TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Años: 200° y 151°

ASUNTO: KP02-L-2007-1684.-

PARTES EN EL JUICIO:

PARTE DEMANDANTE: DANIEL ANTONIO FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.643.667.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: AMALIA YANJI, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 90.418.
PARTE DEMANDADA: LA CASONA C.A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: RAFAEL CARVAJAL y FILIPPO TORTORICI, inscritos en el IPSA bajo Nros. 92.260 y 45.954 respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
______________________________________________________________________

I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS

Se inicia el presente proceso por demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, incoada por el ciudadano DANIEL ANTONIO FLORES, antes identificado, en contra de la sociedad mercantil LA CASONA, en fecha 10 de agosto de 2009 tal y como se verifica en el sello de la URDD.

En tal sentido, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en fecha 12 de agosto de 2009, admitió la referida demanda; en fecha 08 de marzo de 2010, la Secretaria del Tribunal dejó constancia que la actuación del Alguacil se efectuó en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así pues el día 22 de marzo de 2010, el Juez del mencionado Juzgado, dio inicio a la instalación de la audiencia preliminar, siendo prolongada en varias oportunidades hasta el día 22 de junio de 2010, cuando el Juez dejó constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entres las partes y de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó la remisión de la causa a los Tribunales de juicio, luego de incorporadas las pruebas al expediente a los fines de su admisión y evacuación a los juzgados de juicio del Trabajo.

Una vez recibido el asunto por este Tribunal mediante auto de fecha 28 de julio del año en curso, posteriormente se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijó oportunidad para la celebración de al audiencia de juicio, la cual tuvo lugar en fecha 28 de septiembre de 2010, oportunidad en la que ambas partes manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio a los fines de dar por terminado el presente procedimiento.

II
DE LA CONCILIACIÓN

Ahora bien, se desprende de autos que en audiencias en fecha 24 de septiembre de 2010, una vez constituido el Tribunal conjuntamente con las partes se procedió dar inicio a la celebración de la audiencia de juicio, donde el Juez luego de hacer un recorrido por el expediente y verificar las pretensiones de la accionante junto con las partes, procedieron a hacer uso de los medios de autocomposición procesal, quienes manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, a los fines de poner fin a este juicio, y extinguir toda y cada una de las obligaciones que pudieran tener entre si, libres de coacción y apremio alguno ni constreñimiento alguno, y respetando en todo momento éste tribunal el derecho a la defensa y el debido proceso garantizados y previstos en el artículo 49, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; a los efectos de satisfacer cualquier indemnización a la cual pudiera tener derecho el ex trabajador, en los términos establecidos en la presente conciliación la cual se detallará en lo sucesivo.

En este Estado, ambas partes al igual que el Tribunal realizó una cruzada por toda la inmensidad probatoria y específicamente al ser controlados los medios de prueba de los mismos, con sus respectivos argumentos, prendiéndose determinar lo siguiente:

PRIMERO: Que el trabajador presto sus servicios desde el 15/11/1996 hasta el 31/03/2008, cuando se retiro voluntaria y unilateralmente, que siempre devengo el salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional con el cargo libelado en la alborada del proceso, de igual forma se pudo determinar que el empleador no alberga en su seno las cantidades de trabajadores exigida por la ley para otorgar el beneficio de cesta ticket, al igual que la prestación de servicio nunca se excede de lo establecido en el artículo 194 de la norma sustantiva del trabajo, De igual manera se tiene que al trabajador le corresponden las indemnizaciones por domingos laborados desde el reglamento vigente, desarrollado en la sentencia Punta de Palma de las Sala del Tribunal Supremo de Justicia, y que al trabajador durante todo el tiempo que duro presto su servicio le fueron otorgado adelantos como se evidencia de material probatorio que riela en la causa.

