TSJ Regiones - Decisión

Interpuesto como fue el formal escrito de acusación en la oportunidad legal correspondiente, por parte del Capitán MARCO AURELIO PIÑERO GONZÁLEZ, actuando en su carácter de Fiscal Militar Décimo Segundo con Competencia Nacional, en fecha 20 de Septiembre de 2010 y recibida con la misma data ante el Tribunal Militar Quinto de Control con sede en Maracay, a cargo de la ciudadana Jueza Militar Primer Teniente ROSMERY LEÓN TINEO, mediante la cual el referido Representante del Ministerio Público Militar, acusa a los ciudadanos: MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, por la presunta comisión del delito militar de REBELIÓN, previsto en el artículo 476 numeral 1o, en concordada relación con el articulo 486 numeral 3o, y sancionado en el artículo 487, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en concordada relación con el artículo 390 numeral 1 ejusdem; este Consejo de Guerra, en aras de adminicular la enunciación de los hechos y las circunstancias que deben ser claramente explanados en el extenso de la presente sentencia pasa a emitirla de la siguiente manera:
CAPÍTULO I

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
OBJETO DEL JUICIO

De la acusación interpuesta por el Representante del Ministerio Público Militar en fecha 20 de Septiembre de 2010, la cual se presentó como acto conclusivo luego de adelantar la fase preparatoria o investigativa del presente proceso penal, se desprende que los hechos imputados a los ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, son narrados por la parte fiscal, en su escrito de acusación, en los siguientes términos:
“(….) En razón a la ejecución de tres ordenes de allanamiento emanadas del Tribunal Militar 6to de Control del Estado Carabobo, realizadas en fecha 03 y 04 de agosto del presente año 2010, por funcionarios, adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a solicitud de la Fiscalía Militar doce de Maracay, en las siguientes direcciones: 1-Urbanización Valles de Camoruco, Avenida Orinoco, calle 122, Conjunto Residencial, Isla Coral M- 27, piso 17, Apartamento 17, Valencia Estado Carabobo. 2- Conjunto Residencial Safari Country Club, sector Big Games, casa sin numero, con fachada color ladrillo, parcela 470 Municipio Libertador Estado Carabobo. 3- Avenida paseo Cuátricentenario, Residencia Lomas de los Mangos, Edificio 2, piso 8, apartamento 8-C, Valencia Estado Carabobo, allanamientos en los cuales se incautaron los siguientes elementos de interés criminalísticos, tales como: treinta y nueve (39) celulares de diferentes marcas y modelos, una (01) computadora marca Toshiba portátil, tres computadoras maraca HP, seis (06) dispositivos de almacenamiento de información (PENDRIVE) de diferentes modelos, un vehículo de marca Toyota modelo Previa placa NAW910 color Beige, un vehículo de marca Ford, modelo Expedition, placa GDR97M color Negro, un vehículo marca Ford, modelo Expedition, placa QAG-06M, un vehículo marca Ford, modelo F150, color plata, Placa 69H- ABJ año 2006, una pistola marca Browning calibre 380, serial 9210520, todo según se evidencia de ordenes de allanamientos de fecha 03 de Agosto del 2010, signadas con los números: CJPM-TM6C-OA009-10, CJPM-TM6C-OA- 007-10, CJPM-TM6C-OA-008-10, respectivamente, emanadas del Juez Militar 6tO de Control, Mayor SAMIRASPER RASSI HAMAMI, incautados en el sitio del allanamiento donde se encontraban para ese momento los ciudadanos: LUIS GREGORIO RAMIREZ PÉREZ, quien posteriormente quedo identificado como (MICHAEL JOHN JIMENEZ SANCHEZ), cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 , ciudadano FERNANDO ALBERTO ORTEGA ARDILA, quien posteriormente quedo identificado como (LUIS ALBERTO RAMIREZ PAJON), portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, y el ciudadano LUIS ADRIANO RAMÍREZ ARBELAEZ, pasaporte N° CC8305335, quienes quedaron detenidos preventivamente; acto seguido se procedió a imponerle