REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 28 de mayo de 2013
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-S-2003-008304
ASUNTO : KP01-S-2003-008304
SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA JUEZ: Carmen Teresa Bolívar Portilla.
SECRETARIO: Geraldine Paola Franco Luna.
ACUSADO: Pedro José Escalona Canelón.
DELITO: Detentación Ilícita de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito de Hurto.
FISCALIA XXVI DEL MINISTERIO PÚBLICO: Reina Franquiz.
DEFENSA PRIVADA: Roselyn Torcate.
Corresponde a este Juzgado de Juicio, fundamentar el decreto de Sobreseimiento por Prescripción de la Acción Penal, dictado en audiencia de juicio oral celebrado el 11.04.2013 en los siguientes términos:
Se inicia la presente causa en fecha 03.10.2003 cuando el funcionario José Mujica, adscrito a la Comisaría La Paz de la entonces Fuerza Armada Policial del Estado Lara, se traslada en compañía del acusado Pedro José Escalona Canelón hacia un galpón ubicado en el Barrio las Tinajitas en el que este último se desempeñaba como vigilante, ya que en dicho lugar se encontraban unos sujetos desconocidos. Llegados al sitio no se encontró persona alguna, sin embargo el funcionario actuante se percata que en el interior del galpón se encontraba un arma de fuego tipo escopeta, de repetición pajiza, calibre 12 milímetros, marca Mosberg, serial L810210, la cual al ser verificada por el sistema se encuentra solicitada por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Lara, expediente F-916.236 de fecha 19.07.2001.
El Ministerio Público presenta en fecha 09.05.2008 como acto conclusivo, formal acusación en contra del ciudadano Pedro José Escalona Canelón, por la presunta comisión de los delitos de Detentación Ilícita de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito de Hurto, tipificados en los artículos 277 y 470 del Código Penal, celebrándose en fecha 19.01.2009 la correspondiente audiencia preliminar conforme a las previsiones del artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal (d), en la que se ordenó la apertura a juicio oral, verificando el Tribunal que el procesado ha dado cumplimiento a los actos del proceso sin que las suspensiones de los actos respectivos hayan sido causadas por su actuación o la de su defensa.
En un Estado de Derecho como el patrio, se protege al individuo no solo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal, disponiendo en este sentido nuestro ordenamiento jurídico no solo de los métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también ha impuesto límites al empleo de la potestad punitiva, a fin de que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado en ejercicio del Ius Puniendi. Es por ello que en todo proceso no deja de ser un que hacer formal, en el que los sujetos procesales en sus distintas dimensiones tienen que conducir su actividad y voluntad para la ejecución del acto y su ulterior legitimidad, según las reglas previstas en la ley. No hay acto procesal sin forma externa circunscrita por condiciones de tiempo, modo y lugar, todo lo cual debe aparecer regulado mediante reglas determinadas y determinables que en ningún caso pueden ser consideradas meros formalismos, pues el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la sujeción a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso, considerados "ex ante" y plasmados en la legislación son en definitiva el fin último del Derecho Procesal Penal, en el que el Principio del Debido Proceso apunta a la reglamentación procesal con base en leyes preexistentes, que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, curso ese que no le está dado a las partes subvertir, ya que se trata de la materialización de la protección del individuo en su relación con el Estado.
Como corolario de las afirmaciones antes señalas, el ordenamiento jurídico le atribuye al Fiscal del Ministerio Público, quien por imperativo del artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, ejerce la titularidad de la Acción Penal en nombre del Estado, la potestad de Solicitar cuando concurran las circunstancias fáctico jurídicas indispensables, el decreto de Sobreseimiento de una causa, lo cual implica el cese de la persecución penal.
Cuando el sobreseimiento de la causa es dictado como acto conclusivo, por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; cuando la acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; y cuando así lo establezca expresamente este Código, el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, salvo, en los casos en que la acusación haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.
