REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintisiete de mayo de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: KP02-L-2013-000421 DEMANDANTE: EDDY BARTOLA CHIRINOS, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº 11.260.141 APODERADOS DEL DEMANDANTE: ANA CECILIA SARMIENTO, abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.665 DEMANDADA: Sociedad Mercantil PANADERIA PARAN PAN PAN C.A MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES SENTENCIA: Interlocutoria. Medida Preventiva Vista la solicitud de Medida preventiva de embargo, contra la Sociedad Mercantil PANADERIA PARAN PAN PAN C.A, formulada por la parte actora, esta Juzgadora a los efectos de probar los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pasa a realizar los siguientes planteamientos, así: El poder cautelar es la potestad otorgada a los jueces que dimana de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional y con la finalidad inmediata, de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia. Establece el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que: “Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la Ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley.” Así las cosas, encontramos en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo el artículo 137, que las medidas preventivas establecidas en este dispositivo las decretará el Juez, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de un fallo y que exista presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, Pues bien en el presente caso, no obstante que la presunción del buen derecho se encuentra plenamente comprobada, mediante la declaratoria con lugar de la demanda; el peligro de infructuosidad del fallo o la probabilidad potencial del peligro de que el contenido del dispositivo pueda quedar disminuido, en un ámbito económico, debido a que la demandada se encuentra ejerciendo recursos pertinentes a su defensa, no hace presumir, a juicio de quien decide, la insolvencia del deudor. En tal sentido, para que la medida cautelar sea dictada, debe estar acreditado en los autos, a través de la comprensión sumaria, que la persona sobre la cual se dicta la medida pretende insolventarse, o causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; lo que implica además la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictar se acaecerá fatalmente el riesgo que se teme. En esta materia es importante tener en cuenta que en las medidas cautelares el juez no tiene discrecionalidad para apreciar los requisitos de procebilidad de la medida, de modo que está atado o sujeto a que se cumplan los extremos del artículo 137, y además cuando una de las partes amenace seriamente con causar lesiones en los derechos de la otra. Observa este juzgador que, la parte solicitante de la medida, no fundamenta la misma; es decir, no señala que lo lleva o hace presumir que existe periculum in mora; sólo señala que a empresa demandada, ha manifestado que no posee dinero para pagar la demanda. DECISIÓN En mérito de las consideraciones precedentes expuestas, éste Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA la solicitud de la medida cautelar efectuada por la parte actora, al no haber acreditado el requisito de procedibilidad establecido en el Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sétimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Sentencia dictada en Barquisimeto, en fecha 27 de mayo del 2013. Años 203º y 154º LA JUEZ Abg. EUGENIA MARIA ESPINOZA PIÑANGO LA SECRETARIA ABOG MARLYN PRINCIPAL