TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 25 de junio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2012-004733

Revisado el presente asunto y visto la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad del defensor privado Abg. Rubén Villasmil en su carácter defensor de los ciudadanos ANDREY DANILO CRUZ LOZANO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.425.305, nacido en el Estado Lara, en fecha 02-05-88, de 23 años de edad, grado de instrucción: bachiller, de profesión u oficio: militar, domiciliado en Barinas, Socopó, Barrio Pueblo Nuevo, calle 4 entre carreras 11 y 12, Casa Nº S/N frisada, en la esquina una bodega, Barinas Estado Barinas, teléfono: 0426-1515933. y JUAN JOSE ALVAREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.845.685, fecha de nacimiento 27-12-66, de 45 años de edad, grado de instrucción: bachiller, de profesión u oficio: militar activo, domiciliado en Avenida Pastor Oropeza, Barrio La Greda, Casa S/N de color marrón con rejas, detrás del mercado municipal, Carora Estado Lara, teléfono: 0426-8663210, por la presunta comisión del delito de EVASION FAVORECIDA AGRAVADA por plan concertado, de conformidad con los artículos 265 y 266 del Código Penal, este Tribunal observa:

En fecha 26/04/2012 éste Juzgado dicta decisión mediante la cual decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del procesado de autos, por estar acreditados los extremos a que se contraen los artículos 250 y 251 numerales 2, 3, parágrafo primero y artículo 252 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, dejándose en calidad de depósito en la Comandancia del Cuerpo de Policía del estado Lara tomando en consideración la situación de huelga carcelaria existente para el momento.

Alega la Defensa Técnica del imputado la necesidad de revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra de su defendido, desglosando cada elemento que configura el peligro de fuga y obstaculización, indicando el por qué no se presentan en este proceso y que por ende da lugar a la necesidad de revisión y consecuente sustitución de la medida privativa de libertad que cuestiona.

Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la defensa considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Durante el proceso la situación de privación de libertad del justiciable se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 16/05/11, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, con lo cual no se ha acreditado la violación de las normas referidas al Debido Proceso y Derechos Fundamentales del justiciable, ya que permanecen incólumes los fundamentos apreciados por el tribunal en la citada fecha y plasmados en la resolución judicial que los contiene y que no fue sometida a mecanismo de impugnación alguno, referidos a la magnitud del daño causado, habida cuenta que se trata de la lesión del derecho a la propiedad, causado por una acción irreverente, despreocupada y carente del mínimo sentido de humanidad.

Asimismo observa el Tribunal que permanece vigente la hipótesis de fuga consagrada en el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la posible pena a imponer por estos hechos excede de diez años de privación de libertad, presumiéndose que el procesado se sustraigan de la persecución penal, lo cual se corrobora por la actitud evasiva que tuvieron desde el momento de comisión de los hechos, ya que jamás se presentaron ante la autoridad judicial para dar cuenta de lo acontecido, circunstancia ésta denota la intencionalidad en la materialización del resultado dañoso alegado por el Ministerio Público. Por otra parte es probable que el imputado en caso de quedar en libertad, pueda influir para que la víctima y demás testigos presénciales se comporten de manera reticente o desleal, colocando en grave peligro la investigación a desarrollar en esta causa y obtención de la verdad por las vías jurídicas.

En este sentido estima el Tribunal que es improcedente la petición de la defensa referida a la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por otra menos gravosa a causa de la modificación de las circunstancias apreciadas por este despacho en su oportunidad, y por ende se ordena la permanencia de la Medida Privativa de Libertad dictada en fecha 19/06/10 por este despacho judicial, al permanecer incólumes los fundamentos de hecho y de derecho tomados en consideración para la fecha conforme a lo establecido en los artículos 250, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y artículo 252 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la defensa técnica de los procesados ANDREY DANILO CRUZ LOZANO, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.425.305 y JUAN JOSE ALVAREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.845.685, por la presunta comisión del delito de EVASION FAVORECIDA AGRAVADA por plan concertado, de conformidad con los artículos 265 y 266 del Código Penal, Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

LA JUEZA OCTAVA DE CONTROL

ABG. LUISABETH MENDOZA PINEDA

EL SECRETARIO