TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
LA CORTE MARCIAL

MAGISTRADO PONENTE
CORONELA CARMEN LUCIA SALAZAR ROMERO
CAUSA Nº CJPM-CM-062-14.

Corresponde a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el Capitán THIELEN JOSÉ BELLORÍN CAMPOS, en su carácter de Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional y sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, contra el auto dictado por el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, en fecha 10 de octubre de 2014, mediante el cual declaró sin lugar la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el representante del Ministerio Público Militar, en contra del Sargento Segundo DOMINGO JOSÉ MENSÍA BENITES y le impuso las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito militar de DESERCIÓN, previsto en los artículos 523, 527 y sancionado en el artículo 528 todos del Código Orgánico de Justicia Militar.
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: Sargento Segundo DOMINGO JOSÉ MENSÍA BENITES, titular de la cédula de identidad Nº V-19.311.880, plaza del Destacamento 82 (Destacamento N° 622 actualmente) de la Guardia Nacional Bolivariana, destacado de comisión de servicio en la Segunda Compañía del Destacamento 81, cumpliendo funciones de seguridad en el Centro Penitenciario Vista Hermosa, ubicado en Ciudad Bolívar estado Bolívar, con domicilio en el sector Santa Rosa, calle San Benito, Cabimas, estado Zulia, actualmente cumpliendo las medidas cautelares sustitutivas contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

DEFENSORA PÚBLICA MILITAR: Teniente de Fragata SOURELYS DONALDE GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.012.123, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 137.436, en su carácter de Defensora Pública Militar con domicilio procesal en la sede del Circuito Judicial Penal Militar ubicado en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

MINISTERIO PÚBLICO MILITAR: Capitán THIELEN JOSÉ BELLORÍN CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.666.687, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 155.568, en su carácter de Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional y sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

II
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

En fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Capitán THIELEN JOSÉ BELLORÍN CAMPOS, actuando en su carácter de Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional, ejerció recurso de apelación, en el cual señaló lo siguiente:

“…Se desprende que el imputado supra identificado, se separó de manera voluntaria del servicio militar sin autorización de su comando y, a pesar del esfuerzo que realizó la unidad para ubicarlo no se pudo constatar o verificar las causas de su ausencia indebida, por lo que necesariamente es señalado como desertor en el parte especial, siendo que en fecha 09 de Octubre de 2014 se presentó en la unidad luego de estar oculto por el lapso de un (01) año, un (01) mes y dieciséis (16) días, donde se desconoce a que se dedicaba dicho profesional, siendo más alarmante aún el hecho de tener en su posesión prendas militares que son usadas comúnmente para cometer actos delictivos en especial en esta zona minera del Estado Venezolano (…).
Ahora bien, quien recurre observa en primer lugar dentro del cuerpo de la sentencia una contradicción en la misma, toda vez que se señala en inicio que están dados los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, más sin embargo el propio Tribunal A quo señaló que hubo una afectación a la disciplina, pero que posee una disposición a someterse al proceso penal puesto que se presentó en la unidad y, finalmente consideró que el imputado no tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso, sin explicar cuales son los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basó para llegar a ese criterio. Sin embargo las razones de hecho y de derecho planteadas por el Ministerio Público Militar no fueron observadas o tomadas en consideración por la Juez Militar, en el sentido que en la propia audiencia de Presentación, al momento de la intervención del imputado, éste expresó una dirección y se limitó a decir que estaba hostigado por los presos de la cárcel y que nunca había sido notificado que tenía una investigación abierta por parte de la Fiscalía; alegatos estos que igualmente fueron presentados por la Defensora Pública Militar al momento de su intervención, pretendiendo que el Ministerio Público está en la obligación de informar al imputado que sobre él se aperturó una investigación penal militar. En este particular debo señalar que el delito de Deserción forma parte de los llamados delitos permanentes o continuados, por cuanto se inicia su perpetración desde el momento que el militar no se presenta en su unidad hasta seis días después sin justificación alguna y que se sigue consumando hasta el momento que cese tal ausencia. Por lo que sería absurdo pretender que se notifique a una persona que se encuentra en pleno cometimiento de un delito, que sobre él recae una investigación penal por ese delito y especialmente en este tipo penal que conlleva precisamente a la separación indebida del militar y su posterior ocultamiento.
Por otro lado debo manifestar que la jusgadora (sic), se limitó a señalar que la separación ilegal afectó la disciplina, pero a su vez otorga mérito al hecho de que el imputado se haya presentado voluntariamente en la unidad lo que demuestra, según su criterio, su disposición a someterse al proceso penal. Sin embargo de ello debo enfatizar que en este caso la Juez A quo erradamente tomó en consideración de forma exclusiva los alegatos del imputado que no fue mas (sic) que decir que había sido hostigado por los presos; sin tomar en cuenta los hechos planteados por la Vindicta Pública Militar, donde se observa una separación ilegal del servicio militar que en este caso dicho profesional se encontraba en comisión de servicio como custodio y seguridad de un internado judicial junto a once compañeros que al momento de ocurrir tal separación, afectó directamente los roles de servicios y capacidad operativa de la Compañía para cumplir la misión asignada, por otro lado y lo que es mas (sic) grave aún, no se tomó en cuenta el hecho que el sujeto activo se mantuvo oculto, desaparecido de su unidad por más de un año, tiempo durante el cual no se sabe a que se dedicaba y donde se encontraba, por lo que el simple compromiso del imputado de someterse al proceso penal, no es garantía de que aseguren las resultas del proceso, de igual forma no se sabe a ciencia cierta si la dirección suministrada por el imputado es verdadera o falsa, o si realmente es esa su dirección en caso de ser real, tomando en consideración que estuvo mas (sic) de un año oculto y su unidad trató de contactarlo por varios medios, incluso enviando comisiones a su residencia siendo infructuosa su ubicación.
(…) Sí bien es cierto que el delito militar de Deserción conlleva una pena que no supera los dos (02) años en su límite máximo en el caso de la Tropa Profesional, no es menos cierto que este tipo penal afecta directamente la disciplina y la obediencia militar, que son dos pilares fundamentales que sustentan a la institución castrense, más aun en unidades operativas y en el caso de narras estamos hablando de una compañía del Destacamento N° 81 (Destacamento 625 hoy día) de la Guardia Nacional Bolivariana cuya función principal es resguardar las instalaciones del Centro Penitenciario Vista Hermosa e impedir fuga de presos y prisioneros entre otras, pero aún culminado (sic) dicha comisión de servicio y habiendo sido reemplazado (sic) su unidad a los cuarenta y cinco(45) días en ese centro carcelario, éste no se presentó