TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintiocho de enero de dos mil quince
204º y 155º

ASUNTO: KP02-V-2013-003885

PARTE DEMANDANTE: NATALIO DE JESUS MONTILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.598.845.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Ylenia Castillo Perdomo, Inpreabogado Nº 92.116.

PARTE DEMANDADA: ROSA MARIA MONTILLA ESCALONA, ANA JOSEFINA MONTILLA ESCALONA, JUAN JOSE MONTILLA ESCALONA, MIRIAM COROMOTO MONTILLA ESCALONA y DAVID ALEJANDRO MONTILLA ESCALONA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 6.215.589, 9.416.810, 11.197.525, 11.199.968 y 10.001.880, respectivamente.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: YLENA CASTILLO PERDOMO, Inpreabogado Nº 92.116.

MOTIVO: Reconocimiento de Unión Concubinaria
SENTENCIA DEFINITIVA

Se inicia el presente proceso a través de libelo de demanda, con ocasión a la pretensión de declaración de comunidad concubinaria, según libelo de demanda interpuesto por parte demandante asistida de abogado, en el que manifiesta como fundamento de su pretensión que inició relación estable de hecho desde el año 1970 hasta el 25 de mayo de 2012 cuando falleció Aliria Antonia Escalona, con quien la mencionada relación fue ininterrumpida, pública, notoria, pacífica y permanente. Fundamentó su pretensión en los artículos 16 del Código de Procedimiento Civil, 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 767 del Código Civil. Solicitó se declare con lugar la Merodeclarativa solicitada.
En fecha 13 de marzo de 2013, este Juzgado admitió la demanda.
En fecha 06 de mayo de 2014, la parte demandada, asistida de abogado, en la oportunidad de contestación a la demanda, expuso que es cierto que sus padres mantuvieron la relación concubinaria descrita en el escrito libelar.
En fecha 08 de julio de 2014, la parte actora promovió pruebas, siendo que este despacho, en fecha 10 de julio de 2014, advirtió que las mismas no surten efecto procesal por haber sido promovidas en forma extemporánea.
En fecha 17 de octubre de 2014, la abogada asistente de la parte actora presentó escrito de informes.
Siendo la oportunidad procesal para dictar sentencia definitiva, este Tribunal observa:
ÚNICO
Observa el suscriptor del presente fallo que la representación judicial de la parte actora aduce que su representada estuvo unida en concubinato con el ciudadano demandado, exponiendo que adquirieron un vehiculo, que abrieron juntos una cuenta corriente y que de dicha unión ella quedó embarazada.
La representación judicial contradijo el hecho de que haya establecido una unión estable de hecho con la actora, que hayan adquirido un vehículo y que haya abierto una cuenta corriente producto una supuesta unión sino que fue una relación comercial informal.
Así, conviene poner de relieve cuanto dispone el artículo 77 de la vigente Constitución venezolana:
“Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.

Resulta evidente que cuanto pretende la actora respecto de la situación de concubinato que dice haber sostenido con José Pinzón, sea amén de obtener su declaración judicial, lograr equiparación patrimonial que la propia legislación sustantiva concede al matrimonio.
Para ello resulta menester poner de relieve el criterio expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través del fallo dictado en fecha 15 de julio de 2005 en donde expresó:
“Unión estable de hecho entre un hombre y una mujer”, representa un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de los unidos en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinación de la unión estable, la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad. Si la unión estable se equipara al matrimonio, y la bigamia se encuentra prohibida, a juicio de esta Sala es imposible, para que ella produzca efectos jurídicos, la coexistencia de varias relaciones a la vez en igual plano, a menos que la Ley expresamente señale excepciones. Ahora bien, corresponde conforme al artículo 77 constitucional, a la reserva legal la regulación de las otras uniones estables diversas al concubinato y, por ello, le está a la Sala vedado, aun por la vía de la jurisdicción normativa, realizar la tipificación de estas otras uniones, y así se declara.
Señalado lo anterior, debe la Sala señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como “unión estable” o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.
En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.
En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.
Ahora bien, el matrimonio –por su carácter formal- es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los efectos del matrimonio se apliquen a las “uniones estables”.
En consecuencia, no es posible una declaración general que asimile las uniones (de cualquier tipo) al matrimonio, y por lo tanto, observa la Sala, hay que distinguir cuáles efectos del matrimonio se aplican al concubinato y a las posibles otras uniones estables.
Estas uniones (incluido el concubinato) no son necesariamente similares al matrimonio, y aunque la vida en común (con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos, etc.
Siguiendo indicadores que nacen de las propias leyes, el tiempo de duración de la unión, al menos de dos años mínimo, podrá ayudar al juez para la calificación de la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia.
Debido a lo expuesto, pasa la Sala a examinar los efectos del matrimonio aplicables a las uniones estables y al concubinato, y ella considera que los deberes que el artículo 137 del Código Civil impone a los cónyuges y cuya violación se convierte en causales de divorcio (ver en el artículo 185 del Código Civil los ordinales 1° y 2°), no existen en el concubinato ni en las otras uniones.
Unión estable no significa, necesariamente, bajo un mismo techo (aunque esto sea un símbolo de ella), sino permanencia en una relación, caracterizada por actos que, objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común.
Se trata de una relación permanente entre un hombre y una mujer, y no de una entre un hombre y varias mujeres (así todas ellas estén en igual plano) y viceversa.
A juicio de la Sala, así como no existe el deber de vivir juntos, tampoco puede existir el de fidelidad contemplado en el artículo 137 del Código Civil, por lo que la violación de deberes como el de fidelidad o de vida en común (artículo 137 citado) no producen efectos jurídicos, quedando rota la “unión” por el repudio que de ella haga cualquiera de los componentes, lo que viene dado porque uno de ellos contraiga matrimonio con otra persona, o porque, por cualquier razón, se rompió la continuidad de la relación. Extinguida la relación, la ley, al menos en el concubinato, reconoce la condición de exconcubino como lo hace el artículo 42 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.
En cuanto al deber de socorrerse mutuamente, contemplado para los cónyuges en el artículo 137 del Código Civil, la Sala considera que este sí existe en cualquier tipo de unión, ya que si legalmente las uniones (o al menos el concubinato) generan derechos –como los alimentarios- los cuales normalmente corresponden a los cónyuges mientras dure el matrimonio, los componentes de estas uniones de hecho deben tener también esos derechos, como luego se explica, y ello se corresponde con el deber de socorro mutuo comentado.
También otorga el artículo 173 del Código Civil, el derecho optativo de la mujer de utilizar el apellido de su marido.
A juicio de esta Sala, la utilización de apellidos distintos al propio, como sería para la mujer el del marido, es un derecho que le nace solamente del acto matrimonial, que conlleva a que añada algo a su identidad, y que se ve sostenido por el acta de matrimonio que refleja un nuevo estado civil.
El estado civil de las personas naturales, está formado por los nacimientos y matrimonios, y necesariamente por las mutaciones que éste sufre (divorcio, por ejemplo), que se anotan al margen de las partidas del estado civil.
Para la Sala, el que la unión estable en general produzca los mismos efectos que el matrimonio, no significa –se repite- que ella se convierte en matrimonio, sino que se le equipara; es decir, en lo que sea posible. Sin embargo, la condición jurídica de la unión estable, en principio, no permite a la mujer el uso del apellido del marido (omissis)”