SEGUNDO: En base a lo anterior tenemos que al trabajador el corresponde el pago parcial de sus acreencias, entre ellas la bonificación de transferencia de conformidad con lo previsto en el Art. 666 Ley Orgánica del Trabajo, sus intereses, de igual forma su antigüedad art. 108 ejusdem, vacaciones y bono vacacional, a la luz del 219 y 221 de la Ley Orgánica del Trabajo, al igual que las utilidades de conformidad con el art. 174 de la norma in comento todo lo que arroja la suma de Bs. 16. 065,17, y siendo que le fue cancelado la cantidad de Bs. 10.065,17 se le adeuda la suma de Bs. 6.000. Los cuales pagará el empleador en un único cheque; por lo que la parte accionada se comprometió a realizar el pago el día lunes 27 de septiembre de 2010, lo que incluye el pago de todos los conceptos antes mencionados, así como los costos y costas del proceso.

En este orden de ideas, mediante acta de fecha 27 de septiembre de 2010, comparecieron ambas partes y este Tribuna dejó constancia de lo siguiente:

(…) “con el fin de dar cumplimiento al acuerdo celebrado en fecha 24/09/2010, para ello la demandada hace entrega en este acto al ciudadano DANIEL ANTONIO FLORES de cheque signado con el número 0920000870 girado contra el Banco Central, por un monto de Bs. 6.000, el cual recibe el trabajador en este acto, para ello consignan en este acto copia fotostática del mismo a los fines de que sea agregado en autos.” (…).

En este sentido, la parte demandante ciudadano DANIEL ANTONIO FLORES, representado por su apoderado judicial la abogada en ejercicio AMALIA YANJI, en vista del ofrecimiento dado expuso que con el propósito de dar por terminada la presente reclamación aceptó el ofrecimiento del pago hecho y la forma de pago, igualmente dio por reconocido el resto de las obligaciones laborales reclamadas, siendo pagadas en su totalidad, con el pago ofertado por la representación de la demandada sociedad mercantil LA CASONA, que en ese acto aceptó dicho monto corresponde e incluye todos y cada uno de los conceptos reclamados en el libelo de la demanda así como los honorarios de los abogados del actor, sin tener nada que adeudarles ni por sí ni por ningún otro concepto, derivado de la relación laboral que unió al actor con la sociedad mercantil LA CASONA, por lo cual le otorgó a las codemandadas el más amplio, completo u absoluto finiquito de la Ley.

Visto el ofrecimiento efectuado por la accionada solicitando la homologación y en consecuencia la cosa Juzgada de la presente transacción, dándose por satisfechas todas las reclamaciones efectuadas por este; en relación a esto quien aquí Juzga considera conveniente analizar lo concerniente a la conciliación, y pasa a hacerlo en los siguientes términos:

Visto el ofrecimiento efectuado por la accionada, la parte demandante convino en este, aceptando las cantidades ofertadas por la demandada, en relación a esto, quien aquí Juzga considera conveniente analizar lo concerniente a la conciliación, de lo cual pasa a hacerlo en los siguientes términos:

La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su Artículo (258), que la ley promoverá cualquier medio alternativo de resolución de conflictos, en los que destaca el arbitraje, la conciliación y la mediación.

En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:

´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´

Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la adoctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.

Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche cuando señala que aún y cuando es facultad expresa que el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, es quien debe mediar, nada impide que un juez de Juicio, Superior, o la misma Sala procure un avenimiento entre las partes.

En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose de ello a esta Instancia, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción, es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.

Sobre la base de lo anterior, debe este Honorable Tribunal pronunciarse sobre la capacidad de las partes para transar, a cuyos efectos debe proceder al examen de las actas procesales, este juzgado deja constancia que el ex trabajador DANIEL ANTONIO FLORES antes identificado, estaba asistida por su abogada la profesional del derecho AMALIA YANJI, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 90.418, quien con plena capacidad, libre de toda coacción o apremio y en pleno consentimiento, asistió en todo momento al accionante en todo momento; de igual modo la parte demandada sociedad mercantil LA CASONA, se encontraba representada en todo momento por su apoderado judicial el abogado FILIPPO TORTORICI, inscritos en el IPSA bajo Nro 45.954, con plena capacidad para convenir, transigir, tal y como riela en poder a los folios 29 ay 30 de autos; quienes libres de toda coacción o apremio y en pleno consentimiento, indicando además, que con respecto a los pagos de sus acreencias, beneficios y cualquier otra cantidad que se le adeude, una vez honrada con la obligación aquí contraída por la demandada, no le adeudará pago de diferencia alguna solo en cuanto a las prestaciones sociales referidas y mencionada anteriormente, por lo que solicitan que se HOMOLOGUE el presente acuerdo. Así se declara.-
Asociado a lo anterior, apreció este Juzgador, de igual forma dio su consentimiento en forma libre de coacción y apremio alguno, cumpliéndose con lo señalado en los artículos 09 y 10 del Reglamento de la ley sustantiva del Trabajo. De lo cual se desprende:

Artículo 9: “Lo cual establece que la Transacción verse sobre derechos litigiosos o discutidos, los derechos consolidados reconocidos no son susceptibles de Transacción”

Artículo 10: “La Transacción celebrada por ante el juez o Inspector de trabajo competente, debidamente Homologado, tendrá efecto de Cosa Juzgada”

En este sentido, siendo que se cumplieron con todos los requisitos de ley, así como el demandante manifestó su conformidad con las cantidades ofertadas a su favor, expresando además que con el pago ofrecido, nada tiene que reclamar a la demandada sociedad mercantil LA CASONA, en virtud lo convenido, toda vez que con el pago ofertado, quedaran satisfechas todas las pretensiones esbozadas por la actora en su escrito libelar, vale decir: indemnizaciones por domingos laborados desde el reglamento vigente, desarrollado en la sentencia Punta de Palma de las Sala del Tribunal Supremo de Justicia bonificación de transferencia de conformidad con lo previsto en el Art. 666 Ley Orgánica del Trabajo, sus intereses, de igual forma su antigüedad art. 108 ejusdem, vacaciones y bono vacacional, a la luz del 219 y 221 de la Ley Orgánica del Trabajo, al igual que las utilidades de conformidad con el art. 174 de la norma in comento, en lo términos indicado ut supra, por lo que este Tribunal, en cumplimiento de la ley sustantiva laboral y su reglamento, pasa a HOMOLOGAR la presente transacción en los términos aquí expuestos. Así se decide.-

Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, este Juzgador imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano. Así se decide.-

Establecida la capacidad de las partes para transar, y por cuanto la parte accionante acepto la cantidad de la suma total de SEIS MIL BOLIVARES S/C (Bs. 6.000,00) mediante cheque signado con el número 0920000870 girado contra el Banco Central, a nombre de la ciudadana DANIEL ANTONIO FLORES, tal y como se dejó constancia en acta de fecha 27/09/2010.

Asimismo se deja expresa constancia que con el pago de las cantidades aquí establecidas, la parte demandada nada adeuda a la actora por ningún concepto derivado de la relación laboral que les unió, ni las costas procesales causadas por el proceso instaurado. En este sentido vale acotar que en el mencionado acuerdo, quedó igualmente pactado, que el incumplimiento de la parte accionada en el pago antes mencionado, dará derecho a la parte actora de pedir la ejecución forzosa de lo mediado, más las costas procesales de ejecución.

Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, este Juzgador imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de Cosa Juzgada.-

I
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO la transacción celebrada entre el ciudadano DANIEL ANTONIO FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.643.667, asistido por la profesional del derecho abogada AMALIA YANJI, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 90.418; por la parte demandada sociedad mercantil LA CASONA, representada por su apoderado judicial el abogado RAFAEL CARVAJAL y FILIPPO TORTORICI, inscritos en el IPSA bajo Nros. 92.260 y 45.954 respectivamente.

Por consiguiente, vista la conciliación, la cual es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y restablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho, y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala, y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo; y, por último, tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de Conciliación, a fin de promover el mismo proceso como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de dicha disputas, por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, este Juzgador imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano. Así se decide.-

Publíquese, regístrese la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

En Barquisimeto, el día treinta (30) de septiembre del año dos mil diez (2010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Así se decide.-

EL JUEZ
Abg. Rubén de Jesús Medina Aldana

La Secretaria
Abg. Joselyn Cárdenas

Nota: En esta misma fecha, siendo las 11:00 A.M., se dictó y publicó la anterior decisión. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Secretaria
Abg. Joselyn Cárdenas
RJMA/jc/meht.-