REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-N-2010-000631

En fecha 09 de diciembre de 2010, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el oficio Nº J3/2010/836, de fecha 29 de noviembre de 2010, emanado del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la “demanda” interpuesta por las ciudadanas MAIGUALIDA DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA y MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.717.661 y 7.443.925, respectivamente, asistidas por la ciudadana Liliana Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.373; contra el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, y solidariamente contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA.

Tal remisión, obedeció a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2010, dictada por el referido Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer la presente causa y declinó la competencia a este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Así, en fecha 26 de enero de 2011, este Tribunal ordenó la notificación de las partes, acordando que, una vez constare en autos la última de las notificaciones, se fijaría por auto separado la oportunidad en la cual tendría lugar la audiencia definitiva del asunto conforme lo prevé el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

De allí que, en fecha 02 de octubre de 2012, notificadas como se encontraban las partes, se fijó al quinto (5º) día de despacho siguiente la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva del asunto.

El día 10 de octubre de 2012, siendo la oportunidad fijada para ello, se realizó la audiencia definitiva del asunto encontrándose presente ambas partes. En la misma fecha, se difirió por un lapso de cinco (05) días de despacho, el pronunciamiento del dispositivo del fallo; vencido el cual se publicaría el correspondiente fallo in extenso.

En efecto, en fecha 16 de octubre de 2012, este Juzgado declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia en el asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:

I
DE LA “DEMANDA” INTERPUESTA

Por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, en fecha 04 de marzo de 2009, las ciudadanas Maigualida del Carmen García García y Maria Cecilia Hernández, ya identificadas, presentaron escrito libelar y sus anexos, con base a los siguientes alegatos:

Que acuden con “(...) el objeto de DEMANDAR PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES al INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA (...)”.

Agregan respecto a la “RELACIÓN DE LOS HECHOS”, que la ciudadana Maigualida del Carmen García García, ingresó a laborar para el Instituto, en solidaridad con la Alcaldía del Municipio Jiménez del Estado Lara, desempeñando el cargo de Analista Contable, en fecha 1º de febrero de 2007, laborando en horario de lunes a viernes y devengando un sueldo de Mil Novecientos Ochenta y Seis Bolívares con Noventa y Siete Céntimos (Bs. 1.986,97) mensuales.

Que a pesar de su embarazo, debido a la fuerte presión que tenía en el desempeño de sus funciones, renunció en fecha 1º de julio de 2007.

Que posteriormente introdujo un reclamo administrativo ante la Inspectoría del Trabajo Pedro Pascual Abarca con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus prestaciones sociales y otros beneficios laborales debidos por el Instituto de la Vivienda del Municipio Jiménez del Estado Lara en solidaridad con la Alcaldía del mencionado Municipio, pero el mismo resulto infructuoso, porque a pesar de la correcta notificación de las demandadas y del Síndico Procurador Municipal, en la oportunidad procesal acordada por la Inspectoría del Trabajo, las reclamadas no hicieron acto de presencia, ni por si, ni por medio de apoderado alguno.

Que en razón de lo expuesto, se le adeuda por conceptos como prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado y bono de medicina, la cantidad de Ocho Mil Noventa Bolívares con Un Céntimo (Bs. 8.090,01) y la capitalización mensual de lo adeudado, lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Carta Magna, arroja un monto total de Diez Mil Treinta y Nueve Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs. 10.039,33).

Que con “RELACIÓN DE LOS HECHOS”, en cuando a la ciudadana María Cecilia Hernández, ésta ingresó a laborar para el Instituto, en solidaridad con la Alcaldía del Municipio Jiménez del Estado Lara, desempeñando el cargo de Auditor Interno, en fecha 02 de enero de 2007, laborando un horario de lunes a viernes y devengando un sueldo de Tres Mil Ciento Sesenta y Cinco Bolívares con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs. 3.165,46) mensuales.

Que debido a la presión que tenía en el desempeño de sus funciones, renunció en fecha 06 de noviembre de 2007.