en su unidad de origen, es decir (sic) el Destacamento 82 (Destacamento 622 hoy día), sino que permaneció en la condición de Desertor por nueve (09) meses más, para finalmente presentarse en la unidad sin mostrar algún argumento de convicción que haya justificado tal conducta. Por lo que la conducta del sujeto activo afectó gravemente la Disciplina y la Obediencia, además genera un mal ejemplo para el resto de los profesionales que observan como un Sargento Segundo se desertó de la unidad por más de un año y se presentó en la unidad y simplemente continúa en la misma sin más ni más, como que nada hubiese ocurrido, lo que conlleva consecuentemente a que este tipo de conductas delictuales se propaguen entre el personal. Estas circunstancias fueron ignoradas por la Juez Militar al momento de imponer medidas cautelares sustitutivas de libertad en contraposición de la medida judicial privativa de libertad solicitada por la representación Fiscal, causando un gravamen a la institución castrense.
Además de estas circunstancias considero importante señalar que la decisión recurrida no solamente le otorga medidas cautelares sustitutivas de libertad al imputado causando un gravísimo daño al Comando del Destacamento 622 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en el Guri (sic) Estado (sic) Bolívar, sinó (sic) que además se le ordena al Comando de la unidad supervisar y vigilar al imputado, en este sentido se pregunta quien preside: ¿Qué cargo se le puede asignar a un profesional que se presentó luego de estar separado ilegalmente por mas (sic) de un año de su unidad?, ¿está en la capacidad de comandar Tropa Alistada, de Cuidar (sic) alguna Instalación (sic) militar, o una empresa Básica del Estado, o cualquier otro cargo que implique seguridad y responsabilidad? Es (sic) por consiguiente que el Juez Militar debe guiarse no solamente por tecnicismos jurídicos, sino abarcar la razón y el sentido lógico, empleando las máximas de experiencia frente a este hecho, que habido (sic) cuentas le ha ocasionado un grave daño a una unidad Fronteriza de la Guardia Nacional Bolivariana.
(…) En cuanto al peligro de obstaculización señalado en el artículo 238 (sic), consideró la Juez Militar, que no estaba dado en virtud de que observó que el imputado no tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso, influenciando en los testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o induciendo en otras personas para que esto ocurra, a través de coacción. Sin señalar si quiera (sic) cuales elementos utilizó o dispuso para llegar a esa decisión, ignorando los alegatos presentado por la Vindicta Pública en cuanto a que el sujeto activo es un profesional militar y que al momento de ausentarse de su unidad, se encontraba en comisión de servicio con compañeros, superiores y subalternos los cuales son testigos de esa separación indebida, lo que ha de suponer que el sujeto activo al presentarse en su unidad, asistirá a las formaciones programadas por el comando, utilizará el comedor de la unidad, así como el dormitorio de la Tropa Profesional por lo cual tendrá contacto directo con los testigos y de acuerdo con las previsiones del artículo 238: "...se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:" ordinal (sic) 2° "influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, … informen falsamente..." , es decir (sic) se debe tener sospecha de que el imputado pudiera influir en los testigos; y (sic) en el caso de narras (sic) considera quien preside la acción penal, que la sola presencia del imputado en la unidad y la interrelación de este con los compañeros y subalternos, definitivamente influirá para que ellos se comporten de manera reticente, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
III
DE LAS PRUEBAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, promuevo los siguientes medios de prueba:
Documentales:
01.- Copia Certificada del Acta N° 180-14 de la Audiencia de Presentación, de fecha 10 de Octubre de 2014, mediante la cual se dejó constancia de las declaraciones del Imputado, la Defensa Pública Militar y el Ministerio Público Militar, y (sic) la decisión del Jusgador (sic).
IV
PETITORIO
De acuerdo a las consideraciones de hecho explanados anteriormente y las razones de derecho comentadas en el presente escrito, es por lo que solicito de esa honorable Corte de Apelaciones, la nulidad absoluta de la decisión que otorgó medidas cautelares sustitutivas de libertad a favor del ciudadano Sargento Segundo Mensia (sic) Benites Domingo José, titular de la cédula de identidad N° V-19.311.880, a quien este Ministerio Público Militar le sigue investigación penal militar signada bajo el número FM43-67-2013 por estar presuntamente incurso en el delito militar de Deserción Previsto (sic) en el artículo 523 y 524 ordinal 2° y sancionado en el artículo 525 del Código Orgánico de Justicia Militar, conforme a lo previsto en le (sic) artículo 439 ordinal 4° (sic) y 440 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo se solicita se imponga de manera inmediata la medida Judicial Privativa de Libertad en contra del imputado supra identificado, a los fines de contribuir con la investigación y garantizar las resultas del proceso...”.

