REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO EN FUNCIONES DE EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 27 de Enero de 2011 Años: 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2009-004788 AUTORIZACION DE TRASLADO La Suscrita Abog. Juana Goyo, se ABOCA al conocimiento del presente asunto, en su carácter de Juez Provisorio de este Despacho, visto el escrito presentado por la Abog. LUZ FEBRES., en su carácter de Defensora Privada, en representación del penado: DEIBI ALEXANDER CEDEÑO BARCO, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.333.791, en el cual solicita el traslado del mencionado penado por cuanto el mismo tiene problemas con la Población Penal de la Penitencierìa General de Venezuela, San Juan de los Morros, Estado Guarico, a los fines a los fines de proveer sobre el petitum el Tribunal lo hace en los siguientes términos: En relación a lo peticionado, se hace necesario revisar la Norma Constitucional en su artículo 272 la cual señala la Garantía a la que se debe el Estado para que se asegure la Rehabilitación del Interno en Respeto a sus Derechos Humanos, el Derecho a la practica Laboral, Estudio y Deporte. En otro orden de ideas el artículo 19 Constitucional dispone: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” Por otra parte, el artículo 43 de la Carta Fundamental establece: “El Derecho a la Vida es Inviolable. Ninguna Ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometida a su autoridad en cualquier forma”. De allí, que la protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, el cual deberá garantizar a través de su actuación y del establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Considera este Tribunal, que lo mas ajustado a derecho es Autorizar al Director de la Penitencierìa General de Venezuela, con sede en San Juan de Los Morros Estado Guarico, para que realice el traslado de DEIBI ALEXANDER CEDEÑO BARCO, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.333.791, con las seguridades del caso AL CENTRO PENINTECIARIO DE LOS LLANOS GUANARE, ESTADO PORTUGUESA, haciendo la Salvedad esta Juzgadora que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley . Y Así Se Decide.- DISPOSITIVA¬ Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal en Función de Ejecución Nº 2, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Autorizar al Director de la Penitenciaria General de Venezuela, San Juan de los Morros, Estado Guarico, para que realice el traslado de DEIBI ALEXANDER CEDEÑO BARCO, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.333.791, con las seguridades del caso AL CENTRO PENINTECIARIO DE LOS LLANOS, CON SEDE EN GUANARE, ESTADO PORTUGUESA, haciendo la Salvedad este Juzgador que se deberá realizar el Procedimiento Legal establecido en los artículos 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así salvaguardar la salud y el resguardo de la integridad física del penado. Remítase Copia de la presente decisión anexa a Oficio al Director de la Penitenciaria General de Venezuela, San Juan de los Morros, Estado Guarico, Notifíquese a la Fiscal 13 del Ministerio Público, a la Defensa y al penado.. Dada, Firmada y Sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal, en la ciudad de Barquisimeto, a los veintisiete (27) días del mes de Enero del año dos mil once. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. Regístrese, publíquese y notifíquese a todas las partes. Cúmplase. La Jueza de Ejecución N° 1., Abg. Juana Goyo. La Secretaria Seguidamente se dio cumplimiento a lo acordado en autos. La Secretaria.,