los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, y en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo inmediatamente trasladados con la seguridades del caso a la sede del Sebin- Valencia, posteriormente la comisión policial, procedió a realizar llamada al Fiscal Militar Doce con Competencia Nacional, quien giro las instrucciones pertinentes y necesarias, a los fines de su presentación, ante el tribunal militar respectivo. Por lo tanto siendo que la detención fue realizada en circunstancias de flagrancia, y que dicha circunstancia del hecho punible investigado en la presente causa, se encuentra prevista y sancionada, en relación a los supuestos de hecho y de derecho como lo es el delito Penal Militar de REBELIÓN, previsto en el artículo 476 numeral Io, en concordada relación con el articulo 486 numeral 3o, y sancionado en el articulo 487, del Código Orgánico de Justicia Militar, siendo que es uno de los Delitos contra la Integridad, Independencia y Libertad de la Nación, y en ese estado habiéndose cubierto los requisitos como fueron los establecidos en él articulo 44 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a, solicitar ante el Juez de Control lo siguiente: Primero: Calificación de la detención practicada como Flagrante. Segundo: se solicito formalmente la privación judicial preventiva de libertad de conformidad con el artículo 250, ordinales Io, 2o y 3o, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de los ciudadanos, MICHAEL JOHN JIMENEZ SANCHEZ, cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y del ciudadano LUIS ALBERTO RAMIREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, y LUIS ADRIANO RAMIREZ ARBELAEZ, PASAPORTE COLOMBIANO N° CC8305335, por el Delito Penal Militar de (REBELIÓN), previsto en el artículo 476 numeral Io, en concordada relación con el articulo 486 numeral 3 o y sancionado en el articulo 487, del Código Orgánico de Justicia Militar, y Tercero: se solicito la aplicación del procedimiento ordinario a los fines de poder indagar mejor el hecho punible presuntamente cometido, de conformidad con lo contemplado en los artículos 372, ordinal 1 y 373, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse el presente caso de un hecho punible de carácter Penal Militar, siendo acordadas dichas solicitudes por el tribunal militar, así mismo prosiguiendo con el desarrollo de la presente investigación se obtuvo información por parte de la Jefa de la Dirección de Archivo Internacional (INTERPOL), adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informando lo siguiente: en, o alrededor de Septiembre del 1999, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, (NYPD), iniciaron la Investigación de una ORGANIZACIÓN TRAFICANTES DE DROGA que fue responsable por la importación de miles de kilogramos de cocaína, de Colombia a los Estados Unidos, en el transcurso de la Investigación JIMENEZ SANCHEZ y RAMIREZ PAJON, fueron identificados como miembros claves de la Organización, quienes ayudaron a dirigir la distribución de la cocaína desde Colombia a clientes en Nueva York y Massachusetts. El FBI y NYPD, determinaron que entre, en o alrededor de Septiembre del 2000 y Diciembre del 2001, la célula de distribución dirigida por JIMENEZ SANCHES y RAMIREZ PAJON, distribuyo más de 1.000 kilogramos de cocaína en la ciudad de Nueva York, Boston y sus alrededores, el 17 de Febrero del 2004, a JIMENEZ SANCHES y RAMIREZ PAJON, se les acuso formalmente en el Distrito sur de Nueva york (SDNY) de conspiración para distribuir cocaína en violación de las secciones 812, 841 (a) (1) m841 (b) (1) (A9) y 846 del título 21 código de los Estados Unidos, a su vez se solicitan ayuda a nuestro país Venezuela, para ala extradición de ambos, a los Estados Unidos para que puedan enfrentar la acción judicial. Asimismo se solicitó a la interpol Bogotá, buenos aires y Secretaria General solicitando los posibles antecedentes policiales y/o judiciales de los ciudadanos antes mencionado (….)”

