TSJ Regiones - Decisión

JUEZA PROFESIONAL: ABG. THANIA M. ESTRADA BARRIOS
SECRETARIA: ABG. MARIA ADELAIDA GUANIPA

IMPUTADO: JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.330.716, fecha de nacimiento 11/10/92 de nacionalidad venezolano, de estado civil Soltero, de 21 años de edad, profesión u oficio Técnico Automotriz, hijo de Nelly Yolanda Guanipa Pérez (f), padre desconocido. Residenciado en la calle 39 con carrera 09, casa sin número, barrio San Antonio, parroquia Concepción, Municipio Iribarren, Estado Lara..

DEFENSA TÉCNICA: ABG. NAILL OLIVERA. Defensor Público Cuarto de Violencia contra la Mujer del estado Lara.

MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ENRIQUE JOSE MONTENEGRO. Fiscala Tercero del Ministerio Público con competencia en defensa de los derechos de las Mujeres del estado Lara

VICTIMA: PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, titular de la cedula de identidad Nº V-26.120.648.

DELITO: VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Celebrada como ha sido la audiencia para oír al imputado, conforme a las previsiones del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en fecha veintiuno (21) de agosto de 2014, con motivo de la presentación que hiciere la Fiscala Auxiliar Tercero del Ministerio Público del estado Lara, abogado ENRIQUE JOSE MONTENEGRO, en virtud de la aprehensión del ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, ya identificado, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en los artículos 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en perjuicio de la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, ya identificada.

La Fiscalía del Ministerio Público le atribuye al ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ,, ya identificado, los hechos presuntamente ocurridos en fecha 19 de Agosto de 2014, siendo las 6:00 pm la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA se acerca hasta la vivienda de su ex pareja el ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, quien es el padre de sus hijos, por cuanto el día anterior 18/08/2014 se llevo de su casa al hijo que tienen en común de nombre DAILER DE JESÚS GUANIPA, de 10 meses de nacido, para llevarlo al médico, cuando la víctima antes mencionada, se dirigió a su vivienda a buscarlo, el ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ tomo una actitud agresiva y comenzó a golpearla en varias partes del cuerpo. Hechos que motivaron a la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes, quienes una vez verificada la información procedieron a practicar la aprehensión del imputado de autos.

Siendo calificada provisionalmente por el Ministerio Público, las lesiones y daño físico sufridos por la mencionada ciudadana como de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia. Solicito se ratifiquen las medidas establecidas por el órgano receptor de denuncia contenidas en el articulo 87 Ordinales 5º, 6º, la prohibición de acercarse a la víctima, lugar de trabajo o estudio, la prohibición al imputado de acosar, por si o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación, o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de la familia de la víctima, cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres, igualmente las medidas cautelares contenidas en el articulo 92 Ordinal 1º, 7º y 8º en concordancia con el art 242 del Código Procesal penal consistente en el arresto transitorio por 48 horas, charlas en materia de de violencia contra la mujer, solicito una presentación cada 30 días, solicito se declare flagrante la aprehensión y se continué por el procedimiento especial previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia..

Seguidamente se procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, ya identificado, y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debidamente asistido por el abogado Abg. NAILL OLIVERA; libre de toda coacción y apremió expuso lo siguiente: “…El domingo antepasado me fui con unos amigos a la Feria, andábamos tomando y ella andaba sola, ella se fue conmigo y su hermano en una Cherokee, choque con una bomba y me lesione el brazo, ella iba sentada en las piernas de un sobrino en la parte de adelante, pase de reposo la semana pasada. El sábado pasado se estaba planchando el pelo porque se iba a beber y me llama a decirme que el bebe se quemo con una plancha. El domingo andaba borracha y le dejo al niño a su mama, y el lunes llovió mucho y se quedo con el niño afuera, y vi cuando paso un chamo y la hermana me llama para decirme que la mama del niño andaba con el niño mojándose. Cuando llegue como a las 12 que llegue estaban secando al niño. Se enfermo el bebe, y como cada vez lo quema y s enferma me fui a la LOPNNA, le dije porque era tan irresponsable con el niño y peleamos por el niño y le dije que se queda conmigo hasta que un juez lo decida. Afuera de mi casa le puse volumen a la música y a ella le molesto y seguimos peleando por el niño. Cuando fui a la LOPNNA declare todo lo que ella era con el niño, las quemadas que el niño tenía, y ayer como falte a la cita en la LOPNNA no fue pendeja y me metió preso, allá la mandaron con un psicólogo. Ella tiene hematomas por el accidente, no fue por haberle pegado. Es todo”.

Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la defensa NAILL OLIVERA, quien manifestó: “… en vista de la solicitud del Fiscal, esta defensa creo que debe continuarse con una investigación más a fondo, solicito la información a la unidad de transito de Chivacoa por el accidente que le causo a la víctima. En vista de que la situación no está clara me opongo al arresto transitorio ya que mi defendido se encuentra con una lesión que no es causa de esta situación sino de un accidente de tránsito y debe dársele la nulidad ya que las cosas no están claras. Y con el régimen de presentación estará sometido al proceso por el lapso de la investigación hasta que se presente la acusación. Solicito copias de las actuaciones y que se le otorgue su libertad. Es todo.”

La Fiscalía del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como configurativos de los delitos de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en agravio de la ciudadana MARIA JOSE ALVELAEZ, ya identificada, precalificación esta que comparte quien decide, tomando en consideración los elementos de convicción siguientes: 1.- Actas Procesales Nº K-14-0056-05033, Denuncia común de la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, mediante la cual se narran las circunstancia del modo, tiempo y lugar de los hecho. 2.- Acta de identificación de la víctima PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA. 3.- Constancia Médica de la victima PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, realizado por la Dra. Tais Colmenarez, mediante la cual refiere que presenta traumatismo en la cara y ambas piernas con objetos contundentes manos y pies. 4.- Medidas de Protección y seguridad dictadas a la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, por el órgano receptor de la denuncia. 5.- Acta de imposición de los Derechos de la victima PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA. 6.- Acta de Investigación Penal de fecha 20 de agosto de 2014, donde describen las circunstancias de modo tiempo y lugar de la aprehensión del imputado. 7.- Inspección Técnica Nº 14, realizada en fecha 20 de agosto de 2014, en el sitio del suceso ubicaba en el sector Santa Bárbara, calle 39 con carrera 8 vía pública, Parroquia Concepción, Iribarren Lara. 8.- Acta de Imposición de Derechos de Imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ. 9.- Constancia medica del imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, realizado por el Dr. Carlos Escalona, donde refiere el examen físico normal. 10.- Identificación plena del Imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ. Elementos de convicción estos que hacen estimar a quien decide, que los hechos denunciados encuadran en de los tipos penales precalificados por el Ministerio Público. Y ASI SE DECIDE.

El artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentra referido a las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en condición de flagrancia, por lo que se puede afirmar que en el procedimiento especial previsto para el juzgamiento de delito de género existe una clara descripción de las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia a saber:
1. El que se está cometiendo.
2. El que se acaba de cometer.
a. Se entiende que se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento.
b. En este supuesto la autoridad competente debe dirigirse en un lapso que no debe exceder de doce (12) horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, donde debe recabar los elementos que acreditan su comisión, y verificados los supuestos de flagrancia procede a practicar la aprehensión en situación de flagrancia.
3. Cuando el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, o por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público.
4. Cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca.
5. El que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Esta descripción de las situaciones en las cuales se debe estimar que existe una aprehensión en flagrancia, amplia de manera considerable lo descrito en el Código Orgánico Procesal Penal en relación al juzgamiento de delitos ordinarios.

Ahora bien, debe entenderse claramente que existe una considerable diferencia entre lo que es el delito flagrante y lo que es la aprehensión en flagrancia, asuntos que son absolutamente disímiles aunque tienden a confundirse en la práctica forense.

Se entiende que el delito flagrante se verifica “…por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva…” . La detención in fraganti, está referida a “…la detención de la persona en el sitio de los hechos o a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco e haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina cuasi-flagrancia…” .

