERZY JOSAINE REY CHACON
Visto el escrito consignado por los ciudadanos CAPITAN DENNIS JEFFERSON DUEÑEZ MARQUEZ, en su carácter de Fiscal Militar Trigésimo Sexto de San Antonio y TENIENTE DIEGO ARQUIMIDES CABEZA FRANCO, en su carácter de Fiscal Militar Auxiliar Trigésimo Sexto de San Antonio, mediante el cual “…PRESENTAR FORMALMENTE al Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, Ubicado en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, por encontrarse presuntamente incurso como autor en la perpetración de un hecho de naturaleza penal militar, a saber la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2 eiusdem; y para SOLICITARLE de conformidad con lo previsto en el artículo 236, en concordada relación con el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, del referido Ciudadano…”, y visto el desarrollo de la audiencia de presentación de imputado, este Tribunal Militar de Control en funciones de Guardia, para decidir previamente observa:
PRIMERO
DE LA SOLICITUD FISCAL
El Fiscal Militar fundamenta la solicitud de privación judicial preventiva de libertad del imputado de autos, de la siguiente forma:
“…Quienes proceden, CAPITAN DENNIS JEFFERSON DUEÑEZ MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.971.254, abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 74820 y TENIENTE DIEGO ARQUÍMEDES CABEZA FRANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.430.940, abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 192.109, ambos con domicilio procesal en San Antonio del Estado Táchira, procediendo en este acto en nuestra condición de Fiscales Militares Trigésimos Sexto con Competencia Nacional, ocurro muy respetuosamente ante su competente autoridad, dentro del lapso legal establecido dándole cumplimiento a los artículos 44 numeral 1, 49, 257 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 14, 16 y 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y numerales 8 y 11 del artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, de aplicación supletoria por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar; a los fines de PRESENTAR FORMALMENTE al Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, Ubicado en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, por encontrarse presuntamente incurso como autor en la perpetración de un hecho de naturaleza penal militar, a saber la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, eiusdem; y para SOLICITARLE de conformidad con lo previsto en el artículo 236, en concordada relación con el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, del referido Ciudadano; solicitud que permitimos fundamentar en los términos siguientes:
-I-
LOS HECHOS
En fecha 26 de Mayo de 2015, siendo aproximadamente las 15:10 horas, esta representación fiscal fue notificada vía telefónica y mediante acta policial Nº 215/02-009-2015, de fecha 26 de mayo de 2015, Suscrita por el Efectivos Militares: PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, SARGENTO PRIMERO BELÉN YUSLEIBY SAAVEDRA, C.I. V- 22.640.076, SARGENTO PRIMERO LIZBETH LEONOR NIETO SALINAS, C.I. V- 19.599.590, funcionarios militares adscritos al 215 Grupo de Artillería de Campaña Cnel. Miguel Antonio Vázquez, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, quienes exponen: El día veintiséis (26) de mayo del presente año a eso de las ocho (08:00 am) horas de la mañana aproximadamente, nos encontrábamos de servicio en la Hacienda “La Ponderosa” en el sector Llano Jorge, San Antonio, Municipio Bolívar del estado Táchira, cuando se pudo constatar que el SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, orgánico de la Unidad 215 G.A.C. Cnel. “Miguel Antonio Vázquez”, presuntamente se había EVADIDO del sito antes mencionado, en virtud de tal situación se procedimos de inmediato a acercarnos hasta el lugar de descanso donde encima de la cama se pudo observar un (01) Fusil AK-103 serial Nro. 061662224, con un (01) chaleco y cinco (05) cargadores con su respectiva munición para un total de ciento cincuenta (150) cartuchos asignados al SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, seguidamente se procedió a informar al Jefe de sector PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, para dar inicio a la realización de patrullaje de reconocimiento del terreno para la localización del SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, lográndose la aprehensión por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en el sector de La Mulera, municipio Bolívar de San Antonio del Táchira, del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, C.I. V- 25.838.178, aproximadamente a las 10:00 am, quien para el momento vestía una guerrera militar, pantalón militar y botas de color negro; y quien para el momento se movilizaba en un (01) vehículo de transporte público, en sentido hacia el municipio de San Cristóbal. Una vez aprehendido el ciudadano antes señalado e identificado el mismo, se procedió a la ubicación de personas que pudieran servir de testigo del procedimiento, logrando ubicar a un ciudadano que fue identificada como KELVIN (cuyos datos se reservan de conformidad a la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales). Una vez ubicado el testigo, se procedió en primer lugar a realizar una inspección personal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no logrando hallar ningún material del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad Nº. V- 25.838.178; En razón de todo lo anteriormente expuesto, siendo las cuatro (04:00) horas de la tarde, se procedió a indicarle al ciudadano: LEONAR YONAIKEL SÁNCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad Nro. V- 25.838.178,que a partir de esa hora quedaba en calidad de detenido por encontrarse incursos en la presunta comisión de uno de los delitos Militares previstos y sancionados en la Ley Sobre el Delito de Abandono de Servicio, practicándose por ende la aprehensión en flagrancia de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente les fueron leídos y explicados los derechos que les asisten como imputados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, acto seguido se procedió al notificar al Fiscal Trigésimo sexto(36) de la Fiscalía Militar, quien indicó que deberían practicar las diligencias urgentes y necesarias de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando los detenidos y las evidencias físicas incautadas a las órdenes de la mencionada fiscalía, del mismo modo se deja constancia que el aprehendido fue trasladado hasta el Hospital Dr. Samuel Maldonado, ubicado en la Población de San Antonio; Municipio Bolívar del Estado Táchira, siendo atendidos cuyos informes médicos se anexan a la presente Acta policial.
II
DEL DERECHO
Esta Representación Fiscal, del análisis de los recaudos que conforman la mencionada investigación, considera que los hechos que dieron origen a la presente, se subsumen en la presunta comisión la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; hecho punible este, en el que se encuentra presuntamente incurso el Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, Ubicado en la Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira.
