REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRIMER VOCAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
LA CORTE MARCIAL

MAGISTRADO PONENTE
CORONEL LEIDA COROMOTO NUÑEZ SEGURA
CAUSA Nº CJPM-CM-047-13.

Corresponde a esta Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ CAMPOS ALVARADO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Sargento Ayudante LUIS EUTIMIO MERCHÁN CHACÓN, Sargento Primero YARLISON MÁRQUEZ MARQUEZ y Sargento Primero JAIRO SALCEDO GARCÍA, contra el auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, dictado por el Tribunal Militar Duodécimo de Control con sede en Mérida, estado Mérida, mediante el cual declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa relacionada con la incompetencia del Tribunal Militar para conocer de la causa seguida a sus defendidos por la presunta comisión de los delitos militares de ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537 y DESOBEDIENCIA, previsto en el artículo 519 y sancionado en el artículo 520, primer supuesto en concordada relación con el artículo 435 en lo que respecta al primero de los nombrados; ABANDONO DE SERVICIO, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537, DESOBEDIENCIA, previsto en el artículo 519 y sancionado en el artículo 520, primer supuesto y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ACTOS DE SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 551, ordinal 3º, respecto al segundo de los nombrados; ABANDONO DE SERVICIO, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537, LESIONES PERSONALES ENTRE MILITARES, previsto y sancionado en el artículo 576, ordinal 3, DESOBEDIENCIA, previsto y sancionado en los artículos 519 y 520, primer supuesto y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ACTOS DE SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 551 ordinal 3º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en lo que respecta al último de los imputados mencionados.

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADOS: Sargento Ayudante LUIS EUTIMIO MERCHÁN CHACÓN, titular de la cédula de identidad Nº 8.088.819, actualmente cumpliendo medidas cautelares sustitutivas, Sargento Primero YARLISON MÁRQUEZ MARQUEZ y Sargento Primero JAIRO SALCEDO GARCÍA, titulares de las cédulas de identidad Nro. 16.306.339 y 18.056.525, respectivamente, privados judicialmente de libertad en el Departamento de Procesados Militares ubicado en Santa Ana, estado Táchira, plazas todos de la Segunda Compañía del Destacamento 16 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en el estado Mérida para el momento que ocurrieron los hechos.

DEFENSOR PRIVADO: Abogado JOSÉ CAMPOS ALVARADO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 31.338, con domicilio procesal en la Calle Principal de Colinas de Antarajú, Quinta “Cardemor”, Nº 0-162, San Cristóbal, estado Táchira.

MINISTERIO PÚBLICO: Capitán FANNY MARGARITA GUERRERO MARQUEZ, Fiscal Militar Trigésimo Cuarto de Mérida.

II
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, el Abogado JOSÉ CAMPOS ALVARADO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Sargento Ayudante LUIS EUTIMIO MERCHÁN CHACÓN, Sargento Primero YARLISON MÁRQUEZ MARQUEZ y Sargento Primero JAIRO SALCEDO GARCÍA, con fundamento en el numeral 2 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, dictado por el Tribunal Militar Duodécimo de Control con sede en Mérida, en los siguientes términos:

“…PRIMERA DENUNCIA.- La contravención de los artículos 2, 3, 7, 49 y 251 Constitucional, pues el…Juez Militar en Funciones de Control, se apartó del estado democrático y social de derecho y de justicia, así como también obvió la tutela judicial efectiva que le debió haber otorgado a mi defendido, todo lo cual hilado con el debido proceso y el derecho a la defensa se vio menoscabado con esta decisión.

Al respecto, el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a la jurisdicción militar, establece que: “La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionadas o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.-

Asimismo, la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al referirse al capítulo III, denominado “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, del Título V de la Constitución, expresa: “La jurisdicción penal militar será integrante del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso. La competencia de los tribunales militares se limita a la materia estrictamente militar. En todo caso, los delitos comunes, violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad serán procesados y juzgados por los tribunales ordinarios, sin excepción alguna.-