III
DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO

En fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, la Teniente de Fragata SOURELYS DONALDE GARCÍA, en su carácter de Defensora Pública Militar, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional y sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, en los siguientes términos:

“…Todos estos argumentos esgrimidos son invocados por la defensa técnica dentro de la Audiencia (sic) de presentación, sobre todo en el caso de los Desertores, se observa con preocupación por parte del Ministerio Público Militar Cuadragésimo Tercero, su imposición y solicitud de medidas de coerción personal como la Privativa de Libertad, medidas estas graves que atentan incluso con los principios establecidos dentro del ordenamiento jurídico venezolano en garantía del respeto de los derechos humanos de todo ciudadano, incluso cuando el Ministerio Público es instado por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal debiendo ser partícipe de la buena fe, es así; como no se explica el no cumplimiento o sujeción al Código Adjetivo Procesal. Esta situación crea alarma dentro del Sistema de Justicia penal, toda vez que son muchos los privados de libertad por una medida privativa que va en contra del Ordenamiento Jurídico Venezolano.
(…)Estos tres ordinales (sic), rigen la conducta que debe seguir el administrador de Justicia, para decretar una decisión, uno de los elementos más importante dentro del precitado artículo, se debe estimar que el presunto hecho punible merezca pena privativa de libertad, en esta fase esta defensa hace una interrogante ¿SE PUEDE CONSIDERAR QUE UN DELITO QUE NO EXCEDE EN SU LÍMITE MÁXIMO DE DOS (02) AÑOS PUEDA REVESTIR PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD?, El (sic) legislador impone, para considerar peligro de fuga para la privativa de libertad, la pena debe ser igual o superior a diez (10) años, por lo que esta defensa no comparte el criterio del honorable Fiscal Militar, quien es el encargado de la carga de la prueba, instado por el legislador siendo parte de buena fe en el proceso, y (sic) tomado en consideración el hecho de que sólo procederán medidas privativas de libertad cuando las demás medidas cautelares sean insuficiente para asegurar las resultas de investigación.
Cuando el Ministerio Público Militar, desprende su escrito de apelación en los pilares fundamentales en los cuales descansa la Institución Armada, que son importantes por que resguardan el bien jurídico tutelado dentro de la jurisdicción militar, pero su comando puede hacer efectivo a través del Reglamento de Castigos Disciplinario (sic) Nro.6 (sic), siendo la normativa legal idónea para estudiar la conducta en el quebrantamiento de la disciplina militar sumida (sic) por dicho profesional, en resguardo del interés de la Institución (sic) castrense y que puede ir paralelamente con la investigación penal. Pero es menos cierto, que para la decisión tan grave como la privación preventiva de libertad, no debe ser valorado como elemento suficiente de convicción, porque de tomar la juzgadora una decisión a favor de la privativa de libertad, pudiera estar incurso en una medida que va en contra de todos principios los rectores (sic) del debido proceso dentro del proceso penal venezolano.
(…)Incluso el Ministerio Público Militar, va más allá cuando hace ver que mi defendido se encontraba oculto, vulnerando la moral de mi patrocinado, sobre la actividad que se dedicaba mi defendido por la posesión de las prendas militares y sobre actos delictivos que frecuenta en la zona minera del estado Venezolano. Argumentos totalmente fuera de contexto jurídico, con la intención del Ministerio Público Militar, de atentar contra la dignidad de mi patrocinado. Restricciones procesales de las cuales ha sido sometido mi asistido en el caso sub examine, ofende no solo la LÓGICA KANTIANA, LA LÓGICA PROCESAL , sino también el Psicologismo (sic) de las Partes (sic), toda vez que sume (sic) a la defensa y al imputado una impotencia Jurídica, por tratar de llevar un contexto totalmente fuera de los parámetros jurídicos aplicable (sic).
Dentro del proceso penal el Ministerio Público Militar, debe tomar respeto de los principios generales establecidos dentro del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son el Estado de libertad, establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo el legislador la obligación donde la persona a quien se le impute la participación de un hecho punible, permanecerá el (sic) libertad durante el proceso y sólo procederá la privación de libertad cuando las demás medidas cautelares sea (sic) insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito y la improcedencia sobre medidas privativas de libertad establecido en el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, contextualizando el hecho que cuando la pena no exceda en su límite máximo de tres (03) años sólo procederá medidas cautelares sustitutivas de libertad.
(…)CAPITULO III
La norma requiere que el Recurso de Apelación de Auto, exprese claramente los fundamentos de hecho y derecho que la motivan, puede fácilmente advertirse, que el mismo se encuentra manifiestamente infundado, toda vez que la parte recurrente no explana en el escrito contentivo de dicho recurso, fundados elementos por las cuales ejerce dicho recurso, pues sólo se limita a señalar: esta representación fiscal interpone el presente recurso, pues no está conforme con los argumentos aducidos por el Tribunal Militar Décimo Séptimo de control con Sede en Ciudad Bolívar, que le llevaron a declarar una medida de restricción menos gravosas de las establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a la calificación jurídica en la interposición de dicho Recurso, toda vez que se presenta escrito de Apelación de Auto basados en los artículo 523,524 (sic) y sancionado (sic) en el artículo 525 del Código Orgánico de Justicia Militar, artículos estos, por los que no fueron presentados e imputados (sic) en la respectiva Audiencia de Presentación de Imputado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 236 de Código Orgánico Procesal Penal, evidenciando la inadmisibilidad del Recurso de Apelación incoada en contra de mi representado, toda vez que los artículo (sic) deben ser aplicados para los Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en caso en especie, se está en presencia de un Tropa Profesional de la Guardia Nacional Bolivariana, no siendo correcto la calificación jurídica aplicada en el presente Recurso de Apelación de Auto.
CAPITULO IV
DE LA JURICIDAD DEL FALLO APELADO
Y DE SU CONFIRMATORIA POR ESTA ALZADA
Por cuanto de un minucioso examen del fallo impugnado, dictado por el Tribunal a-quo, esta alzada puede perfectamente evidenciar que el mismo además de estar suficientemente motivado tal como lo preceptúa el artículo 157 de Código Orgánico Procesal Penal, se encuentra totalmente ajustado a derecho, ruego a esta honorable Corte de Apelaciones, que en el supuesto hipotético, de que los alegatos anteriores esbozados por esta defensa, declara sin lugar el Recurso interpuesto, y (sic) en consecuencia confirmar totalmente en fallo impugnado. Así lo solicito en derecho y justicia.