En fecha 16 de Mayo del año en curso, siendo la oportunidad fijada por este Consejo de Guerra para celebrarse la Audiencia de Apertura al juicio Oral y Público de la presente Causa, de conformidad con el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a ceder el derecho de palabra al representante del Ministerio Público Militar Mayor ANGEL VICENTE BRUNO GARCÍA, quien expuso lo siguiente:
“(.…)en mi condición de Fiscal Militar Decimo Segundo con sede en Maracay y actuando en este acto apegado al artículo 285 y 357 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concurro antes honorable estrado de justicia militar con la finalidad de hacer una exposición sobre el caso que nos ocupa hoy con respecto a la presunta comisión del delito de REBELIÓN, tipificado en el artículo 476 numeral 1 en concordada relación con el artículo 486 numeral 3 y sancionado en el artículo 487 todos del Código Orgánico de Justicia Militar de acuerdo al escrito acusatorio presentando en su oportunidad contra los ciudadanos hoy identificados como LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, titular de la cédula ciudadanía Colombiana No. 98.547.796 y el Ciudadano MICHAEL JHON JIMÉNEZ SÁNCHEZ titular de la cédula ciudadanía Colombiana No. 98.565.682, en razón de ello, ciudadanos magistrados, debo hacer un recuento preliminar de que esta causa que nos ocupa, tuvo su origen mediante la práctica de tres allanamientos en fecha cuatro de agosto de 2010 llevados a cabo por el SEBIN en diferentes lugares en el estado Carabobo, una primera de ellas efectuada en La urbanización Valles de Camoruco, avenida Orinoco calle 122, en el Conjunto Residencial “Isla Coral” en el numero M-27, único apartamento en la ciudad de Valencia estado Carabobo; allí en ese momento la comisión fue atendida por una persona que se identifico como Ramírez Pérez Luis Gregorio, con C.I V 16.201884, tal como se evidencia en la causa en la pieza 1 al folio 136, en esa misma residencia se ubicó al ciudadano Luis Ramírez Arbeláez de nacionalidad colombiana y que para ese momento dijo ser el padre biológico del ciudadano ya señalado, allí luego de ese acto procesal se efectuó otro en la parcela 479, Urbanización Safari Country Club, del Municipio Libertador del Estado Carabobo, y allí la comisión fue atendida por un ciudadano que se identifico como Fernando Alberto Arteaga civ 16.178.710, tal cual como se evidencia en la pieza uno folio 258, en virtud de que la comisión visto el acento que no era propio del venezolano, se insistió en saber si esa identificación era la de ellos, solicitándole se corroborara a través de otro documento que poseyeran en el momento, lo cual no se logro por parte de estos ciudadanos, razón por la cual la comisión se vio en la obligación de detenerlos de manera preventiva vista lo dudoso de su identificación. En virtud de ello, fueron traídos ante la Fiscalía Militar y fueron presentados ante el Tribunal Militar Quinto de Control en fecha 05 de agosto del 2010, habiéndose decretado medida judicial privativa de libertad contra los ciudadanos ya señalados, en el transcurso de la fase de investigación, la defensa privada de estos ciudadanos hasta ese momento, consciente de que se trataba de unos ciudadanos venezolanos con cédulas de identidad que ya identifiqué, la defensa privada presento un escrito, haciendo saber que los ciudadanos que se encontraban detenidos especialmente quienes se identificaron con los nombres Ramírez Pérez Luis Gregorio y Fernando Alberto Ardila, no eran ellos se trataban de cédulas de identidad que no les pertenecían y que sus nacionalidades eran colombianas y obedecían a otra identificación, señalando en el mismo escrito con documentos que anexaron y que se encuentran insertos en la causa en la pieza dos (02) al folio 153 y siguiente dejaron ver que los ciudadanos en cuestión sus verdaderas identidades eran quien se identificaba como Fernando Alberto Ortega Ardila con cedula de identidad 16.178.710 su verdadero nombre era LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, titular de la cédula ciudadanía Colombiana No. 98.547.796 y quien se identificaba como Luis Gregorio Ramírez Pérez cedula de identidad venezolana 16.201.884 era Ciudadano MICHAEL JHON JIMÉNEZ SÁNCHEZ titular de la cédula ciudadanía Colombiana No. 98.565.682, estos actos motivaron la necesidad de que el Ministerio Publico solicitara información en relación a esa identificación que fue aportada por la misma defensa privada, obteniendo como resultado tal como