TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
JUZGADO DECIMO DE CONTROL
EXTENSION CARORA

Carora, 18 de Mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : KJ11-P-2007-000020
ASUNTO : KJ11-P-2007-000020

JUEZ: ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNANDEZ.
SECRETARIO: ABOG. RAUL GREGORIO DIAZ RAMIREZ
MINISTERIO PÚBLICO: FISCAL UNDECIMA DEL MINISTERIO PUBLICO
DEFENSA: DEFENSOR PUBLICO PENAL TERCERO
IMPUTADOS: OSWAR XAVIER RODRIGUEZ, ROGER XAVIER PEREZ FLORES DELITO: POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

DECAIMIENTO DE MEDIDA

Revisadas como han sido las actuaciones que conforman la presente causa seguida contra los imputados OSWAR XAVIER RODRIGUEZ y ROGER XAVIER PEREZ FLORES, titulares de las cedulas de identidad numero 20.075.686 y 17.942.917, respectivamente, quienes fueren aprehendidos conjuntamente con el imputado ORLANDO JOSE SALAS CARRASQUERO, cedula de identidad numero 20.501.686, por la presunta comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y visto el contenido del auto que antecede, mediante el cual se evidencia el cumplimiento de los dos primeros, según el Libro de presentaciones llevado por el departamento de alguacilazgo de este circuito y extensión y las sucesivas presentaciones, según el sistema automatizado Iuris 2000, asi como la decisión dictada en fecha 11 de agosto de 2009 con relación al ultimo de los nombrados en la cual fuere condenado en la causa KP11-P-2009-000042, a cumplir en el centro penitenciario de la región centro occidental, por lo que este Tribunal a los fines de emitir pronunciamiento de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observa.
A los imputados OSWAR XAVIER RODRIGUEZ, ROGER XAVIER PEREZ FLORES Y ORLANDO JOSE SALAS CARRASQUERO, identificados en actas, en la presente causa seguida por la presunta comisión del delito ya mencionado, en audiencia celebrada en fecha 14 de agosto de 2007, les fue decretada la Medida Cautelar Sustitutiva a la de Privación de Libertad, contenidas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal ordinales 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligado a presentarse una vez cada quince (15) días por ante la Taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal, prohibición de salida del estado sin autorización del Tribunal y prohibición de consumir ningún tipo de sustancias estupefacientes, respectivamente, medida esta que le fuere ampliada a cada sesenta días, al primero de los nombrados, en fecha 25 de marzo de 2008 y evidenciándose del sistema automatizado ya referido el cumplimiento en la forma antes indicada.

Observa esta operadora de justicia que desde la fecha en que fue decretada medida restrictiva de libertad hasta la presente, ha transcurrido tres años, nueve meses y cuatro días, sin que se haya celebrado audiencia preliminar por causas no imputables al procesado ni a su defensa técnica, ya que el Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo correspondiente.

Evidenció esta Juzgadora que el Ministerio Público no hizo uso en tiempo hábil de la facultad excepcional establecida en el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo autoriza para peticionar al Juez una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima establecida para el delito, para el mantenimiento de la medida de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal.

Tal como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por el Juzgado de Control competente en su debida oportunidad.

En este sentido, el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años, contemplándose además la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves, que a juicio del tribunal las justifiquen. Este límite fue establecido por el legislador para cualquier medida de coerción personal independientemente de su naturaleza, así como del tipo o entidad del punible por el cual se inició la persecución penal, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso.

En atención a ello y una vez transcurridos los dos años de medida de coerción personal sin que se haya celebrado debate oral por causas no atribuibles a la defensa ni al procesado, y sin que el Ministerio Público haya solicitado en tiempo hábil el decreto de prórroga de la medida de coerción personal menos gravosa, ésta decae automáticamente, ordenando esta Juzgadora a los efectos de asegurar la finalidad del proceso, someter a los procesados de autos a otra medida cautelar mucho menos gravosa que garantice su presencia en los correspondientes actos procesales que deberán celebrarse, con respeto del principio de afirmación de libertad y proporcionalidad.

Es de hacer notar que, si bien es cierto estamos ante hechos punibles de gran entidad que ataca bienes jurídicos de gran trascendencia social, tampoco podemos dejar de considerar que a los justiciables los respalda el principio de presunción de inocencia que no puede ser desvirtuado solo por el quantum de la posible pena a imponer, y que por lo tanto determina para el Juez el deber de apreciar otro tipo de circunstancias que puedan afectar las resultas del proceso y no solamente la pena posible a imponer, tal como lo solicitó el Ministerio Público al momento de celebrarse la audiencia oral.

