TSJ Regiones - Decisión

Maracaibo, 25 de Octubre de 2012
202º y 153º

IPM-FMII-005/2005

Visto el escrito interpuesto por el ciudadano ALFEREZ DE NAVIO MANUEL GUILLERMO BARRERA GONZALEZ, actuando en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Primero con competencia Nacional, mediante el cual solicitó a este Órgano Jurisdiccional, la DECLINATORIA DE COMPETENCIA, de la presente causa, iniciada por el presunto Hurto o extravió de Diez (10) computadoras portátiles (laptops) y Dos Cámaras Fotográficas, pertenecientes a las Unidades Móviles de Cedulación F-057, I-027 y F-060, de la Misión Identidad, y asignado al 105 Batallón de Ingenieros “Carlos Soublete”, para el momento de ocurrir el hecho, novedad detectada en fecha 14 de Mayo de 2005, en la cual durante el desarrollo de la investigación se estableció que estamos en presencia de un acto naturaleza penal ordinaria, específicamente el de Hurto, establecido en el código penal venezolano.

Siendo este el caso este Órgano Jurisdiccional, pasa hacer las siguientes consideraciones:
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO:

POR IDENTIFICAR

IDENTIFICACIÓN DE LA VICTIMA:

ESTADO VENEZOLANO
DE LOS HECHOS:

En fecha de 10 de Junio de 2005, emanado del comandante de la 1ra. División de Infantería y Guarnición Militar de Maracaibo, motivada al esclarecimiento de los hechos ocurridos el día 14 de Mayo de 2005, en el 105 BING “G/J Carlos Soublette”, con sede en Fuerte Mara, Municipio Mara del Estado Zulia, en el cual se determino el hurto o extravió de Diez (10) computadoras laptop, y dos (2) cámaras fotográficas, de las unidades de Cedulación, bajo la responsabilidad de esa Unidad Táctica. Adjunto al mismo, informe de Investigación, en relación a los hechos descritos, ocurridos en el estacionamiento del comando del 105 BING “G/J Carlos Soublette”, de fecha 28 de Mayo de 2005, cuyo investigador es el Cnel. Ángel Sánchez Sarmiento, inspector de la primera División de Infantería para la fecha; Actas de entrevistas, tomadas ante la insectoría de la PDINF, entre los días 18,20,21,23,30 de Mayo, y 02 de Junio de 2005, a los ciudadanos: CAP. CARLOS MIRANDA BONALDE, C.I. V-10.550.814; CAP. LEONIDAS SANCHEZ LOPEZ, C.I V- 10.546.521; ST/1RA. ENDER JOSÉ MORALES FUENMAYOR, C.I V- 10.422.517; ST/2DA. MARCO ANTONIO LAURENTIN JIMENEZ, C.I. V-12.102.554; SM/2DA JOSE SALOMONE SANCHEZ, C.I. V- 11.190.199; SM/3RA. WILMER RODOLFO SANCHEZ TOVAR, C.I. V- 9.679.668; S/2DO FRANKLIN RIVERO MARÍN, C.I. V-15.262.171; S/2DO. JOAN JOSE ARRIETA VERA, C.I. V-14.306.637; C/1RO. WILLIANS ENRIQUE CRUZ CANELON, C.I. V-14.442.995;C/2DO LANDY JOSÉ SERRUDO PARRA, C.I. V- 15.719.041; C/2DO FRANCISCO EMIRO MORENO IGUARAN, C.I. V- 17.636.289; C/2DO JACKSON SANCHEZ PINEDA, C.I. V- 17.580.854; DTGDO. JORGE LUIS MONTILLA IBARRA, C.I.18.946.785; SLDDO. EFREN GREGORIO ZERDA MEJÍAS, C.I. V- 16.968.764; SLDDO. LUIS ENRIQUE DURÁN DURÁN, C.I. V- 17.836.307; SLDDO. ALFREDO JOSE PEÑA GONZALEZ, C.I. V- 19.287.078; ADRIÁN ENRIQUE LUZARDO MACHADO, C.I. V-11.068.564. Asimismo, seis (6) de estos ciudadanos fueron entrevistados por el suscrito ante este despachó Fiscal Militar, los cuales son: CAP. CARLOS CÉSAR MIRANDA BONALDE, C.I. V-10.550.814; ST/1RA. MARCO ANTONIO LAURENTIN JIMENEZ, C.I. V- 12.102.554; SM/2DA. JOSE SALOMONE SANCHEZ, C.I. V-11.190.199; SM/2DA WILMER RODOLFO SÁNCHEZ TOVAR, C.I. V-9-697.668; C/2DO. EFREN GREGORIO ZERDA MEJÍAS, C.I. V- 16.968.764; ADRIAN ENRIQUE LUZARDO MACHADO, C.I. V-9.679.668, en fecha 19 de Mayo de 2005, fue entrevistado ante la subdelegación El Moján del cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas.

