REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Barquisimeto, 02 de noviembre de 2011. Año 201º y 152º ASUNTO: KP02-R-2011-0001055. PARTE ACTORA: CARMEN ESTHER SOLORZANO ROJAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°. 7.418.370. APODERADA JUDICIAL PARTE ACTORA: YIORLI ÁLVAREZ, Abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 108.630. PARTE DEMANDADA: CONSEJO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL ESTADO LARA, entidad pública creada por Decreto publicado en Gaceta Oficial del Estado Lara, Nº. 889, de fecha 31 de julio de 2.009. APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDADA: RÉGULO SEGUNDO LE GRAND, Profesional del Derecho inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 113.831, respectivamente. Motivo: REGULACIÓN DE COMPETENCIA. I RECORRIDO DEL PROCESO La presente causa sube a esta Alzada en virtud de la Regulación de Competencia interpuesta por la parte actora contra la Sentencia de fecha 20/07/2011, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. En fecha 24/10/2011 se recibió el asunto por este Juzgado. Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente, este Juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos: II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Versa la presente Regulación propuesta, sobre la incompetencia declarada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, para conocer de la demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta contra el Consejo Autónomo de Cultura del Estado Lara (CONCULTURA). En tal sentido, quien juzga considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: La competencia es un poder especifico para intervenir (el órgano jurisdiccional) en determinados aspectos materiales de la vida. Con ello se afirma, que la competencia en sentido procesal, “es la medida de la jurisdicción que ejerce, en concreto, el juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio.” (Rengel-Romberg, Arístides (1992). Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Teoría General del Proceso. Caracas: Arte. P.298). Ahora bien, la competencia está determinada por el ámbito de aplicación o ejercicio de la jurisdicción, bien sea por la cuantía, por el territorio o por la materia, sobre lo cual expresa el autor citado en precedencia, lo siguiente: “La incompetencia es una determinación de signo negativo, que excluye al juez del conocimiento de la causa, pero al propio tiempo positivo, porque determina cuál es el competente, por estar comprendido el asunto en la esfera de sus poderes y atribuciones legales. Así, al declararse la incompetencia del juez para conocer de la causa, se declara también cuál es el competente para ello entre los demás órganos del Poder Judicial. El juez incompetente, tiene jurisdicción, pues al ser elegido juez, queda investido del poder orgánico de administrar justicia, y sólo le falta la competencia, en cuanto al asunto concreto sometido a su conocimiento, no está comprendido en la esfera de poderes y atribuciones que positivamente le asignan las reglas de la competencia. Por tanto, cada vez que se propone la demanda ante un juez a quien no le corresponde conocerla según las reglas de la competencia, se dice que dicho juez es incompetente.” Ahora bien, en el caso de marras, el Juez de Primera Instancia declina la competencia, manifestando lo siguiente: El Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, determina el ámbito de aplicación del régimen laboral de los empleados al servicio del Estado, en el nivel nacional, estadal o municipal: Artículo 8.- Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales se regirán por las normas sobre carrera administrativa nacionales, estadales o municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos (subrayado agregado). En lo que respecta a la solución de los conflictos derivados del ejercicio de un cargo público o de lo que se llama la relación de empleo público, estos trabajadores están sometidos al régimen jurisdiccional especial -de sus respectivos estatutos- o al general regulado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por tratarse, en todo caso, de actuaciones que en el ámbito administrativo despliega el Estado. Luego de revisar exhaustivamente las actas del proceso, este Juzgador evidencia que al folio 105 corre inserta copia del contrato celebrado entre la demandante y la demandada, para ejercer las funciones como analista de personal, con una duración de 12 días, al cual se le otorga pleno valor probatorio. A los folios 103 y 104, corre inserto contrato de trabajo de la actora, al cual se le otorga valor de plena prueba, que señala el cargo a desempeñar la trabajadora (jefe de personal, por el periodo de tres (03) meses. Igualmente, se evidencia de los recibos consignados en autos del folio 52 al 78, reconocidos por las partes y con valor probatorio, que la demandante comenzó en la nómina de empleados contratados, y a partir de enero del 2008, pasó a ser contratada en trámite de nombramiento. Del folio 116 al 119, corre inserto en autos, comunicaciones emanadas del Consejo Legislativo del Estado Lara, en donde se notifica a la demandante de la designación a la Unidad de Auditoria Interna de dicha institución, con lo cual se evidencia el cargo de funcionario público ocupado a la parte actora en el presente juicio. En criterio del Juzgador, el actor está inmerso en una serie de características que lo hacen ser funcionario público, por lo que debe ser llevada la presente causa ante su Juez natural, conforme lo establece el Artículo 49 Constitucional. Como ya se estableció, el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo excluye del régimen económico y jurisdiccional a quienes ejerzan actividades como empleados públicos, independientemente del mecanismo de ingreso a la administración pública o su condición temporal en la misma, por lo que debe este Juzgador declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.- Al respecto, este Juzgado considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: El artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño. Así mismo, el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone: El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral. Por su parte, el artículo 39 ejusdem, expresa: En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública. Por otra parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado en múltiples oportunidades, entre las que se encuentra la decisión Nº 1636 del 27 de octubre de 2009, con Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, lo siguiente: …aprecia esta Sala que en virtud de los considerandos expuestos, deben los órganos jurisdiccionales al momento de decidir las querellas funcionariales, atender al momento y la forma de ingreso a la Administración Pública, en virtud que si el ingreso fue realizado con anterioridad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el querellante poseía la cualidad de funcionario de carrera debe el órgano administrativo previo al dictamen de los actos de remoción o retiro atender a tal condición y, en consecuencia, proceder a efectuar las gestiones reubicatorias. Si por el contrario, el querellante ingresó a la Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no poseía la cualidad de funcionario de carrera puede el órgano administrativo, si no se ha efectuado un concurso público proceder a la remoción del mismo. En atención a lo dispuesto, debe aclararse que a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -30 de diciembre de 1999-, la única forma de ingreso a la carrera administrativa será, exclusivamente, si el funcionario ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes respectivas. (Vgr. Artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública). Así las cosas, visto que la parte actora manifiesta en su libelo, y así se desprende de las pruebas cursantes en autos, que comenzó a prestar servicios para la demandada a través de un contrato de trabajo, y que posteriormente le fue notificada su designación a la Unidad de Auditoria Interna de dicha institución, sin que conste en autos que se haya cumplido con el concurso respectivo, de conformidad con las normas anteriormente transcritas, este Juzgado declara competente para conocer de la presente causa a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. Y así se decide. DECISIÓN.- En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: Competente para conocer del presente asunto a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se ordena la remisión del asunto al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que proceda a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. TERCERO: Queda así regulada la competencia. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2011. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Abg. José Félix Escalona. Juez Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda Secretaria Nota: En esta misma fecha, 02 de noviembre de 2011, se dictó y publicó la anterior decisión. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Abg. Nailyn Rodríguez Castañeda Secretaria KP02-R-2011-1055 amsv/JFE