REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara- Carora Carora, diecisiete de octubre de dos mil once 201º y 152º Expediente: KP12- V-2011-00103 Demandante: Mayra Alejandra Franco Timaure, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.638.429. Demandado: Yasmil José Meléndez Pereira, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.962.145 Abogada de la parte de actora: Rosanna Indave Nieves, inscrita ene. IPSA, bajo el Nº 126.120 Motivo: Acción Mero Declarativa (Unión Concubinaria) Sentencia: Interlocutoria con fuerza definitiva De La Introducción Vistas las anteriores actuaciones contentivas de demanda presentada por la ciudadana Mayra Alejandra Franco Timaure, asistida debidamente por la abogada, Rosanna Indave Nieves contra el ciudadano Yasmil José Meléndez Pereira; todos identificados en el encabezado del presente fallo, éste Tribunal para decidir observa: En fecha 13 de junio de 2011, se recibió la presente demanda. El día 15 de marzo de 2011, se admitió la misma, ordenándose las respectivas citaciones y notificaciones en auto de fecha 22 de marzo de 2011.En fecha 19 de mayo de 2011, el alguacil de este Despacho consignó boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal de Familia. En fecha 08 de agosto 2011, el alguacil consignó compulsa de citación sin firmar por parte del ciudadano Yasmil José Meléndez Pereira, parte accionada en la presente causa, en virtud de que la parte actora no proveyó los emolumentos de ley a los fines de su práctica. De la Instrucción Ahora bien, analizando la premisa contenida en el Ordinal Primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la cual establece: “(omissis). Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado…”. La norma parcialmente transcrita consagra la llamada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal hacen verificar de pleno derecho esta figura. Señala el procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE en su obra Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil, página 218: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. (…) La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia”. Por su parte, GIUSSEPE CHIOVENDA, citado por CARLOS COLOMBO, en su obra Código Comercial y Civil de la Nación, indica que la inactividad procesal, libera a los órganos del Estado de las obligaciones que se derivan de la existencia de un juicio evitando que se mantenga por tiempo indefinido la incertidumbre que trae aparejada a las partes la iniciación de proceso. Sumado a lo anterior, vale destacar que la perención requiere de la concurrencia de tres elementos: uno objetivo, la inactividad, reducida a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo viene dado por la actitud omisiva de las partes, más no del juez, y otro temporal dado por la inactividad de las partes durante un lapso de tiempo de treinta días. Asimismo señala la jurisprudencia nacional que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de estas entraña una renuncia a continuar la instancia. De lo antes expuesto, se desprende que es carga de la parte actora cumplir con las obligaciones exigidas por la Ley para lograr la citación de la parte demandada. No obstante, cabe resaltar que a los efectos de cumplir con dicha obligación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06/07/2004 en el Expediente Nº AA20-C-2001-000436, estableció que: “…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación..(sic)”. En el presente caso, el 15 de marzo de 2011, éste Tribunal admitió la demanda, ordenando la citación del demandado y por cuanto de las actas procesales que forman el presente expediente se evidencia que la parte actora no ha satisfecho o cumplido con la obligación legal establecida en el citado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y encontrándose vencido hasta el agotamiento y mas allá el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a aquella y de conformidad con lo establecido en el artículo 267, Ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, es por lo que en apego a la mencionada Jurisprudencia de Casación cuyo contenido también comparte esta juzgadora, resulta forzoso declarar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia en esta causa. Y ASI SE DECIDE. Este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos: De la decisión Primero: Declara la PERENCION de la presente causa y por ende la extinción del procedimiento en el juicio intentado por la ciudadana Mayra Alejandra Franco Timaure, contra el ciudadano Yasmil José Meléndez Pereira, juicio por Acción Mero Declarativa (Unión Concubinaria). Segundo: No hay condenatoria en costas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Tercero: No se notifica a la parte actora de la presente decisión por encontrarse a derecho. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de éste Juzgado, conforme a lo dispuesto en los artículos 247 y 248 ejusdem. Carora, a los 17 días del mes de octubre de 2.011. Años: 201º y 152º. La Jueza El Secretario Abg. Elizabeth Dávila Abg. Gilberto Prieto En esta misma fecha se registró bajo el Nº 108-2011, se publicó siendo las 12:00 p.m. y se expidió una copia para archivo. El Secretario ASUNTO: KP12-V-2011-000103