Barquisimeto, 23 de junio de 2014. 204º y 155º CAUSA CJPM-TM7C-087-14 Visto el Oficio N° FM13-118, de fecha 05 de febrero de 2013, emanado de la Fiscalía Militar Décima Tercera con sede en Barquisimeto, conjuntamente con escrito de solicitud de sobreseimiento constante de tres (03) folios útiles, de conformidad a lo previsto en el artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, relacionados con la investigación penal militar, en la cual se investiga la presunta comisión del delito militar contra las personas, previsto 573 del Código Orgánico de Justicia Militar, debido a que durante el desarrollo de la fase de preparatoria se estableció que “a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación”, por lo cual este tribunal para decidir observa: IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: No existe sujeto activo individualizado. DE LOS HECHOS: Se desprende del escrito fiscal la narración de los siguientes hechos: “En fecha tres (03) de abril del 2006, se recibió orden de apertura de investigación penal militar oficio N° 2899 emanada de la Guarnición Militar de Barquisimeto, estado Lara (para aquel entonces), dictándose el correspondiente auto de inicio de investigación en fecha seis (06) de abril del año 2006. Siendo el caso que, en fecha veintisiete (27) de marzo del año 2006, el ciudadano Julio Cesar Puerta, titular de la cédula de identidad V13.566.747, compareció ante este Despacho Fiscal Militar, a los fines de interponer denuncia, en razón de unos hechos ocurridos el día domingo veintiséis (26) de marzo del año 2006, cuando eran aproximadamente las cuatro y cincuenta (04:50) de la madrugada y el ciudadano Julio Cesar Puerta, se encontraba en las adyacencias de su residencia (preliminarmente mencionada) y unos efectivos (policías militares), que estaban tomando o ingiriendo alguna sustancia alcohólicas, cerca de la misma, lo agredieron físicamente, sin motivo y sin razones, hasta el punto de dejar al ciudadano Julio Cesar Puerta, quedó inconsciente. Cabe destacar, que los vecinos que se encontraban presente en el lugar del suceso se percataron de todo lo ocurrido, incluso cuando uno de los policías militares desenfundó su arma y la accionó efectuando unos disparos en el aire, sin percatarse que le quedaba un cartucho dentro de la citada arma, ocasionando con ello herirse él mismo en la pierna (esto ocurre al momento que bajo el arma).” FUNDAMENTACION FISCAL: El representante de la vindicta pública militar en su escrito de solicitud de sobreseimiento expone y solicita: “Ahora bien honorable Juez Militar, de lo anteriormente expuesto, se desprende que los hechos objeto de la presente investigación, en el modo, tiempo y lugar señalado anteriormente son reprochables por la normativa Penal Milita y encuadran perfectamente en la hipótesis prevista la comisión del delito militar de “delitos contras las personas”, lo cual encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 573 del Código Orgánico de Justicia Militar que textualmente señala: Artículo 573: El militar que en acto del servicio o en el desempeño de una comisión relativa él hiciera innecesariamente uso de armas o de otra violencia contra cualquier persona, será penado con arresto de tres a seis meses, siempre que de los hechos no resulten lesión que pueda curarse sin asistencia médica. Por consiguiente, honorable Juez, es el caso que, desde la fecha en que ocurrió el citado hecho, que dio origen a la presente investigación, no existe individualización en contra de algún sujeto, no han surgido nuevos elementos de convicción penal militar, que este titular de la acción penal, estime prudentes para presentar un acto conclusivo diferente a la presente solicitud de sobreseimiento, y que a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que nos permitan solicitar fundamente, el enjuiciamiento del presunto autor material del hecho, en base a ello, esta institución pública militar, como garante de la buena fe y del debido proceso, se fundamenta en la presente solicitud, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 300 numeral 4 que establece Artículo 300: El sobreseimiento procede cuando: 4°” A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente en el enjuiciamiento del imputado o imputada” (…). RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DECISIÓN: Una vez analizado el escrito de solicitud de sobreseimiento y los elementos que reposan en la causa, este Tribunal Militar Séptimo de Control para decidir hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Observa este juzgador, que la representación de la vindicta pública militar solicita el sobreseimiento de la causa iniciada según orden de apertura de investigación penal militar, Nº 2899 de fecha 03 de abril del año 2006, emanada por el ciudadano Comandante de la 13 de Infantería y Guarnición Militar de Barquisimeto, la cual en fecha tres (03) de abril del 2006, se recibió orden de apertura de investigación penal militar oficio N° 2899 emanada de la Guarnición Militar de