TSJ Regiones - Decisión

Barquisimeto, lunes 29 de diciembre de 2014.
204º y 155º

CAUSA CJPM-TM7C-098-14

Visto el Oficio N° FM13-798, de fecha 25 de noviembre de 2014, emanado de la Fiscalía Militar Décima Tercera con sede en Barquisimeto, conjuntamente con escrito de solicitud de sobreseimiento constante de tres (03) folios útiles y cuaderno de investigación fiscal Nº FM13-CJPM-031-2013, constante de treinta y seis (36) folios útiles, de conformidad a lo previsto en el artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado con la investigación penal militar, en la cual se investiga la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar, debido a que durante el desarrollo de la fase preparatoria se estableció que “a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación”, por lo cual este tribunal para decidir observa:

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO:

Ciudadano, Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, quien fuera plaza para el momento de ocurrir los hechos del 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao” acantonado en Barquisimeto estado Lara.

DE LOS HECHOS:

Se desprende del Escrito Fiscal la narración de los siguientes hechos:

“En fecha primero (01) de julio del año 2013, se recibió orden de apertura de investigación penal militar oficio Nº 03793, suscrita por el ciudadano General de Brigada Freddy José Hernández Parababi, Comandante de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada y de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (ZODI-LARA), (para el momento de ocurrir el hecho), dictándose el correspondiente auto de inicio de investigación en fecha nueve (09) de julio del año 2013, siendo el caso que, el ciudadano: Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, quien fuera plaza para el momento de ocurrir los hechos del 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao” con sede en la ciudad de Barquisimeto, el día diecinueve (19) de abril del 2013, salió de permiso extraordinario debiendo regresar a la unidad el día veinticuatro (24) de abril del año 2013, haciendo caso omiso a esa obligación. Es por ello que la Oficial de día de la 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao”, la Teniente Cristina Elizabeth Planchart Zorrilla, titular de la cédula de identidad, N° V- 18.022.356, realizo intentos de comunicarse vía telefónica, con dicho ciudadano, para saber el motivo por el cual no se presento a la unidad al terminar su permiso, lo cual fue imposible, posterior a ello, al permanecer más de 72 horas retardado de permiso, es reportado presunto desertor en el parte postal inserto en el folio siete (07) de la presente causa.

FUNDAMENTACIÓN FISCAL:

El representante de la Vindicta Pública Militar en su escrito de solicitud de sobreseimiento expone y solicita:

“De lo anteriormente expuesto, se desprende que los hechos narrados en la presente causa, en el modo, tiempo y lugar anteriormente señalado, bien es cierto, que ocurrió la comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar, pero también es cierto, que desde la fecha en que ocurrió el citado hecho, que dio origen a la presente investigación, no han surgido nuevos elementos de convicción penal militar, como tampoco constan elementos probatorios que se desprendan de la causa, contra el imputado de autos, que este titular de la acción penal militar estime prudentes para presentar una acusación en contra del ciudadano Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, de igual manera, y a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que nos permitan solicitar fundadamente el enjuiciamiento del citado ciudadano”.

En consecuencia considera esta vindicta pública que lo procedente y ajustado a derecho, es decretar el sobreseimiento de la causa, en virtud de ello y de conformidad con lo establecido en artículo 300, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, esta Fiscalía solicita el sobreseimiento de la presente causa, fundamentándolo de la siguiente manera:

Articulo 300. El sobreseimiento procede cuando:
4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundamente el enjuiciamiento del imputado o imputada”.
(…).

En razón de lo anteriormente señalado, al no existir la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya base para acusar al imputado, deviene como consecuencia inmediata el Sobreseimiento de la Presente Causa.”