se evidencia al folio 186, oficio original con el numero 97000941161145 de fecha 31 de agosto del 2010, emanado del archivo internacional interpol donde se hace saber que los ciudadanos antes señalados con nacionalidad colombiana estarían presuntamente involucrados en el tráfico de estupefacientes, así mismo esa misma información se evidencia y riela a los folios 157 y siguientes de la pieza número tres, posteriormente y bajo las circunstancias en que fueron aprehendidos y los resultados que arrojo la investigación, y bajo la calificación, la imputación formal que hizo el Ministerio Público en el delito de rebelión con los señalamientos de tipicidad ya señalados el Ministerio Público presenta el escrito acusatorio, contra estos dos ciudadanos el cual riela al folio 102 y siguientes de la pieza dos y en esa misma oportunidad en fecha 13 de octubre 2010, se realiza audiencia preliminar; en cuanto al tercer ciudadano que estaba detenido el Ministerio Público Militar decidió decretar un archivo, por cuanto no se consiguieron elementos que apuntaran hacia una responsabilidad penal contra el ciudadano en cuestión, quedando estos dos ciudadanos que hoy se encuentran en calidad de acusados privados de libertad, el trece (13) de octubre de 2010 se realizo la audiencia preliminar tal como riela pieza TRES folio dos y siguientes y posteriormente en espera del juicio para esa oportunidad en fecha 5 de mayo de 2011, la Fiscalía Militar decima segunda solicita declinatoria de competencia por parte del fiscal que para ese momento estaba ostentando el cargo de titular decima segunda así se desprende de la pieza tres del folio 246 y siguiente en ese escrito el fiscal militar aseguró que estaban presentes y de acuerdo con lo señalado anteriormente los delitos comunes de falsa identidad y legitimación de capitales y que la jurisdicción penal militar no era la más adecuada para continuar conociendo en virtud de estas circunstancias que surgieron en el transcurso de la investigación pero que debemos asumir una responsabilidad en que lamentablemente fueron siendo llevadas hasta una etapa, en que todavía presumimos de acuerdo a nuestra legislación que podrían ser objeto de esa declinación pero también tengo que hacer énfasis, en que la idea primordial del Ministerio Público en esa oportunidad era hacer saber de que ya no podíamos continuar conociendo, el eventual juicio que estaba pendiente a realizarse por las circunstancias en que fueron investigados, pues todo hacía presumir la comisión de delitos comunes y no del delito militar Rebelión, y los elementos de convicción obtenidos, no iban a ser suficientes para sustentar, mantener, sostener, debatir una acusación en estrado en medio de una audiencia oral y pública en contra de estos ciudadanos acusados y hoy privados de libertad, y se pensó en esa oportunidad, por parte del Ministerio Público Militar, específicamente la Fiscalía Militar Décima Segunda que declinar la competencia era lo más justo haciendo gala del artículo 157 constitucional, en virtud de que a todo trance se buscaba la justicia habiendo elementos que hacían presumir estos delitos y que ya han sido señalado anteriormente, sin embargo, por motivos procesales la causa fue objeto de una consulta ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por plantearse conflicto de no conocer ante la jurisdicción penal ordinaria, con respecto a esta jurisdicción Penal Militar y que allí la Sala Penal decidió que no era la oportunidad procesal para invocar estos tipos de delitos, cuando ya se encontraba el expediente en una fase avanzada y no había actos procesales que pudieran eventualmente servir de base para iniciar una investigación por los delitos ya señalados; es decir los delitos de orden común, muy a pesar como esta señalado en la decisión de la Sala Penal en que eventualmente existía una presunción muy razonable sobre la falsa identidad y sobre otro delito de orden común que está señalado allí y que lo más conveniente, desde el punto de vista procesal y bajo los principios constitucionales del articulo 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por ello ciudadanos jueces militares, que no existen elementos que verdaderamente podamos debatir en esta sala de juicio y que definitivamente nos lleven a establecer una responsabilidad sobre ese delito de rebelión militar, sin embargo, debo hacer hincapié a los elementos que ya he señalado que el Estado venezolano, en este caso representado por mi persona, no puede hacer un salto, tampoco