REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DE BARQUISIMETO
SEDE CONSTITUCIONAL

Barquisimeto, 25 de Septiembre de 2012.
Años: 202º y 153º
ASUNTO: KP01-O-2012-000091

PONENTE: YANINA BEATRIZ KARABIN MARIN
ACCIONANTE Y PRESUNTO AGRAVIADO: Abg. Almarina Del Carmen Ferrer Guerrero, en su condición de Defensora Pública de los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO.
PRESUNTO AGRAVIANTE: Abg. Luisabeth Mendoza, Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 08, de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 numeral 11 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en concordancia con los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en Habeas Corpus, por la presunta violación del debido proceso y libertad personal.

Recibidas las presentes actuaciones en esta Corte de Apelaciones, el día 20 de Septiembre de 2012, se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiéndole la ponencia a la Juez Profesional Abg. Yanina Beatriz Karabin Marín.

DE LA COMPETENCIA

En relación a determinar la competencia para conocer de la querella Constitucional incoada, la Sala pasa a decidir y a tal efecto observa:

En sentencia del 20 de enero de 2000, (Caso: Emery Mata Millán), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalando que corresponde a las Cortes de Apelaciones conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones, actos u omisiones de los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal.

En consecuencia, considera esta Sala, que en el caso de autos, la accionante señala como agraviante a la Abg. Luisabeth Mendoza, en su condición de Juez del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 8 de este Circuito Judicial Penal, por lo que esta Corte resulta competente para conocer de la presente acción de amparo y así se decide.

DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

La Accionante, en su escrito de Amparo Constitucional, de fecha 19 de Septiembre de 2012, dirigido a ésta Corte de Apelaciones, en el que textualmente señala entre otras cosas, lo siguiente:


“…El suscrito, ABG. ALMARINADEL CARMEN FERRER GUERRERO, Defensor Público Segundo (2º) Penal Ordinario de la Extensión Barquisimeto, actuando en este acto en mi carácter de Defensora de los ciudadanos: JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ Y MIGUEL SEGUNDO MONTERO, titulares de las cédulas de identidad números V-25.390.608 y 17.378.190, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 numeral 11 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en concordancia con los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ocurro ante usted a los fines de interponer solicitud de Habeas Corpus a favor de mis patrocinados, en los términos siguientes:

I. ANTECEDENTES

En fecha 18 de Junio de 2012, en el asunto signado con el Nº KP01-P-2012-008743, se realiza audiencia de calificación de flagrancia a mis representados por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, en esa oportunidad el Tribunal de Control Nº 7, declaró con lugar la aprehensión en flagrancia, ordenó la tramitación de la presente causa por las vías del procedimiento abreviado y acordó la privación judicial preventiva de libertad, acordándose como lugar de reclusión el Internado Judicial de Tocuyito Estad (sic) Carabobo, donde permanecen actualmente.
Esta decisión en fecha 25-06-2012, fue objeto de apelación de autos por parte de esta defensora por considerar que los extremos de ley previstos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal no se encontraban llenos ni justificados para la procedencia de la preindicada medida.
Seguidamente, la Corte de Apelaciones en fecha 29-08-2012, con el número de recurso KP01-R-2012-000293, ANULO DE OFICIO, por manifiestamente infundada la decisión recurrida, ordenando la realización de una nueva audiencia de calificación de flagrancia conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, acordándose que la misma sea realizada por un Tribunal distinto al que había emitido el primer pronunciamiento, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Tribunal Octavo en Funciones de Control de esta Circunscripción, a cargo de la Abg. Luisabeth Mendoza.
Este Tribunal en fecha 03-09-2012, recibe efectivamente el expediente a los fines de la realización de la audiencia de calificación de flagrancia acordada por la Corte de Apelaciones conforme al artículo 373 COPP.
Ahora bien, desde el momento en que el Tribunal Octavo de Control recibe efectivamente el expediente, habiéndose anulado la decisión que mantiene a mis representados privados de libertad, de inmediato se reponen las actuaciones al estado en que los supuestos de la aprehensión y tiempos de la flagrancia tengan plena vigencia, siendo que desde el 03-09-2012, han transcurrido DIECISÉIS (16) DÍAS a los fines de la realización de la audiencia, pone de manifiesto que se han superado con creces y de forma alarmante el momento el tiempo constitucional y legal para por vía excepcional mantener privados de libertad a mis defendidos, por lo que lo ajustado a derecho es que se otorgue de inmediato la libertad plena de mis defendido por violación flagrante a las reglas del debido proceso, y de la libertad personal.

II. DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VIOLADO

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el Derecho a la Libertad Personal, en los términos siguientes:

(Omisis)…

Precisado lo anterior, se observa en principio, que en el caso planteado no existe orden judicial alguna que justifique la privación de libertad a la que han sido sometidos los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRIGUEZ Y MIGUEL SEGUNDO MONTERO, y por otro lado se encuentran vencidos los lapsos a los que se contrae el artículo 373 del COPP, para que el Tribunal de Control Nº 8 realice la audiencia de calificación de flagrancia, circunstancias estas que constituyen las únicas excepciones al ejercicio del Derecho Constitucional a la Libertad Individual, por lo que en aras que restituirle a mi patrocinado tal derecho constitucional, SOLICITO la apertura del correspondiente trámite de Habeas Corpus de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica que rige la materia, y en la definitiva sea declarado CON LUGAR…”

DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION

Ahora bien, si bien la acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger los derechos constitucionales de la accionante, para su procedencia, además de cumplir con los requisitos de forma y de fondo establecidos en los artículos 6 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deben necesariamente presentarse de forma concurrente dos requisitos, el primero que el Juzgador haya actuado fuera del ámbito de su competencia y segundo, que la Acción no sea utilizada para dar lugar a una tercera instancia de conocimiento de la materia ya decidida.

Así mismo, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en Sentencia N° 3137 de fecha 06-12-02, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, dejó sentado lo siguiente:

“…Por su parte, la procedencia se refiere a un análisis ya del fondo del asunto, supone una confrontación entre la pretensión aducida y el derecho aplicable que conlleva a la declaratoria con lugar o sin lugar de la acción interpuesta. Sin embargo, la Sala, atendiendo a la economía procesal, por una parte, y al carácter taxativo y de orden público de las causales de inadmisibilidad, por la otra, en las acciones de amparo ha venido declarando la improcedencia, in limine litis, de las acciones que si bien cumplen con los requisitos de admisibilidad estatuidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de un análisis previo del fondo del asunto se evidencia la falta de empatía entre la pretensión aducida y el derecho aplicable, ello para evitar que se instaure un proceso que desde el inicio resulta evidente su improcedencia con el respectivo coste procesal que se erigiría, bajo tal supuesto, como inútil.” (Subrayado nuestro).

De lo anteriormente trascrito, se infiere, que no obstante encontrarse satisfechos los requisitos anteriores, surgen casos en que resulta innecesario abrir el contradictorio cuando in limine litis se ha verificado que la acción es manifiestamente improcedente. Así lo ha resuelto nuestro Máximo Tribunal, en Sala Constitucional, en Sentencia N° 6 del 27-01-2000:

“Vistos los términos de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.
Visto, también, lo concerniente a la admisibilidad de la pretensión de amparo sub examen a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que, por cuanto no se halla incursa prima facie en las tales causales, la pretensión es admisible. Así se declara.
El amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebido en nuestra legislación como un mecanismo procesal de impugnación revestido de particulares características que lo diferencian de las demás solicitudes de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. A su respecto se han establecido supuestos de procedencia cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final posible es la declaratoria sin lugar.

Ha señalado la jurisprudencia de esta Sala que para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias; a saber: a) que el Juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal poder ocasione la violación de un derecho constitucional, lo que implica que no es recurrible en amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, c) que todos los mecanismos procesales existentes, resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación.

Mediante el establecimiento de los mencionados extremos de procedencia, se ha pretendido evitar que sean interpuestas solicitudes de amparo con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, repeler los intentos para que la vía del amparo se convierta en sucedánea de los demás mecanismos procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes. (Subrayado nuestro).

Ahora bien, este Tribunal Superior, a los fines de emitir su pronunciamiento, haciendo uso del principio de la notoriedad judicial, pudo evidenciar a través de una revisión efectuada al asunto principal signado con el Nº KP01-P-2012-008743, a través del sistema informativo Juris 2000, lo siguiente:

- Que en fecha 18-09-2012, oportunidad fijada, para realizar Audiencia Oral de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 19 de Septiembre de 2012 a las 12:00m.

- Que en fecha 19-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 20 de Septiembre de 2012 a las 12:00m. (omisis)… Se ordena oficiar con CARÁCTER DE URGENCIA al Director del Penal de Tocuyito, a los fines de que informe a este Despacho Judicial los motivos por lo cuales no se ha practicado los traslados ordenados por este Juzgado, debiendo dar contestación a las 24 horas posterior de recibida el presente oficio.

- Que en fecha 20-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 21 de Septiembre de 2012 a las 10:00am, (omisis)… Se ordena oficiar con CARÁCTER DE URGENCIA al Director del Penal de Tocuyito, a los fines de que informe a este Despacho Judicial los motivos por lo cuales no se ha practicado los traslados ordenados por este Juzgado, debiendo dar contestación a las 24 horas posterior de recibida el presente oficio.

