REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PRESIDENTE

CORTE MARCIAL Magistrado Presidente de la Corte Marcial General de División FRANCISCO RIVAS RODRÍGUEZ. Causa Nº CJPM-CM-028-11. Corresponde a la Corte Marcial, pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional, contra la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de Maracaibo estado Zulia, en fecha veintitrés (23) de mayo de 2011, mediante la cual absolvió al ciudadano Capitán de Corbeta ANDRÉS ARBELAEZ DUARTE de la acusación formulada por la presunta comisión del delito CONTRA EL DECORO MILITAR, previsto y sancionado en el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. En tal sentido observa: I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES CIUDADANO: Capitán de Corbeta ANDRÉS ARBELAEZ DUARTE, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.960.207. DEFENSOR: Abogado YONI ALBINO CARRILLO GARCÍA, Inpreabogado N° 103.183, con domicilio procesal en el Edificio Pino Real IV, apartamento 3C, Urbanización El Pinar, Maracaibo estado Zulia. MINISTERIO PÚBLICO MILITAR: Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional. II FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO El ocho (08) de junio de 2011, fue interpuesto recurso de apelación, por la ciudadana Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional, contra la sentencia absolutoria dictada por el Consejo de Guerra de Maracaibo estado Zulia, en fecha veintitrés (23) de mayo de 2011, en el que expuso: “Es el caso que resulta inexplicable la forma en que se contradice el órgano jurisdiccional, en el sentido que de su valoración deja como demostrado que el oficial CAPITÁN DE CORBETA ANDRÉS ELOY ARBELAEZ DUARTE ofendió de palabra al Vicealmirante José Goncalves en una actividad social donde se encontraban tanto militares como civiles, en presencia de todos ellos, según lo expresado por el propio Tribunal en funciones de Juicio, dijo en voz alta palabras obscenas al VICEALMIRANTE JOSÉ AVELINO GONCALVES GONCALVES, por lo que en este particular todos los testigos fueron contestes y específicamente dos de los testigos fueron contestes en que lanzó patadas, conductas éstas reprochables y objeto de la acusación fiscal, por lo que resulta realmente contradictorio e ilógico que el Órgano Jurisdiccional diga que estos testimonios se contradicen, cuando la verdadera contradicción es haber señalado que quedaron demostrados los hechos y luego mencionar nuevamente los testigos, con sus dichos CONTESTES RESPECTO AL HECHO PUNIBLE, para tratar de quitarles la valoración otorgada por el propio juzgador, bajo el pretexto de que son contradictorias por circunstancias irrisorias que ni siquiera se mencionan y menos aun se relacionan con los hechos objeto de la presente causa y nada tienen que ver con los mismos, por ende tales testimonios son plenamente válidos y legales, pues la importancia del testimonio radica exclusivamente en el conocimiento que tenga el testigo respecto a los hechos que se investigan o se tratan de demostrar no en circunstancias de mera importancia que nada tienen que ver con el hecho punible. Por otra parte, resulta ilógica la motivación utilizada para tratar de desvirtuar la validez del testimonio de los testigos al señalar, citó: “… estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la reunión social, por lo que no se pudo determinar con claridez (error textual) y precisión de los hechos ocurridos el día 15 de agosto de 2010…” La situación anterior no fue avalada por la prueba de alcohol correspondiente y por lo tanto esta circunstancia no puede concluir la base para desacreditar o invalidar a todos los testigos de causa, pues el hecho de que en la reunión social estuvieren departiendo (sic) con bebidas y pasapalos no significa que los asistentes pierdan el grado de lucidez y claridad, dado que para determinar tal situación amerita como requisito sine qua non la prueba de alcohol correspondiente y no una simple suposición o presunción de que hubo ingesta de alcohol al punto de afectar la lucidez de los testigos, pues solo tal prueba podría determinarlo, vale decir, en el juicio NO QUEDÓ DEMOSTRADO DE NINGUNA MANERA QUE LOS TESTIGOS SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE EBRIEDAD AL PUNTO DE AFECTAR SU LUCIDEZ O CLARIDAD EN SUS DICHOS por lo que no es fundamento ni motivo para valorarlos como no fidedignos. Artículo 452 numeral 4. C.O.P.P: “Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica”; La razón que motiva que el presente Recurso de Apelación se fundamente además en este numeral, es que la decisión pronunciada por el Consejo de Guerra Accidental de Maracaibo violó la ley por inobservancia y por ende efectuó una errónea aplicación de la norma… … Se observa claramente, que en esta parte de la motiva de la sentencia existe una errónea aplicación de la norma jurídica, dado que el tribunal considera que: el delito imputado al acusado se encuentra en el Capítulo VI como un título de capítulo y no como delito en sí, vale decir, no tipificado como delito, pues según ese Tribunal cada uno de los delitos que van del artículo 560 al artículo 565 del citado capítulo regulan una conducta antijurídica especifica y no una generalidad, es decir, cada