podemos taparnos los ojos ante circunstancias que han ocurrido en esta causa y que para nosotros con plena seguridad constituyen elementos que atañen a la seguridad del Estado y mas allá de ello serian trastocar los principios fundamentales de la justicia, de la integridad e independencia de nuestro territorio, tratándose de ciudadanos que están en nuestro país en condición de transeúntes, de visitantes que este Ministerio Público desconoce y deben estar apegados si les exigimos a nuestros ciudadanos estar apegados a la ley, con mas razón ellos deben estar apegados a la ley, en virtud de ello, debo señalar que este tipo de conducta y dadas las circunstancias en que fue decidido la declinatoria de competencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y siendo garante de los principios fundamentales que están en nuestra Constitución, y respetuosos de los derechos de nuestros coterráneos y extranjeros que cohabitan con nosotros, no podemos dejar pasar circunstancias de esta naturaleza y yo debo remitirme necesariamente a la Ley de Extranjería y Migración, plenamente vigente, en relación a esta falsa identificación en que estos ciudadanos prácticamente vulneraron, los principios de seguridad de la Nación. En virtud de ello, aclarado el punto de no entrar a debatir los elementos de prueba, por qué no nos llevarían realmente a un eventual establecimiento de responsabilidad penal, para demostrar ese delito de acuerdo a la ley ya señalada de Extranjería y Migración en su artículo 2, que señala el ámbito de aplicación y que allí recoge muy puntualmente lo concerniente a los extranjeros que se encuentran en nuestro país en concordada relación con el articulo 8 numeral 5 ejusdem, que señala aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país, pero que estén supuestamente incursos en delitos relacionados con sustancias estupefacientes y psicotrópicas el articulo 38 numeral 1, treinta y nueve numeral dos y numeral cuatro, que aquellos artículos de la misma ley que hablan sobre la seguridad y defensa de la Nación en cuanto a la identificación que deben tener los ciudadanos extranjeros en nuestro país y que es una exigencia para nosotros mismos como ciudadanos venezolanos, así como el artículo 40 en cuanto a la notificación de la autoridad que debe conocer en estos casos que no es otra que el Servicio Administrativo de Identificación, migración y Extranjería conocido como SAIME, el articulo 34 y 35 que nos es mas que el señalamiento del procedimiento en ámbito administrativo que debe seguirse, para poner a los ciudadanos a la orden de su país de origen esta Fiscalía Militar, de acuerdo a lo señalado y a los artículos invocados, en cuanto a la Ley de Extranjería y Migración a los fines de que el Estado venezolano no quede de manera latente en cuanto a su seguridad y responsabilidad de administrar justicia, no sólo desde el punto de vista judicial sino administrativo, tal como es garantía esencial en nuestra Constitución, solicito que una vez dictaminado decidido, y emitido su pronunciamiento en cuanto a la imposibilidad del debate de las pruebas, en este juicio, solicito que sean puestos estos ciudadanos Acusados, privados de libertad, sean puestos a la Orden del Servicio Administrativo de Identificación, migración y Extranjería conocido como SAIME, a los fines de que sean ellos, lo que abran el procedimiento administrativo correspondiente por no ser ésta la instancia para ello y verificados los datos ya señalados especificados, que cursan en la causa en cuanto a la identidad, y en cuanto a la presunción en que pudieran eventualmente estar incursos en delitos de orden internacional, en cuanto a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas y que sean ellos los que una vez realizados dicho procedimiento muy especifico en la ley ya señalada, sean puestos definitivamente a la orden de las autoridades de su país de origen para que se le siga el procedimiento que ellos decidan tramitar en ese territorio una vez agotada esa instancia; en virtud de ello ciudadanos jueces militares, no me queda más que a pesar de que ya como lo señalé, muy específicamente sobre la documentación que está inserta en el expediente en cuanto a la información emitida por el archivo internacional entregada a este honorable Tribunal Militar a los fines de mi solicitud, la comunicación que se repite, igualmente es la misma número 228 de fecha seis de febrero del 2012, a los fines de sustentar mi pedimento…es todo ciudadanos jueces militares…”(Sic).