Ordenan las normas antes mencionadas lo siguiente:
DE LA INSUBORDINACION:
Artículo 512 Incurre en el delito de insubordinación.
1. El militar que viola manifiestamente una orden del servicio o se resista al cumplimiento de ella. (omissis) (subrayado nuestro).
DEL ABANDONO DE FUNCIONES
Artículo 551 El centinela que viole o quebrante la consigna, abandone el puesto o se embriague, será penado así:
2. Si el hecho se comete en campaña, sin estar frente al enemigo, con presidio de uno a cinco años, pero si actuase la circunstancia anotada en el ordinal precedente, se castigara con presidio de seis a diez años. (omissis) (subrayado nuestro).
Con fundamento en lo señalado anteriormente es por lo que está Representación Fiscal concurre ante esa honorable Instancia Judicial Penal Militar a fin de solicitar que se dicten MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD contra el Ciudadano: SOLDADO LEONOR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, al considerar que están llenos los extremos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:
1. Existe la presunción razonable en la comisión de un hecho punible de naturaleza penal militar, que merece pena privativa de libertad, como lo es en éste caso, los delitos militares de: INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar , los cuales tienen una penalidad el delito de insubordinación con presidio de tres a seis años. Y el delito de abandono de funciones con presidio de uno a cinco años, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, ya que los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2015.
2. Existe presunción razonable con fundados elementos de convicción para considerar que el Ciudadano: es autor del hecho que se investiga. Cuales son:
• Acta policial Nª 215/02-009-2015, de fecha 26 de mayo de 2015, Suscrita por el Efectivos Militares: PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, SARGENTO PRIMERO BELÉN YUSLEIBY SAAVEDRA, C.I. V- 22.640.076, SARGENTO PRIMERO LIZBETH LEONOR NIETO SALINAS, C.I. V- 19.599.590, funcionarios militares adscritos al 215 Grupo de Artillería de Campaña Cnel. Miguel Antonio Vázquez,, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por la SARGENTO PRIMERO BELEN YUSLEIBY SABEDRA titular de la cedula de Identidad NºV-22.640.076, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por la SARGETO PRIMERO LIZETH LEONAR NIETO SALINAS, titular de la cedula de identidad NºV-19.599.590, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el CABO SEGUNDO EUDO DE JESÚS CHÁVEZ VILLASMIL, titular de la cedula de identidad NºV- 25.279.006, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el SOLDADO KELVIN ENRIQUE MENDOZA ACOSTA, titular de la cedula de identidad Nº V-22.366.427,, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por SOLDADO JONATHAN MIGUEL CHACON CHACON, titular de la cedula de identidad, NºV-24.744.424, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el CABO SEGUNDO JESÚS ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ, titular de la cedula de identidad, Nº V-19.665.081, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
3. Existe presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular el peligro de fuga y conforme a lo previsto en el artículo 237 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en cuenta de que, muy a pesar de que el Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, tienen determinada su residencia habitual en éste País, existe peligro de Fuga al conocer la pena a ser impuestas, y de igual manera debe tenerse en cuenta la cercanía de su unidad con la zona fronteriza, específicamente con la República de Colombia, pueden abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
En razón de ello, Ciudadana Juez Militar, esta Representación Fiscal del Ministerio Público Militar, considera que en el presente caso procede, LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo previsto en el artículo 236, en concordada relación con el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.
III
PETITORIO
En virtud de lo antes expuesto, esta Fiscalía Militar solicita: PRIMERO: Se Decrete LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, Ubicado en la Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, por encontrarse presuntamente incurso como autor en la perpetración de hechos de naturaleza penal militar, a saber la comisión de los delitos militares de: INSUBORDINACIÓN previsto 512 y sancionado en el artículo 513 numeral 2 y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; y en consecuencia, se acuerde como lugar de reclusión el Departamento de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente, con sede en la población de Santa Ana, Estado Táchira, haciendo del conocimiento del Director del referido Centro de Reclusión, que los imputados tienen derecho a permanecer en una instalación diseñada para preservar la salud, recibir alimentos, alojamiento, ropa, servicios médicos, facilidades para el ejercicio físico y artículos para el aseo personal. Todo ello según lo dispuesto en el Artículo 10 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Principios sobre la Detención o Prisión. SEGUNDO: Se Decrete la calificación de Flagrancia en la aprehensión del Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, de conformidad con lo establecido en el artículo 234, el cual establece: “… Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. TERCERO: Igualmente solicitó se acuerde la aplicación del procedimiento ordinario previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de lo complejo del caso. CUARTO:, Se tome este Acto de Presentación de Imputado como la Imputación Formal del mismo. QUINTA: Se expida a este Despacho Fiscal Copia Certificada del Acta de la presente Audiencia, así como, de la Decisión Motivada de la misma. Hacemos de su conocimiento honorable Juez Militar, que el imputado Ciudadano actualmente se encuentra detenido en la Fuerza de Tarea 21, ubicado en san Antonio Municipio Bolívar del Estado Táchira, quedando a sus órdenes con la presentación de éste escrito.
Por un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en la ciudad de san Antonio del Táchira, a los nueve 28 días del Mes de Mayo del año 2.015…”.
SEGUNDO
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
En el desarrollo de la audiencia de presentación de imputado, el Fiscal Militar solicitó a este Órgano Jurisdiccional Militar lo siguiente:
“…Ciudadana Juez, procedo en el presente acto, hacer la presentación formal de conformidad con el Numeral 1° del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, por la presunta comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el artículo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Asimismo Ciudadana Juez, solicito se califique como flagrante la aprehensión del imputado, se tome la presente audiencia como acto de imputación formal, se aplique el Procedimiento Ordinario, y se acuerde LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del Ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, de conformidad con lo establecido en el Artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, y que le sea aplicado el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Principios Sobre la Detención o Prisión, ya que existen suficientes y fundados elementos que nos hacen estimar que el imputado ha sido el autor material de los delitos militares de INSUBORDINACION Y ABANDONO DE FUNCIONES; ya que son delitos que atentan contra los pilares fundamentales de la Fuerza Armada Nacional. Igualmente solicito copias certificadas del acta de audiencia y de la motiva de la misma. Es todo”.
