REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciséis de septiembre de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: KP02-M-2013-000006
Fue interpuesta demanda por COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACION), intentada por el Abogado ROHONY FARIAS FIGUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-17.685.031, de este domicilio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 182.524, en su carácter de Endosatario en Procuración de una Letra de Cambio a la orden del ciudadano ALEXANDER AMARO GOMEZ, contra la ciudadana IRENE ALDANA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-11.275.437 y de este domicilio.
En fecha 22/01/2013, se admite la presente demanda, se libró boleta de intimación y se resguardo letra de cambio, y se dejo constancia que se libraría copia certificada del libelo de demanda y del decreto intimatorio una vez consignados los fotostatos correspondientes. Seguidamente, a solicitud de la parte actora, se decreta Medida Preventiva de Embargo, aperturandose para ello el respectivo Cuaderno Separado de Medidas Nº KN01-X-2013-000003.
En fecha 01/02/2013, la parte demandante presenta diligencia, consignando copias a los fines de que sea efectúe la intimación de la parte demandada.
En fecha 19/03/2013, se libraron copias certificadas del libelo y del decreto intimatorio y se anexaron a la boleta de intimación librada en fecha 22-01-2013.
En fecha 09-07-2013, la parte demandante presenta diligencia, dejando constancia que en la misma fecha hizo entrega de los emolumentos al alguacil.
A tal efecto es importante revisar el criterio de la Sala de Casación Civil de fecha 06 de Julio de 2004 en ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, caso José Ramón Barco Vásquez contra la sociedad Mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, en la cual se concluye lo siguiente:
“…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta….”
En este orden de ideas, de autos se evidencia que la parte demandante ha debido diligenciar dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda poniendo a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; al no verificarse en autos el cumplimiento de tal obligación dentro del lapso establecido por la Jurisprudencia antes citada, y tratándose de normas de orden público, es obligante para este Juzgador declarar con Lugar el argumento de Perención de la Instancia de conformidad con el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil y Así se decide.
En virtud de los argumentos antes expuestos, este Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÒN DE LA INSTANCIA, por no haber cumplido la parte actora con las obligaciones que le impone la Ley, de conformidad con el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Se suspende la medida preventiva de Embargo decretada por este Juzgado en fecha 22/01/2013.
No hay condenatoria en costas por eximirlas expresamente el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, Firmado y Sellado en la Sala de despacho del juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los dieciséis días del mes de Septiembre de Dos mil Trece. Años: 203° y 154°
EL JUEZ,
ABG. LUÍS FERNANDO MARTÍNEZ AROCHA
LA SECRETARIA
AUDREY LORENA PINTO
Se publicó la presente sentencia a las 11:20 a.m.
La Sec.
LFMA/ALP/mag
|
