REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCION DE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 30 de marzo de 2011 200º y 152º ASUNTO: KP01-P-2005-006703 AUTORIZACION DE TRASLADO La Suscrita Abog. Juana Goyo, se ABOCA al conocimiento del presente asunto, y revisadas como han sido las actas procesales que conforman el mismo, y toda vez que consta oficio Nº 00003658 de fecha 28/07/2008, suscrito por el Penado: SOJO ALVARADO CHARLIE JOSE, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.188.918, debidamente certificado por el Director de la Penitencierìa General de Venezuela, en el cual solicita su traslado voluntario al Internado Judicial del Estado Yaracuy-San Felipe, aunado a la comunicación Nº 12F72-NN-1500-2011, de fecha 23 de febrero 2011, anexando Audiencia realizada al penado de autos, quien nuevamente solicita su traslado al Penal de Uribana o San Felipe, para estar mas cerca de su familia, a los fines de proveer sobre el petitum el Tribunal lo hace en los siguientes términos: En relación a lo peticionado, se hace necesario revisar la Norma Constitucional en su artículo 272 la cual señala la Garantía a la que se debe el Estado para que se asegure la Rehabilitación del Interno en Respeto a sus Derechos Humanos, el Derecho a la practica Laboral, Estudio y Deporte. En otro orden de ideas el artículo 19 Constitucional dispone: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” De allí, que la protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, el cual deberá garantizar a través de su actuación y del establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Considera este Tribunal, que lo mas ajustado a derecho es Autorizar al Director de LA PENITENCIARÍA GENERAL DE VENEZUELA, SAN JUAN DE LOS MORROS, para que realice el traslado de penado SOJO ALVARADO CHARLIE JOSE, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.188.918, hasta el INTERNADO JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY-SAN FELIPE, con las seguridades del caso haciendo la Salvedad esta Juzgadora que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley. Y Así Se Decide.- DISPOSITIVA Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal en Función de Ejecución Nº 2, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Autorizar al Director de LA PENITENCIARÍA GENERAL DE VENEZUELA, SAN JUAN DE LOS MORROS, para que realice el traslado del penado SOJO ALVARADO CHARLIE JOSE, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.188.918, con las seguridades del caso al INTERNADO JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY-SAN FELIPE, haciendo la Salvedad esta Juzgadora que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en los artículos 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así salvaguardar la salud y el resguardo de la integridad física del penado. Particípese lo conducente al Director de LA PENITENCIARÍA GENERAL DE VENEZUELA, SAN JUAN DE LOS MORROS, y remítase copia certificada de la presente decisión. Notifíquese a la Fiscal 13 del Ministerio Público, a la Defensa y al penado. Dada, Firmada y Sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal, en la ciudad de Barquisimeto, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil once. Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación. Regístrese, publíquese y notifíquese a todas las partes. Cúmplase. La Jueza de Ejecución N° 1., Abog. Juana Goyo. La Secretaria Seguidamente se dio cumplimiento a lo acordado en autos. La Secretaria.,