De igual forma, la Sala de Casación Penal, respecto al artículo 261 del texto constitucional, posterior al Código Orgánico de Justicia Militar que en su artículo 123 regula la competencia de esa jurisdicción, en sentencia N° 750 del 23 de octubre de 2001 (caso: Alejandro Sicat Torres), estableció: “…los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia deben entenderse por estos delitos aquellas infracciones que atenten a los deberes militares. La Constitución resuelve, en esta forma las viejas dudas existentes al respecto y lo hace aplicando el principio de la igualdad: no existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción…”.-

El anterior criterio es plenamente compartido por la Sala Constitucional, que en decisión N° 1256, del 11 de junio de 2002, en un caso similar al que nos ocupa respecto a la competencia de los Tribunales Militares, señaló que: “… conforme al dispositivo expreso del artículo 261 de la Constitución, los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellos o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo.-

La doctrina antes expuesta, fue nuevamente ratificada por la Sala Constitucional, en reciente decisión del 6 de mayo de 2005, N° 784 (caso: Luis Rafael ¨Pérez Brito), en la cual además, se agregó que “…Resultando que en el presente caso, se está en presencia de un delito de lesiones graves, por lo que de acuerdo con lo establecido en la sentencia parcialmente transcrita, nos encontramos ante un tipo delictual cuya competencia le corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la militar…”.-

SEGUNDA DENUNCIA.- (…) denuncio la inmediata e indirecta vulneración de los artículos 1, 7 y 78 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el …Juez Militar no controló el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, al no declarar con lugar la declinatoria de competencia solicitada por la defensa técnica, pues en la investigación respectiva se observa la presencia de un delito de naturaleza común y como tal debe ser juzgado por los Tribunales Ordinarios.- A tal efecto alego el contenido de los artículos de la denuncia respectiva que textualmente rezan: “Código Orgánico Procesal Penal”

Artículo 1: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.-

Artículo 7: “Toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso”.-

Artículo 78: “Si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del Juez ordinario o Jueza ordinaria y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria. Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al Juez o Jueza competente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario”.-

Del análisis de las disposiciones legales antes descritas se evidencia y/o infiere que estamos en presencia de un delito de naturaleza común como lo es de lesiones personales y que por consiguiente debe ser juzgado por su juez natural, cual es los jueces de la jurisdicción penal ordinaria.- PETITORIO.- Como corolario de lo antes expuesto, y en donde se han violado disposiciones Constitucionales y legales por parte del …Juez Militar Duodécimo de control y atendiendo a la naturaleza común de uno de los delitos que se imputa, solicito…a esa honorable Corte Marcial, actuando como Corte de apelaciones se “DECLINE” el conocimiento de la presente causa a la jurisdicción penal ordinaria de conformidad con lo previsto y/o dispuesto en el artículo 261 Constitucional, en concordada relación con el artículo 78 del Código Orgánico Procesal penal, por ser lo más ajustado a derecho y a la realidad procesal…” (Negrillas, subrayado y mayúsculas del escrito).


III
DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, la Capitán FANNY MARGARITA GUERRERO MARQUEZ, Fiscal Militar Trigésimo Cuarta de Mérida, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada, en los siguientes términos:

“…CAPITULO II: FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. (…)

DEL DERECHO:
El artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “…La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y sus jueces o juezas serán seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.”

De la lectura del artículo supra transcrito, se colige la intención del constituyente de 1999, a diferencia de la de 1961, en primer lugar, de someter la jurisdicción penal militar a la organización del Poder Judicial como parte integrante del Poder Público Nacional, conjuntamente con el Poder Judicial, Ejecutivo, Electoral y Ciudadano y, en segundo lugar, someter al conocimiento de la misma solo aquellos delitos que, cometidos por funcionarios militares, sean de naturaleza estrictamente militar, como lo son, entre otros, la insubordinación, la rebelión militar, las lesiones personales entre militares, la usurpación y abuso de autoridad, la desobediencia y la deserción, entre otros. Por lo tanto, la finalidad de la norma constitucional es excluir del conocimiento de la jurisdicción castrense, los delitos comunes que según Cabanellas son aquellos sancionados por la legislación criminal ordinaria, es decir, aunque sean cometidos por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y, más aún, cuando se trate de delitos cometidos contra los derechos humanos.
(…)
Señalo todo esto ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones ya que estamos en presencia de un Delito que atenta contra los Pilares Fundamentales sobre los cuales descansa nuestra Institución Armada como lo es la Disciplina y la Obediencia, los cuales fueron relajados y vulnerados por el Imputado, principios estos que tienen carácter Constitucional y lo encontramos establecidos en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…)