Barquisimeto, estado Lara (para aquel entonces), dictándose el correspondiente auto de inicio de investigación. Siendo el caso que, en fecha veintisiete (27) de marzo del año 2006, el ciudadano Julio Cesar Puerta, titular de la cédula de identidad V-13.566.747, compareció ante ese Despacho Fiscal Militar, a los fines de interponer denuncia, en razón de unos hechos ocurridos el día domingo veintiséis (26) de marzo del año 2006, cuando eran aproximadamente las cuatro y cincuenta (04:50) de la madrugada y el ciudadano Julio Cesar Puerta, se encontraba en las adyacencias de su residencia (antes identificado) y unos efectivos militares (policías militares), que estaban ingiriendo presuntas sustancias alcohólicas, cerca de la misma, lo agredieron físicamente, sin motivo y sin razones, hasta el punto de dejar al ciudadano Julio Cesar Puerta inconsciente. Cabe destacar, que los vecinos que se encontraban presente en el lugar del suceso se percataron de todo lo ocurrido, incluso cuando uno de los policías militares desenfundó su arma y la accionó efectuando unos disparos en el aire, cuando sin percatarse que le quedaba un cartucho dentro de la citada arma, ocasionando con ello herirse él mismo en la pierna (esto ocurre al momento que bajo el arma), es imperante destacar que en esta causa no existe sujeto activo individualizado, en virtud que no existen suficientes elementos de convicción para ser promovidos como medios de prueba en un eventual juicio oral y público y a esta altura del proceso es imposible incorporar dichos elementos al proceso, razón por la cual éste Tribunal Militar considera pertinente la solicitud formulada por la vindicta pública militar. Así se decide. En este sentido, en materia penal militar, una vez iniciada la investigación penal existe el compromiso u obligación ineludible del Ministerio Público Militar de efectuar las indagaciones en caso de sospechas de acciones punibles y una vez concluidas las actividades preparatorias, debe en sus respectivos casos ejercer la acción penal mediante acusación, ordenar el archivo de las actuaciones o solicitar al Juez de Control el sobreseimiento de la causa; dicha obligación viene dada al fiscal conforme lo proveen los artículos 262, 263 y 265 del Código Orgánico Procesal Penal o dicho en otras palabras, la investigación previa tiene por objeto establecer la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un tipo penal, verificar si es procedente el ejercicio de la acción y lograr la identificación e individualización de autores o participes. No obstante, durante el transcurso de la investigación la representación fiscal no recabó suficientes elementos de convicción que pudieran ser promovidos como medios de prueba para individualizar sujeto alguno y menos para ser usados en un eventual juicio oral y público, donde se sostuviera la responsabilidad de ciudadano alguno. Al respecto, el artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el Fiscal del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento ante el Juez de Control cuando el resultado de la investigación demuestre la existencia de alguna de las causales por las cuales se hace innecesario continuar con el proceso, dichas causales son las previstas en el artículo 300 ejusdem. En este orden de ideas, el numeral 4 del citado artículo 300 establece: Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando: (…). 4). A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. (…). (Es nuestro el subrayado). En este contexto, el sobreseimiento como acto conclusivo del Ministerio Público, órgano encargado de dirigir la investigación penal y parte de buena fe en el sistema penal acusatorio, por algunos de los supuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por finalidad poner fin al proceso y extinguir la acción penal, es decir como acto conclusivo es una de la posibilidades que se le presenta al Fiscal del Ministerio Público, conjuntamente con el archivo fiscal y la acusación, previstos en los artículos 297 y 308 ejusdem. SEGUNDO: Ahora bien, es conocido que para que se configure un delito, en su esencia, en primer lugar se requiere de la existencia de un hecho o comportamiento humano, derivado de la acción u omisión del hombre y además que este comportamiento cause un resultado, también se requiere que este resultado para ser objeto de una sanción debe estar tipificado en la Ley penal y además de los elementos de convicción colectados durante la investigación por el Ministerio Público, sirva para atribuirle responsabilidad al investigado por los hechos y el hecho punible investigado y así el Ministerio Público ejerza como titular de la acción penal el iuspuniendi; sin embargo, existen causas que extinguen ese derecho del Estado a castigar, entre ellas la establecida en el numeral 4, del artículo 300 del código in comento, lo cual conlleva a poner término a la persecución penal, tal y como sucede en la presente causa. En razón de lo anteriormente descrito se puede establecer que por ser la República Bolivariana de