TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas
Barquisimeto, 23 de febrero de 2011
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2008-003164
ASUNTO : KP01-P-2008-003164

Vista en audiencia oral la presente causa penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal de Juicio pasa a resolver la solicitud de sobreseimiento de la causa planteada por la Fiscalía Primera del estado Lara, en los siguientes términos:
LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL
PRESENTE PROCESO
La presente causa versó sobre los hechos expuestos por la ciudadana IRENE DEL CARMEN MARQUINA GÓMEZ, ante la Comisaría Fundalara, Zona Policial del Este, de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara, en la que señaló lo siguiente: “…El día de hoy JAVIER, puso a pelear, a mi hijo de nombre ARMANDO JOSÉ, menor de edad, (11 años), y en vista de que mi hijo no quiso pelear, contra otro niño, menor de edad, es por eso que su papá se molesto (sic9, y comenzó a pegarle a mi hijo, con una chancleta, por tal razón yo baje (sic) hasta donde estaba mi hijo, con su papá, lo alé por el brazo para quitárselo porque lo estaba golpeando muy feo, es cuando yo le dije que él no era un gallo de pelea para que lo pusiera a pelear, es cuando se me viene encima y comenzó a golpearme, me tiro (sic) en el piso y con el filo de la acera me comenzó a golpearme (sic) de nuevo (,) posteriormente se presentó la mujer que él tiene de nombre OROPEZA LEAL CARMEN CECILIA, estando yo en la parte de abajo la mujer me golpea también…”.
En fecha 26 de febrero de 2009, la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Lara, notificó a este Tribunal el decreto de Archivo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha 30 de julio de 2009, la Fiscala Séptima del Ministerio Público del estado Lara, solicitó el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 318, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por estimar que no existen suficientes elementos para intentar la acción penal y no existen razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos a la investigación penal.
Por otro lado, dispone el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: “…presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate”, en el caso que ocupa la solicitud de sobreseimiento esta fundamentada en lo dispuesto en el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al supuesto de falta de certeza o incertidumbre en relación al establecimiento de elementos de convicción para sostener una acusación en contra de un imputado, fundando la representante del Ministerio Público en supuestos objetivos, motivo por el cual estima quien decide que en los términos en que ha sido planteada la solicitud de sobreseimiento la misma debe ser resuelta prescindiendo de la audiencia, a los fines de garantizar la celeridad y la economía procesal en el presente asunto, en salvaguarda de los derechos de las partes, motivo por el cual la presente solicitud se resolverá por auto. Así se decide.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El Ministerio Público representado por la Fiscalía Séptima del estado Lara, ha requerido de este órgano jurisdiccional se decrete el sobreseimiento de la causa, no obstante, resulta necesario precisar que con anterioridad a que fuera dictado este acto conclusivo de la investigación, ya el Ministerio Público había dictado un acto conclusivo distinto específicamente un archivo fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, según lo comunico a este órgano jurisdiccional según oficio número LAR-07-9919 de fecha 26 de febrero de 2009.
Se encuentra, en consecuencia de un acto conclusivo sobre otro acto conclusivo, sin que conste en el asunto que la ciudadana representante del Ministerio Público hubiere ordenado la reapertura de la investigación penal luego de haber decretado el archivo fiscal.
En tal sentido es necesario destacar que los “actos procesales” se encuentran sujeto a la denominada “doctrina de los propios actos” que impide que se pueda actuar en contradicción o desconocimiento de acto anteriores o realice variaciones al acto de tal magnitud que impliquen una incoherencia, pues nadie puede ir en contra de sus propios actos .
El principio de irrevocabilidad, irretractabilidad o indisponibilidad penal, consiste en que el Ministerio Público, una vez ejercida la acción penal ante el órgano jurisdiccional no puede desistirla, pues tiene la obligación de continuarla hasta que haya decisión jurisdiccional que ponga fin al proceso.
La doctrina de los actos propios ( principio del venire contra factum proprium non valet) sustentaría también este principio de irretractabilidad, la que a su vez se relaciona con el principio de “Unidad del Ministerio Público”, sosteniéndose que un Fiscal o una Fiscala no puede ir en contra de un acto anterior de otro u otra Fiscal o Fiscala, ya que las actuaciones del Ministerio Público son una unidad, y que tampoco un Fiscal o una Fiscal puede actuar en contradicción o desconocimiento de sus propios actos anteriores, o realizar variaciones al acto de tal forma que importen una clara incoherencia .
En el caso de marras se presenta una situación anómala, en virtud de que ya habiéndose dictado un acto conclusivo de la investigación, se dicta con posterioridad una distinto con consecuencias jurídicas distintas sin una debida motivación jurídica, sustentada exclusivamente en valoraciones fácticas carentes de fundamento jurídico y contrariando disposiciones legales, ya que lo procedente luego de dictado un archivo fiscal para poder dictar una acto conclusivo diferente es ordenar la reapertura de la investigación por los motivos expresados claramente en legislación procesal penal patria, y posteriormente presentar el acto conclusivo que corresponde.
Esta situación genera inseguridad e incertidumbre jurídica en virtud de que al presentarse un acto conclusivo sobre uno dictado previamente hace variar considerablemente la situación jurídica de las partes en el proceso, tanto para el imputado como para la víctima quienes previamente deben haber sido informados del acto conclusivo primigeniamente dictado por el o la titular de la acción penal.
La indisponibilidad de la acción penal lleva a concluir que si ya el representante del Ministerio Público determinó una situación jurídica, sólo con fundamento en lo dispuesto en legislación procesal venezolana puede modificarlo.
Se puede concluir, en consecuencia, que la solicitud de sobreseimiento varía considerablemente la situación jurídica del imputado y de la víctima en el presente proceso, al haberse actuado en contradicción con un acto anterior lo que genera una incoherencia, por lo que dicha solicitud no resulta procedente, y en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho es negar la solicitud de sobreseimiento planteada. Así se decide.
DISPOSITIVA
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas número 1 del Circuito Judicial Penal del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara sin lugar, la solicitud de sobreseimiento de la causa, planteada por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Lara, en el presente asunto, por lo que se ordena la remisión inmediata del presente asunto a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Lara, a los fines de que ratifique o rectifique la solicitud de sobreseimiento de la causa que se niega en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y publíquese. Cúmplase.-
EL JUEZ

ABGOGADO MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
LA SECRETARIA