REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-N-2003-000322
En fecha 19 de mayo de 2006, se recibió de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el oficio Nº 2006-1355, de fecha 24 de abril de 2006, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Erick G. Zuleta, titular de la cédula de identidad Nº 4.386.187, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil “CORPORACIÓN DE TRANSPORTE ASOCIADA PALAVECINO C.A”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nº 41, tomo 130-A de fecha 14 de noviembre de 1995, asistido por el ciudadano Juan Carlos Torrealba, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.701, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 125 de fecha 27 de febrero de 2003, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante la cual ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Luís Enrique Páez Alvarado, titular de la cédula de identidad Nº 7.364.828.
Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2006, por la referida Corte, mediante la cual declaró su incompetencia sobrevenida y ordenó la remisión del expediente a este Juzgado Superior competente para conocer y decidir el presente asunto.
Mediante auto dictado en fecha 10 de octubre de 2007, el ciudadano Freddy Duque Ramírez, quien ostentaba el cargo de Juez de este Tribunal se abocó al conocimiento del presente recurso y en consecuencia ordenó notificar a las partes de conformidad con la ley.
De esta forma, en fecha 10 de enero de 2008 este Juzgado acordó complementar el auto de admisión dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 20 de enero de 2005, y en consecuencia, ordenó practicar las citaciones y notificaciones correspondientes.
Finalmente, en fecha 27 de enero de 2012, se abocó al conocimiento de la presente causa la ciudadana Marilyn Quiñónez Bastidas, en virtud de su designación como Jueza de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
En efecto, revisadas las actas procesales, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
Mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 2003 la parte recurrente, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, con base a los siguientes alegatos:
Que la Administración actuó de forma errática al momento de practicar la notificación, y esto se ha manifestado mediante un hibrido procesal creado por los funcionarios del trabajo, en el cual ante el vació de la Ley Orgánica del Trabajo, la ley aplicable no es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sino la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo.
Que la Inspectoría del Trabajo procedió de forma contradictoria y sin fundamento legal ya que subsumió en una sola actividad denominada “informe de fijación de cartel de citación” las fases de notificación personal y la de cartel.
Que la Providencia impugnada se encuentra viciada por falso supuesto de hecho toda vez que según afirma la Inspectoría del Trabajo confunde la notificación con citación sin distinguir entre la ausencia de firma de la boleta y la citación.
Que Administración Laboral incurrió en falsa aplicación del derecho, ya que “…en la ley adjetiva del trabajo no existe otro dispositivo atinente a la notificación dentro de un iter administrativo a excepción de aquella prevista en los artículos de 47 al 50 de la ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo…”
Finalmente, solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 125 de fecha 27 de febrero de 2003, dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, mediante la cual ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Luís Enrique Páez Alvarado.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como lo fue la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Erick G. Zuleta, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil “CORPORACIÓN DE TRANSPORTE ASOCIADA PALAVECINO C.A”, asistido en este acto por el ciudadano Juan Carlos Torrealba, ya identificados, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 125 de fecha 27 de febrero de 2003, dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, mediante la cual ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Luis Enrique Páez Alvarado, identificado supra, a través de sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 28 de marzo de 2006, pasa esta Sentenciadora a pronunciarse sobre los términos siguientes.
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar para el caso en concreto que una vez admitido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con solicitud de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada, deviene una carga procesal para la parte recurrente en proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para la continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, de la revisión de las actas procesales en la presente causa tenemos que desde la fecha en que se dejó constancia de haberse complementado el auto de admisión dictado, hasta la presente fecha, no se ha materializado ninguna actuación procesal a instancia de parte para la consecución del procedimiento, es decir, la parte recurrente no ha cumplido con la obligación de proveer los fotostatos ni ha mostrado interés procesal alguno para materializar las citaciones ordenadas en el auto de admisión de fecha 10 de enero de 2008, habiendo transcurrido el lapso superior a un (01) año.
Así las cosas, en relación a la figura de la perención de la instancia, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.”
Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción en la que no se ha impulsado el proceso desde el día 10 de enero de 2008, para su continuación.
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 10 de enero de 2008, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual complementó la admisión del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con lo que la actuación de la parte demandante se limitó a la presentación de su pretensión, por consiguiente habiendo transcurrido más de un (01) año, de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.
III
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil doce (2012). Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Jueza,
Marilyn Quiñónez Bastidas
La Secretaria,
Sarah Franco Castellanos
Publicada en su fecha a las 11:05 a .m.
La Secretaria,
Ac
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