TSJ Regiones - Decisión

Barquisimeto, miércoles 03 de diciembre de 2014.
204º y 155º

CAUSA CJPM-TM7C-086-14

Visto el Oficio N° FM13-778, de fecha 10 de noviembre de 2014, emanado de la Fiscalía Militar Décimo Tercera con sede en Barquisimeto, conjuntamente con escrito de solicitud de sobreseimiento constante de cuatro (04) folios útiles, de conformidad a lo previsto en el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado con la investigación penal militar, en la cual se investiga la presunta comisión de un hecho de naturaleza penal militar, causa en la que no existe sujeto activo individualizado, fundamentando dicha solicitud por prescripción de la acción penal, apegado a lo señalado en los artículos 436 numeral 4, 438 y 440, del Código Orgánico de Justicia Militar, en concordada relación con el numeral 8 del artículo 49 y numeral 3 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, de aplicación supletoria por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar. Este tribunal militar de conformidad con lo establecido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual este tribunal para decidir observa:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO

Sujeto activo no individualizado

RELACION DE LOS HECHOS

Se desprende del escrito fiscal la narración de los siguientes hechos:

“En fecha veintiocho (28) de septiembre del año 2004, se recibió orden de apertura de investigación penal militar Nº 3102, de fecha 21 de septiembre del año 2014, emanada de la Guarnición Militar de San Felipe estado Yaracuy (para aquel entonces), dictándose el correspondiente auto de inicio de investigación en fecha veintiocho (28) de septiembre del año 2004.

Siendo el caso que, el Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2004, se retardó de un permiso otorgado por el comandante de la unidad 132 Batallón de Infantería “G/J. José Antonio Páez”, razón por la cual es reportado como ausente sin permiso en el parte postal de fecha treinta (30) de abril de 2004, inserto en el folio seis (06) de la presente causa, posteriormente y habiendo transcurrido el tiempo necesario sin que el precitado ciudadano se presentara ante la referida unidad militar y agotados los esfuerzos por parte de su comando natural para ubicarlo es reportado presunto desertor en el parte postal de la unidad número 52-0331-3010/124, de fecha tres (03) de mayo de 2014, inserto en el folio siete (07) de la presente causa”.

FUNDAMENTACIÓN FISCAL

El representante de la vindicta pública militar en su escrito de solicitud de sobreseimiento expone y solicita:

“De lo anteriormente expuesto, se desprende que la conducta exteriorizada por el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, en el modo, tiempo y lugar señalado anteriormente, es reprochable por la normativa penal militar, encuadrándose perfectamente en la hipótesis que prevé la comisión del delito de Deserción, conforme lo previsto en los artículos 523, 527 numeral 1 y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, que textualmente señalan:

Articulo 523
“Comete delito de Deserción el militar que se separe ilegalmente del servicio activo, y para su determinación será suficiente que los actos practicados se desprenda la intención de cometer el delito”.

Articulo 527
La presunción a que se refiere el artículo 524, se establece para los individuos de tropa o marinería que:
1 Dejen de presentarse al cuartel, buque o establecimiento militar o naval donde sirvan o pasen ausentes de más de tres días de vencido el término de su permiso”. (…)

Articulo 528
“Los individuos de tropa o marinería que incurran en el delito de deserción en tiempo de paz, serán castigados con pena de prisión de seis meses a dos años”. (…)

Ahora bien honorable Juez militar, es el caso que desde la fecha en que el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, se ausentó indebidamente de la unidad militar de adscripción configurando la presunción en la comisión del delito militar de deserción, este Ministerio Público Militar, solicitó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, el día diecisiete (17) de julio del año 2008, la cual fue declarada con lugar por el Órgano Jurisdiccional competente en fecha veintidós (22) de julio del año 2008, y hasta la presente fecha el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, no ha sido detenido por ninguno de los órganos auxiliares de la investigación, como tampoco se ha realizado un acto que interrumpa la prescripción de la presente causa, es por ello que hasta el día de hoy han transcurrido seis (06) años, tres (03) meses y veinte (20) días. En razón de ello, señalan los artículos 438 y 440 del Código Orgánico de Justicia Militar:

Artículo 438.
La acción se prescribe así:
(…)
Para los delitos que tengan señalada pena de prisión por el término de seis años.
(…)

Artículo 440.
El término de la prescripción empezará a contarse: (…), para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día que se tuvo conocimiento del hecho

Señala el artículo 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, que el delito militar de deserción merece pena de prisión y como se señaló anteriormente, desde que se decretó con lugar la orden de aprehensión contra el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, han transcurrido aproximadamente seis (06) años, tres (03) meses y veinte (20) días, sin que la prescripción haya sido interrumpida. Es por ello que, se hace necesario referir que dicho delito se considera como infracción continuada o permanente, ya que se mantiene latente su comisión en la medida en que el sujeto activo no haga cesar la acción, es decir, mientras que no se presente a su unidad militar o se ponga a derecho ante los órganos correspondientes.

De manera que, ante tales circunstancias, esta representación fiscal asevera que estamos frente a un caso en el cual existe una causa en la cual la acción penal militar ha prescrito extinguiendo el derecho de proceder contra el inculpado, tal como lo señala el numeral 8 del artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal:

Artículo 49 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal
Son causas de extinción de la acción penal.
(…)
8. La prescripción, salvo que el imputado renuncie a ella. (…).

(…)
En virtud de ello, señala el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal
Artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. El sobreseimiento procede cuando:
(…)
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada.
(…)
Artículo 108 numeral 5, del Código Penal de venezolano vigente, establece;
Artículo 108
Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la accioón penal precribe así:
(…)
5. Por tres (03) años, si el delito mereciere pena de prision, de tres (03) años o menos……
(…)

En razón de lo señalado, al haber prescrito la acción penal contra el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, por la presunta comisión del delito militar de Deserción, deviene como consecuencia inmediata la extinción de la acción penal, lo cual implica necesariamente el sobreseimiento de la presente causa.

Se hace necesario referir que, la Sala de Casación Penal, en decisión Nº 251 del 6 de junio de 2006, precisó:

“…En este orden de ideas, la reciente reforma del Código Penal, establece en definitiva que la prescripción ordinaria puede ser interrumpida a través de actos procesales delimitados en el artículo 110, quedando de la manera siguiente (…) Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si este se fugare (…) Interrumpirá también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la Ley reconozca tal carácter; y las diligencias procesales y actuaciones procesales que le sigan…”. (Subrayado de la sala) (…) En consecuencia, cualquier acto procesal, como los establecidos en el artículo anteriormente transcrito, interrumpe la prescripción, por lo que comenzará a contarse el lapso de la prescripción a partir de la fecha del último acto procesal que motivó la interrupción”.

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido lo siguiente:

“…Por lo que mientras el proceso se encuentre vivo, la prescripción se va interrumpiendo, en forma sucesiva: Todos estos actos interruptores hacen que comience a correr de nuevo la prescripción desde el día de dichos actos…”. (Sentencia Nº 118, del 25 de junio de 2001).

Ahora bien ciudadano Juez, en el caso que nos cita, el último acto procesal existente en el cuaderno de investigación fiscal, data del treinta (30) de marzo de 2004, emitido del Órgano Jurisdiccional, acordando la orden de aprehensión del ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V-16.261.697, por la presunta comisión del delito militar de deserción, no habiendo sido interrumpida la prescripción a partir de ese acto judicial y tampoco ratificada por este Ministerio Público Militar. Transcurridos desde entonces seis (06) años, tres (03) meses y veinte (20) días, siendo criterio del Tribunal Supremo de Justicia, que los actos interruptores, hacen que a partir de allí comience a correr nuevamente la prescripción, desde el día de estos. Así mismo; la norma sustantiva penal venezolana y la norma sustantiva penal militar venezolana arriba mencionadas establece los supuestos donde opera la prescripción, encuadrando en la presente solicitud”.

