TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Barquisimeto, 08 de abril de 2011
200º y 151º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA Nº 078/2011
ASUNTO: KP02-U-2008-000088

Parte recurrente: ciudadana Alexny Consuelo Pérez Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-14.425.673, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 101.803, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil Integral de Servicios Para La Industria, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, inserto bajo el N° 58, Tomo 91-A, en fecha 14 de julio de 2000, con domicilio fiscal en la Avenida Libertador, Centro Comercial, Ciudad Cristal, Planta Baja, Local 15, Sector Centro de Acarigua, estado Portuguesa.

Acto recurrido: Resolución N° 283-2008-03-09, de fecha 04 de marzo de 2008, notificada el 13 de mayo de 2008 y el Acta de Reparo N° 282.015-06-71, de fecha 05 de junio de 2006, notificada el 06 de junio de 2006, emanadas de la Gerencia General de Tributos - Unidad de Ingresos Tributarios del Estado Portuguesa del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).

Administración Tributaria recurrida: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

I
Antecedentes

Se inicia la presente causa mediante recurso contencioso tributario, incoado por la abogada Alexny Consuelo Pérez Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-14.425.673, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 101.803, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil Integral de Servicios Para La Industria, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, inserto bajo el N° 58, Tomo 91-A, en fecha 14 de julio de 2000, sociedad mercantil representada por su gerente, ciudadano Gregorio Alexander Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-7.595.932, con número aportante INCE 918135, con domicilio fiscal en la Avenida Libertador, Centro Comercial, Ciudad Cristal, Planta Baja, Local 15, Sector Centro de Acarigua, estado Portuguesa, representación acreditada según documento poder autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Acarigua, etado Portuguesa, inserto bajo el N° 66, Tomo 44, de fecha 27 de junio de 2008, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; en contra de la Resolución N° 283-2008-03-09, de fecha 04 de marzo de 2008, notificada el 13 de mayo de 2008 y el Acta de Reparo N° 282.015-06-71, de fecha 05 de junio de 2006, notificada el 06 de junio de 2006, emanadas de la Gerencia General de Tributos - Unidad de Ingresos Tributarios del Estado Portuguesa del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).
El 07 de julio de 2008, el Tribunal le dio entrada al recurso contencioso tributario y se libró boleta de notificación mediante oficio a la Gerencia General de Tributos - Unidad de Ingresos Tributarios del Estado Portuguesa del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), comisionándose al Juzgado del Municipio Páez de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.
El 07 de octubre de 2008, se acuerda diligencia interpuesta en fecha 01 de octubre de 2008, por la abogada alexny Pérez.
El 16 de octubre de 2008, el Alguacil del Tribunal, consignó la boleta de notificación dirigida a la Contraloría y Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, ambas debidamente firmadas y selladas 15 de octubre de 2008.
El 27 de octubre de 2008, se le da entrada y se agrega resulta de la comisión librada por este Tribunal Superior, emanada del Juzgado Segundo del Municipio Páez de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en la cual se deja constancia que fue imposible practicar la notificación por cuanto el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por cuanto se encuentra ubicado en el Municipio Araure del estado Portuguesa, en consecuencia, se ordena comisionar al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor) para que practique la notificación a la parte recurrida.
El 23 de enero de 2009, el Alguacil del Tribunal, consignó la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente firmada y sellada el 06 de enero de 2009.
El 21 de mayo de 2010, la abogada Alexny Pérez, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, solicita librar y practicar la notificación al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
El 30 de noviembre de 2010, la Jueza Temporal de este Tribunal Superior Xioely Alejandra Gómez Torrealba se aboca al conocimiento de la presente causa, en consecuencia, se dejará transcurrir el lapso de tres (03) días de despacho a los que alude el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
El 08 de diciembre de 2010, la jueza titular de este Tribunal superior María Leonor Pineda García reasume el conocimiento de la causa.

II
Consideraciones para decidir

Ahora bien, este Tribunal decide proceder de oficio a verificar si en el presente asunto se ha configurado la perención, en este sentido se realizan las siguientes consideraciones:

Los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil que se aplican a la materia tributaria por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, disponen:

“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos…., es apelable libremente”.

En este orden, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 00696, de fecha 14 de julio de 2010, señaló lo siguiente:

“…La perención de la instancia constituye en nuestro ordenamiento jurídico, un medio de extinción del proceso que opera por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el juicio (tal como lo prevé el artículo 19 aparte decimoquinto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ahora el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como el artículo 265 del Código Orgánico Tributario vigente), o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos inferiores al año.
Se erige entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.
El referido artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, dispone lo siguiente:
“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
En lo que respecta a la perención, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, en las cuales, luego de referirse al dispositivo legal que consagra la aludida institución, decidió:
“Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.
Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in comento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar a la Administración de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley.”

Asimismo, “…esta Sala en sentencia N° 01256 de fecha 13 de agosto de 2009, caso: Smith Internacional de Venezuela, C.A., ratificado en su fallo N° 00197 del 4 de marzo de 2010, caso: El Wiljor, ha indicado en cuanto a la perención lo siguiente:
En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad”.
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras)…”
Al respecto este Tribunal debe traer a colación lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario vigente, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 264- Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único.- Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o los actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo”.

Ahora bien de acuerdo con la sentencia y los artículos transcritos supra se constata que:
Conforme al criterio de la Sala Político Administrativa, lo que se requiere para que opere la perención es que exista inactividad procesal y que la omisión se prolongue por un año, tal como así también lo plantea el artículo 265 del Código Orgánico Tributario.
En el caso bajo estudio, se aprecia que desde el 23 de enero de 2009 la recurrente no realizó ningún acto procesal para impulsar el procedimiento, sino que el 21 de mayo de 2010, la parte recurrente solicita se sirva a librar y practicar la notificación al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), transcurriendo en ese lapso más de un (1) año sin que las partes hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, conforme a lo previsto en los artículos 269 y 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.
III
DISPOSITIVA

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara de Oficio: Consumada la Perención y en consecuencia, Extinguida la Instancia en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes involucradas en la presente causa, así como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el artículo 277, parágrafo primero y artículo 278, ambos del Código Orgánico vigente.
Déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil vigente.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Jueza,

Abg. María Leonor Pineda García.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

En horas de despacho del día de hoy, ocho (08) de abril de 2011, siendo la una y cuarenta y un minutos de la tarde (01:41 p.m.) se publicó la presente decisión.

El Secretario,

Abg. Francisco Martínez.

ASUNTO: KP02-U-2008-000088
MLPG/fm/dvsp.-