En nombre de


P O D E R J U D I C I A L

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

ASUNTO: KP02-L-2011-001107 / MOTIVO: ACCIDENTE DE TRABAJO


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: JOSÉ PAUL ROJAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-9.627.421.


APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: GORKI DAM e IRIS MUJICA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 68.394 y 43.462, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ITALO VENEZONALO DE CONSTRUCCIÓN, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nº 33, tomo 188-A, de fecha 11 de junio de 1996; con última modificación inscrita en el mismo organismo en fecha 03 de diciembre de 2009, bajo el Nº 41, tomo 82-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: ANTONIO COLMENÁREZ, CÉSAR YÁNEZ y JOSE ALEJANDRO GIL, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 42.953, 67.746 y 43.104, respectivamente.

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M O T I V A
El proceso se inició con la demanda presentada en fecha 06 de julio de 2011 (folios 1 al 9), cuyo conocimiento correspondió por distribución al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, que lo recibió en fecha 11 de julio de 2011 y ordenó subsanar el libelo (folio 13), cumplido el mismo, lo admitió en fecha 27 de octubre de 2011 (folio 25).

Cumplida la notificación del demandado (folios 27 y 28), se instaló la audiencia preliminar el 31 de enero de 2012, la cual se prolongó en varias oportunidades, hasta el 17 de mayo de 2012, fecha en la que se declaró terminada y se ordenó agregar las pruebas a los autos (folio 47).

El 24 de mayo de 2012, el demandado contestó a las pretensiones del actor (folios 163 al 165), se remitió el expediente para el conocimiento de la siguiente fase, recibiéndolo este Tribunal Primero de Juicio, en fecha 11 de julio de 2012 (folio 181).

En el mismo auto de recepción, se instó a la parte actora a consignar el porcentaje de discapacidad emitido por la Junta evaluadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a los fines de continuar con la tramitación de juicio, siendo el mismo requisito indispensable para determinar las indemnizaciones pretendidas.

Ante la falta de consignación por parte de la actora, señalando ha sido imposible gestionar tales trámites administrativos que corresponden exclusivamente a ella, en fecha 18 de julio de 2012 se declaró la prejudicialidad en el presente asunto, por lo que se ordenó la suspensión de la causa mientras el demandante tramitara el mismo y lo consignara en autos (folios 183 al 185).

Posteriormente, en fecha 15 de octubre de 2012, este Tribunal una vez más instó al demandante a consignar el porcentaje de discapacidad para la continuación del presente juicio, otorgando para ello cinco (5) días hábiles, lapso en el cual no presentó escrito alguno.

Ahora bien, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de ésta Circunscripción Judicial señaló en la sentencia del expediente Nº KP02-R-2011-1361, que en casos como estos, es inadecuada la suspensión de la causa por tiempo indeterminado:

[…] considerando esta Alzada, fundamental para el esclarecimiento del caso, que se consigne la prueba requerida por el Juzgador de primera instancia, considera prudente quien decide mantener la suspensión de la causa, sin embargo, conforme a los principios de celeridad, inmediatez, y prioridad de la realidad de los hechos que rigen el proceso laboral, entiende este Juzgador que no resulta adecuada la suspensión por tiempo indeterminado, en los términos indicados por el a quo, dado que ello implicaría mantener a discreción de la parte actora la continuación del proceso, circunstancia que fue advertida por el recurrente.

En tal sentido, a los fines de procurar el cumplimiento de los principios antes señalados, se ordena a la parte actora […], que consigne dentro de un lapso de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS […], la certificación emitida por el organismo competente donde conste el grado de discapacidad que alega padecer producto de los hechos por los cuales demanda indemnizaciones en el presente asunto, so pena de serle aplicadas las consecuencias de ley. Y así se decide.

Tal criterio resulta obligante para éste Juzgador, por ser la jurisprudencia laboral fuente de Derecho, conforme a lo previsto en el Artículo 16, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

Así las cosas, se observa del presente juicio, que en fecha 11 de julio de 2012, se advirtió al actor de la necesidad de consignar el porcentaje de discapacidad necesario para la continuación del presente juicio; que vista la falta de tramitación del mismo se declaró la prejudicialidad en fecha 18 de julio del mismo año; estando la causa suspendida por más de los sesenta (60) días continuos señalados por la alzada para la consignación del mismo so pena de ser aplicadas las consecuencias legales.

Siendo el porcentaje de discapacidad, necesario para determinar y cuantificar las posibles indemnizaciones pretendidas en el presente juicio (artículos 80 y 130 de la LOPCYMAT), y vista la falta de interés del actor en la tramitación y consignación del mismo, se declara terminado el procedimiento, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así establece.

D I S P O S I T I V A

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE:

PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, al haber transcurrido sesenta (60) días continuos para la consignación del porcentaje de discapacidad, necesario para determinar y cuantificar las posibles indemnizaciones pretendidas en el presente juicio, conforme a los artículos 80 y 130 de la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, conforme la jurisprudencia laboral citada, fuente de Derecho, conforme a lo previsto en el Artículo 16, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, porque esta decisión se dictó de oficio y no se pronunció sobre el fondo de la controversia.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 25 de octubre de 2012.-

ABG. JOSÉ MANUEL ARRÁIZ CABRICES
JUEZ
LA SECRETARIA


En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 03:05 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.-

LA SECRETARIA


JMAC/eap.-