Venezuela un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, en donde la representación Fiscal actuando como parte de buena fe, deja demostrado según los elementos de convicción que reposan en la causa, que es imposible en los actuales momentos poder concluir la fase de investigación con una acusación formal contra ciudadano alguno, por estar ausentes elementos de convicción contundentes que puedan ser promovidos como medios de prueba en un eventual juicio oral y público, para poder así encuadrar los hechos en el derecho. También es importante resaltar, que para que se establezca una pena en la comisión de un delito, en su esencia, se requiere elementos de convicción colectados durante la investigación por el Ministerio Público, que sirvan para atribuirle responsabilidad al imputado por el hecho punible imputado, y así el Ministerio Público ejerza como titular de la acción penal el iuspuniendi, sin embargo, existen causas que extinguen ese derecho del Estado a castigar, entre ellas lo señalado en el articulo ut supra señalado; por lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la causa iniciada según orden de inicio de investigación Nº 2899 de fecha 03 de abril del año 2006, emanada por el ciudadano Comandante de la 13 de Infantería y Guarnición Militar de Barquisimeto, relacionada con la presunta comisión del delito militar contra las personas, causa en la que no existe sujeto activo individualizado. TERCERO: De conformidad a este punto y fundamentando la presente decisión, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación resulte inexistente, no aparezca suficientemente probado o no estar tipificado en la Ley penal, así como, no constituya delito, como también cuando no conste en actas la participación del o los imputados o cuando existan causales que impidan la continuación de la causa. En este orden de ideas, el sobreseimiento ha sido definido por la doctrina de un modo muy amplio, verbigracia, el ilustre Angulo Ariza lo define como “una medida de cesación definitiva e irrevocable cuando se hace firme de la causa contra un determinado reo o varios reos, según que fuesen uno o más los autores o cómplices”. En tanto que el insigne maestro Tulio Chiossone lo conceptúa como “un pronunciamiento judicial que termina total o parcialmente el proceso y tiene carácter definitivo”. En el mismo sentido, el autor Jarque Gabriel Darío señala: Es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o de varios imputados determinados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal. En el mismo contexto, Jorge Clariá Olmedo atendiendo a una noción amplísima precisa que El sobreseimiento en materia penal es el pronunciamiento jurisdiccional que impide definitiva o provisionalmente la acusación o el plenario, en consideración a causales de naturaleza sustancial expresamente previstas en la ley, que legalmente constituye una manifestación en forma de auto, aunque en muchos casos puede significar una verdadera sentencia en atención a su contenido. Así pues, del conjunto de definiciones que de tal institución jurídica se han elaborado, emergen caracteres invariables y de impretermitible concurrencia, a saber: En relación a lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, en Sentencia N° 127 de fecha 08 de abril de 2008, en lo referente a los efectos del sobreseimiento estableció: El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas. En este orden de ideas, este Tribunal Militar Séptimo de Control, concluye que en el presente caso la solicitud fiscal de sobreseimiento, se encuentra ajustada a derecho y así debe decidirse de acuerdo al artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que se estima que conforme al hecho acreditado en la investigación, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Así decide. DECISIÓN: Por las razones antes expuestas, este Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley procede a decidir en los siguientes términos: PRIMERO: Decidió DECLARAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, causa en la que no existe sujeto activo individualizado, la cual se inicio por la presunta comisión del delito militar, contra las personas, previsto 573 del Código Orgánico de Justicia Militar. Así decide. Regístrese y publíquese. Expídanse las copias de ley. Háganse las participaciones correspondientes y remítase la causa al archivo del Circuito Judicial Penal Militar, una vez transcurrido el lapso estipulado en el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordada relación con el artículo 98 del Código Orgánico de Justicia Militar. Dada, firmada y sellada en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil catorce del (2014) Años 204º de la Independencia y 155° de la Federación. EL JUEZ MILITAR EL SECRETARIO JUDICIAL JOSÉ COROMOTO BARRETO CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS MAYOR PRIMER TENIENTE En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. EL SECRETARIO JUDICIAL CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS PRIMER TENIENTE