DE LA FUNDAMENTACION FISCAL:

En la narración se puede observar que el hecho punible descrito, está claramente definido como una norma de derecho común, no especial; y, en consecuencia, en aplicación a la disposición constitucional contemplada en el artículo 261 de la carta Magna, el cual refiere: “…La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar. “Disposición esta que se reafirma en el artículo 75 del código Orgánico Procesal Penal, el cual, al referirse al fuero de atracción, establece: “ si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del Juez Ordinario y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción pernal ordinaria”. En consecuencia, ciudadano Juez, como se evidencia en el Orden de Apertura identificada plenamente ut-supra, la cual se consigna en este escrito, a nuestra consideración no reviste carácter Penal Militar y por lo tanto no podría esta Representación Fiscal conocer de posibles delitos, y en caso de de existir una lesión a los derechos fundamentales, las mismas acciones deberán ser conocidos por razón de la materia en tribunales ya sean Penales Ordinarios como en materia civil en su caso; garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, así como el principio del Juez Natural, lo cual por su carácter especialísimo, necesariamente tendrá que conocer a juicio o criterio de esta Representación Fiscal, los tribunales competentes, porque sencillamente el hecho no reviste carácter penal Militar, lo cual debemos interpretarlo como falta de tipicidad, por no poder encuadrarlo plenamente dentro de ninguna norma establecidas en el Código Orgánico de Justicia Militar.

DE LA SOLICITUD FISCAL:

Por todo lo antes expuesto, solicito ante su competente autoridad la DECLINATORIA DE COMPETENCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que los hechos no revisten carácter Penal Militar por no encontrarse tipificado en la norma sustantiva-adjetiva castrense, todo ello aplicable a la jurisdicción penal militar por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO CONSIDERADOS POR EL TRIBUNAL MILITAR DÉCIMO DE CONTROL:

Este tribunal Militar Décimo de Control de Maracaibo, 25 de Octubre de 2012para decidir previamente observa:
Artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgada por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales Militares se limita a delitos de naturaleza militar.

Artículo 75 del COPP.

Si algunos de los delitos conexos corresponden a la competencia del Juez ordinario o Jueza ordinaria y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria.
Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al Juez o Jueza competente para el delito de acción pública y se seguirán las reglas el proceso ordinario.

Ahora bien, una vez vista y analizada la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público Militar, este Órgano Jurisdiccional considera que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es declinar la competencia en la presente causa, en virtud a que ciertamente nos encontramos en presencia de un hecho punible que reviste carácter penal, merece pena privativa de libertad, constituye un delito de acción pública y no se encuentra evidentemente prescrito, por lo tanto hace las siguientes consideraciones:

PRIMERO: En cuanto a la competencia, este Tribunal Militar Décimo de Control considera lo siguiente:

La función jurisdiccional es específica de los Tribunales de la República; es decir, el poder de juzgar está atribuido al Poder Judicial y uno de los requisitos de validez de las decisiones judiciales, es la competencia atribuida al órgano jurisdiccional que deba decidir.

Los límites de la jurisdicción del Juez, que le imponen las reglas de la competencia, están destinados a operar, exclusivamente, entre los diversos órganos del Poder Judicial, que es a quienes corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional.

La competencia es una determinación de signo positivo, que incluye al juez de conocimiento de la causa, y negativo cuando es el incompetente, por estar comprendido el asunto en la esfera de sus poderes y atribuciones legales. El Juez incompetente, tiene jurisdicción, pues al ser elegido Juez, queda investido del poder orgánico de administrar justicia, y sólo le falta la competencia en cuanto al asunto concreto sometido a su conocimiento, no está comprendido en la esfera de poderes y atribuciones que positivamente le asignan las reglas de la competencia.

Por lo tanto, la competencia, no es más que la capacidad para conocer de un juicio o de una causa, por ello, los jueces tienen la facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de éstos, en el caso que nos ocupa, se trata de la competencia en razón de la materia. El constituyente venezolano, lo que hace es confirmar la doctrina procesal, siendo en el presente caso, la competencia por la materia, de orden público e inderogable, pues, el orden público no es solamente seguridad jurídica, es seguridad social tal como lo señala Humberto Cuenca en su texto “Curso de Casación Civil”, por cuanto busca la preponderación en la aplicación de la ley e impone la nulidad de los actos realizados por un Órgano Jurisdiccional manifiestamente incompetente, por cuanto, vigila la paz, la tranquilidad ciudadana, el respeto mutuo y la paz colectiva políticamente mantiene la estabilidad de las instituciones y jurídicamente la seguridad de la justicia. El carácter de orden público que ostenta el debido proceso y el derecho a la defensa, le viene dado por el Estado de Derecho que rige a la República, ya que es inconcebible su violación en un proceso penal protegido por la propia Ley fundamental que lo consagra.