En ejercicio del derecho constitucional a la defensa, se le concedió el derecho de palabra al SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, quien manifestó, “si quiero declarar”, a lo cual expuso:
“…Ciudadana Juez yo tengo una enfermedad venérea, tengo verrugas en mis genitales y el Comando de mi unidad no me prestó atención, me llevaron al hospital y luego no me llevaron más, ese día me levantaron a las 06:00 de la mañana a preparar desayuno y yo lo hice, pero en función que me pica mucho y necesito tratamiento decidí irme a mi casa para hacerme los quemados, yo de verdad no quería irme así, yo tengo un hijo y me gusta la fuerza armada. Es todo”
Al serle concedido el derecho de palabra a la abogado Teniente BENERANDA MOLINA RANGEL, en su carácter de Defensora Pública Militar del imputado de autos, la misma expuso lo siguiente:
“…Ciudadana Juez, esta defensa rechaza la solicitud realizada por la Fiscalía Militar de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 ordinal 2º Constitucional, de igual forma mi defendido no presenta conducta pre-delictual, asimismo la media de ambas penas por ambos delitos no suman 5 años por lo que no excede el límite que establece el legislador, recordando esta defensa que nos regimos por un sistema acusatorio donde predomina la libertad y la vida según lo dispone el artículo 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, en este sentido solicito una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse mi defendido con una enfermedad venérea, ya que predomina el derecho a la salud establecido Constitucionalmente en el artículo 83, derecho este que obvio el Ministerio Publico Militar, enfatizando mi pedimento de acuerdo con la sentencia Nº 1998 de fecha 26 de noviembre de 2006, de la Sala Constitucional con ponencia del Dr. Carrasquero Lopèz, y respaldando que mi defendido abandono sus funciones debido a su enfermedad como era de conocimiento del personal que hacia vida allí, como consta en el folio 17 del expediente donde en la entrevista al Soldado Chávez Villasmil indica que mi defendido se fue porque estaba enfermo, igualmente lo ratifica el Soldado Chacón Chacón, de igual forma solicito no se califiquen como flagrantes los hechos por cuanto mi defendido nunca mostro resistencia en su detención. Igualmente solicito copias certificadas del acta de audiencia. Es todo”.
TERCERO
DE LOS DELITOS MILITARES DE INSUBORDINACIÓN
Y ABANDONO DE FUNCIONES
El delito militar de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1º y sancionado en el articulo 513 numeral 2º del Código Orgánico de Justicia Militar, en los términos siguientes:
“Artículo 512. Incurre en delito de insubordinación:
1. El militar que viola manifiestamente una orden del servicio o se resista al cumplimiento de ella.
2. El militar que en cualquier forma falte al respeto debido a la autoridad o a la dignidad del superior.
Artículo 513. En los casos del inciso 1º del artículo anterior, la insubordinación será castigada:
1. Con pena de diez a dieciséis años de presidio, cuando ocurre frente al enemigo.
2. Con presidio de tres a seis años, cuando ocurre en formación o en cualquiera otro acto del servicio.
3. Con prisión de uno a tres años, en todos los demás casos.
Asimismo, el delito militar de ABANDONO DE FUNCIONES previsto y sancionado en el artículo 551 numeral 2 del Código Orgánico de Justicia Militar, en los términos siguientes:
Artículo 551. El centinela que viole o quebrante la consigna, abandone el puesto o se embriague, será penado así:
1. Si el hecho se ejecuta frente al enemigo o de rebeldes o sediciosos, con presidio de dos a seis años, y si de sus resultas se sigue algún daño de consideración al servicio, con presidio de ocho a dieciséis años.
2. Si el hecho se comete en campaña, sin estar frente al enemigo, con presidio de uno a cinco años, pero si actuase la circunstancia anotada en el ordinal precedente, se castigará con presidio de seis a diez años.
CUARTO
DE LA SOLICITUD DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA
Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Corresponde a este Órgano Jurisdiccional, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público Militar en la que solicita “…Se Decrete la calificación de Flagrancia en la aprehensión del Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, de conformidad con lo establecido en el artículo 234, el cual establece: “…Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor…”
En virtud de la presentación hecha por el ministerio Público Militar y de los hechos antes descritos, el artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala:
Artículo 44. ° La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
En el presente caso no existiendo orden judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. La flagrancia no es más que la convicción procesal de la perpetración de un hecho punible, mientras que la aprehensión en flagrancia es una consecuencia de aquella, que puede, por excepción, concretarse sin previa orden judicial.
1. El concepto jurídico de flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia del delincuente. (Manzini).
2. Delito flagrante es el que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía” (Escriche).
3. En términos generales se entiende por delito flagrante aquel acto de carácter delictual en el que su perpetración se ve alterada por la sorpresa a la que se somete el agente al momento de cometerlo…(Báez).
Al respecto se observa que ciertamente el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, define lo que se considera como delito flagrante, en los términos siguientes:
Artículo 234. Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante, el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante, aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir que él o ella es el autor o autora.
Supuestos que son definidos igualmente en Sentencia Nº 2580 del 11-12-2.001, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremos de Justicia, con Ponencia de Dr. Jesús Eduardo Cabrera R.,
1. Que el delito se esté cometiendo, en el instante en que alguien lo verifica sensorialmente en forma inmediata.
2. El delito flagrante se concretiza con la expresión “acaba de cometerse”.
3. Se produce cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público.
4. Flagrancia presunta: cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor.
La Flagrancia real o estricta, se refiere al sujeto que es sorprendido en el mismo momento en que está cometiendo el delito. En un supuesto que el sujeto que es sorprendido amenazando a otra persona con un arma de fuego y pidiendo que le entregue sus pertenencias.
