A los fines de pronunciarse sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, el Tribunal observa lo siguiente: El poder cautelar es la potestad otorgada a los jueces que dimana de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional, con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia. Establece el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que: “Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la Ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley.” Así las cosas, encontramos en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo el artículo 137, que establece que las medidas preventivas establecidas en este dispositivo las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de un fallo y que exista presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. En el caso que nos ocupa, la parte solicitante de la medida, al fundamentar la misma, señaló que se evidencia de la conducta manifiesta que viene comportando la empresa que compareció a la audiencia, ya que según sus dichos una de ellas fue físicamente cerrada, que jurídicamente, le hace pensar que la sentencia pudiera quedar ilusoria ante el hecho de que se cierre repentinamente la que actualmente desarrolla su actividad económica, como lo hicieron unas de ellas dejando a los trabajadores sin el pago de sus obligaciones. Al respecto, la Juzgadora señala que el requisito de procedencia de las medidas cautelares que establece el Artículo 137 de la Ley Adjetiva laboral, esto es, el peligro de infructuosidad del fallo (Periculum In Mora), tiene vinculación directa con el interés procesal, puesto que para poder intentar cualquier acción debe tenerse un interés legítimo y actual; que es definido como la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo pueda quedar disminuido en un ámbito económico; o que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra. Ahora bien, en nuestra legislación no se puede presumir la insolvencia del deudor ni la demora en los juicios, de forma que no es suficiente fundamentar sin más el dictado de una medida cautelar, por tanto el elemento del peligro, debe estar acreditado en los autos, a través de la comprobación sumaria que la persona natural o jurídica sobre la cual se dicte la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; lo que implica además la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme. En el presente caso, la parte demandante solicita la medida con sus dichos que según alego, que una de las empresas fue físicamente cerrada, más no así jurídicamente, le hace pensar que la sentencia pudiera quedar ilusoria ante el hecho de que se cierre repentinamente la que actualmente desarrolla su actividad económica, como lo hicieron unas de ellas dejando a los trabajadores sin el pago de sus obligaciones, sin embargo de ello no existe prueba en el presente asunto. Así se establece.- Entonces, en virtud de que tanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo como el Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión) exige que, las medidas cautelares serán decretadas por el Juez, cuando exista el riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo y exista presunción grave del derecho que se reclama, y siendo que analizadas las actas que conforman el asunto, no se evidencia lo dicho por el actor, por lo que éste Juzgado niega la medida preventiva solicitada. Así se decide.-