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DECISIÓN

Una vez analizado el escrito de solicitud de sobreseimiento y los elementos que reposan en la causa, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

PRIMERO: En materia penal militar, una vez iniciada la investigación penal existe el compromiso u obligación ineludible del Ministerio Público Militar de efectuar las indagaciones en caso de sospechas de acciones punibles y una vez concluidas las actividades preparatorias, debe en sus respectivos casos ejercer la acción penal mediante acusación, ordenar el archivo de las actuaciones o solicitar al Juez de Control el sobreseimiento de la causa; dicha obligación viene dada al fiscal conforme lo proveen los artículos 262, 263 y 265 del Código Orgánico Procesal Penal o dicho en otras palabras, la investigación previa tiene por objeto establecer la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un tipo penal, verificar si es procedente el ejercicio de la acción y lograr la identificación e individualización de autores o participes.

En ese sentido, la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal señala; “…Básicamente la finalidad de esta fase, es practicar las diligencias pertinentes orientadas a determinar si existen o no razones para proponer acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o de otro modo, requiere el sobreseimiento…”.
Al respecto, el artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el Fiscal del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento ante el Juez de Control cuando el resultado de la investigación demuestre la existencia de alguna de las causales por las cuales se hace innecesario continuar con el proceso, dichas causales son las previstas en el artículo 300 ejusdem.

En este orden de ideas, el numeral 3 del citado artículo 300 instituye:
Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando:
(…).
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada.
(…)

Por su parte el mencionado artículo 302 establece que se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 305, mediante el cual se faculta al juez de control a no efectuar la audiencia oral con la finalidad de debatir los fundamentos de la petición cuando estime que para comprobar el motivo no sea necesario realizar el debate, por tal razón la verificación de la audiencia oral va a depender del motivo que se invoque como fundamento de la petición del sobreseimiento, tal como sucede en el numeral 3 del artículo 300.

En este contexto, el sobreseimiento como acto conclusivo del Ministerio Público, órgano encargado de dirigir la investigación penal y parte de buena fe en el sistema penal acusatorio, procede por algunos de los supuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal y tiene como propósito poner fin al proceso y extinguir la acción penal, es decir, como acto conclusivo es una de las posibilidades que se le presenta al Fiscal del Ministerio Público, conjuntamente con el archivo fiscal y la acusación, previstos en los artículos 297 y 308 ejusdem. Así se decide.

SEGUNDO: Observa este Juzgador, que la Fiscalía Pública Militar inicia la investigación de oficio de conformidad a lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la orden de inicio de investigación penal militar Nº 3102, de fecha 21 de septiembre de 2004, emanada de la Dirección de la Escuela de Aviación del Ejército y Guarnición Militar de San Felipe estado Yaracuy, contra el ciudadano Soldado Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, por la presunta comisión del delito militar de deserción, dictándose el correspondiente auto de inicio de investigación en fecha veintiocho (28) de septiembre del año 2004, dicha investigación se inicia en virtud que el ciudadano supra identificado se evadió de las instalaciones del 132 Batallón de Infantería “G/J. José Antonio Páez”, siendo infructuosos los medios para utilizados por la unidad para que el tropa alistada regresara a la unidad militar de adscripción.

Al respecto, la representación de la vindicta pública militar realizó todas las diligencias de investigación necesarias para localizar al ciudadano Paulo Rafael Moreno Cuellar, titular de la cédula de identidad No. V- 16.261.697, quien fuera plaza del 132 Batallón de Infantería “G/J. José Antonio Paez”, sin lograr su ubicación, razón por la cual en fecha 17 de julio de 2008 solicita la medida de privación judicial preventiva de libertad ante el juez Militar Séptimo de Control, la cual fue acordada con lugar en fecha 22 de julio de 2008.

Sin embargo, en fecha 10 de noviembre de 2014, el Fiscal Militar Auxiliar Décimo Tercero solicita el sobreseimiento de la causa fundamentando dicha solicitud por prescripción de la acción penal de conformidad a los artículos 436 numeral 4 artículo 440 del Código Orgánico de Justicia Militar, en concordada relación con los artículos 49 numeral 8 y 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que han transcurridos desde el último acto procesal que interrumpió la prescripción (decreto de orden de aprehensión) hasta la presente seis (06) años, tres (03) meses y veinte (20) días, por lo tanto es procedente el sobreseimiento.