Por su parte la ciudadana abogada BRISEIDA CARVAJAL, Defensora Privada de los acusados de marras, MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682; y LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, realizó su exposición, de la siguiente forma:
“(….)esta defensa una vez oído lo explanado aquí por el Ministerio Público, quiere hacer constar algo respecto a mis defendidos, en cuanto a los delitos que se le imputan en esta corte marcial, son inocentes desde el comienzo de esta averiguación, eso esta bien demostrado en las actas del expediente y repito, explanado lo del Ministerio Público, esta defensa no tiene mayores cosas que aportar si no que el Ministerio Público, no puede mantener una acusación a ultranza, si las circunstancias demuestran lo contrario como lo es el caso presente lo lógico o lo correcto, lo ajustado a derecho, es la solicitud del sobreseimiento de la causa, que es por lo que estamos acá; en sentadas jurisprudencias de los magistrados del TSJ, traigo a colación la de Pedro Rondón Haaz del 2002 del 15 de octubre en donde en cualquier estado y grado de la causa, una vez que se ha verificado la inocencia de los acusados, independientemente que estén en la fase de control o juicio, el fiscal tiene un sagrado deber constitucional de solicitar el sobreseimiento como lo ha planteado aquí el Fiscal del Ministerio Público, por que el Fiscal del Ministerio Público es parte de buena fe, y como no puede mantener acusaciones a ultranza, independientemente que se desprenda de las actuaciones del expediente, porque es un sagrado deber mantener la buena marcha de la administración de la justicia y defender las garantías constitucionales, repito me adhiero a la solicitud del fiscal, en cuanto al sobreseimiento que ha solicitado, que aquí no tiene como mantener un juicio porque no hay pruebas en cuanto a este delito y solicito realmente le sea decretado el sobreseimiento a mis representado adhiriéndome así a la solicitud de la fiscalía. Es todo…” (Sic).
Por su parte la abogada FLOR GISELA BETANCOURT, Defensora Privada de Los acusados MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, y LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, realizó su exposición, de la siguiente forma:
“(….) indudablemente como lo señaló mi colega, nosotros al adherirnos a la solicitud planteada en este acto por el Ministerio Público, lo hacemos con basamento en los alegatos que ya habíamos sosteniendo desde el inicio de este proceso, como actuantes en este juicio, como lo que se llama una defensa, esta defensa en todo momento sostuvo, sostiene y sigue manteniendo que ciertamente nuestros representados son inocentes del delito por el cual fueron acusados y manteniendo una acusación, durante todo un trayecto que hoy nos lleva a 2 años de privación de libertad, de una manera lesiva si se quiere a todo el proceso judicial; oyendo la explicación dada por el Ministerio Público, quien ha actuado con la Constitución y la ley adjetiva penal de parte de buena fe, que es a lo que estamos obligados todos, frente a un proceso judicial, indudablemente como en aquel momento la fiscalía hace la declinatoria de competencia que se va al tribunal ordinario del estado Carabobo (….) y a todo evento, solicita en base a todas las lesiones a las que han sido sometidos nuestros representados le sea concedido su libertad, los cuales han sido privados desde hace dos años de manera, si se quiere de manera injusta, frente a un proceso en el cual no existen los suficientes elementos para que ellos sean acusados por el Ministerio Público. Es todo…” (Sic)
