TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Barquisimeto, 19 de enero de 2012.
201º y 152º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA: 007/2012
ASUNTO: KP02-U-2010-000065

Parte recurrente: JIMY TAYLOR SIERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.376.009, actuando en este acto en su carácter de presidente del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (INSEMAT), creado según ordenanza publicada en Gaceta Oficial del Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres en fecha 25 de septiembre de 2009, adscrito a la Alcaldía del Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres del estado Lara, representación que acredita según resolución de nombramiento número E-234-2009, de fecha 21 de diciembre de 2009.

Acto recurrido: Resolución bajo el Nº SAATEL-OF-TF-TL-001-2010, de fecha 15 de abril de 2010, notificado el 18 de mayo de 2010 y la plaquilla de liquidación bajo el Nº OFR-599-2010, de fecha 21 de abril de 2010, emanada del SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO LARA (SAATEL), adscrito a la Gobernación del estado Lara.

Administración Tributaria recurrida: SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO LARA (SAATEL), adscrito a la Gobernación del estado Lara.
I
Antecedentes

En fecha 21 de junio de 2010, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) Civil Barquisimeto, el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto ante este Tribunal Superior, por el ciudadano JIMY TAYLOR SIERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.376.009, actuando en este acto en su carácter de presidente del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (INSEMAT), creado según ordenanza publicada en Gaceta Oficial del Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres en fecha 25 de septiembre de 2009, adscrito a la Alcaldía del Municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres del estado Lara, representación que acredita según resolución de nombramiento número E-234-2009, de fecha 21 de diciembre de 2009, asistido en este acto por la abogada Yannina Álvarez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 54.603, en su carácter de consultora jurídica del Instituto Autónomo de Servicio Municipal de Administración Tributaria (INSEMAT), según resolución de nombramiento Nº 002-INS-P-2010 de fecha 04 de enero de 2010; en contra de la Resolución signada bajo el Nº SAATEL-OF-TF-TL-001-2010, de fecha 15 de abril de 2010, notificado el 18 de mayo de 2010 y la plaquilla de liquidación bajo el Nº OFR-599-2010, de fecha 21 de abril de 2010, emanada del SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO LARA (SAATEL), adscrito a la Gobernación del estado Lara.
El 29 de junio de 2010, se le dio entrada al recurso contencioso tributario y se ordenó librar boletas de notificación dirigidas a la Gobernación del estado Lara y al Procurador General del estado Lara.
El 14 de julio de 2010, se consignó la boleta de notificación dirigida a la Gobernación del estado Lara, siendo notificada en esta misma fecha.
El 22 de julio de 2010, se recibe diligencia de la parte demandante donde solicita a este Tribunal las notificaciones de Ley.
El 10 de agosto de 2010, la Abg. María Leonor Pineda García, se abocó al conocimiento de la presente causa, una vez precluya el lapso de recusación, se dictará pronunciamiento sobre la diligencia de fecha 22 de julio de 2010.
El 22 de septiembre de 2010, se consignó la boleta de notificación dirigida al Procurador General del estado Lara, debidamente notificado el 09 de septiembre de 2010.
El 23 de noviembre de 2010, la Abg. Xioely Alejandra Gómez Torrealba, en su condición de Jueza Temporal de este Juzgado, reasume el conocimiento de la causa. Asimismo, se acordó diligencia de fecha 22 de julio de 2010.
El 17 de enero de 2012, la Jueza Titular de este Tribunal Superior reasume la presente causa y ordena agregar al presente asunto resulta de la comisión librada por este Tribunal Superior, emanada del Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

II
Consideraciones para decidir

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y estando las partes a derecho, este Tribunal decide proceder de oficio a verificar si en el presente asunto se ha configurado la perención, en este sentido se realizan las siguientes consideraciones:

Los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil que se aplican a la materia tributaria por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, disponen:

“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos…., es apelable libremente”.

En este orden, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00696, de fecha 14 de julio de 2010, señaló lo siguiente:

“…La perención de la instancia constituye en nuestro ordenamiento jurídico, un medio de extinción del proceso que opera por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el juicio (tal como lo prevé el artículo 19 aparte decimoquinto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ahora el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como el artículo 265 del Código Orgánico Tributario vigente), o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos inferiores al año.
Se erige entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.
El referido artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, dispone lo siguiente:
“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
En lo que respecta a la perención, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, en las cuales, luego de referirse al dispositivo legal que consagra la aludida institución, decidió:
“Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.
Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in comento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar a la Administración de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley.”
Asimismo, “…esta Sala en sentencia N° 01256 de fecha 13 de agosto de 2009, caso: Smith Internacional de Venezuela, C.A., ratificado en su fallo N° 00197 del 4 de marzo de 2010, caso: El Wiljor, ha indicado en cuanto a la perención lo siguiente:
En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad”.
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras)…”
Al respecto este Tribunal debe traer a colación lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario vigente, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 264- Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único.- Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o los actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo”.

Ahora bien de acuerdo con la sentencia y los artículos transcritos supra se constata que:

En la presente causa se trata de un recurso contencioso tributario autónomo, por lo cual se entiende que la recurrente se encuentra a derecho desde el momento de la interposición del escrito recursorio presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil (URDD), en fecha 21 de junio de 2010. Asimismo, la parte demandada fue debidamente notificada de la entrada del presente recurso el 14 de julio de 2010.

En segundo término, conforme al criterio de la Sala Político Administrativa lo que se requiere para que opere la perención, es que exista inactividad procesal, que la omisión se prolongue por un año, tal como así también lo plantea el artículo 265 del Código Orgánico Tributario y que la causa no se encuentre en estado de sentencia.

En el caso bajo estudio, se aprecia que este Tribunal dictó auto en 23 de noviembre de 2010, mediante el cual se acordó librar las notificaciones de ley solicitadas por la parte actora en esta causa, sin embargo, desde esa fecha hasta el 11 de enero de 2012, día en que se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, estado Lara, la resulta de la comisión con relación a la práctica de la notificaciones de ley, se constata de acuerdo al cómputo realizado en este Despacho conforme a lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, que desde el día 23 de noviembre de 2010 exclusive, hasta el 11 de enero de 2012 inclusive, transcurrió más de un (1) año sin que las partes involucradas en esta causa hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar de oficio la perención de la instancia, conforme a lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la perención no es renunciable por las partes y puede ser declarada de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.

III
DISPOSITIVA

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: Consumada La Perención y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes y en especial a la Procuraduría General, Contraloría General y a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el primer aparte del parágrafo primero del artículo 277 y artículo 278, ambos del Código Orgánico Tributario.

Déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil vigente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Jueza,

Abg. María Leonor Pineda García.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

En horas de despacho del día de hoy, diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), siendo las tres y doce minutos de la tarde (03:12 p.m.), se publicó la presente decisión.
El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

ASUNTO: KP02-U-2010-000065
MLPG/FM.