La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos, lo cual ocurre por el transcurso del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales, surgiendo su fundamento con la agravación de la dificultad probatoria que sobreviene en razón de algunas fuentes o medios de prueba que se hayan deteriorado o destruido, la pérdida de la memoria o del interés social sobre el caso, la auto rehabilitación del justiciable o que la finalidad preventiva de la pena se haya desvanecido para el caso en concreto.
En efecto, esta figura de la prescripción, viene referida tanto a la acción penal como a la pena misma, y no es más que la facultad punitiva que tiene el Estado, en ejercicio de su soberanía, la cual se encuentra limitada por las disposiciones legales que la rigen (Código Orgánico Procesal Penal y Código Penal). Siendo ello así, se tiene que la prescripción no se encuentra, en modo alguno, establecida en interés del reo, sino que por el contrario, rige para la misma un interés social. Por lo tanto, en virtud del interés general que priva sobre el interés particular, dicha figura obedece a razones de orden público.
El Código Penal en los artículos 108 y 110 regula los presupuestos para el cálculo e interrupción de la prescripción de la acción penal, por tal motivo se han precisado dos circunstancias para su establecimiento: la primera referida al transcurso del tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la segunda, relativa al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial), conceptualizándose la prescripción judicial o procesal como un término de caducidad y no de prescripción propiamente “por ser ininterrumpible por actos procesales”.
Observa el Tribunal que los hechos objeto del presente asunto encuadran en la descripción típica de los delitos de Detentación Ilícita de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito de Hurto, tipificados en los artículos 278 y 468 del Código Penal (d), sin embargo el Ministerio Público así como el Tribunal de Control no se percataron que la norma penal aplicable por fecha de comisión de hechos era ésta y no por la que se formuló acusación admitida por el Tribunal correspondiente, situación ésta que perjudica a todas luces el correcto desenvolvimiento de este proceso judicial. Sin embargo, estima el Tribunal que los hechos se subsumen en la tipificación de los delitos señalados, toda vez que el acusado fue aprehendido por ocultar un arma de fuego tipo escopeta, sin portar la documentación que avale la tenencia legal de la misma, ya que proviene de la comisión de un hecho punible acaecido en el año 2001.
Desde la fecha de inicio de la presente causa 03.10.2003 hasta el día de hoy han transcurrido nueve (09) años, seis (06) meses y ocho (08) días, tiempo superior al establecido en el artículo 108 numeral 3 del Código Penal en concordancia con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 110 eiusdem, sin que se hubiere proferido sentencia condenatoria, constatando el Tribunal que la suspensión indefinida de la actividad procesal no ha sido a consecuencia de la actuación maliciosa del acusado y su defensa, ya que éstos han estado a derecho y acudido a los llamados para la celebración de los actos procesales respectivos, motivo por el cual se declara el Sobreseimiento de la presente causa seguida al ciudadano Pedro José Escalona Canelón, ut supra identificado, por la comisión de los delitos de Detentación Ilícita de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito de Hurto, tipificados en los artículos 277 y 470 del Código Penal, en los términos expuestos. Así se decide.
DISPOSITIVA
Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, éste Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De oficio decreta el Sobreseimiento de la Causa seguida al ciudadano Pedro José Escalona Canelón, ut supra identificado, por la comisión de los delitos de Detentación Ilícita de Arma de Fuego y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito de Hurto, tipificados en los artículos 277 y 470 del Código Penal, cometido en perjuicio de desconocido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Como consecuencia de la presente decisión, se ordena la devolución de los objetos activos o pasivos relacionados con el hecho, siempre que hayan sido dejados a disposición de este Tribunal, así como el cese de las medidas de coerción personal que por esta causa existen contra el acusado de autos.
Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión. Remítase el presente asunto al Archivo Judicial del estado Lara, a los fines de su conservación y archivo, una vez se decrete firme la presente decisión mediante auto del Tribunal. Notifíquese a la Fiscalía XXVI del Ministerio Público y la víctima. Cúmplase.-
CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA
JUEZ SEGUNDA DE JUICIO,
LA SECRETARIA,
Carmenteresa.-//
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