REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Circunscripción Judicial del Estado Lara
Años 201º y 152º
Nº DE EXPEDIENTE: KP02-L-2011-927
PARTE DEMANDANTE: ALBA ROSA FREITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.246.020
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: DANNY PAUL ORTIZ RODRIGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.967
PARTE DEMANDADA: EDUARDO JOSÉ FOLIACO BENÍTEZ, GERMAN CASTAÑEDA ARIAS“EXPORT DIRECT, C.A.”, “SUMMIT, C.A.” y “DIGITAL DEL ESTE, C.A.”.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JOSÉ ANTONIO ANZOLA CRESPO, MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO, JOSÉ NAYIB ABRAHAM, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SALAZAR, LENIN JOSE COLMENAREZ, AMILCAR RAFAEL VILLAVICENCIO LÓPEZ y MARCO ANTONIO PERNALETE RODRIGUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 29.566, 31.267, 131.343, 80.185, 90.464, 90.413 y 169.980 respectivamente
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES
En el día hábil de hoy dieciséis (16) de noviembre del año 2011, siendo las nueve (09:00 a.m.) de la mañana, comparecen voluntariamente a una audiencia extraordinaria por la parte demandante, el apoderado judicial DANNY PAÚL ORTIZ, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 62.967 y por la parte demandada, apoderado judicial, MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.267, a los fines de manifestar a este despacho su voluntad de renunciar al término procesal de comparecencia a la Prolongación de la Audiencia Preliminar. Vista la renuncia hecha por ambas partes el tribunal basándose en los principios de brevedad, celeridad e inmediatez, establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y conforme al artículo 11 ejusdem y por no violentarse ninguna norma de orden público acuerda celebrar la Audiencia Preliminar en el Presente Proceso . Se da así inicio a la audiencia preliminar. Luego de varias deliberaciones convienen en llegar a un acuerdo amistoso, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual se fija en los siguientes términos:
PRIMERO: “EL DEMANDANTE” alega la existencia de una relación de trabajo con “LOS DEMANDADOS”, donde devengada el pago de una comisión por la venta de equipos médicos comercializados por “LOS DEMANDADOS”, al personal adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Educación, por el período indicado en el escrito de la demanda. “LOS DEMANDADOS” sostienen que si bien es cierto existía una prestación de un servicio por esta actividad, la misma no reunía las condiciones de una relación de trabajo que le haga acreedor de los beneficios sociales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, pues no están reunidos los elementos propios de su configuración, como lo son la ejenidad y la subordinación económica y jurídica, dado que “EL DEMANDANTE” no estaba sujeto a dependencia, ni salario diario, semanal, quincenal o mensual, simplemente se le entregaban un determinado números de equipos para su venta, lo que hacía por si mismo o por terceras personas, con sus propios elementos, sin horario específico, por lo que su condición es de CONTRATADO PERO LABORALMENTE INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN, LO QUE CONFIGURA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO.
SEGUNDO: Las partes del presente proceso acuerdan extender la presente TRANSACCIÓN JUDICIAL, donde el asunto fundamental a ser dilucidado es el de resolver si las relaciones jurídicas que “EL DEMANDANTE” alega haber tenido con “LOS DEMANDADOS”, puede ser calificada de relación de trabajo, o si se trató de una relación estrictamente mercantil. Las partes indican que no tienen ningún impedimento para la celebración del presente acuerdo, la aplicación a priori de cualquiera de los principios rectores del Derecho del Trabajo, y en particular la irrenunciabilidad, o de cualquiera de los principios del Derecho Mercantil. Así mismo, es de destacar que se trata de un problema de hecho, cuya solución dependerá en cada caso de las características que haya tenido la correspondiente relación, en la cual cabe perfectamente la transacción y/o el desistimiento, y no afecta al orden público que las personas decidan celebrar contratos mercantiles en lugar de contratos de trabajo, máxime cuando no se alegan condiciones de servicio que habrían podido poner en peligro o afectar la vida, salud o dignidad del prestador de servicios, razón por la cual no cabría la aplicación del Artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, ni lo previsto en el Parágrafo Único del Artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo.
