REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL DE JUICIO Nº 4 Barquisimeto, 17 de marzo de 2011. Años: 200º y 152º. ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2010-1304 Revisadas las presentes actuaciones, el Tribunal a los fines de proveer la solicitud de la Abg. Leidy Moreno Flores, en su condición de Defensora Privada del imputado Johan Manuel Alvarado Torres, cédula de identidad Nº: 23.813.495 en la que solicita la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, que pesa sobre su defendido de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se realizan las siguientes consideraciones previas. Examinado el actual asunto se evidencia que el acusado de autos Johan Manuel Alvarado Torres, le fue decretado la medida de Privación de Libertad, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Alega la defensa del acusado, no se ha podido aperturar el juicio en virtud de que no se ha hecho efectivo el traslado de su defendido desde el Internado Judicial de San Felipe, ya que de este recinto carcelario no se realizan traslados los días miércoles y jueves, repitiéndose esta situación en varias oportunidades, razón por la cual solicita la revisión de dicha mediada para que su defendido se pueda trasladar por sus propios medios a la celebración de juicio oral y público. El Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. En cuanto a los alegatos esgrimidos considera quien decide que los mismos no pueden ser considerados a los fines de la modificación o sustitución de la medida de privación de libertad del imputado, ya que las circunstancias que conllevan a los diferimientos, son acontecimientos no imputables a este tribunal, es decir, no es razón suficiente para que la medida de privación judicial de libertad pierda su esencia, toda vez que esta fue impuesta a los fines de asegurar las resultas del proceso, y al estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal de manera concurrente. En resumen, a juicio de quien decide, estas circunstancias alegadas por la solicitante, ut supra señalada, no constituyen motivos para el otorgamiento de una medida menos gravosa, porque no desvirtúan los supuestos de la procedencia de la medida de privación de libertad decretada, es decir, estábamos y estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de autos han sido participe en la comisión del hecho punible y una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular de peligro de fuga. Con base a lo anteriormente expuesto, estima quien decide que lo pertinente y ajustado a la ley es ordenar la permanencia de la medida de coerción personal cuestionada por invariabilidad de las circunstancias que motivaron su decreto, a los fines de garantizar las resultas del proceso penal que se ha instaurado en la presente causa, y así se decide Sin que la negativa del otorgamiento de una medida menos gravosa en esta etapa del proceso, entre a prejuzgar sobre la culpabilidad o no del acusado ciudadano Johan Manuel Alvarado Torres, lo cual es materia que en la definitiva será objeto de un contradictorio debate oral y público, y así se establece.- DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDENTE, la revisión de la medida de coerción personal peticionada por la defensa del acusado Johan Manuel Alvarado Torres, cédula de identidad Nº: 23.813.495, y acuerda mantener la Medida de Privación Judicial de Libertad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. Abg. Leila Ibarra Jueza Cuarta de Juicio Secretaria Administrativa