Definiéndose estos conceptos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, comentada de Freddy Zambrano, Tercera Edición, Tomo II, pag (sic) 574, de la siguiente manera:

“…Disciplina. La disciplina es la práctica de los deberes militares en todo momento y circunstancia, aun estando alejado el subalterno de la presencia superior…”.
“…Obediencia: La obediencia es el sometimiento a las leyes y reglamentos…”. (…)

Asimismo la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus artículos 125 y 130 señalan lo siguiente:

ARTÍCULO 125
“…La conducta de los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se fundamenta en la disciplina, la obediencia y la subordinación…” (…)
ARTÍCULO 130
“…Los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de actividad, estarán sometidos o sometidas a la jurisdicción penal militar, cuando incurran en delitos de naturaleza militar, en los términos que establece la ley…” (…)

Ahora bien ciudadanos Magistrados…el delito militar de Lesiones Personales entre Militares, imputado al…S/1. SALCEDO GARCÍA JAIRO…es el previsto y sancionado en el artículo 576 numeral 3° (sic), del Código Orgánico de Justicia Militar, Delito Militar que atenta contra los Deberes Militares, el cual establece:

“Las lesiones personales entre militares serán castigadas de la forma siguiente…” “…En los demás casos se castigarán las lesiones de acuerdo con la gravedad de ellas a juicio del juzgador, no pudiendo exceder de prisión, en ningún caso, de seis años…” (…)

Delito Militar que igualmente le fue imputado S/A. MERCHÁN CHACÓN LUIS EUTIMIO…en concordada relación con el artículo 435 del Código Orgánico de Justicia Militar.

Lesiones que fueron causadas por el…S/1. SALCEDO GARCÍA JAIRO…al…S/1. MÁRQUEZ MÁRQUEZ YARLISON…en la región inter-escapular siendo susceptible de alcanzar su curación en un lapso de ocho (08) días salvo complicaciones secundarias. Siendo el sujeto activo y el sujeto Pasivo “Militares”, ambos adscritos al Puesto de Sumandes (Planta de llenado de combustible del Vigía), del Segundo Pelotón de la Segunda Compañía del Destacamento Nro. 16 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en la Población del Vigía, Estado Mérida.

En consecuencia es un tipo penal …consagrado en nuestro Código Orgánico de Justicia Militar, por lo cual resulta ilógico pensar el ciudadano Juez Militar Duodécimo de Control del Estado Mérida, se declarara incompetente para el conocimiento del mencionado Delito Militar, tal y como lo pretende la defensa, quien desconoce a todas luces el contenido nuestra normativa legal vigente.

En tal sentido el accionar del…Juez Militar…al declararse competente para conocer del Delito Militar de lesiones Personales entre Militares, no violo (sic) las disposiciones Constitucionales previstas en los artículos 2, 3, 7, 49 y 261, ya que en ningún momento se aparto (sic) del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, así como tampoco obvió la Tutela Judicial y Efectiva (sic) garantizando el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso de los imputados.

Igualmente tampoco vulnero (sic) las disposiciones legales previstas en los artículos 1, 7 y 78 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los Delitos Militares imputados a los ciudadanos S/1. MÁRQUEZ MARQUEZ YARLISON… S/1. SALCEDO GARCÍA JAIRO…y S/A. MERCHÁN CHACÓN LUIS EUTIMIO…se encuentran previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar, y en consecuencia no existe conexidad, por lo cual se hace improcedente la Declinatoria de competencia.

CAPITULO III.
EL PETITORIO

(…) En consecuencia solicito muy respetuosamente a los miembros de esta Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela:
1. La declaratoria SIN LUGAR DEL RECURSO DE APELACIÓN y se confirme en todas y cada una de sus partes el Auto Dictado el 20 de agosto del 2013, con motivo de la celebración de la Audiencia de Presentación de Imputado de los ciudadanos S/1. MÁRQUEZ MARQUEZ YARLISON,…S/1. SALCEDO GARCÍA JAIRO…y S/A. MERCHÁN CHACÓN LUIS EUTIMIO… donde el Juez Militar Duodécimo de Control de Mérida se declaro (sic) competente por la materia para conocer de la presente Investigación Penal Militar, por la comisión del Delito Militar de Lesiones Personales entre Militares…” (Negrillas mayúsculas y subrayado del escrito).