PETITORIO FINAL
En mérito de lo expuesto en los artículos precedentes, solicito formalmente, a esta honorable Corte de Apelaciones, se sirva emitir los siguientes pronunciamientos:
Primero: se declare A LUGAR el Recurso de Apelación de Autos, ejercido por la defensa en el caso sub-examine.
Segundo: se mantenga la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, establecida en el artículo 242 de Código Orgánico Procesal Penal, decretada en fecha 10 de Octubre de 2014, por el honorable Tribunal Militar Decimo (sic) Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar…”.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A los efectos de la presente decisión se observa que en el escrito contentivo del recurso de apelación, el recurrente plantea una denuncia contentiva de tres aspectos delatados, el primer aspecto referido a que “…dentro del cuerpo de la sentencia una contradicción en la misma (sic), toda vez que se señala en inicio que están dados los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal…” continua acotando que “…el propio Tribunal A quo señaló que hubo una afectación a la disciplina, pero que posee una disposición a someterse al proceso penal puesto que se presentó en la unidad y, finalmente consideró que el imputado no tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso…”.

El recurrente continúa delatando en el segundo aspecto de la presente denuncia que “…si, bien es cierto que el delito militar de Deserción conlleva una pena que no supera los dos (02) años en su límite máximo en el caso de la Tropa Profesional, no es menos cierto que este tipo penal afecta directamente la disciplina y la obediencia militar (…) Estas circunstancias fueron ignoradas por la Juez Militar al momento de imponer medidas cautelares sustitutivas de libertad en contraposición de la medida judicial privativa de libertad solicitada por la representación Fiscal, causando un gravamen a la institución castrense…”.

Por su parte, el recurrente hace énfasis en el tercer aspecto de la presente denuncia en “…cuanto al peligro de obstaculización señalado en el artículo 238, consideró la Juez Militar, que no estaba dado en virtud de que observó que el imputado no tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso…”.