Seguidamente el Juez Presidente dirigió su atención al acusado ciudadano MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, a quienes se les impuso del contenido del ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma ésta que les exime de declarar en causa propia o en contra de sus familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, asimismo, les informó que la declaración que podrían prestar era un medio para su defensa y que podrían declarar en el momento que lo desearan, siempre y cuando el contenido de la declaración guardara relación con los hechos objeto del presente proceso penal, asimismo le explicó detalladamente al acusado acerca de los hechos que se le atribuye, advirtiéndoles asimismo que podían abstenerse de declarar sin que su silencio les perjudicara y que el debate continuaría aunque no declararan. Incontinenti, el Juez presidente interrogó al acusado: MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 Colombiana N° 98.547.796 si deseaba declarar, contestando el mismo lo siguiente: “…No deseo declarar…” (Sic). De seguidas, el Juez Militar, interrogó al acusado LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, si deseaba declarar, contestando el mismo lo siguiente: “…No deseo declarar…” (Sic).
CAPITULO II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En razón a los planteamientos tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestos , este Consejo de Guerra de Maracay, para decidir observa lo siguiente: Oída la exposición hecha por el ciudadano Fiscal Militar Décimo Segundo con Competencia Nacional, mediante la cual manifestó carecer de elementos de carácter probatorio suficientes para sostener los alegatos explanados en el escrito acusatorio interpuesto por el Fiscal Militar que dio inicio al presente proceso penal; así como los alegatos expuestos por los representantes de la defensa privada, quienes se acogieron al petitorio fiscal e igualmente plantearon la inocencia de sus representados desde el inicio de este proceso penal, y solicitaron se dictara Sobreseimiento de la causa seguida en contra de sus patrocinados, ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796; este Tribunal Militar para decidir observa: Siendo el Ministerio Público, el titular de la acción penal y sobre quien recae la carga de la prueba, y en vista que éste renunció al acervo probatorio por considerarlo insuficiente para demostrar el delito y la responsabilidad penal señalada a los acusados encartados en la causa de marras; para dar continuidad a este proceso penal, se consideró innecesario abrir el debate oral y público a la recepción de pruebas y al contradictorio. En consecuencia, se procedió a cerrar el mismo de conformidad al último aparte del artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, una vez efectuada la deliberación correspondiente, este Tribunal Militar en funciones de Juicio pasa a dictar sentencia en los siguientes términos: El Ministerio Público Militar con sede en Maracay, Estado Aragua, no incorporó al presente proceso penal, los elementos probatorios que demostraran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión del hecho punible y menos aún, la responsabilidad penal de los acusados MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, señaladas en la acusación fiscal de fecha 20 de Septiembre de 2010, presentada en referida oportunidad por el ciudadano Capitán Marco Aurelio Piñero González, en cuanto al delito militar de REBELIÓN, previsto en el artículo 476 numeral 1o, en concordada relación con el articulo 486 numeral 3o, y sancionado en el articulo 487, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; en virtud de lo cual se declaran NO CULPABLES y en consecuencia se ABSUELVEN de la responsabilidad penal con ocasión a la presunta comisión del delito militar de REBELIÓN ya señalado. Y ASÍ SE DECIDE.

