TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES SEXTO DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, 24 de Mayo de 2012 Años: 202° y 153°
ASUNTO PRINCIPAL: KP01- P-2008-000622

Revisadas como han sido las actas que componen el presente asunto, quien suscribe se aboca al conocimiento de la presente causa y vista la solicitud de Revisión de Medida Cautelar solicitada por la defensa técnica de SAMIR JOEL ROMERO SANCHEZ, Cédula de Identidad Nº V- (…), por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, y el articulo 6 numerales 1 y 2 ejusdem, este Tribunal observa:
En fecha 20/01/2008 el Tribunal de Control Nº 9 de este Circuito Judicial Penal dictó decisión mediante la cual decreta Medida cautler sustitutiva a la Privativa de liberta la establecida en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en arresto domiciliario, revocada por incumplimiento en fecha 25/05/2011 e imputes medida privativa de libertad y ratificada en fecha 02 de diciembre de 2011, al momento de celebrarse la audiencia preliminar.
Alega la defensa técnica del acusado, la presunción de inocencia, afirmación de libertad y el tiempo sin que se le haya celebrado la audiencia de juicio.
Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la defensa considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Durante el proceso, la situación de sujeción del imputado al proceso se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 25/05/2011, momento en el que fueron valorados los elementos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es el delito, en el presente caso calificado como ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, y el articulo 6 numerales 1 y 2 ejusdem, un delito flagrante por haber sido encontrado al momento de la comisión, hasta la presente fecha de la actividad investigativa resultando una acusación en su contra, y no ha transcurrido el tiempo establecido en la misma disposición alegada por la defensa, en consecuencia la valoración de las circunstancias de conformidad con los artículos 250 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal se mantiene vigente, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, aunado a la conducta contumaz del acusado que trajera como consecuencia una revocatoria de medida cautelar sustitutiva decretada en su oportunidad, e imponiéndole la medida privativa de libertad.
Con base a lo anteriormente expuesto, estima ésta instancia judicial que lo pertinente y ajustado a la ley es negar la revisión y sustitución de la Medida de Coerción Personal Impuesta en su oportunidad, por no evidenciarse un cambio sustancial en las circunstancia que ameritaron su decreto. Así se decide.
DECISION
Este Tribunal de Primera Instancia en funciones Sexto de Juicio en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide en los siguientes términos, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la defensa técnica de la acusado SAMIR JOEL ROMERO SANCHEZ, Cédula de Identidad Nº V- (…), ampliamente identificada en autos, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, y el articulo 6 numerales 1 y 2 ejusdem, por cuanto no ha habido modificación de las circunstancias fáctico jurídicas apreciadas en relación a la conducta contumaz del acusado que implicara la revocatoria de la medida cautelar y la imposición de la privativa de libertad en fecha 25/05/2011 para su decreto. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.
JUEZA SEXTA DE JUICIO

Abg. MAY LING GIMENEZ
SECRETARIO (A)