TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 7 de noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2009-004937
ASUNTO : KP01-P-2009-004937

Revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto y en atención a la solicitud efectuada por la Defensa Técnica, relacionada con la Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada contra el ciudadano Alfredo Torrealba Acosta, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 18.333.136, por la presunta comisión de los delitos de Distribución Ilícita de Drogas, Distribución Ilícita de Drogas y Ocultación Ilícita Agravada de Drogas, tipificados en el artículo 31 tercer aparte y segundo aparte de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Penal, este Tribunal observa:

En fecha 17/08/09 el Juzgado V de Control de este Circuito Judicial Penal, dicta decisión mediante la cual decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del procesado de autos, por estar acreditados los extremos a que se contraen los artículos 250 y 251 numerales 2, 3, 4 y 5 y artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental a órdenes de ese despacho judicial.

Alega el Defensor Delegado del Pueblo del estado Lara, la necesidad de ampliación del lapso de presentaciones del imputado, por cuanto le resulta difícil trabajar por la estrechez del régimen impuesto por el Tribunal.

Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos previos estima que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Durante el proceso la situación de privación de libertad de los justiciables se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 17/08/09, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada, con lo cual no se ha acreditado la violación de las normas referidas al Debido Proceso y Derechos Fundamentales de las acusadas, ya que la presunción de peligro de fuga no se desvirtúa con la ausencia de antecedentes penales, registros policiales ni capacidad económica para abandonar la patria, sino de otras circunstancias más que aún permanecen vigentes, como son la magnitud de daño causado ya que este hecho afecta a la sociedad en general y ha causado malestar general, además de que se trata de delitos pluriofensivos, de delincuencia organizada y calificados por Sentencia Vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional como de Lesa Humanidad, que hacen imposible la concesión de beneficios que en el proceso penal impliquen la impunidad, así como la posible pena a imponer que excede de diez años de privación de libertad en la mayoría de los delitos imputados, motivos por los que es improcedente la petición de la defensa.

La parte solicitante realiza una serie de acotaciones en relación a la idoneidad de la medida privativa de libertad, sin embargo, no toma en cuenta que la prisión preventiva obedece entre otras cosas a la posible pena a imponer y la magnitud del daño causado, elementos éstos que se configuran en la presente causa, ya que como se dijo se trata de hechos delictivos de gran envergadura, cuya posible pena a imponer excede de 10 años de privación de libertad, lo que genera la probabilidad que las personas sometidas a proceso penal se sustraigan del mismo para evitar la imposición de sanción penal, circunstancia ésta que es más trascendental que la ausencia de antecedentes penales.

Por otra parte, es menester destacar que el acusado se encuentra privado de libertad debido a la multiplicidad de graves asuntos seguidos en su contra, por lo que la petición de la defensa no se corresponde con el estado actual de la causa, aunado a ello, estima el Tribunal que permanecen vigentes los supuestos que motivaron el decreto de privación de libertad, por lo que se mantiene la medida de coerción personal privativa de libertad que pesa en su contra. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado II de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la Defensa Técnica del ciudadano Alfredo Torrealba Acosta, ut supra identificado, por la presunta comisión de los delitos de Distribución Ilícita de Drogas, Distribución Ilícita de Drogas y Ocultación Ilícita Agravada de Drogas, tipificados en el artículo 31 tercer aparte y segundo aparte de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Penal, permaneciendo incólume el decreto de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictado en contra del mismo en su oportunidad legal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA
JUEZ II DE JUICIO

LA SECRETARIA,

Carmenteresa.-//