IV
DE LA ADMISIBILIDAD

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Corte de Apelaciones, pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto, observando a tal efecto que el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, está referido a las causales de inadmisibilidad de los recursos y textualmente dispone que la corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Al respecto se observa que el mismo fue ejercido por el Abogado JOSÉ CAMPOS ALVARADO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Sargento Ayudante LUIS EUTIMIO MERCHÁN CHACÓN, Sargento Primero YARLISON MÁRQUEZ MARQUEZ y Sargento Primero JAIRO SALCEDO GARCÍA, conforme a lo previsto en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, mediante escrito debidamente fundado, ante el Tribunal Militar Duodécimo de Control con sede en Mérida, contra el auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, por tanto tiene legitimación para hacerlo; siendo interpuesto en tiempo hábil, según el cómputo remitido por el mencionado Tribunal Militar y contra una decisión recurrible. Igualmente se observa que la Fiscal Militar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, dio contestación al mencionado recurso, mediante escrito fundado y en tiempo hábil. Por tanto, al no concurrir en el presente caso ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 428 eiusdem, el recurso de apelación interpuesto resulta admisible. Así se decide.
DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, esta Corte Marcial, actuando como Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en Caracas, Distrito Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA: ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ CAMPOS ALVARADO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Sargento Ayudante LUIS EUTIMIO MERCHÁN CHACÓN, Sargento Primero YARLISON MÁRQUEZ MARQUEZ y Sargento Primero JAIRO SALCEDO GARCÍA, fundamentado en el numeral 2 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, contra el auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, dictado por el Tribunal Militar Duodécimo de Control con sede en Mérida, mediante el cual declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa relacionada con la incompetencia del Tribunal Militar para conocer de la causa seguida a sus defendidos por la presunta comisión de los delitos militares de ABANDONO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537 y DESOBEDIENCIA, previsto y sancionado en los artículos 519 y 520, primer supuesto en concordada relación con el artículo 435 en lo que respecta al primero de los nombrados; ABANDONO DE SERVICIO, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537, DESOBEDIENCIA, previsto y sancionado en los artículos 519 y 520, primer supuesto y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ACTOS DE SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 551, ordinal 3º, respecto al segundo de los nombrados; ABANDONO DE SERVICIO, previsto y sancionado en los artículos 534 y 537, LESIONES PERSONALES ENTRE MILITARES, previsto y sancionado en el artículo 576, ordinal 3, DESOBEDIENCIA, previsto y sancionado en los artículos 519 y 520, primer supuesto y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ACTOS DE SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 551 ordinal 3º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en lo que respecta al último de los imputados mencionados.


Regístrese, publíquese, expídase la copia certificada de ley y líbrense boletas de notificación a las partes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte Marcial, en Caracas, Distrito Capital, a los 30 días del mes de octubre de dos mil trece. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE,


JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MENDEZ
GENERAL DE DIVISION


LOS MAGISTRADOS,

EL CANCILLER, EL RELATOR,


OSCAR ALFREDO GIL ARIAS JOSÉ DE LA CRUZ VIVAS SAEZ
CORONEL CAPITÁN DE NAVÍO


LA PRIMER VOCAL, EL SEGUNDO VOCAL,


LEIDA COROMOTO NUÑEZ SEGURA NIGER LEONEL MENDOZA GARCÍA
CORONEL CORONEL


EL SECRETARIO,


JULIO JAIMEZ JIMENEZ BRICEÑO
PRIMER TENIENTE

En esta misma fecha, se registró y publicó el presente auto, se expidió la copia certificada de ley; se libraron las boletas de notificación a las partes y se remitieron al Tribunal Militar Duodécimo de Control con sede en Mérida, estado Mérida, mediante oficio Nº CJPM-CM- 211-13.

EL SECRETARIO,


JULIO JAIMEZ JIMENEZ BRICEÑO
PRIMER TENIENTE