La cuasi flagrancia, se verifica cuando una persona es detenida luego de haber ejecutado la conducta delictiva, siempre y cuando el imputado se haya visto perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. Por ejemplo, un sujeto ha hurtado un vehículo y no se le pudo detener en el momento, por lo que es perseguido por las personas que lo vieron y aprehendido más adelante.
La flagrancia presunta, es aquella que se verifica cuando la persona detenida es encontrada con objetos que de alguna u otra forma hacen presumir que fue el autor del delito que se acaba de cometer. Como ejemplo tenemos a la persona que observa el vidrio de su vehículo roto y que falta su equipo de sonido el cual le es encontrado a un sujeto a dos cuadras del lugar dentro de un bolso que a su vez contenía un martillo, un destornillador y un alicate.
Asimismo se observa que el artículo 373 del mismo Código Orgánico Procesal Penal dispone textualmente lo siguiente:
Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la Presentación del Aprehendido o Aprehendida. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.
El Juez o Jueza de Control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido o aprehendida a su disposición.
Si el Juez o Jueza de Control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que él o la Fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.
En este caso, él o la Fiscal y la víctima presentarán la acusación en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
En caso contrario, el Juez o Jueza de Control ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto.
En relación a la solicitud fiscal de consideración de los hechos como delito flagrante, se observa que el Ministerio Público Militar señaló en su escrito que “…El día veintiséis (26) de mayo del presente año a eso de las ocho (08:00 am) horas de la mañana aproximadamente, nos encontrábamos de servicio en la Hacienda “La Ponderosa” en el sector Llano Jorge, San Antonio, Municipio Bolívar del estado Táchira, cuando se pudo constatar que el SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, orgánico de la Unidad 215 G.A.C. Cnel. “Miguel Antonio Vázquez”, presuntamente se había EVADIDO del sito antes mencionado, en virtud de tal situación se procedimos de inmediato a acercarnos hasta el lugar de descanso donde encima de la cama se pudo observar un (01) Fusil AK-103 serial Nro. 061662224, con un (01) chaleco y cinco (05) cargadores con su respectiva munición para un total de ciento cincuenta (150) cartuchos asignados al SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, seguidamente se procedió a informar al Jefe de sector PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, para dar inicio a la realización de patrullaje de reconocimiento del terreno para la localización del SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, lográndose la aprehensión por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en el sector de La Mulera, municipio Bolívar de San Antonio del Táchira, del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, C.I. V- 25.838.178, aproximadamente a las 10:00 am, quien para el momento vestía una guerrera militar, pantalón militar y botas de color negro; y quien para el momento se movilizaba en un (01) vehículo de transporte público, en sentido hacia el municipio de San Cristóbal. Una vez aprehendido el ciudadano antes señalado e identificado el mismo, se procedió a la ubicación de personas que pudieran servir de testigo del procedimiento, logrando ubicar a un ciudadano que fue identificada como KELVIN (cuyos datos se reservan de conformidad a la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales).…”.
Posteriormente el Ministerio Público Militar agrega en su escrito que “…Una vez ubicado el testigo, se procedió en primer lugar a realizar una inspección personal, de conformidad a lo establecido en el Artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no logrando hallar ningún material del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad Nº. V- 25.838.178; En razón de todo lo anteriormente expuesto, siendo las cuatro (04:00) horas de la tarde, se procedió a indicarle al ciudadano: LEONAR YONAIKEL SÁNCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad Nro. V- 25.838.178,que a partir de esa hora quedaba en calidad de detenido por encontrarse incursos en la presunta comisión de uno de los delitos Militares previstos y sancionados en la Ley Sobre el Delito de Abandono de Servicio, practicándose por ende la aprehensión en flagrancia de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente les fueron leídos y explicados los derechos que les asisten como imputados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, acto seguido se procedió al notificar al Fiscal Trigésimo sexto(36) de la Fiscalía Militar, quien indicó que deberían practicar las diligencias urgentes y necesarias de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando los detenidos y las evidencias físicas incautadas a las órdenes de la mencionada fiscalía, del mismo modo se deja constancia que el aprehendido fue trasladado hasta el Hospital Dr. Samuel Maldonado, ubicado en la Población de San Antonio; Municipio Bolívar del Estado Táchira, siendo atendidos cuyos informes médicos se anexan a la presente Acta policial.…”, que es cuando se produce la aprehensión del mencionado Tropa Alistada, “…a las 04:00 horas de la tarde…”.
De dicha narración de los hechos, se deduce una cadena de eventos que hacen considerar a este Tribunal Militar, que estamos en presencia de un delito flagrante, ya que se le sorprendió y“…en el sector de La Mulera, municipio Bolívar de San Antonio del Táchira, del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, C.I. V- 25.838.178, aproximadamente a las 10:00 am, quien para el momento vestía una guerrera militar, pantalón militar y botas de color negro; y quien para el momento se movilizaba en un (01) vehículo de transporte público, en sentido hacia el municipio de San Cristóbal. …”, lo que de alguna manera hacen presumir, que el ciudadano Soldado LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, C.I. V- 25.838.178, es el presunto autor del hecho que le imputa la Fiscalía Militar; por tanto, en criterio de este Órgano Jurisdiccional Militar, es procedente calificar como delito flagrante, los hechos investigados por la Fiscalía Militar Trigésima Sexta de San Antonio, estado Táchira, que dieron origen a la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, en interpretación del contenido del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez declarada la flagrancia, corresponde a este órgano judicial resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: Primero: ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar; Segundo: de igual forma, tenemos que el Ministerio Público Militar ha solicitado la continuación de la investigación por el procedimiento ordinario, entendiendo esta Juzgadora, que es el Ministerio Público el titular de la acción y quien dirige su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público Militar, es procedente ordenar que el trámite y conocimiento de la presente causa, se haga por el procedimiento ordinario, conforme lo dispuesto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y determinarse por parte de la Fiscalía Militar, las conexiones del delito imputado o cualquier otra situación que deba dilucidarse en la justa aplicación del procedimiento ordinario.
