REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL, AUDIENCIA y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS CONTRA LA MUJER DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 05 de marzo de 2015. 204º y 155º ASUNTO PRINCIPAL : KP01-S-2012-004854 ASUNTO : KP01-S-2012-004854 Vista las presentes actuaciones en audiencia oral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado de Violencia contra la Mujer en Función de Control Nº 01, para decidir observa: En fecha 02 de abril de 2013, este Tribunal finalizada la audiencia preliminar decreto la suspensión condicional del proceso a favor del ciudadano JOSÉ MIGUEL COLMENAREZ MARÍN, titular de la cédula de identidad N° (...), fijando un régimen de prueba por espacio de un (01) año, estableciendo conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, las siguientes condiciones: “la establecida en el ordinal 1º la cual consiste en permanecer en su residencia y en caso de cambio de domicilio debe informar al Tribunal a los fines de su autorización; la dispuesta en el ordinal segundo relativa a la prohibición de acercarse a la víctima o los sitios que esta frecuente; la obligación contenida en el numeral 7º por lo que debe realizar talleres en materia de Violencia de Género en el Instituto Regional de la Mujer; de conformidad con el numeral 6to; debe prestar trabajo comunitario de ciento veinte (120) horas, bajo la Supervisión del Instituto Regional de la Mujer; se le impone la obligación de acudir ante el delegado de prueba que se le designe de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario en las oportunidades que el delegado de prueba le indique, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, 43 y 44 del Código Orgánico Procesal Penal” En fecha 07 de mayo de 2014 se recibe oficio N° UTSO-2651 de fecha 28 de abril de 2014 emanado de la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asistencia Pos Penitenciaria y al Adolescente, suscrito por la Delegada de Prueba Eunices Cegarra y Coordinadora de la Unidad Técnica N° 03 Egarnaybe Torres, en la cual establecen que el probacionario Colmenarez Marin José Miguel abandono el régimen representando esto una involución ante el beneficio otorgado por lo que se considera DESFAVORABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS, conclusión: DESFABORABLE. En fecha 13 de noviembre de 2014 se celebró audiencia de verificación de régimen de prueba en la cual concedido el derecho de palabra al Fiscal del Ministerio Público quien manifestó: “Solicito la ampliación por 6 meses ante la Unidad Técnica de Supervisión”. El probacionario fue impuesto del precepto constitucional establecido en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cedido el derecho de palabra este manifestó: “Por mi trabajo deje de acudir a la Unidad de Supervisión.”. El Defensor Público abogado Paúl Abreu expresó al momento de hacer su intervención lo siguiente: “Solicito la ampliación del régimen de prueba por seis meses.” MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Corresponde a esta Juzgadora resolver sobre el presunto incumplimiento del probacionario al régimen de prueba. En tal sentido resulta necesario precisar que la suspensión condicional del proceso constituye una da las alternativas a la prosecución del proceso, mediante la cual el Estado concede a favor del procesado la posibilidad de reinsertarse socialmente mediante el cumplimiento de una serie de condiciones que permitan determinar que el imputado ciertamente esta dispuesto a redimir socialmente mediante la modificación de su conducta, con el objeto de imponer una sentencia condenatoria a personas que cometen hechos punibles de baja entidad punitiva, y son primarios, es decir, que nunca habían estado sometidos a un proceso penal, ni sujetos de condena penal. Sobre esta institución procesal ESTABAN MARINO ha referido lo siguiente: “(…) la Suspensión del Procedimiento a prueba en un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, que se somete durante un plazo a una prueba en la cual deberá cumplir ciertas y determinadas obligaciones legales a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penal posteriores”. Este procedimiento fue creado principalmente para favorecer al imputado, pero además inspirado en una Política Criminal de evitar que ciudadanos y ciudadanas que se ven involucrados por primera vez en la comisión de un hecho punible de menor entidad, tengan la posibilidad de demostrar su disposición de redención mediante el sometimiento a un régimen de prueba, y de esta manera evitar la estigmatización que implica una condena penal y los antecedentes penales. Se trata de una política criminal de avanzada que soporta esta institución como una forma de auto composición procesal, que deriva de la institución del derecho anglosajón de la “probatio”, cuya finalidad es esencialmente recuperar a las personas que se encuentran en conflicto con la Ley Penal por primera vez, lo cual el doctrinario patrio GUZMAN ha referido lo siguiente: “Este procedimiento