Ahora bien, con relación a la solicitud invocada por la defensa de los acusados, ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, referida a que este órgano jurisdiccional decrete el Sobreseimiento de la causa seguida en contra de los mismos, estos juzgadores observan lo siguiente: Si bien es cierto, que nuestro ordenamiento adjetivo vigente, incorpora en el artículo 322 la posibilidad que pueda ser acordado el Sobreseimiento en la etapa de juicio, estableciendo a tales efectos, que previo a la apertura del debate, se produzca una causa extintiva de la acción penal o resulte acreditada la cosa juzgada, lo cual materializaría uno de los supuestos establecidos en el artículo 318 ejusdem, específicamente el contenido en el numeral 3 de ese supuesto normativo; no es menos cierto que para analizar la solicitud impetrada por la defensa, hay que remitirse necesariamente a lo previsto en el artículo 436 del Código Orgánico de Justicia Militar, que consagra las causas de extinción de la acción penal militar. En tal sentido, la norma in comento señala que la acción penal militar se extingue por cuatro circunstancias taxativamente previstas, dentro de las cuales no se observa materializada alguna de ellas en este proceso penal que nos ocupa. Por otra parte, tampoco se advierte de las circunstancias planteadas por las partes ni de las actas procesales, la acreditación de la cosa juzgada. En virtud de ello, este Consejo de Guerra de Maracay considera que la decisión judicial que procede en la presente causa es una SENTENCIA ABSOLUTORIA, y no el Sobreseimiento de la causa, como peticiona la Defensa de los acusados, y ASÌ SE DECLARA.

Por lo que respecta a la petición fiscal relativa a que los ciudadanos acusados, sean puestos a la orden del SERVICIO AUTÒNOMO DE IDENTIFICACIÒN, MIGRACIÒN Y EXTRANJERÌA (SAIME), este Consejo de Guerra de Maracay, DECLARA CON LUGAR, tal petición y resuelve oficiar a referido ente administrativo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores a los fines que se verifique la condición de legalidad de la permanencia en el país de los ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796 y en consecuencia se cumplan los trámites administrativos pertinentes al caso. ASÌ SE RESUELVE.
DISPOSITIVA.
Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, este Consejo de Guerra de Maracay en funciones de juicio, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: ABSUELVE a los ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.565.682 y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, portador de la Cédula de ciudadanía Colombiana N° 98.547.796, de la responsabilidad penal con ocasión a la acusación presentada en su contra por la Fiscalía Militar Décima Segunda con Competencia Nacional, con sede en Maracay, Estado Aragua, por la presunta comisión del delito militar de de REBELIÓN, previsto en el artículo 476 numeral 1o, en concordada relación con el articulo 486 numeral 3o, y sancionado en el artículo 487, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en concordada relación con el artículo 390 numeral 1 ejusdem. SEGUNDO: Se ordena como consecuencia de la presente sentencia absolutoria, la LIBERTAD PLENA E INMEDIATA de los mencionados ciudadanos, todo ello de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Líbrense las correspondientes Boletas de Excarcelación. CUARTO: Se ORDENA la exclusión de los datos personales de identificación correspondientes a los ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, de los registros oficiales llevados por los distintos organismos de seguridad del Estado Venezolano que guarden relación con los hechos objetos del presente proceso judicial penal militar, ello en salvaguarda de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. QUINTO: SE ORDENA oficiar al SERVICIO AUTÒNOMO DE IDENTIFICACIÒN, MIGRACIÒN Y EXTRANJERÌA (SAIME), sea verificada la condición de legalidad de la permanencia en el país de los ciudadanos MICHAEL JOHN JIMÉNEZ SÁNCHEZ y, LUIS ALBERTO RAMÍREZ PAJON, y en consecuencia se cumplan los trámites administrativos pertinentes al caso para su debido tratamiento legal. SEXTO: SE EXONERA al Estado Venezolano al pago de las costas procesales a las cuales refiere el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al contenido del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. HÁGASE COMO SE ORDENA
EL JUEZ PRESIDENTE
NIGER LEONEL MENDOZA GARCÍA
CORONEL

EL JUEZ PROFESIONAL
EDMUNDO R. MUJICA SANCHEZ
TENIENTE CORONEL
PONENTE

LA JUEZA PROFESIONAL
MEILING L. RONDON LEÓN
MAYOR

EL SECRETARIO
HAROLD EMILIO CASTILLO
CAPITAN

CAUSA: CJPM-CGM-009-2010