QUINTO
DE LA SOLICITUD DE PRIVACION JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD
Nuestro actual sistema penal acusatorio se funda en el principio de la presunción de inocencia, que constituye una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares, dar un tratamiento a quien se le juzga, como si estuviere condenado por sentencia firme. Entre los principios esenciales y específicos del proceso penal éste es el más importante, ya que determina el estado procesal del encausado durante la investigación.
Por ello, resulta innegable afirmar que en principio todo imputado tiene el derecho de ser juzgado en libertad y que el estado debe tomar todas las previsiones posibles para que se materialice este derecho; sin embargo, tal derecho comporta determinadas excepciones que no solamente son reconocidas en la Constitución (artículo 44.1 parte in fine); también las prevén los tratados internacionales sobre derechos humanos que constituyen derecho positivo en Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7.2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), instrumentos todos que remiten el contenido de dichas excepciones a lo que disponga la ley. En el caso venezolano, tales disposiciones de excepción están reguladas en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
En sentencia de fecha 18AGO2003, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse al artículo 44, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejó sentado lo siguiente:
“… Dicha disposición normativa establece, al referirse al derecho fundamental de la libertad personal, que la regla general es que las personas deben ser juzgadas en libertad, excepto por las razones que establezca la ley, las cuales serán apreciadas por el juez o jueza en cada caso particular. Este derecho de la libertad personal no sólo se encuentra tutelado constitucionalmente, sino que el Código Orgánico Procesal Penal, entre otras leyes, igualmente lo protege, como se evidencia, por ejemplo del contenido del artículo 243, que establece que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en ese código penal adjetivo.
Así pues, encontramos que el derecho a la libertad personal, que es de orden público no es absoluto per se, dado que el ordenamiento jurídico permite que, en determinadas circunstancias, pueda ser restringido, como lo sería a modo de ejemplo, la facultad que tiene un tribunal de decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad de un ciudadano, cuando estime que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal o, bien, cuando en materia de derecho penal del adolescente, un juzgado decreta la prisión preventiva, conforme lo señalado en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”.
Asimismo, en sentencia de fecha 20SEP12, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse a las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, dejó sentado lo siguiente:
“…Al respecto, cabe destacar que las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal. De esta forma su dictamen por parte de los tribunales penales ordinarios debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, además debe responder al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación. Partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva…”.
Y una vez más lo reitera la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 321, Expediente Nº E13-203, de fecha 27/08/2013, al referirse a la privación judicial preventiva de libertad, es decir, imposición de cualquier medida de coerción personal establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, dejó sentado lo siguiente:
“…hoy en día la privación judicial preventiva de libertad, constituye un decreto excepcional que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la medida de privación judicial preventiva de libertad. En tal sentido, debe señalarse que la imposición de cualquier medida de coerción personal debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios …”.
A todas estas perspectivas debe atender el Juez cuando se propone tomar una decisión como la que hoy examina esta Juzgadora con motivo de la solicitud fiscal de dictar en el presente caso medida de coerción personal en contra del ciudadano Soldado LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.838.178, y más allá de las mismas, debe considerar rigurosamente, las normas legales aplicables al tema, como es el caso de las disposiciones contenidas en los artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal contiene taxativamente los requisitos de procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, y a tales efectos dispone, que el juez de control podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad del imputado, siempre que se acredita la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Del análisis de dicho artículo, se observa que la intención del legislador fue la de detallar minuciosamente todos los elementos requeridos para que proceda la medida privativa de libertad en contra de los imputados, solicitada por el Ministerio Público Militar. Ciertamente en el proceso penal, la aplicación de esta medida tiene como finalidad lograr el aseguramiento del imputado y su presencia en todos los actos procesales. Es por ello que dicho artículo debe ser entendido de manera restrictiva, lo que significa, que no hay lugar a apreciaciones subjetivas por parte del Juez al momento de aplicarlo, tal y como lo establece el artículo 233 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala lo siguiente:
Artículo 233. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado o imputada, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.
De esta manera, el Juez no tiene la posibilidad de manejar de una manera amplia, las disposiciones que regulan la institución procesal de la privación judicial preventiva de libertad, sino que por el contrario, está limitado al respecto de posibilidades establecidas en la misma ley.
Al respecto es necesario revisar la adecuación del artículo in comento, a la presente Causa, desprendiéndose del estudio de las actuaciones, que efectivamente están satisfechos los extremos legales previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, pues evidentemente está acreditada la existencia de:
a) Un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, siendo que en el presente caso, se trata de la presunta comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN Y ABANDONO DE FUNCIONES, previstos y sancionados en los artículos 512 numeral 1º, 513 numeral 2º y 551 numeral 2º del Código Orgánico de Justicia Militar, según la precalificación jurídica dada por la Fiscalía Militar a los hechos objeto del presente proceso penal militar, acogida por este Tribunal Militar, siendo el mismo un delito de acción pública, perseguible de oficio, que tiene asignada pena de prisión de tres a seis años y de uno a cinco años de prisión, evidenciándose que no se encuentra prescrito, por la fecha en que está acreditada su comisión; hecho este que según el escrito fiscal ocurrió “…el día 26 de mayo del 2015 aproximadamente a las cuatro de la tarde…”.
