REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 11 de Julio de 2011 AÑOS: 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2011-011079 ASUNTO : KP01-P-2011-011079 FUNDAMENTACIÓN MEDIDA CAUTELAR CONFORME AL ARTICULO 256 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL EN AUDIENCIA ORAL CELEBRADA EN FECHA 08-07-2011. Corresponde a este Tribunal, FUNDAMENTAR la Medida Cautelar señalada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, acordada en Audiencia a favor del IMPUTADO: FRANK JOSE LISCANO HERNANDEZ, titular Cédula de Identidad Nº V-11.787.740, nacido el 30/10/72, en Barquisimeto, de 38 años de edad, Venezolano, Estado Civil: Soltero, de Ocupación: COMERCIANTE, residenciado en: CALLE 37 CON CARRERA 32 CASA 10, Teléfono 04724 2676407, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE ROBO O DE HURTO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART 470 DEL CODIGO PENAL, tal efecto se observa: En la oportunidad de la celebración de la Audiencia Oral, una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición Fiscal quien solicitó el Otorgamiento de la medida cautelar del Art. 256 ordinal 3 presentaciones periódica, y la continuación del proceso por la vía del Procedimiento Ordinario, para el ciudadano: FRANK JOSE LISCANO HERNANDEZ, titular Cédula de Identidad Nº V-11.787.740, Es todo. Seguidamente la Imputados, una vez impuestos del Precepto Constitucional contenidos en el artículo 49, ordinal 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además de los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así como del uso contenido y alcance de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, se len preguntó si estaba dispuesto a declarar, a lo que manifestaron en viva voz: “NO VOY A DECLARAR.” Seguidamente, se le concede la palabra a la Defensa y expone: Solicita se siga la causa por el procedimiento ORDIANRIO y solicita una medida cautelar sustitutiva a la privación lo cual es la contenida en el Art. 256 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal lo cual es presentación cada 30 DÍAS por cuanto el ciudadano es comerciante y necesita trasladarse a distintas ciudades para adquirir vehículos y materiales de carga pesada, es todo. A LOS FINES DE DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA En el presente caso, los supuestos que motivan decretar una Medida Privativa de Libertad, tal como lo señala el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente y en este particular, Ahora bien a criterio de esta juzgadora, en la señalada norma nos faculta y permite revisar los requisitos de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso concreto, es así como tenemos: 1.- Ciertamente nos encontramos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita. 2.- En cuanto a los elementos de convicción existente para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible, ciertamente las pruebas existente en el proceso pudieran favorecer al imputado, sin embargo las mismas deben ser sometidas a la deliberación en debata oral y publico, 3.- No obstante, considera quien decide que el tercer requisito se verifica, toda vez que se aprecia la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, a parte de ello, se observa el arraigo en el país, inclusive en el, estado Lara, donde tiene su domicilio fijo.- Aunado a ello, el Tribunal analiza otros elementos tales como: La pena que podría llegar a imponerse; igualmente en virtud del Principio de Presunción de Inocencia, asumido como un Derecho Fundamental en nuestro Proceso Penal, relacionado este con la disposición contenida en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se establece que la Medida de Privativa Judicial de Libertad, es la excepción y la Libertad es la regla, vistas las circunstancias del caso concreto y analizado que puede ser razonablemente satisfecha la Privación de Libertad con la aplicación de otra medida menos gravosa, razón por la cual lo mas ajustado a Derecho es otorgar Medida Cautelar conforme lo señalado en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; Y Así Se Establece. DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control Nº 3, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, pasa a pronunciarse en los siguiente términos: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA de conformidad con el Articulo 44 ord. 1 de la Constitución y el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal; SEGUNDO: Se Acuerda la continuación del asunto por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO indicado en el artículo 280 de la norma adjetiva TERCERO: Se impone al ciudadano FRANK JOSE LISCANO HERNANDEZ, titular Cédula de Identidad Nº V-11.787.740, nacido el 30/10/72, en Barquisimeto, de 38 años de edad, Venezolano, Estado Civil: Soltero, de Ocupación: COMERCIANTE, residenciado en: CALLE 37 CON CARRERA 32 CASA 10, Teléfono 04724 2676407, MEDIDA CAUTELAR es decir, que se presenten ante este Tribunal cada (15) quince días cuando así lo requiera, a los llamados del Tribunal y comparecer a las audiencias que fije éste Tribunal, el art 256 ordinal 3, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE ROBO O DE HURTO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART 470 DEL CODIGO PENAL. ASÍ MISMO, SE INDICA QUE EL DISPOSITIVO DE ESTA DECISIÓN FUE DICTADO EN PRESENCIA DE TODAS LAS PARTES EN LA RESPECTIVA AUDIENCIA ORAL, POR LO QUEDAN TODOS DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal, en la ciudad de Barquisimeto, a los once (11) días del mes de Julio del 2011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. Regístrese, publíquese y Cúmplase.- EL JUEZ DE CONTROL Nº 3 ABG. CARLOS GABRIEL TORREALBA GAMARRA. LA SECRETARIA