En particular sobre los delitos de Violencia de Género la Sala Constitucional en la ya citada Sentencia Nº 272 del 15 de febrero de 2007 con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán citando a CABRERA ROMERO , sobre la aprehensión en asuntos de violencia de género expreso lo siguiente:

“...La detención judicial del sujeto activo de los delito de género, más que ser una medida preventiva privativa de libertad en el concepto tradicional del derecho penal o una medida de aseguramiento con fines privativos como lo establecen la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la nueva normativa agraria, es una medida positiva de protección que incardina a la Ley que regula la materia dentro de las normas de Derechos Humanos (…omisis…)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de género, pues su configuración, y en especial el de la violencia doméstica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres víctimas de medidas positivas de protección con fines preventivos, por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de género (…omisis…)
(…omisis…) la institución constitucional de la flagrancia tiene que estar por encima de algunos derechos humanos individuales, ya que la lucha contra el delito en general, es una defensa social que en un estado de justicia se complementa con el proceso.
Ante la relevancia y la enfermedad social que causan ciertos delitos, su persecución, respetando los derechos humanos absolutos, se coloca por encima de algunos derechos humanos individuales.
La prevención social tiene tanto fundamento constitucional como los derechos humanos...”.

De la decisión parcialmente transcrita se puede verificar que la detención en materia de violencia de género no sólo debe ser entendida como la detención en delitos ordinarios, sino que representan además actuaciones de protección a derechos fundamentales de la víctima que se encuentran en peligro inminente como el caso que nos ocupa.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la concreción de la Convención Belén Do Pará, ratificada por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del 24 de noviembre de 1994 sancionada por el Presidente de la República el 16 de enero de 1995, y publicada en Gaceta Oficial en esa misma fecha, por lo que la resolución de esta situación tiene que a partir de la especial naturaleza de los delitos de violencia de género, ya que ellos no pueden encuadrarse dentro de los delitos comunes, ya que se correría el riesgo de que dichos delitos queden impunes.

Podemos concluir que resulta proporcional que para garantizar la integridad de la víctima, y garantizar las resultas del proceso se haya practicado la aprehensión de este ciudadano, ya que lo contrario resultaría violentar el contenido de los artículos 55 y 22.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo entender que la situación planteada debe ser vista no sólo desde la óptica del derecho procesal penal, sino que debe atender al ámbito de los derechos humanos de las mujeres.

En el caso de nos ocupa el imputado fue aprehendido por funcionarios adscritos a Organismos de Seguridad del Estado, por denuncia realizada por la víctima dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurridos los hechos, siendo aprehendido dentro de las doce (12) horas siguientes a formulada la denuncia, con lo cual se verificó una aprehensión en flagrancia. Y ASI SE DECIDE.

Es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción, por lo que se acuerda el Procedimiento establecido en 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a las Medidas de Seguridad y Protección, solicitadas por la representante del Ministerio Público, siendo estas consagradas en la Ley a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, y su entorno familiar de forma expedita y efectiva, así como en consideración de los hechos expuestos en la Audiencia, este Tribunal IMPONE al imputado, las contenidas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consisten en la salida inmediata del hogar común del ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, así como la prohibición para el agresor ya identificado, de acercarse a la victima PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA, a su sitio de residencia, trabajo o estudio y la prohibición de realizar actos de persecución, acoso o intimidación por sí mismo o por interpuesta persona contra la víctima o sus familiares. Este Tribunal en atención de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias, decreta las medidas anteriormente descritas, las cuales obedecen a la protección de la víctima y de su derecho a no ser sometida a maltratos o trato violento, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida física ni verbalmente. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a las medidas cautelares, estas tienen como finalidad general garantizar las resultas del proceso, ante un inminente riesgo de que quede ilusiona la pretensión del accionante, siendo en materia penal la regularidad del proceso penal mediante la evasión u obstaculización del proceso penal. En materia de violencia de género estas medidas tienen aparte de este carácter instrumental de velar por la regularidad del proceso, el de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada, atendiendo a la finalidad de la Ley que es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, siendo un obligación del tribunal el de garantizar el disfrute de los derechos de la misma sin que se vean amenazados ante posibles agresiones actuales o probables.