A los fines de acreditar la existencia de este requisito de procedencia, también se pronunció el Fiscal Militar en su escrito de solicitud, en los términos siguientes:
“…En fecha 26 de Mayo de 2015, siendo aproximadamente las 15:10 horas, esta representación fiscal fue notificada vía telefónica y mediante acta policial Nº 215/02-009-2015, de fecha 26 de mayo de 2015, Suscrita por el Efectivos Militares: PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, SARGENTO PRIMERO BELÉN YUSLEIBY SAAVEDRA, C.I. V- 22.640.076, SARGENTO PRIMERO LIZBETH LEONOR NIETO SALINAS, C.I. V- 19.599.590, funcionarios militares adscritos al 215 Grupo de Artillería de Campaña Cnel. Miguel Antonio Vázquez, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, quienes exponen: El día veintiséis (26) de mayo del presente año a eso de las ocho (08:00 am) horas de la mañana aproximadamente, nos encontrábamos de servicio en la Hacienda “La Ponderosa” en el sector Llano Jorge, San Antonio, Municipio Bolívar del estado Táchira, cuando se pudo constatar que el SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, orgánico de la Unidad 215 G.A.C. Cnel. “Miguel Antonio Vázquez”, presuntamente se había EVADIDO del sito antes mencionado, en virtud de tal situación se procedimos de inmediato a acercarnos hasta el lugar de descanso donde encima de la cama se pudo observar un (01) Fusil AK-103 serial Nro. 061662224, con un (01) chaleco y cinco (05) cargadores con su respectiva munición para un total de ciento cincuenta (150) cartuchos asignados al SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, seguidamente se procedió a informar al Jefe de sector PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, para dar inicio a la realización de patrullaje de reconocimiento del terreno para la localización del SOLDADO. SÁNCHEZ SOTO LEONAR YONAIKEL, C.I. V- 25.838.178, lográndose la aprehensión por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en el sector de La Mulera, municipio Bolívar de San Antonio del Táchira, del ciudadano: LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, C.I. V- 25.838.178, aproximadamente a las 10:00 am, quien para el momento vestía una guerrera militar, pantalón militar y botas de color negro; y quien para el momento se movilizaba en un (01) vehículo de transporte público, en sentido hacia el municipio de San Cristóbal…”.
b) Igualmente está acreditada hasta la presente fecha, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el hoy imputado, ha tenido participación en la presunta comisión del hecho punible que le atribuye el Ministerio Público Militar, lo cual se desprende del contenido de todas y cada una de las actuaciones que conforman la presente Causa.
Sobre este requisito de procedencia también se pronunció la Fiscalía Militar, en la forma siguiente:
“…Esta Representación Fiscal, del análisis de los recaudos que conforman la mencionada investigación, considera que los hechos que dieron origen a la presente, se subsumen en la presunta comisión la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; hecho punible este, en el que se encuentra presuntamente incurso el Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, Ubicado en la Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira.
Ordenan las normas antes mencionadas lo siguiente:
DE LA INSUBORDINACION:
Artículo 512 Incurre en el delito de insubordinación.
1. El militar que viola manifiestamente una orden del servicio o se resista al cumplimiento de ella. (omissis) (subrayado nuestro).
DEL ABANDONO DE FUNCIONES
Artículo 551 El centinela que viole o quebrante la consigna, abandone el puesto o se embriague, será penado así:
3. Si el hecho se comete en campaña, sin estar frente al enemigo, con presidio de uno a cinco años, pero si actuase la circunstancia anotada en el ordinal precedente, se castigara con presidio de seis a diez años. (omissis) (subrayado nuestro)...”.
c) Finalmente la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga, que nace de la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, la cual oscila de prisión de tres a seis años y de uno a cinco años de prisión, según lo dispuesto en los artículos 512 ordinal 1º, 513 ordinal 2º y 551 ordinal 2º del Código Orgánico de Justicia Militar; y por la magnitud del daño causado por los imputados, ya que los delitos militares atribuidos por la Fiscalía Militar al mencionado ciudadano, son los delitos militares de INSUBORDINACIÓN Y ABANDONO DE FUNCIONES, los cuales atentan contra el Estado Venezolano, la Fuerza Armada Nacional y la Seguridad de Estado, en virtud de la zona donde se encontraba destacado; todo lo cual se corresponde perfectamente con el contenido de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que al efecto dispone:
Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado.
Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, victimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia “.
La Fiscalía Militar consideró la existencia de este requisito de procedencia, en los siguientes términos:
“…Con fundamento en lo señalado anteriormente es por lo que está Representación Fiscal concurre ante esa honorable Instancia Judicial Penal Militar a fin de solicitar que se dicten MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD contra el Ciudadano: SOLDADO LEONOR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, al considerar que están llenos los extremos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:
4. Existe la presunción razonable en la comisión de un hecho punible de naturaleza penal militar, que merece pena privativa de libertad, como lo es en éste caso, los delitos militares de: INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el articulo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar , los cuales tienen una penalidad el delito de insubordinación con presidio de tres a seis años. Y el delito de abandono de funciones con presidio de uno a cinco años, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, ya que los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2015.
5. Existe presunción razonable con fundados elementos de convicción para considerar que el Ciudadano: es autor del hecho que se investiga. Cuales son:
• Acta policial Nª 215/02-009-2015, de fecha 26 de mayo de 2015, Suscrita por el Efectivos Militares: PRIMER TENIENTE MARCO ANTONIO COLMENARES CHACÓN, C.I. V- 18.845.050, SARGENTO PRIMERO BELÉN YUSLEIBY SAAVEDRA, C.I. V- 22.640.076, SARGENTO PRIMERO LIZBETH LEONOR NIETO SALINAS, C.I. V- 19.599.590, funcionarios militares adscritos al 215 Grupo de Artillería de Campaña Cnel. Miguel Antonio Vázquez,, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por la SARGENTO PRIMERO BELEN YUSLEIBY SABEDRA titular de la cedula de Identidad NºV-22.640.076, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por la SARGETO PRIMERO LIZETH LEONAR NIETO SALINAS, titular de la cedula de identidad NºV-19.599.590, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el CABO SEGUNDO EUDO DE JESÚS CHÁVEZ VILLASMIL, titular de la cedula de identidad NºV- 25.279.006, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el SOLDADO KELVIN ENRIQUE MENDOZA ACOSTA, titular de la cedula de identidad Nº V-22.366.427,, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por SOLDADO JONATHAN MIGUEL CHACON CHACON, titular de la cedula de identidad, NºV-24.744.424, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
• Acta de entrevista de fecha 27 de mayo de 2015, suscrita por el CABO SEGUNDO JESÚS ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ, titular de la cedula de identidad, Nº V-19.665.081, elemento de convicción mediante el cual señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.
