TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 23 de Agosto de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-O-2012-000081
Vista la solicitud de la ciudadana Mireya Romero Aguilar, quien ante este Tribunal de Control, incoa:

“Solicitud de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, en contra del C.IC.P.C, por violación FLAGRANTE DE LOS DERECHOS CONTITUCIONALES, se me han violado un conjunto de derechos entre ellos el respeto a la dignidad del ser humano, crean una temeridad en mi desenvolvimiento laboral y social, asi como daños y prejuicios psicológicos inclusive temiendo por mi vida y la de mi familia…solicita se declare la medida de amparo y se tomen las medidas para que cesen estos tipos de actuaciones y le sean borrados de pantalla cualquier antecedente que permita que prosiga este tipo de actuación y de amenazas vigentes l,…”

DE LA COMPETENCIA

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala en el encabezamiento del artículo 7 que, “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo…omisiss”.

De igual manera el mencionado artículo en su aparte tercero señala que los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conocerán de los amparos de la libertad y seguridad personales.

En relación a lo anterior se hace necesario hacer mención expresa a la Sentencia de carácter vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 2, de fecha 20 de enero de 2000, Caso Emery Mata Millan, donde se deja sentado la distribución de la competencia expresada en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En tal sentido, entre otras cosas, dejo sentado la Sala Constitucional, que los Tribunales penales en funciones de control conocerán sobre los amparos de la libertad y seguridad personales

En el caso de marras el accionante señala como agraviante al C.IC.P.C, por violación FLAGRANTE DE LOS DERECHOS CONTITUCIONALES, se me han violado un conjunto de derechos entre ellos el respeto a la dignidad del ser humano, crean una temeridad en mi desenvolvimiento laboraly social, asi como daños y prejuicios psicológicos inclusive temiendo por mi vida y la de mi familia…solicita se declare la medida de amparo y se tomen las medidas para que cesen estos tipos de actuaciones y le sean borrados de pantalla cualquier antecedente que permita que prosiga este tipo de actuación y de amenazas vigentes l,…”, en tal sentido debe atenderse a lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia Nº 26 del 25-01-2001, en la que ordeno:

“La competencia judicial, además de ser un requisito que hace posible la regularidad del proceso y el examen del merito de la causa, constituye una garantía prevista en el articulo 49, numeral 3 de la Constitución de la República. A la luz de la disciplina establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías constitucionales, la identificación del tribunal competente, para conocer de una causa de amparo constitucional in concreto, pasa por la aplicación concorde de los criterios legales de atribución de competencia, es decir, la materia, el territorio, el grado, la función y la condición del presunto agraviante, así como por la aplicación eventual del criterio de desplazamiento de competencia, cual es la conexión entre pretensiones..

Ahora bien, por ser el presunto agraviante, el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalisticas, el hecho, que genera la lesión Constitucional, a decir del actor, es la violación al Derecho a la dignidad del ser humano, crean una temeridad en mi desenvolvimiento laboral y social, así como daños y prejuicios psicológicos inclusive temiendo por mi vida y la de mi familia…solicita se declare la medida de amparo y se tomen las medidas para que cesen estos tipos de actuaciones y le sean borrados de pantalla cualquier antecedente que permita que prosiga este tipo de actuación y de amenazas vigentes l,…”; conforme lo dispone el penúltima aparte del Articulo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal es incompetente, para tramitar y conocer la solicitud de Amparo, razón por la cual atendiendo al criterio atributivo de competencia, se declara incompetente para conocer la presente acción de amparo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y artículos 64 y 67 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia declina la competencia de conformidad con el artículo 77 eiusdem, al Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Circuito judicial Penal del estado Lara, que por distribución le corresponda, por ser el Tribunal competente, en razón, a la naturaleza del Derecho y a la Garantía que se denuncia. Así se resuelve.

DISPOSITIVA

En merito a las razones que preceden, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el penúltimo aparte del articulo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara incompetente para conocer la presente Acción de Amparo Constitucional incoada por la ciudadano Mireya Romero Aguilar y ser los presuntos agraviantes el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalisticas, se Declina la competencia para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, al Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que por distribución le corresponda, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y artículos 64, 67 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal.

Líbrese oficio remitiendo las actuaciones al Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Circuito judicial Penal del Estado Lara, que por distribución le corresponda.
Notifíquese a los accionantes. Cúmplase.

JUEZ SUPLENTE DE CONTROL Nº: 9

Abg. Gregoria Suarez Albujas

SECRETARIA ADMINISTRATIVA