En este sentido señala Decisión de fecha 28/08/03 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que: “… corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento”. (Sic)

Por tanto, es imperativo del Código Orgánico Procesal Penal en consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional así como en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, que en aquellos supuestos en los que una medida de coerción personal (como es en el presente caso) exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos (02) años, sin que se haya solicitado su prórroga dentro del lapso de Orden Público, establecido en el último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el juzgador debe decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar menos gravosa para el imputado, sin menoscabar el derecho a la defensa y a ser oído de las partes.

No considera esta operadora de justicia que el decreto de decaimiento de esta Medida de Coerción Personal, incurra en los supuestos de impunidad, ya que los Jueces de la República debemos velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, los cuales no pueden estar supeditados a prohibiciones de naturaleza procesal, ni limitados de forma alguna debido a la interpretación garantista y progresiva de nuestra carta fundamental, aunado al hecho de que el Ministerio Público en este caso no peticionó debidamente al Tribunal y en tiempo hábil la solicitud de prórroga para la permanencia de la medida de coerción personal sujeta a consideración, y por ende no puede emitirse un pronunciamiento desfavorable al encausado porque implicaría la violación del Debido Proceso así como de los lapsos procesales que son de estricto orden público.

Con base a lo expuesto previamente, observa esta Juzgadora la necesidad de decretar de oficio el decaimiento de la Medida de coerción personal dictada en contra de los prenombrados imputados, decretada en fecha 14 de agosto de 2007, gozando los procesados del Principio de Afirmación de Libertad y garantizándose al Sistema de Administración de Justicia los Principios Finalistas del Proceso Penal, quedando obligado a comparecer a los actos procesales que requiera su presencia para lo cual será debidamente citado, manteniéndose con todos sus efectos la prohibición de consumir ningún tipo de sustancias estupefacientes, a tenor de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo igualmente mantener actualizados los datos referentes a su domicilio, en atención al contenido del articulo 127 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.

Por último, observa este órgano jurisdiccional, en atención a lo establecido en los artículos 26 del texto programático constitucional y 282 del texto adjetivo penal, que si bien en el presente fallo acuerda el decaimiento de la medida de coerción impuesta en la forma antes señalada, resulta obligatorio y de pleno derecho instar al despacho fiscal a los fines de practicar las actuaciones y actos de investigación que conduzcan a la culminación de la presente investigación, por cuanto nos encontramos frente a un proceso en el cual han transcurrido mas de tres (03) años y nueve (09) meses, por lo que, el Juez como director del proceso debe velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales para lograr el fin del proceso penal, Y ASI SE ESTABLECE.

DECISION

Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Décimo de Control Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve. Primero: Se declara de oficio el decaimiento de la medida de coerción personal que en fecha 14 de agosto de 2007, fue dictada en contra de los ciudadanos OSWAR XAVIER RODRIGUEZ y ROGER XAVIER PEREZ FLORES y ORLANDO JOSE SALAS CARRASQUERO, titulares de las cedulas de identidad numero 20.075.686, 17.942.917 y 20.501.686, respectivamente, en la presente causa seguida por la presunta comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligados a comparecer a los actos procesales que requieran su presencia para lo cual serán debidamente citados, manteniéndose con todos sus efectos la prohibición de consumir ningún tipo de sustancias estupefacientes, a tenor de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo igualmente mantener actualizados los datos referentes a su domicilio, en atención al contenido del articulo 127 ejusdem, instando al despacho fiscal a los fines de practicar las actuaciones y actos de investigación que conduzcan a la culminación de la presente investigación, por cuanto nos encontramos frente a un proceso en el cual han transcurrido mas de tres (03) años y nueve (09) meses, sin que se haya presentado acto conclusivo. SEGUNDO: Notifíquese a la Fiscalia Undécima del Ministerio Publico, a la Defensa y a los prenombrados imputados, participando lo decidido. TERCERO: Ofíciese el departamento de alguacilazgo de este circuito y extensión, a los fines consiguientes. Y ASI SE DECIDE.
LA JUEZA DECIMA DE CONTROL

ABOG. YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ
EL SECRETARIO
ABOG. RAUL GREGORIO DIAZ RAMIREZ

En la misma fecha se publicó la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el Juzgado.

EL SECRETARIO
ABOG. RAUL GREGORIO DIAZ RAMIREZ