REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KH01-X-2011-000024


En fecha 31 de octubre de 2011, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, el oficio Nº 936-11 del 05 de octubre de 2011, emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remite el presente asunto contentivo del cuaderno separado de inhibición planteada por la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con las causales previstas en los numerales 18 y 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en la acción por cumplimiento de contrato interpuesta por la sociedad mercantil SERCOSWILL C.A., sin datos de registro, contra la sociedad mercantil INMETAL C.A., sin datos de registro.

Tal remisión tiene lugar con ocasión a la sentencia Nº 000413/2011 del 12 de agosto de 2011, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se resolvió un conflicto de competencia, y se declaró competente a este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo para entrar a conocer y decidir la presente incidencia.

En tal sentido, se observa lo siguiente:

I
DE LA INHIBICIÓN

Mediante acta levantada en fecha 22 de marzo de 2011, la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, manifestó su inhibición con fundamento en lo siguiente:

“…Me INHIBO de conocer la presente demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, intentado por los Abogados ANGEL IGNACIO CARRILLO PEREZ y JULIBETH PAZ RODRIGUEZ, procediendo en carácter de Apoderados Judiciales de, ciudadano ADELIS VENTURA BOLIVAR IRAUSQUIN, como Presidente de la Sociedad Mercantil SERCOSWILL C.A. contra la SOCIEDAD MERCANTIL INMETAL, C.A.; en el mismo se observa que quien actúa como Apoderado Judicial de la parte demandada, el día 18 de Marzo del presente año se presente por ante este despacho presentando escrito de recusación contra la suscrita en asunto signado con el Nº KP02-V-2008-4592, no obstante se dispuso a dirigirse hacia mi persona en forma grosera, ejerciendo una actitud violenta hacia mi persona, usando entre otras, expresiones injuriantes y ofensivas, actuaciones que me predisponen y afecta mi esfera moral, de quien suscribe, y me impiden decidir con la debida imparcialidad por lo que procedo a declarar la enemistad manifiesta hacia dicho profesional del derecho abogado RAMON RAY RIVERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 131.310., circunstancia prevista como causal de inhibición en los ordinales 18 y 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, procédase a la apertura del cuaderno separado a fin de tramitar lo concerniente a la presente inhibición, el cual contendrá copia certificada de la presente acta…”

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


Visto los términos en que ha sido planteada la inhibición de autos por parte de la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, este Tribunal Superior considera necesario señalar que la inhibición es un acto procesal que emana del Juez o de cualquier otro funcionario que interviene en la función jurisdiccional, materializada en la declaración que éstos realizan al encontrarse incursos en alguna de las causales de recusación previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

También ha sido definida esta institución como el acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causal de recusación. (Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal, 1992).

Tal declaración debe hacerse mediante una acta en la cual se expresen las circunstancias que sean motivo del impedimento subjetivo; además se deberá expresar la parte contra quien obre ese impedimento, como así expresamente lo establece el último aparte del artículo 84 eiusdem.

El Legislador ha querido señalar que la inhibición debe estar debidamente fundamentada con la expresión de todas las circunstancias fácticas y jurídicas para que el Juez que decida la incidencia de inhibición llegue a la plena convicción de que está debidamente tipificada y probada. Además, la obligación de señalar expresamente la parte contra quien obra el impedimento se debe a que tal parte puede allanar al funcionario inhibido en los casos en que el allanamiento sea procedente.

El artículo 88 del Código de Procedimiento Civil establece que el Juez a quien corresponde conocer de la incidencia, declarará con lugar la inhibición si estuviese hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, y en el caso contrario la declarará sin lugar.

Ahora bien, la correcta apreciación de la inhibición presupone, entre otras, la garantía del juez natural; pero por otra parte, apoyarse en el uso indebido de dicha institución, implica una vulneración a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando contempla que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, ello es así, porque deben existir fundadas razones y subsumidas a las causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, para que procede la inhibición.