Que posteriormente introdujo un reclamo administrativo por ante la Inspectoría del Trabajo Pedro Pascual Abarca, con el objeto de hacer efectivo el pago por sus prestaciones sociales y beneficios laborales, pero el mismo resulto infructuoso, porque a pesar de la correcta notificación de las demandadas y al Síndico Procurador Municipal, en la oportunidad procesal acordada por la Inspectoría del Trabajo, las reclamadas no hicieron acto de presencia, ni por si, ni por medio de apoderado alguno.
Que en razón de lo anterior, se le adeuda por concepto de prestación de antigüedad e intereses, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas y salarios retenidos, la cantidad de Veintiséis Mil Setenta y Ocho Bolívares con Noventa Céntimos (Bs. 26.078,90) y la capitalización mensual de lo adeudado de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Carta Magna, para un monto total de Treinta Mil Novecientos Dieciséis Bolívares con Ochenta y Ocho Céntimos (Bs. 30.916,88).

Finalmente, solicitan se declare con lugar la presente acción.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada por este mismo Órgano Jurisdiccional, mediante sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 2011, la competencia de este Juzgado Superior para entrar a conocer el caso de autos y precisadas las anteriores consideraciones que sirven de fundamento a la parte querellante para ejercer el presente recurso, se observa del escrito libelar que se pretende obtener un pronunciamiento judicial que ordene el pago de las prestaciones sociales y demás beneficios surgidos con ocasión a las relaciones que existieron entra las ciudadanas Maigualida del Carmen García García y María Cecilia Hernández, con el Instituto de la Vivienda del Municipio Jiménez del Estado Lara, y solidariamente con la Alcaldía del Municipio Jiménez del Estado Lara.

Así, previo a cualquier pronunciamiento, debe señalar esta Sentenciadora que, en síntesis, una de las solicitantes, ciudadana Maigualida del Carmen García García, ingresó a laborar -conforme se desprende de sus dichos y de Resolución anexa al folio 113 de la primera pieza del expediente judicial- para el Ente querellado como Analista Contable, en fecha 1º de febrero de 2007, devengando un sueldo de Mil Novecientos Ochenta y Seis Bolívares con Noventa y Siete Céntimos (Bs. 1.986,97) mensuales; siendo que en fecha 1º de julio de 2007 renunció a sus funciones; en mérito de lo cual peticiona a través del presente recurso, conceptos como prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, bono de medicina, además de la capitalización mensual de lo adeudado, lo que a su decir arroja un monto total de Diez Mil Treinta y Nueve Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs. 10.039,33).

Mientras que, la otra interesada, ciudadana María Cecilia Hernández, ingresó a laborar para el ente querellado como Auditor Interno, en fecha 02 de enero de 2007 -conforme se desprende de sus alegatos, pues conforme a Resolución anexa al folio 95 de la primera pieza del expediente judicial, la misma ingresó en fecha 08 de enero de 2007-, devengando un sueldo de Tres Mil Ciento Sesenta y Cinco Bolívares con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs. 3.165,46) mensuales; siendo que en fecha 06 de noviembre de 2007 renunció a sus funciones; en razón de lo cual aduce acudir a reclamar por concepto de prestación de antigüedad e intereses, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, salarios retenidos, y la capitalización mensual de lo adeudado, un monto total de Treinta Mil Novecientos Dieciséis Bolívares con Ochenta y Ocho Céntimos (Bs. 30.916,88).

Tales consideraciones permiten concluir que, ambas querellantes poseen diferentes fechas de ingreso al Instituto de la Vivienda del Municipio Jiménez del Estado Lara, ejercieron diferentes cargos, devengaron desiguales remuneraciones mensuales, renunciando al ente en fechas propias, siendo que además acuden a solicitar conceptos particulares para cada una; por lo que el total reclamado no resulta ser el mismo.

Interesa a este Juzgado Superior, a los fines de entrar a revisar los requisitos de admisibilidad que deben observarse en la presente acción, determinar la naturaleza de la pretensión solicitada por las querellantes, y que se proyecta como el objeto del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, a los fines de obtener el pago de las prestaciones sociales y demás beneficios que a su decir se le adeudan.