articulado regula una acción desplegada por un individuo en un contexto y esa conducta jurídica se encuentra dentro de un precepto y cada precepto tiene nombre o definición propia; lo cual es falso y errado, ya que si bien es cierto el delito imputado se encuentra en el Capítulo VI que tiene por nombre Delitos contra el Decoro Militar, el cual engloba una serie de conductas particulares y cada una de está dentro de los llamados Delitos contra el decoro Militar, también es cierto que cada uno de ellos es autónomo, específico y se vale por sí solo, es decir, que basta que una persona ejecute una de las conductas descritas en uno de los artículos allí comprendidos, para que se considere materializado el supuesto de hecho y por ende la aplicación de la correspondiente consecuencia jurídica (la pena), cada artículo contempla conductas antijurídicas particulares que constituyen delito contra el decoro militar, más no se le da nombre propio a cada artículo, sino que los mismos describen conductas que se consideran delito, o ¿es que acaso se debe inventar un nombre a cada uno de los delitos allí previstos para que el sujeto activo pueda ser condenado?, esto sería impropio o ilegal, ya que como el mismo tribunal lo señala, nadie puede ser juzgado por hechos que no estén previstos en la ley como delitos, es decir, no se puede inventar un nombre a ese delito para que sea aplicable al sujeto activo, el delito contenido en el encabezado del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, establece una conducta específica que constituye no una generalidad sino uno de los delitos contra el decoro militar. En este sentido, si cada uno de los delitos que van desde el artículo 560 al 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, tienen un nombre propio ¿Por qué el tribunal en funciones de juicio no se lo dio? Ya que de acuerdo al contenido del artículo 350 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal de juicio está completamente facultado inclusive para dar a los hechos una nueva calificación jurídica que no haya sido considerada por ninguna de las partes, y a tales efectos advertirá al acusado para que prepare su defensa: sin embargo, no fue hecho de esa manera por cuanto ese juzgador simplemente estima que el tipo penal contenido en el artículo 565 es accesorio de otro delito. Deberíamos entender entonces, que la conducta antijurídica debe quedar impune, porque aun cuando encuadra perfectamente en el supuesto de hecho establecido por el legislador patrio, los magistrados señalan que debe tener nombre propio y que además es accesorio, al respecto me permito recordar que todas esas conductas particulares conforman lo que son delitos contra el decoro militar. … Por otra parte nuestra el Consejo de Guerra Accidental, que: “Ahora bien, nuestra legislación recoge el principio contenido en el clásico apotegma “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege” y que tanto el Código Penal como el Código Orgánico de Justicia Militar lo reconocen cuando expresan: “nadie podrá ser castigado por un hecho no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente” (artículo 1° del Código Penal) y “Nadie puede ser enjuiciado militarmente sino por los hechos calificados y penados por este Código” (artículo 6 del Código Orgánico de Justicia Militar). Está generalmente admitido que estos principios se consideran básicos para el Estado de derecho; en consecuencia de lo anterior, se quiere significar que todos los que impartimos justicia, no podemos separarnos de los principios básicos, fundamentales del estado ya que la actividad de él es regular las normas que crean la base del estado de Derecho y de esa forma poder garantizar los principios fundamentales del Derecho. Siguiendo este mismo orden de ideas, estos juzgadores aprecian que están ante a presencia del principio in dubio pro reo, el cual no es más que un principio jurídico que en caso de duda, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al acusado (reo), es uno de los pilares del Derecho Penal, que va íntimamente ligado al principio de legalidad, y podría traducirse como ante la duda, a favor del reo. Su aplicación está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad…” … Resulta totalmente inaplicable este principio de derecho penal, ya que a conducta desplegada por el CAPITÁN DE CORBETA ANDRÉS ARBELAEZ DUARTE, está completamente tipificada y establecida como delito en el primer aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar no entiendo cómo es que el Tribunal señala que no hay delito si bien es cierto que en materia penal opera ese principio, no es menos cierto que el día de los hechos el acusado actuó de forma tal que no hay lugar a dudas de la subsunción de su acción en el tipo penal militar descrito o imputado aunado a que no se puede hablar de dudas razonables simplemente porque al órgano jurisdiccional hizo una errónea interposición y aplicación de la norma jurídica no obstante la violación manifiesta de la ley por no querer observar o inobservar el verdadero contenido del artículo 565 del Código Orgánico Procesal Penal. … Tomando en cuenta lo antes mencionado puedo afirmar que el tribunal realizó un juicio de valor desacreditando la actuación