o institución ha sido creada principalmente a favor del imputado de un ilícito y que una vez cumplidas las condiciones se extingue la acción penal sin que produzca ninguna consecuencia jurídico penal para ese imputado El sometimiento del delincuente a prueba, más que una sanción deviene en un verdadero tratamiento criminológico y de allí que su beneficiario deba entender su significación y que lo acepte voluntariamente” La probatio implica un tratamiento con una intención esencial que no es otra que la readaptación, tratar de recuperar aquel infractor primario y darle una nueva oportunidad”. Como puede verificarse de la doctrina transcrita, se trata de brindar una oportunidad al infractor primario, pero adicional a ella se requiere como política criminal de “readaptar y tratar de recuperar a aquel infractor primario”, ya que en nada beneficiaría socialmente el otorgamiento de una nueva oportunidad sin brindar al infractor las herramientas necesarias, y las debidas orientaciones para poder recuperarlo, para poder lograr en el mismo un estado de conciencia que le permita corregir su conducta. En la práctica forense se ha dado muy poca importancia a esta institución procesal, sin tomar en consideración la importancia que tiene la misma desde el punto de vista criminológico, si existe un verdadero control de las condiciones impuestas, y existe un tratamiento y orientación adecuado al procesado, tenemos una altísima probabilidad de que ese individuo no reincida en la comisión de un hecho punible, por tratarse de primarios que sólo han cometido infracciones menores, siendo que incorporarlos al sistema de punición estatal resultaría en convertirlo en una sujeto de mayor peligrosidad. La suspensión condicional del proceso requiere de parte del probacionario un alto grado de compromiso para mejorar su conducta, y ello debe ser el objeto del análisis del órgano jurisdiccional y del responsable de supervisar el cumplimiento del régimen de prueba, tal como lo afirma RODRIGUEZ DIAZ cuando señala que se “exige al sujeto…un gran esfuerzo y espíritu de superación, para cumplir las condiciones establecidas…” y por tanto, “los tribunales…deben explicar a delincuente, que se le está dando una nueva oportunidad en lugar de condenarlo, pero que al mismo tiempo, esta ocasión de rehabilitarse requiere de un serio propósito de disciplina personal de su parte ” (Subrayado y negrillas del Tribunal). Pero no basta como se indicara ut supra con la simple voluntad del procesado o procesada si no cumple con las condiciones fijadas, y en el caso de marras no asistió ante el órgano encargado de la vigilancia y control de las condiciones como lo es la Unidad de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asistencia Pospenitenciaria y al Adolescente. Ahora bien, se observa que el probacionario tuvo la intención de cumplir con las medidas impuestas pero por razones de índole laboral no se presentó ante la unidad supervisora, lo cual no cumple con el propósito de institucional procesal, ahora bien, revocar la suspensión condicional del proceso resultaría contrario a derecho, ya que para poder revocar la suspensión condicional del proceso en su totalidad se requiere de una total contumacia del imputado en cumplir con las condiciones impuestas. Ahora bien, no puede dejar de observarse que existió por lo menos el incumplimiento parcial ya que no se presentó ante el órgano de vigilancia y control de las condiciones impuestas por parte del procesado, estimando quien decide que no se ha cumplido con la finalidad de la Suspensión Condicional del Proceso en el presente asunto siendo en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho la ampliación del régimen de prueba por un lapso de SEIS (06) MESES de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, periodo en el cual deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Se impone la obligación de asistir ante el Delegado de Prueba de la Unidad de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asistencia Pos Penitenciaria y al Adolescente con sede en la ciudad de Barquisimeto. Y ASI SE DECIDE. DECISION Por las razones anteriormente expuestas éste Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 01 en Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Con Competencia en Delitos Contra la Mujer del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: ÚNICO: Se ORDENA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRUEBA, que le fuera impuesto al ciudadano JOSÉ MIGUEL COLMENAREZ MARÍN, plenamente identificado en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del Código Orgánico Procesal Penal, por SEIS (06) MESES, debiendo cumplir con la obligación de 1.- Se impone la obligación de asistir a asistir ante el Delegado de Prueba de la Unidad de Supervisión y Orientación de la Dirección General de Asistencia Pos Penitenciaria y al Adolescente con sede en la ciudad de Barquisimeto. Regístrese y Publíquese. Cúmplase. LA JUEZA ABG. MILENA DEL CARMEN FRÉITEZ GUTIÉRREZ. LA SECRETARIA ABG. GRACE HEREDIA.