El Código Orgánico Procesal Penal en su Capitulo V del Modo de dirimir la Competencia, establece la declinatoria y la aceptación del conflicto, así como el conflicto negativo o de no conocer y el conflicto positivo o de conocer, el Código Orgánico de Justicia Militar contiene disposiciones semejantes en el Libro Primero, Titulo V Capitulo II Sección I y II.
En el mismo orden de ideas, señala el artículo 67 del Código Adjetivo Penal que señala “La incompetencia por la materia debe ser declarada por el tribunal de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado hasta el inicio del debate”.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el Artículo 261 que:
“Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgada por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. (Subrayado Propio)
La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución”.

A su vez el Artículo 49 Ordinal 4º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

Ordinal 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto…”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiterada jurisprudencia ha manifestado que no es dable para los Tribunales Militares conocer de delitos comunes, y en el caso que nos ocupa todas las evidencias llevan a deducir que se trata de un delito que no es de naturaleza militar.

Es por ello, que se hace de imperiosa necesidad citar el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala Constitucional No. 1256 de fecha 11 de Junio de 2002, relativa a la competencia de la Jurisdicción Penal Militar la cual establece:

“…Comparte esta Sala Constitucional el referido criterio de la Sala de Casación Penal, puesto que conforme al dispositivo expreso del artículo 261 de la Constitución, los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo…”

En virtud de todo lo expresado, los delitos comunes deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido, y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo.

SEGUNDO: De acuerdo a lo anteriormente expuesto y del estudio de las actas procesales que conforman la presente causa, considera este Tribunal Militar, que en la presente se evidencia la comisión de un delito de naturaleza distinta a la Penal Militar, por lo que corresponde el conocimiento de la presente causa a un Tribunal diferente a este Órgano Judicial; siendo el caso que nos ocupa, el presunto Hurto o extravió de Diez (10) computadoras portátiles (laptops) y Dos Cámaras Fotográficas, pertenecientes a las Unidades Móviles de Cedulación F-057, I-027 y F-060, de la Misión Identidad, y asignado al 105 Batallón de Ingenieros “Carlos Soublete”, para el momento de ocurrir el hecho, novedad detectada en fecha 14 de Mayo de 2005, por lo cual de las actuaciones del presente cuaderno fiscal, existe un hecho penal que debe ser ventilado ante los órganos jurisdiccionales competentes por la materia y no por este despacho judicial, presumiéndose la comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado en el código penal venezolano.

Por todo ello y atendiendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de que la Jurisdicción Penal Ordinaria tiene un carácter general y la jurisdicción militar tiene un carácter especial y excepcional, este órgano jurisdiccional concluye que en el presente caso no surgen en las actas procesales ninguna circunstancia que le atribuya a la Jurisdicción Penal Militar posible competencia en este caso, debe entenderse que la jurisdicción competente para conocer de la presente causa es la Jurisdicción Penal Ordinaria, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 261 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y artículos 55, 67 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal, se resuelve remitir las presentes actuaciones a un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a los fines previstos en los artículos 78 y 79 eiusdem.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones antes expuestas y vista la solicitud fiscal este Tribunal Militar Décimo de Control con sede en Maracaibo, 25 de Octubre de 2012estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, decide en los siguientes términos: PRIMERO: DECLARA LA NO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR DECIMO DE CONTROL CON SEDE EN MARACAIBO, 25 de Octubre de 2012para conocer de la presente causa, iniciada por el presunto Hurto o extravió de Diez (10) computadoras portátiles (laptops) y Dos Cámaras Fotográficas, pertenecientes a las Unidades Móviles de Cedulación F-057, I-027 y F-060, de la Misión Identidad, y asignado al 105 Batallón de Ingenieros “Carlos Soublete”, para el momento de ocurrir el hecho, novedad detectada en fecha 14 de Mayo de 2005, por lo cual de las actuaciones del presente cuaderno fiscal, existe un hecho penal que debe ser ventilado ante los órganos jurisdiccionales competentes por la materia y no por este despacho judicial, presumiéndose la comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado en el código penal venezolano; razón por la cual SE DECLINA LA COMPETENCIA en la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 55, 67 y 77, todos del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena remitir las presentes actuaciones a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a los fines previstos en los artículos 78 y 79 eiusdem, por considerar que la Jurisdicción Penal Ordinaria es la competente para conocer y decidir en la presente causa. SEGUNDO: Notifíquese a las partes, TERCERO: SE ORDENA remitir la presente causa en su oportunidad legal correspondiente al Circuito Judicial Penal del estado Zulia. Hágase como se ordena.

Regístrese expídase la copia certificada y háganse las notificaciones correspondientes.

JUEZ MILITAR,

LUIS ENRIQUE YEPEZ SILVA
CAPITÁN

EL SECRETARIO JUDICIAL,

ALEJANDRO E. FUENMAYOR SANDREA
PRIMER TENIENTE

En la fecha de hoy, conforme a lo ordenado se registro la decisión, se expidió la copia certificada y se libraron las correspondientes notificaciones.

EL SECRETARIO JUDICIAL,

ALEJANDRO E. FUENMAYOR SANDREA
PRIMER TENIENTE