Respecto a ese criterio resulta esclarecedor traer a colación el contenido del artículo 767 del Código Civil, que reza:
Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.

Por lo tanto, atendiendo a los elementos probatorios incorporados a los autos por las partes contendientes, este Juzgador observa que con fundamento a la disposición legislativa preinserta, así como con base al criterio jurisprudencial en referencia debe determinarse si acaso existió o no existió la controvertida relación concubinaria.
Así, la representación Judicial de la parte demandante consignó como medios de pruebas, junto a su escrito libelar, copia certificada de acata de defunción de Rito López que se valora como documento público; Justificativo de testigos al que se le asigna valor probatorio en razón de haber sido ratificado a través de la prueba testimonial de los ciudadanos Guzmán Burgos y Enma Romero, cuyas declaraciones cursan a los folios 80 al 83 de las actas procesales; asimismo promovió contrato emanado de la Alcaldía del Municipio Palavecino del Estado Lara, recibos de solvencias de aseo urbano tramitada en la ante la Oficina Municipal del Estado Lara y facturas de pago de la energía eléctrica, que en razón de no haber sido desconocidos ni impugnados por la parte contraria adquiere valor de prueba.
De lo anteriormente narrado, considera oportuno quien esto decide, indicar que, en las contiendas judiciales de connotación civil, las partes persiguen un fin determinado: que la sentencia les sea favorable, pero tal pronunciamiento sólo puede aprovechar a quien ha llevado al convencimiento del jurisdicente, la certidumbre de sus alegaciones fácticas.
Por lo tanto, atendiendo a los elementos probatorios incorporados a los autos por la parte actor, siendo que en la oportunidad probatoria ninguna de las partes promovió prueba, estos es, de las partidas de nacimiento de los demandados así como del acta de defunción de Aliria Antonia Escalona, que se valoran como documentos públicos de conformidad con el contenido de los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.357 y 1.360 del Código Civil Venezolano; así como de las disposiciones legislativas preinsertas, y con base al criterio jurisprudencial en referencia debe determinarse que existió la relación concubinaria en referencia. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la PRETENSIÓN MERODECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA intentada por el ciudadano NATALIO DE JESUS MONTILLA contra los ciudadanos ROSA MARIA MONTILLA ESCALONA, ANA JOSEFINA MONTILLA ESCALONA, JUAN JOSE MONTILLA ESCALONA, MIRIAM COROMOTO MONTILLA ESCALONA y DAVID ALEJANDRO MONTILLA ESCALONA, previamente identificados.
En consecuencia se declara la existencia de la unión concubinaria entre los ciudadanos NATALIO JESÚS MONTILLA y ALIRIA ANTONIA ESCALONA, que debe reputarse iniciada desde el año 1970 hasta el 25 de mayo de 2012 en que falleció la últimamente nombrada.
En virtud que de actas se evidencia que la abogada YLENIA CASTILLO PERDOMO, inscrita en el Inpreabogado bajo el número N° 92.116, ha prestado su patrocinio a posiciones procesales contrapuestas, pues lo mismo ha asistido al demandante como a los demandados en esta causa, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara y a la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Lara, a fin de que se establezca la presunta comisión de un hecho censurable deontológicamente o incluso punible por parte de la referida abogada. Acompáñense a esas instituciones copia certificada de este fallo.
Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y Regístrese.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años 204º y 155º.
EL JUEZ

Abg. Oscar Eduardo Rivero López
El Secretario,

Abg. Antony Gilberto Prieto Ortiz

Seguidamente se publicó en su fecha, siendo las 10:55 a.m.
El Sec.,
OERL/mi