En este sentido, cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37 482, de fecha 11 de julio de 2002, la cual además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso jurisdiccional dirigido a controlar el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de todas aquellas controversias a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos e intereses frente a la Administración Pública.

Así, el medio judicial previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública para la resolución de las controversias que se originen con ocasión a la aplicación de dicho texto normativo, y en sentido general, por la existencia de una relación de empleo público, lo constituye el recurso contencioso administrativo funcionarial, independientemente del tipo de pretensión que procure dirigir el funcionario público, exfuncionario público o aspirante a ingresar a la Administración Pública, tal y como se desprende de las disposiciones consagradas en los artículos 92 y 95 de la referida ley.

En efecto, si bien en materia funcionarial la acción por excelencia para acudir a la vía jurisdiccional es una sola (querella), no se puede obviar que la pretensión o pretensiones que tal acción comporta pueden ser variadas en cada caso, en tanto que, como la misma ley especial lo admite -artículo 93- son diversas las reclamaciones o controversias que eventualmente pueden dar lugar a la interposición de un recurso contencioso administrativo funcionarial, pues ante la existencia de un conflicto de intereses que se origine de la actividad administrativa, el interesado puede acudir a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial en procura de una tutela judicial efectiva y el resguardo de los derechos subjetivos que considere lesionados, a los fines de obtener una resolución que satisfaga su pretensión en el supuesto de ser procedente, sin importar que la lesión se materialice a través de vías de hecho, actuaciones materiales, omisiones o abstenciones, para lo cual deberá -se reitera- ejercer el recurso que prevé el artículo 94 de la ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo procedimiento se regirá en principio y mientras no se requiera una aplicación supletoria, conforme a lo previsto en dicha ley.

En este sentido, se observa que las querellantes manifestaron haber prestado sus servicios para el Instituto de la Vivienda del Municipio Jiménez del Estado Lara, pero sin obviarse que para cada una de ellas se produjo el inicio como funcionarios en fechas distintas, en cargos diferentes, y demás circunstancias propias y que como consecuencia de la culminación de esa prestación de servicio que los vinculó con la Administración Pública, pretenden el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios -a su decir- adeudados, propios de cada relación de servicio.

En esos términos, vista la relación fáctica de los hechos enunciados por la parte querellante, se puede apreciar que la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial constituye la vía judicial idónea para lograr un pronunciamiento judicial sobre su pretensión, es decir, se ha planteado ante esta instancia judicial la acción prevista en el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con ocasión a la existencia de una relación estatutaria.

Ahora bien, no escapa para este Órgano Jurisdiccional, lo cual merece especial atención, la integración que ad initio muestra la presente relación jurídica procesal, específicamente los sujetos que han planteado sus pretensiones, evidenciándose así la configuración en el caso de autos, de un litisconsorcio activo, en virtud de que son varios los sujetos que demandan y uno solo el demandado.

En este contexto, se trae a colación la sentencia de fecha 11 de junio de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual asentó lo siguiente:

“…la interpretación realizada por la Sala sobre la institución del litisconsorcio en su sentencia n° 2.458/2001, del 28.11, caso: Aeroexpresos Ejecutivos C.A., es aplicable por igual tanto al procedimiento laboral, regulado todavía por la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, como al procedimiento contencioso-funcionarial que en la actualidad está previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ya que las reglas contenidas en dicho fallo para la aplicación conforme a los derechos constitucionales protegidos por los artículos 26, 49 y 253, primer aparte, de la Carta Magna, del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, como norma de aplicación subsidiaria en ambos procedimientos judiciales, son compatibles con las normas procesales que rigen la tramitación de procesos en ambas sedes judiciales…” (Resaltado de este Juzgado).

Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior señalar que si bien los querellantes persiguen a través del recurso contencioso administrativo funcionarial obtener el pago de las prestaciones sociales, lo que prima facie pareciera indicar que existe una identidad en relación al objeto de la causa; no obstante, por las razones expuestas anteriormente en relación a las circunstancias que rodean el presente asunto, es claro que de cada caso en particular se desprende la existencia de relaciones de servicio distintas tanto en su naturaleza, origen, duración y demás características, por lo que tal situación es proclive a desvirtuar la posibilidad de admitir que la acción interpuesta en relación a cada una de las querellantes pueda derivar de un mismo título que dé legitimación al litisconsorcio activo que se ha formado, máxime que pretende el pago de conceptos económicos variados.

En tal sentido, el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece lo siguiente:

“Podrán varias personas demandar o ser demandas conjuntamente como litis consortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título, c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52”.

De artículo citado, se infiere claramente la posibilidad que existe para que varios sujetos puedan actuar en juicio mediante el ejercicio de una sola acción, pero para ello en necesario que se cumplan ciertos requisitos y condiciones que la misma norma impone para su procedencia, sin los cuales toda pretensión que sea interpuesta por dos o mas personas sería contraria a los presupuestos procesales que exige la norma adjetiva y por consiguiente al debido proceso.

Así tenemos que, en el primero de los supuestos, estos es, que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa, quiere decir que la pretensión o pretensiones formuladas en juicio deben ser idénticas para todos los que conforman dicha relación de comunidad, y para el caso de autos sería que se demande lo mismo. Ahora bien, tal como se expresara precedentemente, de los hechos expuestos en el libelo de la demanda se evidencia que si bien se persigue el pago de las prestaciones sociales y demás beneficios presuntamente adeudados; no obstante, cada una de las querellantes pretende la cancelación de montos distintos que naturalmente obedecen a las características propias de la relación de empleo pública que cada una mantuvo para la Administración Pública, en razón de la fechas de ingreso, y que por ende debe variar; todo ello, conlleva a concluir que no existe en un todo y por consiguiente en común un mismo objeto, y en consecuencia no se determina la existencia de un estado de comunidad jurídica respecto al objeto de la causa.

En relación al segundo supuesto de procedencia que contempla el artículo 146 eiusdem, esto es, que tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título, tiene lugar básicamente cuando los derechos que se reclaman o se pretenden reestablecer devienen necesariamente de un mismo origen, y en el caso bajo examen como se indicara supra cada una de las accionantes mantuvo una relación de empleo público bajo diferentes características lo que se denota de las fechas de ingreso, cargos, fecha de egreso, remuneraciones, que respecto a cada una de ellas fue señalada en el escrito libelar; por lo que sus pretensiones no derivan de un mismo título.

Respecto al tercer supuesto el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente:
1°. Cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente.
2° Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto.
3° Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque, las personas sean diferentes…omissis”.

A tales efectos, se ha entendido que este supuesto de la norma debe darse cuando existan por lo menos dos de los tres elementos de identificación de la causa (sujetos, objeto y título), sin necesidad de la concurrencia de la totalidad de los mismos. En el presente caso debe entenderse que en cuanto a la identidad de títulos, debe advertirse que la misma no está dado en el caso de autos, pues para cada caso en particular se desprende la existencia de relaciones de servicio distintas tanto en su naturaleza como en su inicio, duración y demás características, por lo que, sus pretensiones no derivan de un mismo título. Respecto al elemento objeto, tampoco se evidencia tal identidad, todo lo contrario, cada ciudadana pretende el pago de cantidades de dinero que necesariamente diferirán en sus montos para cada caso en particular.