6. Existe presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular el peligro de fuga y conforme a lo previsto en el artículo 237 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en cuenta de que, muy a pesar de que el Ciudadano: SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, tienen determinada su residencia habitual en éste País, existe peligro de Fuga al conocer la pena a ser impuestas, y de igual manera debe tenerse en cuenta la cercanía de su unidad con la zona fronteriza, específicamente con la República de Colombia, pueden abandonar definitivamente el país o permanecer oculto…”.
En consecuencia, quien aquí decide estima que, con los elementos de convicción que han sido traídos al proceso, se encuentra acreditado el supuesto o circunstancia objetiva prevista en el artículo 236 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, que constituyen el FUMUS BONI IURIS O FUMUS COMISSI DELICTI, determinándose la presunta comisión de los delitos precalificados por el Ministerio Público Militar, en consecuencia, se acoge la precalificación jurídica dada al hecho objeto del proceso, la cual es de carácter provisional, así lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. 04-2690, FECHA 22-02-05, en los términos siguientes: “…Asimismo, respecto del alegato de que los cargos por los cuales se llevó a los quejosos a la audiencia de presentación diferían de los de la acusación, observa esta Sala que tanto la calificación del Ministerio Público como la que da el juez de la causa, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de presentación de imputados, es una calificación provisional que luego, mediante la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público y su admisión posterior por parte del juez durante la celebración de la audiencia preliminar, adquirirá carácter definitivo…”, observándose que la acción penal para perseguir los delitos no se encuentran evidentemente prescritas.
De su análisis se puede concluir, que en la Causa seguida al ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, se encuentran cumplidas las circunstancias señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales deben ser tomadas en consideración para decidir acerca del peligro de fuga y el peligro de obstaculización.
En consecuencia, este Tribunal Militar estima que de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, es procedente declarar con lugar la solicitud fiscal de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”; al encontrarlo presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN Y ABANDONO DE FUNCIONES, delitos previstos y sancionados en los artículos 512 ordinal 1º, 513 ordinal 2º y 551 ordinal 2º del Código Orgánico de Justicia Militar, designándose como lugar de reclusión el Departamento de Procesados Militares (DEPROCEMIL), ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Así se decide.
Asimismo, el Capitán DENNIS YEFERSON DUEÑEZ MARQUEZ, en su carácter de Fiscal Militar Trigésimo Tercero de la Fría con competencia Nacional, solicitó que la presente audiencia fuese tomada como el Acto de Imputación Formal del mencionado Oficial Subalterno y que las presentes actuaciones fueren remitidas al Tribunal Militar Décimo Tercero de Control con sede en la Fría, estado Táchira, a los fines que continúe conociendo de la presente causa motivado a que los hechos ocurrieron en la zona y que el mencionado oficial es plaza de la mencionada unidad que se encuentra en la zona.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 276, de fecha 20MAR09, establece con carácter vinculante que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, desprendiéndose que:
¿¿en cuanto al derecho a ser informado de los hechos que se atribuyen en el proceso penal, debe afirmarse que aquél se cristaliza en el acto de imputación, el cual implica atribuirle a una determinada persona física la comisión de un hecho punible, siendo el presupuesto necesario para ello, que existan indicios racionales de criminalidad contra tal persona. En este orden de ideas, el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal denomina ¿imputado¿ a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece la referida norma adjetiva. Debido a que el objeto del proceso penal se configura no sólo con la existencia de un hecho punible, sino también con la atribución de su comisión a una persona concreta, el acto de imputación tiene las siguientes funciones: a) determinar el elemento subjetivo del proceso; b) determinar el presupuesto de la acusación, por lo cual, no podrá ejercerse acusación contra una persona si ésta no ha sido previamente imputada; y c) ocasiona el surgimiento del derecho a la defensa en cabeza del encartado, es decir, la práctica de la imputación posibilita un ejercicio eficaz del derecho a la defensa. ¿omissis¿ En el caso de autos, esta Sala Constitucional considera que en el proceso penal que originó la presente solicitud de revisión, el acto de imputación fue satisfecho en la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, aun y cuando ello no haya ocurrido en la sede del Ministerio Público. En efecto, en dicha audiencia el Fiscal del Ministerio Público comunicó expresa y detalladamente a los encartados los hechos que motorizaron la persecución penal, y otorgó a tales hechos la correspondiente precalificación jurídica (agavillamiento, concusión y resistencia a la autoridad), todo ello en presencia del Juez Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. ¿omissis¿ Por su parte, considera esta Sala que si la comunicación de los hechos objeto del proceso en la sede del Ministerio Público tiene la aptitud de configurar un acto de imputación, a fortiori la comunicación de tales hechos en la audiencia de presentación, con la presencia de los defensores de aquéllos y ante un Juez de Control, el cual, por mandato expreso del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, es el llamado a controlar el cumplimiento de los derechos y garantías en la fase de investigación, también será un acto de procedimiento susceptible de señalar a la persona como autora o partícipe de un hecho punible, y, por ende, una imputación que surte los mismos efectos procesales de la denominada ¿imputación formal¿, es decir, aquélla cuya práctica se produce en la sede del Ministerio Público. ¿omissis¿ En consecuencia, se estima que en el caso de autos, la imputación del ciudadano Juan Elías Hanna Hanna se materializó efectivamente en la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, siendo que a partir de ese momento se hicieron efectivas las funciones intrínsecas de dicho acto, concretamente, quedaron fijados el elemento subjetivo del proceso y el presupuesto de la acusación, y se abrió la puerta para que el ciudadano antes mencionado pudiera ejercer cabalmente su derecho a la defensa. ¿omissis¿ Visto ello, esta Sala considera, y así se establece con carácter vinculante, que la atribución -al aprehendido- de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la audiencia de presentación prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, todo ello con base en una sana interpretación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¿¿.