Ahora bien, observa esta Alzada que precisada la denuncia planteada por la recurrente los tres aspectos referidos guardan estrecha relación, por lo que considera necesario resolverlos de forma conjunta y para decidir aprecia que en el proceso penal, las medidas de coerción personal deben su existencia a la aplicación del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone que no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta surja desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; consagrándose en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, lo relativo a la privación judicial preventiva de libertad, por su parte dispone el artículo 242 ejusdem lo concerniente a las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad; siendo el caso que según este último artículo mencionado, podrá imponerse al imputado una medida menos gravosa, cuando los fines que se persiguen a través de la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la imposición de medidas cautelares sustitutivas.

En este sentido, el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal textualmente dispone al respecto que “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada…”, algunas de las medidas señaladas en la norma citada.

Siendo ello así, el legislador le otorga al juez de control la facultad discrecional para imponer, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, alguna de las medidas cautelares que estime procedente, dependiendo de su apreciación de los hechos y de lo que se desprende de las actuaciones procesales; en el caso bajo estudio, el Juez Militar a quo declaró sin lugar la solicitud fiscal de decretar la privación judicial preventiva de libertad del imputado de autos, imponiéndole las medidas cautelares contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, someterse al cuidado o vigilancia del comando, así como también presentación periódica ante el tribunal cada ocho (08) días, tal como consta en el acta de audiencia presentación de fecha 10 de octubre de 2014, en la que se lee lo siguiente:

“…DECLARA. PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud de Privativa de Libertad presentada por parte del Ministerio Público en contra del Ciudadano (sic) SARGENTO SEGUNDO MENSÍA BENITES DOMINGO JOSÉ, titular de la cédula de identidad Nº 19.311.880. SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud presentada Defensora Público Militar (sic) referente a que se decrete al ciudadano imputado SARGENTO SEGUNDO MENSÍA BENITES DOMINGO JOSÉ, titular de la cédula de identidad Nº 19.311.880 una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA contemplada en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que se le impone las previstas en el Ordinal 2º “Someter al cuidado o vigilancia del comando” por lo que deberá mantener una conducta cónsona a su condición de militar y Ordinal 3º: “La presentación periódica ante el Tribunal o la autoridad que aquel designe…”, por lo cual deberá presentarse ante este Tribunal Militar cada ocho (08) días con la finalidad de firmar el libro de presentación de imputados, a partir de la presente fecha y para la próxima presentación deberá consignar una foto tipo carnet actualizada. Asimismo deberá informar el cambio de domicilio o cambio de número telefónico si así lo hiciere…”.

Igualmente esta Alzada, estima necesario traer a colación un extracto del auto motivado dictado por el Tribunal Militar a quo en fecha 10 de octubre de 2014, en donde el Juez Militar en funciones de control a quo señala en el subtítulo TERCERO, FUNDAMENTOS DE DERECHO, textualmente:

“…Ahora bien al analizar el asunto sometido a la consideración de este órgano Jurisdiccional, se puede apreciar que los hechos que se atribuye al imputado revisten carácter penal, merecen pena corporal y no se encuentra evidentemente prescrito; existiendo además elementos de convicción para presumir que el imputado es el autor del hecho; todo ello conforme a lo previsto en el artículo 236 ordinales 1º, 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal.
(…) En relación a la magnitud del daño causado establecido en el ordinal 3º del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, de los hechos se puede apreciar que se produjo la presunta separación ilegal afectando la disciplina, pero tomando en cuenta su presentación fue voluntaria al comando se aprecia su disposición de someterse al proceso penal que se le sigue.
En relación al peligro de obstaculización durante el desarrollo de la audiencia de presentación el Ministerio Público Militar, fundamento la solicitud de Medida Privativa de Libertad de libertad (sic) contra el imputado, según lo establecido en el artículo 238 ordinal 2º de (sic) Código Orgánico Procesal Penal, puede observar quien aquí decide que el imputado no tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso, influenciando en los testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o induciendo en otras personas para que esto ocurra, a través de coacción.
En este sentido, una vez analizados los argumentos con los cuales el Ministerio Público fundamenta su solicitud, la entidad de la pena y la magnitud de daño causado, a criterio de a quien aquí decide las resultas del proceso pueden ser garantizadas con una Medida Cautelar menos gravosa, conforme a lo establecido en el artículo 242 ordinales 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente con respecto al ordinal 2º. Someterse al cuidado y vigilancia de su Unidad; y con respecto al ordinal 3º, la Presentación periódica ante este Tribunal Militar cada ocho (08) días…”.