Cabe resaltar que, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en sentencia Nº 0127, de fecha 07 de febrero de 2012, donde varios funcionarios demandaron la nulidad de un solo acto administrativo de destitución, declaró la inepta acumulación con fundamento en lo siguiente:

“Observa esta Corte, de la revisión de la actas que conforman el presente expediente, que la apoderada judicial de la parte querellante interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua, por el “[…] acto administrativo que destituye a [sus] representados […]”
Al respecto, se evidencia que el iudex a quo declaró inadmisible la presente querella funcionarial al constatar una inepta acumulación de pretensiones “[…] dada la falta de identidad entre los sujetos accionantes, la diferencia de títulos de los cuales se derivan sus respectivas pretensiones y la falta de identidad entre los objetos de las mismas; por lo que, atendiendo a lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta inadmisible la querella y 35 ordinal 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa […]”.
Establecido el ámbito objetivo del presente recurso, resulta menester para esta Corte realizar algunas consideraciones respecto a las causales de inadmisibilidad de las querellas funcionariales, ya que las mismas son consideradas de orden público, por ende pueden y deben ser examinadas en cualquier estado y grado del proceso.
En este orden de ideas, vista la multiplicidad de querellantes en la presente causa este Órgano Jurisdiccional estima pertinente pasar a realizar las siguientes apreciaciones con respecto a la figura del litisconsorcio activo, es decir, la concurrencia de varios demandantes en un mismo proceso, así como del tratamiento que la jurisprudencia venezolana le ha dado a este tema en particular, en especial la consecuencia jurídica otorgada cuando se considera la no configuración del mismo en una determinada causa.
Visto lo anterior, debe esta Corte asentar en primer lugar el concepto de litisconsorcio activo, que tradicionalmente la doctrina ha considerado como la pluralidad de partes sólo del lado de los demandantes, pues se tiene un solo demandado (Vid. RENGEL ROMBERG, Arístides, “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo II, pp. 23), figura regulada en los artículos 146 y 52 del Código de Procedimiento Civil, y por ende legalmente permitida, pero bajo los límites y previsiones delimitados en los referidos artículos, que vienen a desarrollar el derecho de la acción y el debido proceso, constitucionalmente establecidos en los artículos 26, 49 y primer aparte del 253, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo establece la jurisprudencia venezolana.
Ahora bien, en ese orden de ideas debe este Órgano Jurisdiccional señalar que dichos límites y previsiones establecidos en los artículos referidos ut supra del Código de Procedimiento Civil, están relacionados a lo que se conoce en la doctrina como elementos de la pretensión procesal, compuesta a saber por: a) los sujetos de la pretensión: que son las personas que pretenden y contra las cuales se pretende algo; b) el objeto de la pretensión: que es el interés jurídico que se hace valer en la misma y; c) el título de la pretensión o causa petendi: que es la razón, fundamento o motivo de la pretensión aducida en el juicio (Vid. RENGEL ROMBERG, Arístides, “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, pp.113 y 114).
De lo anterior se deduce que es precisamente sobre los elementos anteriormente mencionados (sujetos, objeto y título), en los que debe circunscribirse el análisis de un caso en concreto donde se presente un litisconsorcio activo o pasivo, para determinar si el mismo no resulta contrario o improcedente de conformidad con lo establecido en el referido Código Adjetivo.
Ello así, debe advertir este Órgano Jurisdiccional sobre la doctrina vinculante sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Número 1542 de fecha 11 de junio de 2003 (caso: Municipio Pedraza del Estado Barinas vs. Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo) según la cual:
“[…] cuando los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa conozcan de recursos de nulidad contencioso funcionariales intentados por diferentes funcionarios públicos contra diferentes actos administrativos contrarios a sus derechos e intereses personales, legítimos y directos, deberán examinar al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pretensiones deducidas, si éstas no han sido acumuladas en contra de las reglas sobre el litisconsorcio establecidas con carácter vinculante en la sentencia de [esa] Sala Constitucional […]”. (Negrillas de esta Corte).
En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia ut supra citada, indicó que la doctrina sentada en la sentencia Número 2.458, de fecha 28 de noviembre de 2001, (caso: Aeroexpresos Ejecutivos C.A) “[…] resultaría aplicable a todos los procedimientos contencioso-funcionariales en los que varios funcionarios públicos impugnen de forma conjunta actos administrativos de remoción, de retiro o de destitución de sus cargos, por no existir en tales casos identidad de título o causa y no ser, en consecuencia, admisible de acuerdo al mismo artículo 146 del Código de Procedimiento Civil el litisconsorcio activo en tales causas”.
De esta manera, resulta menester para esta Corte traer a colación la sentencia Número 2458 de fecha 28 de noviembre de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, (Caso: Aeroexpresos Ejecutivos C.A), la cual estableció:
“Entonces, cabe analizar si las demandas laborales comentadas fueron debidamente acumuladas, en total conformidad con lo que dispone el citado artículo 146 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, de la lectura del escrito que contiene las demandas puede apreciarse:
a) Que cada demanda acumulada tiene un demandante diverso. Dicho de otra manera, no hay co-demandantes;
b) Que cada demanda contiene una pretensión diferente. Efectivamente, cada una de las actoras persigue el pago de sumas dinerarias diferentes;
c) Que cada pretensión demandada se fundamente en una causa petendi distinta, a saber: en cuatro relaciones individuales de trabajo, singularmente diferenciadas una de la otra; y
d) Que hay dos demandadas comunes en cada una de las demandas acumuladas.
Es el caso que, según el invocado artículo 146, varias personas podrán demandar o ser demandadas conjuntamente como litis consortes:
a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa. En el caso laboral bajo examen, el estado de comunidad jurídica respecto del objeto de la causa queda excluido por el hecho mismo de que cada demandante reclama sumas de dinero diferentes en sus montos e independientes una de otra en cuanto a su origen y a su causa;
b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título. Como ya se expresó, en el caso concreto, cada demandante pretende el pago de sumas de dinero que, según el decir de ellas, provienen de relaciones individuales de trabajo que establecieron y particularizaron entre cada una de ellas y las demandadas. Por lo tanto, se trata de derechos que derivan de títulos distintos.
c) En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, cuales son:

c.1. Cuando haya identidad de personas y objeto. Al respecto, ya se observó que sólo hay, en todas las demandas acumuladas, identidad de demandados pero no de demandantes, pues cada una de ellas es diferente y, en lo que respecta al objeto, cada actora aspira a una pretensión distinta. Por tanto, no hay identidad de personas ni de objeto;
c.2. Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto. En lo que respecta a la identidad de personas ya se explicó su ausencia y en lo concerniente con la identidad de título, basta recordar, para excluirla, que cada accionante invocó como título, para fundamentar su pretensión, una relación individual de trabajo totalmente diferente de cada una de las otras que también fueron alegadas; y
c.3. Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes. Basta tener presente lo observado en los dos párrafos previos para concluir que no hay las identidades exigidas en el ordinal 3º del artículo 52 que se citó.
De manera que, en el proceso laboral que se examina, puede observarse y apreciarse que las demandantes que lo impulsaron actuaron, ab initio, en contravención con lo que regula el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 52, ordinales 1º, 2º y 3º eiusdem, que, como ya se analizó, son normas de orden público”. Establecido lo anterior, y circunscritos al caso de autos esta Alzada observa que, los ciudadanos Ildemaro José Requena Hernández, Pedro Elías Villaprado Mendoza y Junior Agustín Gutiérrez León, interpusieron recurso contencioso administrativo funcionarial, en contra del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua, solicitando en tal sentido la nulidad del acto administrativo de destitución-expulsión S/N de fecha 24 de junio de 2011, emanado del referido Instituto Policial, así como el restablecimiento de la situación jurídica infringida por el aludido acto.
Ello así y, luego de un detenido estudio de las actas procesales, aprecia este Órgano Jurisdiccional que no existe conexión respecto de las personas querellantes esto es, que en el presente asunto, la falta de identidad de las personas se manifiesta desde el momento en que los sujetos que interponen la querella son distintos; asimismo, los títulos de los cuales se hace depender lo reclamado también son distintos, pues cada uno de los querellantes mantenía una relación de empleo público individual con el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua. (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2008-281 de fecha 22 de febrero de 2008 caso: Tomás Antonio Rodríguez, Yhan Carlos Espinoza y José Reinaldo Figueroa Boada contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda).
De lo anterior se observa claramente que la jurisdicción contenciosa administrativa en los casos en los que se discute materia de índole funcionarial no permite acumulación de pretensiones, lo cual no contraría el criterio asentado por la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 10-1196 de fecha 8 de junio de 2011, donde se estableció respecto al litisconsorcio activo consagrado en el artículo 49 de la Ley Orgánica del trabajo, la posibilidad de que dos o más personas puedan litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra.
Ello así, debe destacar este Órgano Jurisdiccional que al caso sub iudice no es aplicable la citada normativa adjetiva especial la cual permite una relación litisconsorcial menos rigorosa, por ser ésta aplicable en materia de procedimientos judiciales de trabajo, sin que esto implique que se afecte injustificadamente el acceso a la justicia de los hoy recurrentes. Así se establece.
Precisado lo anterior, en el caso de marras se observa que: i) los ciudadanos Ildemaro José Requena Hernández, Pedro Elías Villaprado Mendoza y Junior Agustín Gutiérrez León, mantenían relaciones de empleo público individuales con el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua ; ii) que éstos fueron separados de sus cargos (destituidos) por causa de un acto administrativo, S/N de fecha 24 de junio de 2011, emanado del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Girardot del Estado Aragua, así, considera este Órgano Jurisdiccional que la querella debió ser declarada inadmisible, como efectivamente fue declarada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, por haberse configurado una inepta acumulación de pretensiones con fundamento en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, así como en las decisiones Números 2458 y 1542 de fechas 28 de noviembre de 2001 y 11 de junio de 2003, respectivamente, casos: Aeroexpresos Ejecutivos y Municipio Pedraza del Estado Barinas vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
En consecuencia, resulta forzoso para esta Corte declarar SIN LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua en fecha 8 de diciembre de 2011, mediante el cual declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta. Así se declara”.