TERCERO: “EL DEMANDANTE” señala que prestó servicios personales bajo dependencia a favor de “LOS DEMANDADOS”, y que, por tanto, deben ser considerados trabajadores a todos los efectos legales previstos en la legislación laboral. Alega a su favor que la relación existente era laboral, pues existía subordinación jurídica y económica. No obstante, admite la existencia de zonas grises o supuestos de ambigüedad objetiva en los que no resulta sencillo dilucidar si una relación está situada en el campo mercantil o laboral. Por su parte, “LOS DEMANDADOS”, alega que entre ella y “EL DEMANDANTE” existe un auténtico Contrato de Concesión Mercantil no escrito. Que “EL DEMANDANTE”, colaboró “LOS DEMANDADOS”, en la distribución de sus productos, constituyendo un canal confiable de comercialización de los mismos y contribuyendo a mantener, consolidar y aumentar la clientela. Por tal razón, estima “EL DEMANDANTE”, que, aun si las relaciones que han sostenido con “LOS DEMANDADOS” no pudiese ser calificadas de laborales, y constituyesen la consecuencia de una relación contractual mercantil, no sería justo que la terminación de dicha relación no vaya acompañada de algún género de indemnización.
CUARTO: “LOS DEMANDADOS” con el acuerdo de “EL DEMANDANTE”, expresa su disposición de cancelar a “EL DEMANDANTE”, una indemnización dirigida a cubrirle el pago correspondiente a toda finalización de contrato mercantil, monto que sería equivalente a los BENEFICIOS SOCIALES previstos en la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, como consecuencia de la ejecución o terminación de la relación contractual. Tal cantidad será entregada a favor de “EL DEMANDANTE” directamente en la forma indicada en la cláusula siguiente.
QUINTO: El monto de la indemnización acordada asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUNETA Y TRES BOLIVARES (Bs. 149.753,00), cantidad que será cancelada en TRES PAGOS IGUALES Y CONSECUTIVOS EN LA FORMA SIGUIENTE: a) En el presente acto la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 49.917,67), con cheque personal a nombre de la ciudadana ALBA FREITEZ del BANCO PROVINCIAL No: 00017562, de la cuenta No: 0108-0087-17-0100108903, cuya copia se anexa, b) Para el día 15 de enero del año 2012, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 49.917,67). c) Para el 15 de febrero del año 2012, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 49.917,67).
Este pago es equivalente a los conceptos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, referente a ANTIGÜEDAD prevista en el artículo 108 de la VACACIONES, VACACIONES FRACCIONADAS, BONO VACACIONAL, UTILIDADES FRACCIONADAS, PAGO DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, COMISIONES e INTERESES SOBRE PRESTACIONES (FIDEICOMISO). Se -anexa formando parte integrante de esta TRANSACCIÓN JUDICIAL cuadro anexo de cálculo de la indemnización especial acordada.
SEXTO: Se establece que los pagos indicados en el particular anterior, comprenden todas y cada uno de las reclamaciones comprendidas en el escrito de la demanda, quedando expresamente entendido que con el pago de la misma, la parte demandante y su apoderado, declaran que no tienen nada que reclamarle a EDUARDO JOSÉ FOLIACO BENÍTEZ, GERMAN CASTAÑEDA ARIAS, “EXPORT DIRECT, C.A.”, “SUMMIT, C.A.” y “DIGITAL DEL ESTE, C.A.”, acuerdo de los montos indicados en la demanda, así como por cualquier otro concepto derivado del mismo, motivo por el cual, las partes establecen el contenido de la presente acta como finiquito total y definitivo de la reclamación intentada, quedando extinguida toda obligación en razón del pago aquí recibido.
Igualmente se conviene al efecto que “LOS DEMANDADOS” asumen parte de las Costas Judiciales a favor de “EL DEMANDANTE”, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuáles de declaran finiquitadas y canceladas en el presente acto de mediación por parte del representante judicial de “EL DEMANDANTE”, DANNY PAÚL ORTIZ, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 62.967, no existiendo ningún monto que reclamarse por este concepto.
Acto seguido, el apoderado demandante acepta el convenimiento precedentemente expuesto, manifestando que con el pago consignado a su favor, así como las cuotas establecidas, no queda nada que deberle por los conceptos reclamados en el escrito de la demanda, ni por ningún otro derivado de la relación existente entre las partes.
SEPTIMO: La falta de provisión de fondos para el cobro del cheque correspondiente de cualquiera de las cuotas dará lugar a la ejecución forzosa del total de lo demandado, establecidas en el particular quinta de la presente transacción judicial por parte de “LOS DEMANDADOS”, dará derecho a “EL DEMANDANTE”, a exigir el monto total de su obligación, generando a su favor, los respectivos intereses moratorios laborales e indexación judicial que se causen hasta la oportunidad del pago definitivo de la suma convenida en esta acta.
Este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 133 de la Ley Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Se deja constancia de la devolución de las pruebas promovidas por las partes.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
ABG. LILIANA JOSEFINA MERIDA LOZADA
PARTE DEMANDANTE PARTE DEMANDADA
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