Ahora bien, la figura de la prescripción constituye una institución de indudable relevancia procesal y constitucional, en el entendido que la misma comporta una limitante de índole político criminal, que en atención al transcurso del tiempo, establece un freno al poder punitivo del Estado, para la persecución penal del delito, sancionándose la inactividad para perseguir y sancionar a los reos de delitos en todos aquellos casos de dilaciones procesales imputables al Estado y sus representantes.

En este sentido, corolario del Estado democrático Social de Derecho y Justicia que propugna el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe precisarse, que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la ulterior materialización del castigo, se encuentra íntimamente ligado al derecho constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al principio de seguridad jurídica, toda vez que a ningún ciudadano se le puede mantener indefinidamente bajo una investigación o sometido a un proceso, que le genere una situación de incertidumbre, ante la inacción de la persecución penal y la no imposición del castigo o absolución correspondiente, en los términos que pauta la ley.

En este marco constitucional, la extinción de la acción penal por vía de la prescripción, ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción de los órganos encargados de dirigir y ejercer la acción penal (Ministerio Público), como de los órganos jurisdiccionales que controlan y dictaminan en las diferentes fases del proceso penal. En tal sentido, es preciso señalar que los artículos 108, 109 y 110 del Código Penal desarrollan los elementos necesarios para el cálculo y establecimiento de la prescripción, al igual que los artículos 438, 440 y 441 del Código Orgánico de Justicia Militar, estando las normas, referidas al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales desde la comisión del delito (prescripción ordinaria); así como, referidas al proceso en sí, cuando sin culpa del “imputado”, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, (prescripción judicial).

En este contexto, la prescripción ordinaria consagrada en el artículo 108 del Código Penal, (438 del Código Orgánico de Justicia Militar), extingue la acción que nace de todo delito, por lo tanto el Tribunal debe declararla con el simple transcurso del tiempo y ésta debe calcularse con base en el término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifican, como atenuantes, agravantes o calificantes, sin embargo, el artículo 109 del Código Penal (438 del Código Orgánico de Justicia Militar), dispone que la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe comenzar a contar, para los hechos punibles consumados, “desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia”

No obstante lo anterior, para determinar si la prescripción ordinaria ha operado, es menester verificar si no se han producido los actos interruptivos señalados en el artículo 110 del Código Penal (440 del Código Orgánico de Justicia Militar), el cual dispone que: “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo esta condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan…”.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha señalado en sentencia 396 del 31 de marzo de 2000:

La prescripción ordinaria consagrada en el artículo 108 del Código Penal extingue la acción que nace de todo delito, el Tribunal debe declararla con el simple transcurso del tiempo y ésta debe calcularse con base en el término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifican, como atenuantes, agravantes o calificantes.

Ahora bien, con relación a la llamada prescripción extraordinaria o judicial, el artículo 110 del Código Penal (441 del Código Orgánico de Justicia Militar), establece la denominada prescripción judicial o extraordinaria, la cual se calcula sin tomar en cuenta los actos interruptivos y corresponderá a un lapso igual al de la prescripción ordinaria contemplada en el artículo 108 del Código Penal (438 del Código Orgánico de Justicia Militar) más la mitad del mismo.

Sin embargo, el artículo 441 del Código Orgánico de Justicia Militar en su encabezado señala:

Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare.

Al respecto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 042 de fecha 06 de marzo de 2012, con ponencia de la Magistrada Ninoska Beatriz Queipo Briceño, estableció el siguiente criterio.

De lo anterior, se colige que el cómputo de la prescripción judicial o extraordinaria, debe comenzar a partir de la fecha del acto de imputación formal, sea que éste tenga lugar en sede fiscal, durante el transcurso del procedimiento ordinario, o en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem, una vez materializada la orden de aprehensión preventiva acordada por el juzgado (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional n° 276 del 20 de marzo de 2009 y n° 1381 del 30 de octubre de 2009); pues sólo será a partir de ese momento que el procesado se encuentre a derecho pudiendo cumplir con las cargas y deberes que le impone su condición de imputado, siendo además ese el momento donde eventualmente podrá examinarse si en el proceso seguido en su contra ha transcurrido el tiempo para que opere la señalada extinción de la acción penal, y si el juicio se ha prolongado por causas imputables o no a dicho encausado.

