TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
Barquisimeto, 1 de julio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2011-005236
ASUNTO : KP01-P-2011-005236

Revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto y en atención a la solicitud efectuada por la defensa técnica, relacionada con la Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada contra el ciudadano jean Carlos Rivas Ramírez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 26.195.976, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor, tipificado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos en concordancia con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 eiusdem, este Tribunal observa:

En fecha 28/04/11 el Juzgado IX de Control de este Circuito Judicial Penal, dicta decisión mediante la cual decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del procesado de autos, por estar acreditados los extremos a que se contraen los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental.

Alega el defensor del imputado la necesidad de sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una menos gravosa, alegando en pro de su pretensión la modificación de las condiciones iniciales que motivaron el decreto de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ya que el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público establece la calificación de Aprovechamiento de Vehículo Proveniente del delito de Robo, tipificado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, el cual da lugar a la figura de acuerdo reparatorio.

Esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos previos considera que nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Durante el proceso la situación de privación de libertad del justiciable se encuentra sustentada por el decreto de medida de coerción personal dictada el 28/04/11, sin que hasta la presente exista variación alguna de las circunstancias de hecho y de derecho apreciadas en la citada oportunidad como fundamento de la medida cuestionada por la defensa, con lo cual no se ha acreditado la violación de las normas referidas al Debido Proceso y Derechos Fundamentales del justiciable, ya que de aceptar tal postura, implicaría la emisión de opinión en relación a la calificación jurídica dada por el acto conclusivo fiscal a los hechos, en una oportunidad distinta del acto de audiencia de juicio, en la que conforme al procedimiento abreviado, este despacho judicial proceda a los pronunciamientos contenidos en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte es prioritario destacar que no es posible emitir pronunciamiento pedido por la defensa, habida cuenta que aún no se ha efectuado el acto del debate oral en el que este despacho judicial, procederá a dictar decisión sobre la admisión de la acusación y calificación jurídica dada a los sucesos por la Vindicta Pública, por lo que no es viable aceptar la nueva calificación imputada por el Ministerio Público mediante un acto procesal que inidóneo para ello, pudiendo incurrir este Tribunal en el vicio de pronunciamiento al fondo del asunto fuera de los límites de su competencia.

Aunado a ello la presunción de peligro de fuga no se desvirtúa con el único alegato de imposibilidad de abandono del país, sino de otras circunstancias más que aún permanecen vigentes, como son la magnitud de daño causado ya que este hecho afecta a la sociedad en general y ha causado malestar general, además de que ha sido considerado por la Jurisprudencia patria como pluriofensivos, lo que hace imposible la concesión de beneficios que en el proceso penal impliquen la impunidad, asimismo la posible pena a imponer que excede de diez años de privación de libertad, con lo que se configura válidamente la procedencia de la medida privativa de libertad cuestionada, motivos por los que es improcedente la petición de la defensa. Así se decide.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado II de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega por improcedente la sustitución de la medida de coerción personal peticionada por la defensa del procesado Jean Carlos Rivas Ramírez, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor, tipificado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos en concordancia con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 eiusdem. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA
JUEZ II DE JUICIO

LA SECRETARIA,

Carmenteresa.-//