TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 9 de julio de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AH14-V-2002-000037
PARTE ACTORA: IGNACIO PEDRO BURGOS CUARTANO, titular de la cédula de identidad Nº V-2.078.312.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogado IGNACIO PEDRO BURGOS CUARTANGO, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nros. 7950.-
PARTE DEMANDADA: SALOMON EPELBOIM., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-921.220.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTA EN AUTOS.
MOTIVO DEL JUICIO: DAÑOS Y PERJUICIOS.-
I
Se inicia el presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 07 de Enero de 2002 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado en ejercicio IGNACIO PEDRO BURGOS CUARTANGO, en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano IGNACIO PEDRO BURGOS CUARTANGO., antes identificada, quienes demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS contra el ciudadano SALOMON EPELBOIM., y en virtud de la Distribución aleatoria fue asignado al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
En fecha 21 de Enero de 2002, este Juzgado admitió el presente procedimiento y ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que comparezca personalmente, dentro de los VEINTE DIAS DE DESPACHO, siguiente a su citación y constancia en autos de la última citación que se haga.-
En fecha 18 de Febrero de 2002, comparece por ante este Tribunal el ciudadano JOSE ANGEL BALZAN, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó se libre oficio a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), a los fines de que informe sobre el movimiento migratorio del ciudadano SALOMON EPELBOIM-
En fecha 21 de Febrero de 2002, se dictó auto mediante el cual se ordenó librar oficio a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), a los fines de que informe sobre el movimiento migratorio del ciudadano SALOMON EPELBOIM.-
En fecha 14 de Abril de 2003, comparece por ante este Tribunal el ciudadano JOSE ANGEL BALZAN, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó al tribunal se sirva ratificar el oficio librado a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX).-
En fecha 07 de Julio de 2004, comparece por ante este Tribunal el ciudadano JOSE ANGEL BALZAN, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó al ciudadano juez se avoque al conocimiento de la presente causa.-
En fecha 26 de Julio de 2004, se dictó auto mediante el cual la ciudadana Juez LISBETH SEGOVIA PETIT, se avoco al conocimiento de la presente causa.-
En fecha 29 de Septiembre de 2004, comparece por ante este Tribunal el ciudadano JOSE ANGEL BALZAN, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual consignó oficio 2004-1729 remitido a la Dirección de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) .-
En fecha 14 de Marzo de 2005, comparece por ante este Tribunal el ciudadano JOSE ANGEL BALZAN, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual solcito se libre oficio al Presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral.-
En fecha 15 de Marzo de 2005, se dictó auto mediante el cual ordenó librar oficios al Presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral.-
-II-
No apreciando quien suscribe la presente decisión motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, en tal virtud se observa lo siguiente:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia, en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo; “…la regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.

Así mismo el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”; y el artículo 269 eiusdem dispone:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal…”.

En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal invocada, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por cuanto es un modo de extinguir el procedimiento, producido por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad, zozobra y en estado de incertidumbre a las partes en lo concerniente a los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa; es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.

Así pues y bajo el mismo contexto, de acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.

En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Igualmente debe considerarse en el presente pronunciamiento, que la parte accionante en la presente causa, luego de la fecha 15 de Marzo de 2005, no realizó acto alguno en el procedimiento desde dicha fecha, hasta pasado un año, es por lo que este tribunal -de oficio- debe declarar la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

-III-
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 9 días del mes de julio de 2015. Años 205º y 156º.
El Juez,

Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez
El Secretario Accidental

Abg. Adriano A. Rojas Palmera
En esta misma fecha, siendo las 12:28 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
El Secretario Accidental

Abg. Adriano A. Rojas Palmera

Asunto: AH14-V-2002-000037
CARR/AARP/el