TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 14 de agosto de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2011-007805
ASUNTO: KP01-P-2011-07805

SOLICITUD DE REVISIÓN DE MEDIDA
Este Tribunal con ocasión al Plan Cayapa, realizado en fecha 26-07-2013, en el Centro Penitenciario “David Viloria”, antiguamente Uribana, Barquisimeto, y mediante Acta levantada y Suscrita por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Abg. María Iris Varela Rangel, quien se entrevistó con el acusado: EDUARDO RAMON VALLES, Nº 17.504.198, en dicho recinto carcelario y con ocasión a ese operativo que actualmente se encuentra realizando a nivel Nacional, y al despliegue ordenado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acordado por los Órganos de Administración de Justicia, con el objetivo de atender la celeridad procesal en aras de garantizar el acceso a la Justicia, siendo un hecho notorio y comunicacional, publicado en el Portal de la Pagina del Tribunal Supremo de Justicia en 28-06-2013, y 04-07-2013, donde indica, “Juezas y jueces atienden comunidad penitenciaria de Táchira, A través de un trabajo desplegado en los centros penitenciarios del país y de manera mancomunada, el Poder Judicial, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), el Ministerio Público y la Defensa Pública han venido garantizando el acceso a la justicia de los privados de libertad. Consciente de que la legitimidad del poder reside en el pueblo, este programa busca llevar el Sistema de Justicia hasta los justiciables, donde juezas y jueces de Control, Juicio y Ejecución de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Guárico, Cojedes, Falcón, Portuguesa, Carabobo y Aragua, ejercen sus funciones de la mano de fiscalas y fiscales, defensoras y defensores públicos y los funcionarios del Mppsp, todos dispuestos a atender cada caso, para coadyuvan en la celeridad procesal del estado andino ….Omissis... Este plan de celeridad procesal se desarrollará hasta el próximo sábado en este internado judicial, con el objetivo de atender todos los expedientes que se llevan, a su vez se tiene previsto continuar en los próximos días en otros recintos hasta cubrir toso el país. La celeridad procesal se ha convertido en uno de los objetivos de la actual directiva del Poder Judicial, en aras de garantizar el acceso a la justicia de cada sector del pueblo venezolano, haciendo que el Poder Popular participe de forma activa de las actividades judiciales”. Y en estricta aplicación de la Garantía de los derechos Humanos y de lo consagrado en los Artículos: 2, 22, 43, 51 y 257 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tomando en cuenta la circunstancia sobrevenida del Desplazamiento de la Población Penal del Centro Penitenciario de Uribana, a los diferentes centros de reclusión de Venezuela, lo que acentuó el problema de Hacinamiento Carcelario en dichos centros, donde fueron internados los privados de libertad y verificado en el presente caso, que el procesado de autos ciudadano: EDUARDO RAMON VALLES, Nº 17.504.198, se encuentra Privado de Libertad desde el 18 de febrero de 2011, hasta la presente fecha, es decir 2 años y 5 meses y por cuanto en el acta levantada la Ministra señala que el acusado se encuentra con una condición de salud que amerita asistencia permanente de tercero para poder tratarse y garantizarle su derecho fundamental a la salud, razón por lo que solicita se le otorgue una medida menos gravosa, difiriéndose el juicio por diferentes motivos, acuerda:

Establece el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que siempre que los supuestos que motivan la Privación Judicial Preventiva de Libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de dichas medidas. En el presente caso, se observa que en fecha 03-06-2011, se efectuó audiencia de presentación, a cargo del Juez Oswaldo González, quien impuso medida privativa de libertad, Y ACORDÓ el Procedimiento Abreviado, al acusado por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FACILITADOR, previsto y sancionado en el Artículo 458 del código penal, en relación con el 84 numeral tercer ejusdem.

En este sentido, debe expresarse que si bien en la presente causa, uno de los delitos perseguidos en la presente causa, se trata de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FACILITADOR, previsto y sancionado en el Artículo 458 del código penal, en relación con el 84 numeral tercer ejusdem, el acusado lleva 2 años y 5 meses detenido.

Así las cosas, esta Juzgadora considera que los hechos expuestos en los párrafos anteriores reflejan la necesidad de Revisar y Sustituir la Medida de Privación Preventiva de Libertad; por las razones expresadas al comienzo de este escrito, siendo condición sine qua non la adecuación de la medida, la necesidad de la medida y su proporcionalidad en sentido estricto, como a juicio de este Tribunal, ha sucedido en el presente caso. Es por ello que la reserva legal, permite al legislador en los términos que establece la propia Constitución, restringir ese Derecho fundamental a la Libertad, no solo para proteger otros derechos constitucionales que están en colisión, sino para proteger intereses colectivos de distinta naturaleza, siempre que se respete el principio de proporcionalidad, y en el presente caso la proporcionalidad existe no tanto por la pena que pudiera llegar a imponerse por este delito, sino por la actitud que ha asumido el imputado en otros procesos penales.

En las actuales circunstancias y tomando en consideración lo ya expuesto, este Tribunal considera que los supuestos que privaron para decretar la medida de coerción personal a la cual se encuentra sujeta la acusada de autos, pueden ser satisfechos con medida de distinta naturaleza, por lo cual la misma debe sustituirse.

DISPOSITIVA
En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal de Juicio Nº 3, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY declara: Con Lugar, la Revisión y Sustitución de la Medida Privativa Preventiva de Libertad por la Medida de Presentación a cada 30 días, de conformidad con lo establecido en el Artículo 242, numerales 3º del COPP, en concordancia con el Artículo 250 ejusdem, al ciudadano EDUARDO RAMON VALLES, Nº 17.504.198. Notifíquese a las Partes del presente auto, notificándole que la fecha del juicio oral y público esta fijado para el día 19-09-2013, a las 10 de la mañana. Se Acuerda notificar en la boleta de Libertad del Acusado, la fecha de juicio el cual es para el día 19-09-2013, a las 10 de la mañana. Regístrese. Cúmplase.
LA JUEZA DE JUICIO Nº 3

ABG. MARILUZ CASTEJON PEROZO
LA SECRETARIA