Lo anterior, encuentra igualmente su fundamento en el hecho respecto al cual tenemos que, si uno de los principios básicos de todo ordenamiento procesal es que los jueces deben dictar sentencias, esto es, resolver los asuntos cuyo conocimiento les corresponde por ley –competencia objetiva-, es lógico suponer que los motivos por los cuales un juez pueda no decidir, deben estar expresamente previstos, pues para el Estado siempre queda el deber de administrar justicia y es a éste al que le corresponde garantizar una justicia responsable, expedita y sin dilaciones indebidas o reposiciones inútiles, características que no puede ser disminuidas por lo operadores de justicia.

En este mismo sentido, es menester resaltar que el juez al manifestar su indisposición para conocer un determinado asunto por encontrarse incurso en alguna de las causales de recusación previstas en la norma adjetiva, además de expresar las circunstancias y cualesquiera otros hechos que motiven su impedimento, debe procurar aportar elementos que lleven a la convicción de que la causal invocada fue realizada en forma legal y que efectivamente se encuentra en alguna de las causales preestablecidas en la norma. Por otra parte, ha de entenderse que el impedimento invocado debe estar referido a una vinculación con las partes que integran el proceso o con el objeto de la pretensión procesal.

Todas estas son características propias de la institución jurídica de la inhibición que en sentido amplio irán en garantía de un debido proceso y correcto desempeño de la administración de justicia en beneficio de las partes.

Así las cosas, de la revisión del presente asunto observa este Juzgado Superior que la causal de inhibición invocada por la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, es la establecida en los numerales 18 y 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, la cual prevé lo siguiente:

“18. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado”.
“20. Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes, aún después de principiado el pleito”.

En efecto, se desprende que las causales invocadas por la Jueza inhibida son de las establecidas en la norma adjetiva y con fundamento en ella, señala expresamente que “…se observa que quien actúa como Apoderado Judicial de la parte demandada, el día 18 de Marzo del presente año se presente por ante este despacho presentando escrito de recusación contra la suscrita en asunto signado con el Nº KP02-V-2008-004592, no obstante se dispuso a dirigirse hacia mi persona en forma grosera, ejerciendo una actitud violenta hacia mi persona, usando entre otras, expresiones injuriantes y ofensivas, actuaciones que me predisponen y afecta mi esfera moral, de quien suscribe, y me impiden decidir con la debida imparcialidad por lo que MANIFIESTO MI ENEMISTAD MANIFIESTA hacia dicho profesional del derecho abogado RAMON RAY RIVERO…”.

Cabe precisar que en relación a la causal de inhibición invocada en el caso de autos, existe un presunción iuris tantum respecto a la declaración que hace el Juez en el acta sobre la existencia del motivo que le impide conocer del asunto que le es sometido por ley a su conocimiento, por lo que dicha presunción sólo puede ser desvirtuada por la parte interesada en la oportunidad prevista para el allanamiento y aportando algún elemento de convicción que permita inferir la no existencia de la causal de inhibición invocada por el Juez de la causa, circunstancia ésta cuya ocurrencia no aprecia este Juzgado Superior en el caso de autos.

En consecuencia, este Juzgado Superior en estricto acatamiento de lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil y con fundamento a todo lo anteriormente expuesto, aprecia que la presente inhibición cumple con los extremos legales y se encuentra debidamente fundada en una de las causales establecidas en el artículo 82 eiusdem, razón por la cual resulta forzoso declarar con lugar la inhibición planteada por la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y así se decide.

III
DECISIÓN


Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR la Inhibición planteada por la abogada Eunice Beatriz Camacho Manzano, en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

SEGUNDO: Se acuerda notificar mediante oficio a la Jueza inhibida de la presente decisión con copia certificada de la misma.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, al primer (01) día del mes de noviembre del año dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.




La Jueza,


Marilyn Quiñónez Bastidas





La Secretaria

Sarah Franco Castellanos