De las transcripciones ut supra, concluye esta Alzada que mal podía el Juez Militar a quo incurrir en un error de juzgamiento cuando la misma norma penal adjetiva le ordena que deberá imponer una medida menos gravosa para el imputado, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la imposición de una medida cautelar, tal como se evidencia en el presente caso, el juez militar en funciones de control a quo, evaluó las circunstancias establecidas en el código adjetivo para la procedencia de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, decretadas al imputado Sargento Segundo DOMINGO JOSE MENSIA BENITES, tomando en cuenta que los supuestos para dictarlas son los mismos para dictar la privativa de libertad, de allí que debe quedar establecido no sólo los elementos de convicción que evidencian la comisión de un hecho punible, que tenga prevista una pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, que existan elementos que vinculen al imputado como autor o partícipe de ese hecho punible, sino que además, debe tener en cuenta con suficientes y fundadas razones que el imputado va a presentarse a los actos de proceso o que no va a obstaculizar la obtención de la verdad. En consecuencia, visto que la razón no asiste al recurrente en la presente denuncia, por lo tanto, lo ajustado a derecho es declararla sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

En razón de las consideraciones antes expuestas, este Alto Tribunal Militar estima que el recurso de apelación interpuesto por el Capitán THIELEN JOSÉ BELLORÍN CAMPOS, en su carácter de Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional y sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, debe ser declarado SIN LUGAR y en consecuencia lo procedente es CONFIRMAR el auto de fecha 10 de octubre de 2014 dictado por el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar y ratificar las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal dictada por el Tribunal a quo. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, esta Corte Marcial, actuando como Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en Caracas, Distrito Capital, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Capitán THIELEN JOSÉ BELLORÍN CAMPOS, en su carácter de Fiscal Militar Cuadragésimo Tercero con Competencia Nacional y sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, contra el auto dictado por el Tribunal Militar Décimo Séptimo con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, en fecha 10 de octubre de 2014, mediante el cual declaró sin lugar la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el representante del Ministerio Público Militar, en contra del Sargento Segundo DOMINGO JOSÉ MENSÍA BENITES y le impuso las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito militar de DESERCIÓN, previsto en los artículos 523, 527 y sancionado en el artículo 528 todos del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: CONFIRMA el auto de fecha 10 de octubre de 2014 dictado por el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Publíquese, regístrese, expídase la copia certificada de ley; líbrense las boletas de notificación a las partes y remítanse mediante oficio al Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de esta Corte Marcial, en Caracas, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2014. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE,

HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA
GENERAL DE BRIGADA

LOS MAGISTRADOS,

EL CANCILLER, EL RELATOR,

JOSÉ DE LA CRUZ VIVAS SAEZ NIGER LEONEL MENDOZA GARCÍA
CAPITÁN DE NAVÍO CORONEL

LA PRIMERA VOCAL, LA SEGUNDA VOCAL,

LEIDA COROMOTO NUÑEZ SEGURA CARMEN LUCÍA SALAZAR ROMERO
CORONELA CORONELA

LA SECRETARIA,

FABIOLA DEL CARMEN ÁVILA CEDEÑO
CAPITÁN

En esta misma fecha, se publicó y se registró el presente auto, se expidió la copia certificada de ley, se libraron las boletas de notificación a las partes; asimismo se remiten mediante oficio N° 363-14 al Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

LA SECRETARIA,

FABIOLA DEL CARMEN ÁVILA CEDEÑO
CAPITÁN