En Nombre de P O D E R J U D I C I A L JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA ASUNTO: KP02-L-2008-2559 / MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.351.025. ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIA MENDEZ y SARA MUÑOZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 66.756 y 65.417, respectivamente. PARTE DEMANDADA: ESTADO LARA, en órgano de la DIRECCIÓN SECTORIAL DE SALUD y DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y CONTRALORÍA SANITARIA DEL ESTADO LARA. APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: JUAN JOSÉ CUBERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.330, en representación de la Procuraduría General del Estado Lara. M O T I V A Manifiesta la actora que laboró para la demandada, desempeñando el cargo de auditor, desde el 26 de julio de 2006, hasta el 31 de marzo de 2008, fecha en que decidió unilateralmente poner fin a la relación laboral existente. Recibida la demanda por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 18 de diciembre de 2008, se admitió con todos los pronunciamientos de Ley, librándose las respectivas notificaciones (folio 8). Cumplidas las notificaciones del demandando (folios 12 y 13), y del Procurador General del Estado Lara (folios 18 y 19), se instaló la audiencia preliminar el 03 de diciembre de 2010, la cual se prolongó en varias oportunidades, hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha en la que se dio por concluida ordenándose agregar las pruebas a los autos (folios 33). En fecha 06 de octubre de 2011, la parte demandada presentó escrito de contestación (folios 46 y 47), por lo que se remitió el asunto a la siguiente fase, recibiéndolo éste Juzgado Primero de Juicio el 26 de octubre de 2011 (folio 55). Ahora bien, dentro del lapso legal para la admisión de las pruebas, quien Juzga, puede evidenciar del libelo que el cargo ocupado por el actor es de empleado dependiente de la administración pública, específicamente Dirección Sectorial de Salud y Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del Estado Lara, por o que pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente asunto. Al respecto, el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, determina el ámbito de aplicación del régimen laboral de los empleados al servicio del estado, en el nivel nacional, estadal o municipal: Artículo 8.- Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales se regirán por las normas sobre carrera administrativa nacionales, estadales o municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos (subrayado agregado). En lo que respecta a la solución de los conflictos derivados del ejercicio de un cargo público o de lo que se llama la relación de empleo público, estos trabajadores están sometidos al régimen jurisdiccional especial -de sus respectivos estatutos- o al general regulado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por tratarse, en todo caso, de actuaciones que en el ámbito administrativo despliega el Estado. Luego de revisar exhaustivamente las actas del proceso, este Juzgador evidencia que del folio 37 al 39 corren insertos en autos contratos de trabajo celebrados por las partes, en los que se evidencia las funciones realizadas y el cargo ocupado por el actor en la institución demandada. Igualmente, se evidencia de la liquidación consignada en autos al folio 28, que la demandante se encontraba en la nómina del personal empleado, ejerciendo el cargo de auditor. En criterio del Juzgador, la parte actora está inmersa en una serie de características que lo hacen ser funcionario público, por lo que debe ser llevada la presente causa ante su Juez natural, conforme lo establece el Artículo 49 Constitucional. Como ya se estableció, el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo excluye del régimen económico y jurisdiccional a quienes ejerzan actividades como empleados públicos, independientemente del mecanismo de ingreso a la administración pública o su condición temporal en la misma, por lo que debe este Juzgador declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.- D I S P O S I T I V O Con fundamento en los hechos y el Derecho expuesto, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Declinar la competencia por razón de la materia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Una vez que se declare definitivamente firme la presente decisión se ordena remitir el asunto al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. TERCERO: Notifíquese de esta sentencia a la Procuraduría General del estado Lara, de conformidad con el Artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. CUARTO: No hay condenatoria en costas porque ésta decisión no se pronunció sobre el fondo de la controversia. Dictada en Barquisimeto, estado Lara, el 02 de noviembre de 2011. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA ABG. JOSÉ MANUEL ARRÁIZ CABRICES. EL JUEZ LA SECRETARIA En igual fecha, siendo las 03:26 p.m. se publicó la anterior decisión. LA SECRETARIA JMAC/eap