En el caso que nos concierne, la causa se inicia por la presunta comisión del delito militar de deserción; tipo penal que constituye un delito permanente, ya que permanece latente en el tiempo hasta que el sujeto activo del delito no se presente en la unidad militar de adscripción, que es el momento en que cesa tal situación. En este sentido, es menester señalar que en la presente causa este Órgano Jurisdiccional decretó con lugar la solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad, en fecha 22 de julio de 2008, emitiendo la respectiva orden de aprehensión contra el ciudadano identificado anteriormente, acto procesal que a tenor del artículo 441 del Código Orgánico de Justicia Militar supra citado, paraliza la prescripción de la acción penal y mantiene vivo el proceso hasta que el citado ciudadano sea aprehendido por algún organismo de seguridad y presentado ante este Tribunal Militar de Control, o este se presente por iniciativa propia y así se ponga a derecho, momento en el cual comienza a correr nuevamente el lapso de prescripción.

En relación a la orden de aprehensión, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 665 de fecha 9 de diciembre estableció el siguiente criterio:

En consecuencia, la Sala estima necesario aclarar que al acordarse una medida judicial privativa de libertad y, según el caso, se acuerde una orden de aprehensión (dependiendo si el imputado se encuentra presente o no o, si está a derecho o no), corresponde al órgano jurisdiccional que la dictó, notificar la referida decisión a los diferentes órganos de seguridad del estado, a los fines de iniciar el procedimiento de búsqueda del solicitado y presentación ante el Tribunal y, cuando en cumplimiento de lo ordenado se logra la aprehensión del solicitado, corresponderá a la misma autoridad judicial que generó inicialmente la orden de búsqueda, el suspender los efectos de la misma, informando a todos los organismos de seguridad del estado inicialmente notificados de la orden de aprehensión, que la misma ha sido satisfecha y se ha ejecutado, lográndose sus fines legales.

Así las cosas, no entiende este juzgador como existiendo una orden de aprehensión, la cual mantiene el proceso vivo, como también mantiene su vigencia en el tiempo mientras el ciudadano solicitado no se ponga a derecho o sea aprehendido por un organismo de seguridad y presentado en el tribunal que lo requiere, que es el momento procesal en que comienza a correr nuevamente los lapsos para que opere la prescripción de la acción penal, la representación de la vindicta pública militar solicita el sobreseimiento de la causa, lo cual es improcedente de conformidad a las normas anteriormente señaladas, así como, las sentencias de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal.

En este marco legal y jurisprudencial, considera quien aquí decide que lo apegado a derecho es declarar sin lugar la solicitud de sobreseimiento formulada por la Fiscalía Militar y remitir el cuaderno de investigación fiscal a la Fiscalía Militar Décimo Tercera de conformidad a lo instituido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal el cual señala:

Artículo 305. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la víctima aunque no se haya querellado.
Si el Juez o Jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones a el o la Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si él o la Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez o Jueza lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si él o la Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro u otra Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.

En este orden de ideas, este Tribunal Militar Séptimo de Control, concluye que en el presente caso la solicitud fiscal de sobreseimiento, no se encuentra ajustada a derecho y por lo tanto lo procedente es declarar sin lugar dicha solicitud y remitir el expediente a la Fiscalía Militar Décimo Tercera de Barquisimeto, de conformidad a la norma supra citada. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestos, este Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: De conformidad con el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO de la presente causa, en la que no existe sujeto activo individualizado. SEGUNDO: Se ordena remitir la causa a la Fiscalía Militar Décimo Tercera de Barquisimeto.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2014. Años 204º de la Independencia y 155 de la Federación.
EL JUEZ MILITAR EL SECRETARIO JUDICIAL

JOSÉ COROMOTO BARRETO CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS
MAYOR PRIMER TENIENTE

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

EL SECRETARIO

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS
PRIMER TENIENTE