Asimismo, la Sentencia Nº 355, de fecha 11AGO2011, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse al Acto Formal de Imputación, dejó sentado lo siguiente:
”...el acto de imputación formal, constituye una actividad procesal de la fase preparatoria, que debe ser llevada a cabo antes de la presentación del acto conclusivo, pues el mismo constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal que soporta una eventual acusación fiscal; es oportuno igualmente indicar que la realización de este acto procesal previo a la conclusión de la investigación, puede tener lugar en diferentes momentos durante el desarrollo de la pesquisa. Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…”.
Por tanto, considera esta Juzgadora que el acto de imputación puede tener lugar en diferentes momentos, durante el desarrollo de la audiencia, y en el caso de marras, nos encontramos en la audiencia de presentación de imputado, celebrada de conformidad con lo establecido en los artículos 373 y 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es por ello que la presente solicitud se encuentra ajustada a derecho y, en consecuencia es procedente declarar con lugar la presente solicitud, tomándose la presente audiencia como el Acto de Imputación Formal de Imputado al ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, al encontrarlo presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN Y ABANDONO DE FUNCIONES, delitos previstos y sancionados en los artículos 512 ordinal 1º, 513 ordinal2º y 551 ordinal 2º del Código Orgánico de Justicia Militar.
SEXTO
DE LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN
DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS
La Defensora Pública Militar, Teniente BENERANDA MOLINA RANGEL, solicito la imposición de medidas cautelares sustitutivas a su defendido SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, se observa que el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal establece textualmente, que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales,
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.
Del análisis del encabezamiento del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal se observa que el legislador patrio consideró, que cuando los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, deberá imponerle en su lugar, alguna de las medidas cautelares sustitutivas expresamente determinadas en el citado artículo y arriba transcritas.
Por tanto, es necesario revisar la adecuación del artículo in comento, a la presente Causa, desprendiéndose del estudio de las actuaciones procesales, que en esta Causa, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del imputado, no pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa; por tanto al estimarse que la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad del imputado de autos, tienen como finalidad lograr el aseguramiento de los mismos y su presencia en todos los actos procesales, es procedente declarar sin lugar la solicitud de la defensa.
La Defensa Pública Militar, también solicito a este órgano jurisdiccional se le realizara una valoración médica ya que “…por encontrarse mi defendido con una enfermedad venérea, ya que predomina el derecho a la salud establecido Constitucionalmente en el artículo 83, derecho este que obvio el Ministerio Publico Militar, enfatizando mi pedimento de acuerdo con la sentencia Nº 1998 de fecha 26 de noviembre de 2006, de la Sala Constitucional con ponencia del Dr. Carrasquero Lopèz, y respaldando que mi defendido abandono sus funciones debido a su enfermedad como era de conocimiento del personal que hacia vida allí, como consta en el folio 17 del expediente donde en la entrevista al Soldado Chávez Villasmil indica que mi defendido se fue porque estaba enfermo…”.
En aras de garantizar el derecho a la salud que establece nuestra carta magna, en el artículo 83, este Órgano Jurisdiccional, considera ajustado a derecho declarar con lugar la presente solicitud, en consecuencia, se acuerda el traslado del mencionado ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, hasta el Hospital Militar “CAP. GUILLERMO HERNANDEZ JACOBSEN”, ubicado en San Cristóbal, a los fines que le sea practicado examen de reconocimiento médico y su remisión al especialista que corresponda el caso.
En cuanto a las solicitudes del Defensor Público Militar y de la Fiscalía Militar de expedición de copia certificada del acta de la audiencia, este órgano Jurisdiccional, considera ajustada a derecho las presentes solicitudes; en consecuencia, se acuerdan con lugar y se ordena la entrega de las copias solicitadas por secretaria. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Militar Undécimo de Control con sede en San Cristóbal, en funciones de Guardia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA: PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del Ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, por la presunta comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el artículo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 551 numeral 2 todos del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: ACUERDA EL TRAMITE DE LA PRESENTE CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD presentada por la Fiscalía Militar Trigésima Sexta, en consecuencia SE DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del Ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, plaza del 215 Grupo de Artillería de Campaña “Miguel Antonio Vásquez”, por la presunta comisión de los delitos militares de INSUBORDINACIÓN previsto en el artículo 512 numeral 1 y sancionado en el artículo 513 numeral 2, y ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 551 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; y se fija como sitio de reclusión el Departamento de Procesados Militares (DEPROCEMIL) ubicado en Santa Ana, Estado Táchira. CUARTO: Se toma la presente audiencia de presentación como acto de imputación formal de Imputado. QUINTO: Se declara sin lugar la solicitud realizada por la Defensa Pública de la Imposición de Medida Cautelar por cuanto se ha decretado la Privación Judicial Preventiva de Libertad. SEXTO: En aras de garantizar el derecho a la salud del ciudadano SOLDADO LEONAR YONAIKEL SANCHEZ SOTO, titular de la cedula de identidad N° V-25.838.178, se ordena su remisión al Hospital Militar de San Cristóbal “Cap. Av. (F) Guillermo Hernández Jacobsen”, a los fines de que se le haga el reconocimiento médico y remisión al especialista que corresponde al caso. SEPTIMO: Se declara con lugar la solicitud de copias certificadas por parte de la Fiscalía Militar y Defensa Publica Militar y se ordena entregar por secretaria las mismas.
Regístrese, publíquese, expídase la copia certificada de ley, particípese, notifíquese y remítase la presente causa.
LA JUEZ MILITAR,
LISBETH MARILYN NIETO ZAMBRANO
CAPITAN
LA SECRETARIA JUDICIAL,
BERZY JOSAINE REY CHACON
TENIENTE
En la misma fecha se registró y se publicó conforme a lo ordenado.
LA SECRETARIA JUDICIAL,
BERZY JOSAINE REY CHACON
TENIENTE