En este orden de ideas, en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial, la Ley del Estatuto de la Función Pública remite a la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, siendo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el texto normativo que se encuentra vigente; no obstante, debe señalar este Juzgado Superior que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será a partir de las disposiciones de esta Ley, que se determinarán los presupuestos procesales aplicables a cada una de las acciones y recursos que interpongan los interesados; por lo tanto, en el presente caso la aplicación normativa respecto a la verificación de las causales de inadmisión a que alude el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, serán las previstas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.

Así, las causales de inadmisibilidad en los procedimientos contenciosos administrativos, están contempladas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo éstas las siguientes:

“La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.” (Resaltado del Tribunal).


Dicha norma está dirigida al Juez, quien en acatamiento de la Ley negará la admisión de la demanda, pues de lo contrario le estaría dando curso al proceso en contra de los presupuestos legales, lo cual no puede entenderse como una prohibición al ejercicio de la acción ni a la correspondiente tutela judicial efectiva, ya que la cuestión procesal consiste en exigir el cumplimiento de estos requisitos legales que permiten la tramitación y curso de la acción o recurso interpuesto, pero en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público.

Así, en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial resulta evidente que ha sido ejercida la presente acción con una acumulación indebida de pretensiones contraria a una disposición expresa de la ley, lo que da lugar a lo que la doctrina ha denominado inepta acumulación de pretensiones, lo cual constituye causal de inadmisibilidad.

En consecuencia, visto que en el caso de autos se han planteado pretensiones que se excluyen mutuamente respecto a un mismo pronunciamiento judicial, resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 35 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.

III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir la “demanda” interpuesta por las ciudadanas MAIGUALIDA DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA y MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ, asistidas por la abogada Liliana Rodríguez, todas ya identificadas; contra el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, y solidariamente contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA.

SEGUNDO: INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 35 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.

Notifíquese al ciudadano Síndico Procurador del Municipio Jiménez del Estado Lara, de conformidad con el último aparte del artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, al primer (1º) día del mes de noviembre del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Jueza,

Marilyn Quiñónez Bastidas
La Secretaria,

Sarah Franco Castellanos
Publicada en su fecha a las 02:20 p.m.
D2.- La Secretaria,