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DECISION:

Una vez analizado el escrito de solicitud de sobreseimiento y los elementos que reposan en la causa, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Observa este juzgador, que la representación de la vindicta pública militar solicita el sobreseimiento de la causa iniciada por la solicitud de apertura de investigación penal militar ejercida por el ciudadano General de Brigada Freddy José Hernández Parababi Comandante de la “14 Brigada de Infantería Mecanizada”, y de la ZODI-LARA, de fecha 25 de junio de 2013, en razón a la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar, causa en la que se encuentra imputado el ciudadano, Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, quien fuera plaza para el momento de ocurrir los hechos del 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao”, en virtud que no existen suficientes elementos de convicción para ser promovidos como medios de prueba en un eventual juicio oral y público y a esta altura del proceso es imposible incorporar dichos elementos al proceso.
Es menester destacar, que la investigación se inicia por la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar, cometido presuntamente por el ciudadano Junior Jesús Peraza Silva, plenamente identificado en autos.
En este sentido, en materia penal militar, una vez iniciada la investigación penal existe el compromiso u obligación ineludible del Ministerio Público Militar de efectuar las indagaciones en caso de sospechas de acciones punibles y una vez concluidas las actividades preparatorias, debe en sus respectivos casos ejercer la acción penal mediante acusación, ordenar el archivo de las actuaciones o solicitar al Juez de Control el sobreseimiento de la causa; dicha obligación viene dada al fiscal conforme lo proveen los artículos 262, 263 y 265 del Código Orgánico Procesal Penal o dicho en otras palabras, la investigación previa tiene por objeto establecer la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un tipo penal, verificar si es procedente el ejercicio de la acción y lograr la identificación e individualización de autores o participes. No obstante, durante el transcurso de la investigación la representación fiscal no recabó suficientes elementos de convicción que pudieran ser promovidos como medios de prueba para individualizar sujeto alguno y menos para ser usados en un eventual juicio oral y público, donde se sostuviera la responsabilidad de ciudadano alguno.
Al respecto, el artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el Fiscal del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento ante el Juez de Control cuando el resultado de la investigación demuestre la existencia de alguna de las causales por las cuales se hace innecesario continuar con el proceso, dichas causales son las previstas en el artículo 300 ejusdem.

En este orden de ideas, el numeral 4, del citado artículo 300 establece:
Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando:
(…).

4). A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
(…). (Es nuestro el subrayado).

