REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veinte (20) de octubre de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: KP02-R-20010-000879. Parte Demandada Recurrente: HB IMPORT C.A, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 28 de octubre de 2004, bajo el Nº 44, Tomo 69-A. Apoderada Judicial de la Parte Demandada: ILEANA PORTELES MEZA, Abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 80.219. RECORRIDO DEL PROCESO La presente causa sube a esta Alzada por Recurso de Apelación interpuesto por la codemandada HB Import C.A, contra el Auto de Admisión de Pruebas de fecha 22/06/2011, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. En fecha 29/06/2011 se oyó la apelación en un solo efecto. El día 11/10/2011 se recibió el asunto por este Juzgado fijándose para el 19/10/2011 la celebración de la Audiencia oral. Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente, este Juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos: I DE LOS ALEGATOS DE LA CODEMANDADA RECURRENTE EN LA AUDIENCIA La apoderada judicial de la recurrente manifestó ante esta Alzada, que recurre de la negativa de admisión de la prueba testimonial, en virtud de que el Juez se apartó de los principios probatorios, ya que los motivos por los cuales puede negar la admisión es por ilegalidad e impertinencia, o en su defecto debió negarlo de manera motivada. Así mismo, afirmó, que señaló los hechos que pretende demostrar con la prueba y solicita se modifique el Auto recurrido, y se ordene la admisión de la prueba, ya que la negativa de admitirla constituye una violación del derecho a la defensa. II ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ARGUMENTACIÓN Vistos los alegatos efectuados por el recurrente en la Audiencia oral celebrada ante esta Alzada, quien juzga procede a efectuar las siguientes consideraciones: El artículo 49, numeral 1º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: ”El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. (...).” Ahora bien, de la norma precedentemente citada, se desprende el principio constitucional de la libertad de pruebas, que forma parte del derecho al debido proceso, el cual ha sido consagrado también en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 70, al disponer: “Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina la presente Ley, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República; quedan excluidas las pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio. Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones…” De conformidad con lo anterior, es criterio de quien juzga que cualquier restricción respecto a la admisibilidad de una prueba seleccionada por las partes como la idónea, fuera de las expresamente excluidas por la ley adjetiva laboral y de aquellas legalmente prohibidas o que resulten inconducentes para la demostración de sus pretensiones, en principio resulta totalmente incompatible con el sistema de libertad de pruebas consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, en acatamiento al principio de la libertad de promoción de pruebas, conforme al artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juez de Juicio providenciará “admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes”. De tal manera que, la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas atinentes a la legalidad y pertinencia, de manera que tal como lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal, sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarde relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente, y por tanto inadmisible. Así las cosas, se aprecia que en el caso de marras, la parte recurrente promovió la prueba testimonial, cuya admisión fue negada por el Juzgado de Juicio basado en el hecho de que en su criterio, el promovente pretende que los testigos efectúen valoraciones jurídicas que corresponden al Juez, lo cual no comparte este Sentenciador, ya que en todo caso, el Juez debe examinar previamente las pruebas, y en caso de considerar que las mismas resultan ilegales e impertinentes podrá otorgar la valoración legal que corresponda; sin embargo, tales circunstancias no se evidencian en la presente causa, ni fueron alegadas por el A quo, en consecuencia, la misma debe ser admitida, y una vez evacuada, el Juez deberá proceder a desechar o valorar los dichos de los testigos. Y así se decide. DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 22 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas del recurso, dadas las resultas del fallo. TERCERO: Se ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial proceda a la admisión de la prueba testimonial promovida por la codemandada H.B. Import C.A. CUARTO: Se MODIFICA el Auto recurrido. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2011. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Abg. José Félix Escalona. Juez Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda. Secretaria Nota: En esta misma fecha, 20 de octubre de 2011, se dictó y publicó la anterior decisión. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda. Secretaria KP02-R-2011-879 amsv/JFE