del ministerio Público militar, el cual tiene a su cargo la dirección de la investigación penal cuando exista la presunción de un hecho punible y si obtiene suficientes elementos de convicción que demuestren la culpabilidad del imputado debe presentar el acto conclusivo de acusación o acaso actuar con objetividad, diligencia y prontitud es determinar que existe un hecho punible y dejarlo pasar por alto permitiendo así que reine la impunidad en una institución donde se deben crear precedentes en cuanto a la sanción de las conductas punibles, que sirvan de ejemplo a otras personas para que no incurran en hechos parecidos. Justamente lo que hizo el Ministerio Público fue intentar las acciones pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad penal en que incurrió un efectivo militar, luego de que a través de la investigación así quedó demostrado y que pese a que no se encontraba en el ejercicio de sus funciones la investidura militar no se pierde por el simple hecho de estar en una actividad social sin uniforme, además de que el tipo penal militar en que incurrió el CAPITÁN DE CORBETA ANDRES ARBELAEZ DUARTE de haber sido en actos del servicio la calificación hubiera sido otra más gravosa, pero siendo que este Ministerio Público si es un garante de la legalidad y de los derechos fundamentales llevó a cabo la acusación con el tipo penal militar que describe perfectamente a conducta desplegada por el sujeto activo ya identificado. Por otra parte la prueba por excelencia del delito cometido por el ciudadano CAPITÁN DE CORBETA ANDRES ARBELAEZ DUARTE es la testifical y al respecto este ministerio Público promovió todos y cada uno de los testigos presentes durante la comisión del hecho punible. … PETITORIO 1) Que el presente escrito sea admitido en todas y cada una de sus partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 451 y siguientes del Código Orgánico procesal Penal. 2) Que se deje sin efecto la sentencia N° CJPM-CGMCBO-004-2011 de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. 3) Que el presente recurso de apelación sea declarado con lugar en todas y cada una de sus partes. III DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO En fecha veintidós (22) de junio de 2011, el ciudadano Abogado YONI ALBINO CARRILLO GARCÍA, dió contestación al recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, en los siguientes términos: “DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN.- Capitulo Primero: “Rechazo y contradigo” en todas y cada una de las partes, el escrito contentivo del Recurso de apelación contra Sentencia, formulado por La Teniente de Navío (ARMB) ADDIONARY GONZALEZ LUCENA, Fiscal Vigésima Tercera Nacional del Ministerio Publico (sic), en contra de la Sentencia Absolutoria, de fecha: 23 de Mayo de 2.011, dictada por el Consejo de Guerra Accidental de Maracaibo, en funciones de Tribunal de Juicio que “Absolvió” a mi defendido: Capitán de Corbeta (Arbeláez) de delito: contra el Decoro Militar, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 565 del Código Castrense. Capítulo Segundo: La recurrente, denuncia como primer punto: y de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2do. del artículo 452 del COPP: falta, contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. Los requisitos establecidos en el COPP para que sea procedente la apelación de una sentencia definitiva, no son simples formalismos, sino que estamos en presencia de unos requisitos esenciales a la naturaleza del nuevo proceso penal Venezolano, los cuales deben ser estrictamente aclarados, por lo cual al no cumplir la parte recurrente con los requisitos exigidos por el COPP, de expresar concreta y separadamente cada motivo que según su opinión hace procedente el recurso de apelación y la solución que pretende con el mismo, se le hace imposible a la Corte Marcial, determinar cuál es la parte de la sentencia que se está tratando de impugnar, y que es lo que el Fiscal Militar desea obtener con el Recurso.- No es traer al escrito la transcripción de la Sentencia Absolutoria, como lo hizo la recurrente, sino cumplir con los requisitos establecidos. Ahora bien, Ciudadanos Magistrados, en el curso de la audiencia de juicio, no se pudo establecer la “Responsabilidad” del acusado, es decir, C.C. (Arbeláez), por cuanto los Órganos de Prueba recepcionados y de documentales, no se pudo colegir que el acusado tuviere algún tipo de participación en el punible que se le atribuyó. En cuanto a la prueba Testifical, quiere significar que los Testigos, no aportaron, ni ofrecieron ningún elemento de convicción para subsumir la conducta de mí defendido en el presunto delito: Contra el Decoro Militar a que se contrae el artículo 565 del Código Castrense, máxime cuando estaban ingiriendo licor (Whisky) desde las 21.00 horas, hasta aproximadamente las 24:00 horas, en que ocurrió el accidente. Así mismo la recurrente quiere o pretende atribuirle al Órgano Jurisdiccional sus funciones y las atribuciones cuando expresa en el escrito de Apelación cito: “La situación anterior no fue avalada por la prueba de Alcohol correspondiente y por lo tanto esta circunstancia no puede constituir a base para desacreditar o invalidad (sic) a todos los testigos” … El artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal estable as atribuciones del Ministerio Público en el capítulo III concretamente en los ordinales 1, 2 y 3 que indican que le corresponde dirigir la investigación por lo que debió ordenar dicha prueba de alcohol. En cuanto a las Documentales: quiero señalar que no hicieron Plena Prueba, es decir, no fueron idóneas, ni aptas para considerar que efectivamente la conducta de mi defendido, se encontraba subsumida en el supuesto de hecho, del artículo 565 (encabezamiento) del Código Castrense. El artículo 364 del COPP, establece cuales son los requisitos que debe contener la sentencia. Hago mención especialmente a los contemplados en los ordinales 3 y 4 que se refiere a la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados (Valoración de los medios probatorios con relación a los hechos) y la “exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho” (El razonamiento jurídico), requisitos estos, que fueron observados a plenitud por el Consejo de Guerra Accidental de Maracaibo en su Sentencia Absolutoria, es decir, que dicha sentencia, cumple a cabalidad con los requisitos a que se contrae el Artículo 364 del COPP. Además la sentencia contiene la valoración que se hizo de las pruebas en la comprobación de los hechos. Y por consiguiente, me adhiero a la misma, en todas y cada una de sus partes. La recurrente, denuncia como punto segundo y de conformidad con lo dispuesto y/o establecido en el ordinal 4to del artículo 452 del COPP: Violación de Ley, por inobservancia o errónea aplicación de (sic) norma jurídica. Ciudadano Magistrado: No se encuentran infringidos los artículos, ni 22, ni 198 del COPP, ni mucho menos hubo algún error por parte del Consejo de Guerra en la aplicación de norma jurídica sustantiva o adjetiva. PETITORIO Solicito: A. Que el escrito contentivo del Recurso de Apelación contra Sentencia Definitiva, sea declarado. SIN LUGAR. B. Que sea “CONFIRMADA” en todas y cada una de las partes, la Sentencia Absolutoria, dictada por el Consejo de Guerra Accidental de Maracaibo, de fecha 23 de Mayo de 2.011. por ser lo más ajustado a derecho y a la realidad procesal.” (negrillas, subrayado y mayúsculas del escrito). IV DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Esta Corte Marcial a los fines de resolver sobre la admisibilidad del presente recurso, observa: Que el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, fue hecho con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, en tiempo hábil; fue ejercido por la ciudadana Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional, en la causa seguida al ciudadano Capitán de Corbeta ANDRÉS ARBELAEZ DUARTE, y en contra de una decisión recurrible. Igualmente la contestación del Recurso de apelación fue interpuesta en tiempo hábil. En consecuencia, no concurren en el presente caso, ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 437 ibidem, lo que lo hace ADMISIBLE. En consecuencia, se ACUERDA fijar la audiencia Oral y Pública, para el día veintiocho (28) del mes de septiembre de 2011 a las 08:30am. DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Corte Marcial, actuando como Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en Caracas, Distrito Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. DECLARA: PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, en su carácter de Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional, contra la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de Maracaibo estado Zulia, en fecha veintitrés (23) de mayo de 2011, mediante la cual absolvió al ciudadano Capitán de Corbeta ANDRÉS ARBELAEZ DUARTE, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.960.207 de la acusación formulada por la Teniente de Navío ADDIOMARY GONZÁLEZ LUCENA, Fiscal Militar Vigésimo Tercero Nacional, por el delito CONTRA EL DECORO MILITAR, previsto y sancionado en el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: fijar la audiencia Oral y Pública, para el día veintiocho (28) de septiembre de 2011 a las 08:30 de la mañana.- Regístrese, publíquese, expídase la copia certificada de ley, líbrese boletas de notificación a las partes y remítanse al Consejo de Guerra de Maracaibo estado Zulia. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de esta Corte Marcial, en Caracas, a los seis días del mes de octubre de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de esta Corte Marcial, en Caracas, a los veinte días (20) días del mes de septiembre de dos mil once. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. EL MAGISTRADO PRESIDENTE, FRANCISCO RIVAS RODRÍGUEZ GENERAL DE DIVISIÓN LOS MAGISTRADOS, JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MÉNDEZ JOSÉ ANGEL MORENO SÁNCHEZ GENERAL DE BRIGADA CORONEL EDALBERTO CONTRERAS CORREA JOSÉ DE LA CRUZ VIVAS SAEZ CORONEL CAPITÁN DE NAVÍO EL SECRETARIO, JULIO JAIMEZ JIMENEZ BRICEÑO PRIMER TENIENTE En esta misma fecha, se registro y publicó el presente auto, se expidió la copia certificada de ley; se libraron las boletas de notificación a las partes y se remitieron al Consejo de Guerra de Maracaibo estado Zulia, mediante Oficio Nº CJPM-CM- 126-11. EL SECRETARIO, JULIO JAIMEZ JIMENEZ BRICEÑO PRIMER TENIENTE Nº CJPM-CM-028-11.