En este contexto, el sobreseimiento como acto conclusivo del Ministerio Público, órgano encargado de dirigir la investigación penal y parte de buena fe en el sistema penal acusatorio, por algunos de los supuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por finalidad poner fin al proceso y extinguir la acción penal, es decir como acto conclusivo es una de la posibilidades que se le presenta al Fiscal del Ministerio Público, conjuntamente con el archivo fiscal y la acusación, previstos en los artículos 297 y 308 ejusdem.
SEGUNDO: Ahora bien, es conocido que para que se configure un delito, en su esencia, en primer lugar se requiere de la existencia de un hecho o comportamiento humano, derivado de la acción u omisión del hombre y además que este comportamiento cause un resultado, también se requiere que este resultado para ser objeto de una sanción debe estar tipificado en la ley penal y además de los elementos de convicción colectados durante la investigación por el Ministerio Público, sirva para atribuirle responsabilidad al investigado por los hechos y el hecho punible investigado y así el Ministerio Público ejerza como titular de la acción penal el iuspuniendi; sin embargo, existen causas que extinguen ese derecho del Estado a castigar, entre ellas la establecida en el numeral 4, del artículo 300 del código in comento, lo cual conlleva a poner término a la persecución penal, tal y como sucede en la presente causa.
En razón de lo anteriormente descrito se puede establecer que por ser la República Bolivariana de Venezuela un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, en donde la representación Fiscal actuando como parte de buena fe, deja demostrado según los elementos de convicción que reposan en la causa, que es imposible en los actuales momentos poder concluir la fase de investigación con una acusación formal contra ciudadano alguno, por estar ausentes elementos de convicción contundentes que puedan ser promovidos como medios de prueba en un eventual juicio oral y público, para poder así encuadrar los hechos en el derecho.
También es importante resaltar, que para que se establezca una pena en la comisión de un delito, en su esencia, se requiere elementos de convicción colectados durante la investigación por el Ministerio Público, que sirvan para atribuirle responsabilidad al imputado por el hecho punible imputado, y así el Ministerio Público ejerza como titular de la acción penal el iuspuniendi, sin embargo existen causas que extinguen ese derecho del Estado a castigar, entre ellas lo señalado en el artículo up supra señalado; por lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la causa iniciada según orden de inicio de investigación Nº 03793 de fecha 25 de junio del año 2013, emanada por el ciudadano General de Brigada Freddy José Hernández Parababi, Comandante de la “14 Brigada de Infantería Mecanizada”, y de la ZODI-LARA, relacionada con la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar, causa en la cual se encuentra imputado el ciudadano, Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, quien fuera plaza para el momento de ocurrir los hechos del 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao”.
TERCERO: De conformidad a este punto y fundamentando la presente decisión, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación resulte inexistente, no aparezca suficientemente probado o no estar tipificado en la Ley penal, así como, no constituya delito, como también cuando no conste en actas la participación del o los imputados o cuando existan causales que impidan la continuación de la causa.
En este orden de ideas, el sobreseimiento ha sido definido por la doctrina de un modo muy amplio, verbigracia, el ilustre Angulo Ariza lo define como “una medida de cesación definitiva e irrevocable cuando se hace firme de la causa contra un determinado reo o varios reos, según que fuesen uno o más los autores o cómplices”. En tanto que el insigne maestro Tulio Chiossone lo conceptúa como “un pronunciamiento judicial que termina total o parcialmente el proceso y tiene carácter definitivo”.
En el mismo sentido, el autor Jarque Gabriel Darío señala:
Es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o de varios imputados determinados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal.
En el mismo contexto, Jorge Clariá Olmedo atendiendo a una noción amplísima precisa que
El sobreseimiento en materia penal es el pronunciamiento jurisdiccional que impide definitiva o provisionalmente la acusación o el plenario, en consideración a causales de naturaleza sustancial expresamente previstas en la ley, que legalmente constituye una manifestación en forma de auto, aunque en muchos casos puede significar una verdadera sentencia en atención a su contenido.

Así pues, del conjunto de definiciones que de tal institución jurídica se han elaborado, emergen caracteres invariables y de impretermitible concurrencia, a saber:

En relación a lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, en Sentencia N° 127 de fecha 08 de abril de 2008, en lo referente a los efectos del sobreseimiento estableció:
El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas.
En este orden de ideas, este Tribunal Militar de Control, concluye que en el presente caso la solicitud fiscal de sobreseimiento, se encuentra ajustada a derecho y así debe decidirse de acuerdo al artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que se estima que conforme al hecho acreditado en la investigación, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Así decide.

DECISIÓN:
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley procede a decidir en los siguientes términos: PRIMERO: decidió DECLARAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, causa en la que se encuentra imputado el ciudadano, Junior Jesús Peraza Silva, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° V-20.743.744, quien fuera plaza para el momento de ocurrir los hechos del 1407 Compañía de Ingenieros “Cnel. Manuel Aldao”, por la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1º y 528, del Código Orgánico de Justicia Militar. Así decide.
Regístrese y publíquese. Expídanse las copias de ley. Háganse las participaciones correspondientes y remítase la causa al archivo del Circuito Judicial Penal Militar, una vez transcurrido el lapso estipulado en el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordada relación con el artículo 98 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil catorce del (2014). Año 204º de la Independencia y 155 ° de la Federación.

EL JUEZ MILITAR

JOSÉ COROMOTO BARRETO
MAYOR

LA SECRETARIA JUDICIAL ACCIDENTAL

SILVIA CAROLINA MONTILLA SANCHEZ
ALFEREZ DE NAVIO
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA JUDICIAL ACCIDENTAL

SILVIA CAROLINA MONTILLA SANCHEZ ALFEREZ DE NAVIO