REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL PRIMERO DE EJECUCION Barquisimeto, 09 de noviembre de 2011 Años: 201° y 152º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2005-009561 Revisada la presente causa, se observa que el penado HECTOR MANUEL ARRIECHE GIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 17.859.856, fue condenado según sentencia dictada en fecha 10/11/2005, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, modificada la condena por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en fecha 03/11/2006, quedando en SIETE (07) AÑOS y CUATRO (04) MESES DE PRISION, más las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión de los delitos ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previstos en los artículos 458, 277 Y 470 del Código Penal vigente. En fecha 27 de Junio de 2008, este tribunal reformó el cómputo de la pena, donde se dejó constancia que el penado fue detenido en el asunto KP01-P-2005-009561 entrando detenido el 29/07/2005, permaneciendo detenido, por lo que hasta la fecha del cómputo llevaba cumplido de la pena impuesta DOS (02) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS; pero al mismo tiempo en fecha 28/04/2008, le fue redimida la pena por el lapso de UN (01) AÑO y VEINTE (20) DÍAS, que sumados a la detención anterior da un total de pena cumplida de TRES (03) AÑOS, ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS, por lo que para esa fecha le faltaba por cumplir TRES (03) AÑOS, CUATRO (04) MESES y DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN, igualmente se dejó constancia que la pena extingue el día 09 de noviembre de 2011 (09-11-2011). Así las cosas, analizadas las actuaciones que integran la presente causa, se observa que los siete años y cuatro meses se cumplen el día de hoy 09 de noviembre de 2011, y en atención a lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal, debe declararse extinguida la responsabilidad criminal por cumplimiento de la pena. Con respecto a las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, específicamente la del numeral 2, que prevé la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada ésta. Aprecia esta juzgadora, el criterio establecido en Sentencia No 940, de fecha 21 de mayo de 2007, del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, que entre otras cosas, expone: “(…). Toda pena, ya sea principal, no principal, corporal y no corporal, va a constituir un control social negativo, por cuanto a través de un castigo se sustrae a un sujeto de aquellas conductas que no son aceptadas por la totalidad de los individuos. Así pues, si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ellas sólo puede acudirse in extremis, pues la pena privativa de libertad en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia sólo tiene justificación como la última ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados previa evaluación de la gravedad del delito cuya valoración es cambiante conforme a la evolución de las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado”. En atención a lo anterior, estima quien aquí decide que la imposición de las penas accesorias de ley, establecidas en el artículo 16 numeral 2 del Código Penal a la que fue condenado el penado, resulta absolutamente inoficiosa y excesiva, tomando en cuenta la imposibilidad operativa del organismo de seguridad determinado para realizar la vigilancia establecida en la citada pena accesoria, por otra parte, considerando que someter al penado a la vigilancia que implica la accesoria, atenta contra su dignidad a ser subordinado a doble vigilancia (durante la condena corporal y posterior a ella), convirtiéndose la misma en una pena excesiva, lo cual está expresamente proscrito por nuestra Constitución Nacional; asimismo la imposición de las penas accesorias implica un exceso en la restricción de la libertad personal que el mismo debe gozar por haber saldado su responsabilidad con la sociedad por el cumplimiento de la pena corporal impuesta, por lo que asumiendo el criterio de la doctrina cambiada en la sentencia arriba citada, se prescinde de la imposición de las penas accesorias a la que fue condenado HECTOR MANUEL ARRIECHE GIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 17.859.856, por ser inoficiosa, excesiva y violatorias a los derechos de igualdad, interpretación progresiva de los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, consagrados en los artículos 21 numerales 1 y 2 y 22 del texto Fundamental. Por lo que cumplida la pena corporal, se declara extinguida la responsabilidad criminal y se ordena su libertad plena por la presente causa. ASÍ SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, PRIMERO: DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, por el cumplimiento total de la condena por parte de HECTOR MANUEL ARRIECHE GIMENEZ, titular de la Cédula de Identidad No. 17.859.856, por la comisión de los delitos ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previstos en los artículos 458, 277 Y 470 del Código Penal. SEGUNDO: SE PRESCINDE de la imposición de la pena accesoria, establecidas en el artículo 16 numeral 2 del Código Penal, asumiendo el criterio de la Doctrina dictada en decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional de fecha 21/05/07, Sentencia No 940. Se ordena la libertad plena por la presente causa. Líbrese la boleta de libertad. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrese los Oficios y Boletas. Se ordena el archivo de las actuaciones una vez se decrete firme la presente decisión. Regístrese. Publíquese. Cúmplase. LA JUEZA PRIMERA DE EJECUCION ABG. RUBIA CASTILLO DE VASQUEZ LA SECRETARIA, RCV.