- Que en fecha 21-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, el Tribunal deja constancia que realizo llamada telefónica al Nro. 0424-517.07.87, siendo atendida por el funcionario Jesús Sequera, quien manifestó ser el Jefe de Traslado del Penal de Tocuyito Estado Carabobo, informando que no tenían vehiculo para realizar dicho traslado, de igual manera informo que solamente realizan traslados para el Estado Lara los días martes, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 22 de Septiembre de 2012 a las 10:00am, (omisis)… Se ordena oficiar con CARÁCTER DE URGENCIA al Director del Penal de Tocuyito, a los fines de que informe a este Despacho Judicial los motivos por lo cuales no se ha practicado los traslados ordenados por este Juzgado, debiendo dar contestación a las 24 horas posterior de recibida el presente oficio.

- Que en fecha 22-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 23 de Septiembre de 2012 a las 10:00am.

- Que en fecha 23-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 24 de Septiembre de 2012 a las 10:00am.

- Que en fecha 24-09-2012, no se hace efectivo el Traslado de los imputados desde el Centro Penitenciario de Tocuyito, José Armando Rodríguez y Miguel Segundo Montero, motivo por el cual se acuerda diferir el presente acto y fijar nueva oportunidad para el día 25 de Septiembre de 2012 a las 10:00am,

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que en el presente caso el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 8 de este Circuito Judicial Penal, se encuentra realizando los tramites correspondientes tendientes a garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso de las partes, a los fines de realizar la Audiencia Oral de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO.

A tal efecto, es preciso traer a colación la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16-04-2010, Exp. N° 09-1168, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, el cual nos indica la improcedencia de los amparos, en los siguientes términos:

“…Sin embargo, difiere esta Máxima Instancia de la declaratoria de inadmisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 6, cardinal 2, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, expuesta por el a quo constitucional, puesto que la situación jurídica que reviste el hecho en concreto para determinar la configuración de lesión constitucional delatada no se enmarca dentro de los supuestos se estipulan en dicha norma –en casos de amenaza–, sino más bien en la improcedencia del amparo por no evidenciarse infracción constitucional alguna, así como también por no constatarse de la actuación seguida por el funcionario señalado como agraviante ninguna actitud o postura que permita concluir que a la quejosa se le hayan quebrantado sus derechos o garantías constitucionales. Por el contrario, el juzgado contra el cual se ejerció acción de amparo dictaminó, tempestivamente, sobre lo solicitado por la empresa demandada en la causa laboral incoada, y sus pronunciamientos obedecieron a la aplicación e interpretación realizada por el operador jurídico en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le son propias. Por tanto, estima esta Sala que, al no haberse configurado violación alguna de los derechos que se denuncian conculcados, dicha pretensión constitucional debió declarase improcedente in limine litis. Así se establece…”.
( Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Como consecuencia de los razonamientos anteriormente analizados y expuestos y tomando como base el criterio jurisprudencial antes trascrito, es por lo que esta Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional, considera que lo ajustado a derecho en el presente caso es DECLARAR IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo interpuesta por la Abg. Almarina Del Carmen Ferrer Guerrero, en su condición de Defensora Pública de los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO, por la presunta violación del debido proceso y libertad personal, por parte de la Abg. Luisabeth Mendoza, Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 08 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ya que la misma se encuentra realizando los tramites correspondientes para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso de las partes, a los fines de realizar la Audiencia Oral de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, la Corte de Apelaciones administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS, la presente acción de amparo interpuesta por la Abg. Almarina Del Carmen Ferrer Guerrero, en su condición de Defensora Pública de los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO, por la presunta violación del debido proceso y libertad personal, por parte de la Abg. Luisabeth Mendoza, Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 08 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ya que la misma se encuentra realizando los tramites correspondientes para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso de las partes, a los fines de realizar la Audiencia Oral de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los ciudadanos JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ y MIGUEL SEGUNDO MONTERO.

Regístrese y notifíquese la presente decisión.
La parte interesada podrá apelar de la presente decisión en el lapso legal correspondiente para ello.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, a los 25 días del mes de Septiembre de 2012. Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES

La Jueza Profesional,
Presidenta de la Corte de Apelaciones


Yanina Beatriz Karabin Marín
(Ponente)


El Juez Profesional, El Juez Profesional (S),

José Rafael Guillen Colmenares Fray Gilberto Abad Veliz

El Secretaria,


Abg. Esther Camargo







ASUNTO: KP01-O-2012-000091
YBKM/emyp