La representación fiscal solicitó la medida contenida en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, consistente en arresto transitorio para el imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, que en el presente caso resultaría desproporcionado imponer esta medida en relación a con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y el estado de libertad durante el proceso de toda persona a quién se le impute un hecho punible, considerando lo dispuesto en los artículos 230 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo procedente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar el arresto transitorio solicitado. Y ASÍ SE DECIDE.

Se hace necesario considerar en este caso, la contenida en el numeral 7 del artículo 92 de la Ley Orgánica Especial, referida a la obligación del imputado de someterse a charlas de orientación en materia de violencia de género, medida esta que atiende igualmente a cumplir con uno de los objetos de la Ley Especial como lo es impulsar cambios en los patrones socio culturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, siendo esta una medida eficaz para lograr mediante la reeducación del presunto agresor, prevenir nuevas agresiones hacía la víctima. En el caso de marras estima quien decide que existen suficientes elementos para estimar que el imputado debe recibir orientación en materia de violencia de género con el objeto de modificar los patrones socio culturales que sustentan su conducta machista y agresiva, en virtud de lo cual estima procedente la solicitud del Fiscal del Ministerio Público que sea dictada en el presente asunto esta medida cautelar, la cual se ordena cumplir que consiste en asistir a programas de orientación y prevención a ser cumplido en la Iglesia Maranatha, ubicado en la avenida 20, Barquisimeto, estado Lara. Y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público se considera que nuestro proceso penal reconoce como finalidades de las medidas de coerción personal, evitar la frustración del proceso por fuga del imputado, y asegurar el resultado de la investigación y evitar el ocultamiento de futuras pruebas. Al respecto nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de privación judicial preventiva de libertad se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que son las siguientes: “1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”. Y en relación a las medidas cautelares sustitutivas dispone el artículo 242 eiusdem, lo siguiente: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…omisis…”, con lo cual podemos afirmar que a los fines de que sea dictada una medida cautelar sustitutiva, deben encontrarse satisfechos los mismos extremos que para dictar una privación judicial preventiva de Libertad, pero que por las circunstancias del caso se pueda ver satisfecha con una medida menos extrema, pero siempre teniendo en cuenta que dicha medida debe atender a la finalidad para la cual fue decretada que como se indicara ut supra, debe impedir la fuga del imputado, y de impedir que el imputado pueda borrar o impedir que sean traídas al proceso determinadas pruebas. Tomando en consideración la gravedad de los hechos objeto del presente proceso, que se ve materializado en el maltrato y con la violencia con que se desarrollaron los mismos, estima quien decide que lo proporcional y ajustado a derecho, a tales hechos atribuidos al imputado y para garantizar las finalidades del proceso, es decretar una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de las contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la prevista en el numeral 3, consistente en presentaciones periódicas cada treinta (30) días por ante la Unidad de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Lara. ASÍ SE DECIDE

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con competencia en Violencia contra la Mujer del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Se decreta con lugar la Aprehensión en flagrancia del ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, , titular de la cédula de identidad Nº V-22.330.716, conforme al artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana PAOLA DARVIMAR PEREZ MUJICA. SEGUNDO: Se confirman las Medidas de Seguridad y Protección de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ordinales 5º y 6º, consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima, lugar de trabajo o estudio, la prohibición al imputado de acosar, por si o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación, o acoso a la mujer agredida o a algún integrante de la familia de la víctima. TERCERO: Se declara Sin Lugar la medida cautelar contenida en el art 97.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, referida al arresto transitorio y en su lugar, se le impone el régimen de presentaciones por la taquilla de alguacilazgo cada 30 días, ello de conformidad con el art 92.8 ejusdem en relación con el artículo 242. 3 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se le impone la obligación para el imputado JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.330.716, de asistir a la Iglesia Maranatha, ubicada en la avenida 20 a programas de orientación, atención y prevención dirigido a modificar su conducta violenta y evitar reincidencia, ello de conformidad con el artículo 92.7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. QUINTO: Se declara la continuación de la investigación por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL previsto en el artículo 94 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia SEXTO: Se designa correo especial al ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.330.716. SEPTIMO: Se ordena la inmediata libertad del ciudadano JORGE ALBERTO GUANIPA PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.330.716.