TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barquisimeto
ASUNTO: KP01-P-2010-001866
SENTENCIA CONDENATORIA
JUEZ: ABG. BEATRIZ PEREZ SOLARES
SECRETARIO EN SALA ABG. JUAN PABLO LOPÈZ
ACUSADA: EVA ANGELINA SALAZAR CALDERA, Portador de la Cedula de Identidad nº 19.455.603, fecha de nacimiento 12/01/91,soltera, edad 20, estudiante de segundo año de derecho, hija de Nely Salazar y Jose Morales, residenciada en Barro Valle Dorado, Av. principal Sector Villa Torre, casa sin s/n, a dos cuadra de la Escuela los Ángeles Barquisimeto Estado Lara Telefono: 0426-131-7689.
DEFENSOR PRIVADO ABG. JOSE RAMON EREU
FISCALIA 26 ABG. MARIANGEL GARCIA
DELITO: PORTE ILICITO DE MUNICIONES Y CARTUCHOS, previsto y sancionado en el Art. 277 DEL CODIGO PENAL EN RELACION CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS
HECHO
El 25-03-2010, funcionarios policiales, aprehendieron a la acusada ya que se le incauto lo que resulto ser municiones y cartuchos, por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.
Realizada la investigación correspondiente el Ministerio Público arribo a la convicción que el precepto jurídico aplicable es el tipo previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal.
CUERPO DEL DELITO
Revisado el libelo acusatorio presentado por el Representante de la Vindicta Pública, debidamente admitido se determina que ha quedado demostrada la materialidad del cuerpo del delito del tipo penal, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, con los siguientes elementos admitidos también en su oportunidad, a saber:
1. Con el Acta Policial, en la que los funcionarios policiales, dejan constancia del procedimiento realizado y de la evidencia incautada.
2. Experticias de Reconocimiento técnico practicada al objeto.
Todos los anteriores elementos probatorios demuestran de manera plena la comisión del delito Detentación de Arma de Fuego y Municiones, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, y no existiendo causa que excluya la acción, o suponga causa de justificación o inculpabilidad.
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Así pues, esta Juzgadora observa que el procedimiento especial por admisión de los hechos consagrado en el Titulo III, del Libro Tercero de los Procedimientos Especiales del Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 376, es la única medida a que puede acogerse en virtud de la naturaleza del delito atribuido y de la pena con la que se sanciona; por lo que para determinar la responsabilidad penal que se discute es imprescindible resaltar la declaración que rindiera el acusado, de forma espontánea y libre de juramento, así como de toda coacción o apremio, luego de haber sido instruido del precepto constitucional inserto en el numeral 5 de la Carta Magna, cuando expresó que admitía los hechos objetos de la acusación fiscal.
Al respecto, es importante destacar cómo se ha pronunciado, nuestro más alto Tribunal de la República, en Sentencia Nº 430 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C04-0264 de fecha 12/11/2004, con respecto a la figura de la Admisión de los hechos, cuando sostiene que:
“La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos (Sent. Nº 070 de fecha 26-02-03). Por ello la aceptación de los hechos descritos en la acusación, luego de su admisión parcial o total por parte del Juez de Control o de Juicio, debe efectuarse de modo simple y claro, sin condición alguna que desvirtúe la aplicación del referido procedimiento especial…y de allí la necesidad de que …se, instruya sobre estos aspectos al imputado, a los fines de evitar confusiones, tal como lo prevé el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

Observándose entonces que tal admisión de los hechos fue realizada previa la explicación de rigor por parte de este órgano de justicia, y habiendo el acusado admitido su autoría en el delito imputado, circunstancia esta a la que se aúna la existencia de otros elementos que lo inculpan, sólo queda establecer la penalidad aplicable para imponer la pena correspondiente.
DE LA PENALIDAD APLICABLE:
El tipo penal de PORTE ILICITO DE MUNICIONES Y CARTUCHOS, previsto y sancionado en el Art. 277 DEL CODIGO PENAL EN RELACION CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS, sanciona tal conducta ilícita con una pena de prisión de una pena de TRES (03) a CINCO (05) AÑOS de Prisión, siendo el termino medio de conformidad con el articulo 37 eiusdem de CUATRO (04) AÑOS, de conformidad con el articulo 376 del COPP se le rebaja un medio, y queda una pena de DOS (02) AÑOS, a la que se le aplica la atenuante del articulo 74.4 del Código Penal, se le rebajan SEIS (06) MESES, quedando una pena a cumplir definitiva de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES. Y ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
1.- CONDENA a la ciudadana EVA ANGELINA SALAZAR CALDERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº Portador de la Cedula de Identidad Nº 19.455.603, por encontrarle responsable penalmente en el delito de PORTE ILICITO DE MUNICIONES Y CARTUCHOS, previsto y sancionado en el Art. 277 DEL CODIGO PENAL EN RELACION CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS, a cumplir la pena UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISION.
2.- Una vez firme, se acuerda remitir copia certificada de la presente sentencia a la División de Antecedentes Penales de la Dirección de Prisiones del Ministerio del Interior y Justicia, anexo a oficio. Líbrese oficio.
3.- No hay condena en costas conforme al artículo 26 de la Carta Magna.

4. Se ordena la destrucción de los objetos incautados, que constan en la experticia 9700-127-UBIC-0339-10, fechada 05-04-2010, que riela al folio 33, practicado por el Experto Detective Rafael Pernalete, adscrito al CICPC. Líbrese oficio.

Téngase a las partes por notificadas.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho de este Tribunal, en Barquisimeto a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil once (2.011). Año 200º de la Independencia y 152 de la Federación.

JUEZ QUINTO DE JUICIO,

BEATRIZ PEREZ SOLARES

SECRETARIA

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